La persecución sistemática contra ella, data desde antes del año 2020, sobre todo desde el momento que siendo siendo presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente (2017-2020), salvó su voto por la aprobación de la Ley Antibloqueo.
En su momento, advirtió de la inconstitucionalidad de este instrumento y otros tantos que han servido para desmontar la CRBV, por vías vde hecho y de Derecho, pero hacemos especial énfasis en la Ley Antibloqueo, pues esta ha servido como puntal y excusa, para saquear _en secreto_ las arcas del país, tal y como sustentan distintas fuentes jurídicas y la propia acusación hecha por el Fiscal General de la República, quién declaró en su momento que dicha Ley “permitió que Petróleos de Venezuela vendiera el crudo para recibir el pago en Criptomoneda a nombre de personas jurídicas diferentes a la estatal petrolera, lo cual dio origen a que se cometieran estas irregularidades” como parte el modus operandi del exministro Tareck El Aissami, mundialmente conocido por la sustracción de aproximadamente 30.000 millones de dólares que aún desconocemos dónde se encuentran.
Reconocemos y agradecemos la vocación de paz del presidente Gustavo Petro ante el complejo escenario venezolano, la cual le ha costado fuertes cuestionamientos internos. Por ende, reconocemos también la gestión de la Cancillería de la República de Colombia para resguardar la vida de nuestra compañera.
Sobre todo el reconocer su condición de perseguida, condición que fue comprobada según consta en el informe de la Relatoría Especial sobre independencia de abogados y jueces de la ONU, que comprobó el patrón sistemático de persecución en su contra.
En medio de las tensiones y del clima de violencia que se vive en nuestro país, continuan detenidos miles de venezolanos por pensar distinto, incluyendo el ex candidato presidencial Enrique Márquez, mencionado recientemente por el presidente Petro.
Siendo así, aprovechamos la oportunidad para solicitarle pública y formalmente
se solucione definitivamente y a la brevedad del caso, el estatus migratorio de nuestra compañera la Abogado María Alejandra Díaz Marín, otorgando *formalmente el asilo diplomático, no sólo un salvoconducto y los beneficios que esta condición especial conlleva*, considerando el hecho público, notorio y comunicacional mediante declaraciones y comunicados emitidos tanto por la propia Cancillería, como por el propio presidente de la República de Colombia y con base en el derecho diplomático que nace de la voluntad política del Gobierno de Colombia y tiene su asiento legal en la Convención de Asilo de La Habana, de 1928 en su artículo 2-3 y el Tratado sobre Asilo y Refugio Político de Montevideo de 1939 en su artículo 6, así como en la Constitución de la hermana República de Colombia.
Solicitud que hacemos desde Caracas, a los 26 días del mes de diciembre de 2.025.
BHP
DIRECCIÓN NACIONAL
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