El ex presidente colombiano Álvaro Uribe vive un momento amargo al ver que la prisión abre sus puertas para cinco de sus funcionarios más fuertes: dos exministros de Estado, dos exsecretarios de la Casa de Nariño y una exdirectora del DAS.
El ex presidente Álvaro Uribe Vélez vive una de sus semanas más difíciles. En cuestión de horas, cinco de los miembros más importantes de su gobierno caminan hacia la cárcel por haber cometido gravísimos delitos. Se trata de los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, los exsecretarios de la Casa de Nariño Alberto Velásquez y Bernardo Moreno y de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado. En la práctica, se trata del núcleo político que durante su administración tomó algunas de las decisiones más trascendentales para el país.
En la tarde de este miércoles se conoció la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia a 80 meses (6 años y 8 meses) de prisión a los exministros Pretelt y Palacio, y a 60 meses (5 años) al exsecretario Velásquez por el caso de la ‘Yidispolítica’. Los tres fueron condenados por cohecho, por ofrecer y entregar dádivas a parlamentarios como Yidis Medina y Teodolindo Avendaño para que apoyaran la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe Vélez.
La decisión judicial sacudió el mundo político y se produjo casi seis años después de que fuera condenada la excongresista Yidis Medina por haber votado a favor de la reelección a cambio de dádivas ofrecidas por el Gobierno. “Estoy tranquila. Hay justicia divina y exalto la labor de la Corte Suprema en este fallo. Hoy no soy yo quien dice que los ministros cometieron irregularidades, es el alto tribunal”, le aseguró Yidis a Semana.com.
El juicio, que empezó el 12 de diciembre de 2012, estuvo marcado por un constante enfrentamiento entre ella y los exministros y el ex secretario de Palacio, quienes en todo momento negaron haber ofrecido dádivas para que ella modificara su voto. Sus puntos de vista fueron respaldados durante todo el tiempo por Uribe, quien reclamó la inocencia de los hombres de su equipo de confianza.
Entre tanto, el caso avanzó y la Fiscalía y la Procuraduría estuvieron de acuerdo en que hubo irregularidades en el trámite de la reelección del 2006 y pidieron a la Corte la condena, por estimar que los exfuncionarios propiciaron la corrupción. Ese fue, por ejemplo, el mensaje del fiscal delegado del caso, Álvaro Osorio, quien aseguró que los hoy condenados le pusieron precio a la función pública para que los congresistas actuaran permeados de promesas y no por sus propias convicciones.
“Al concurrir al ofrecimiento de prebendas afectaron la transparencia en el trámite del proyecto de acto legislativo de reelección presidencial, así como la integridad y moralidad de la función parlamentaria y vulneraron los fines que rigen la actuación de los congresistas”.
¿Qué ofrecieron estos altísimos funcionarios a cambio para inclinar el voto de los dos congresistas? El manejo de puesto en hospitales y notarías. Esto es, según el proceso, convertir la administración pública en un botín.
El procurador delegado Jorge González Vásquez aseguró que todo este escenario permitió que se trastocaran las reglas propias de una democracia para “hacer un vulgar negocio de compraventa” con los excongresistas.
“¿En un Gobierno con ese interés político, en un Gobierno caudillista, de quien se ha dicho, no sin razones, que no tenía ministros sino viceministros, iba a pasar al margen del tema principal la conversación entre Diego Palacio y Teodolindo Avendaño?”, preguntó en su momento. Los funcionarios insistieron de nuevo en su inocencia. “Pretelt de la Vega, dijo el expresidente Uribe en su momento, es inocente”. Este, a cambio, señaló que Uribe era incapaz de cometer un delito: “(Uribe es “un tipo incorrupto y juro por mi madre, que está en el cielo, que jamás me dijo ‘páguele a Yidis'”).
A la condena de este miércoles se suma la que se producirá este viernes en contra de Moreno y Hurtado. El pasado 27 de febrero, la Corte Suprema dio a conocer en audiencia pública el sentido del fallo condenatorio contra el exsecretario general de la presidencia y la exdirectora del DAS por las interceptaciones ilegales realizadas a magistrados, líderes de oposición y periodistas en un capítulo conocido popularmente como las ‘chuzadas’.
El magistrado Fernando Castro Caballero condenó a Moreno por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. Por su parte, María del Pilar fue encontrada responsable de las conductas de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Este viernes hacia las 8:30 de la mañana están citadas todas las partes a la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia para oír la lectura de la condena contra los dos. Con lo que se cerrará una semana que ha sido muy dolorosa para el ex presidente.
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