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miércoles, 24 de septiembre de 2014

VBR / José David Cabello y Ricardo Menéndez son culpables de la permanencia de Crisanto Silva en Cemento Andino


A causa de la corrupción, los partidos de la MUD quebraron
en sus gobiernos las empresas del Estado para privatizarlas

Hoy la corrupción arruina a las empresas públicas

Es una perdedera de tiempo y un engaño crear falsas expectativas al pueblo de que se hará justicia ante las irregularidades que se han cometido en la Empresa de Producción Social: Complejo Cementero “Cemento Andino”.

Se comenta en la calle que allí en esta empresa, que en teoría es de los trujillanos, hay “tráfico de influencias y privilegios” en los clientes que compran cemento. Que también es cierto que existe una mafia que despacha cargamentos de cemento que no son facturados, que la mercancía se va por los caminos verdes, que la producción ha bajado considerablemente, que hay despidos injustificados en la empresa, que hay un grupo de 50 personas que no tienen asignada ninguna actividad productiva, y que son utilizados como grupo de choque, al igual como lo hizo Hugo Cabezas con grupos de cabilleros para enfrentar a enfermeras del Hospital Central de Valera a educadores y a trabajadores de otras instituciones.

Tampoco hay rendición de cuentas; toda la infraestructura de la empresa se encuentra en serio deterioro; de 50 vehículos solo 10 están operativos, pues 40 están en talleres privados, pero hay quienes supuestamente compran los repuestos, que no son destinados a la reparación de esos vehículos.

Los trabajadores de Cemento Andino tienen 7 años sin contratación colectiva.

Hace 2 años fueron invertidos 239 millones de dólares para construir la segunda línea de la empresa con el Convenio Venezuela-China, para producir 2 millones de toneladas anuales, pero hasta el momento no ha sido concluida la segunda línea. ¿Dónde están esos recursos?

Supuestamente los gerentes de la empresa mantienen negocios y propiedades en Barinas y en otros estados. 

En la Jornada Mi Casa Bien Equipada, hubo un supuesto fraude, pues se sospecha que cada combo vendido allí no alcanzaba los 12 mil bolívares y cobraron por ello 60 mil bolívares.

Adicionalmente, cada saco de cemento debe venderse a 40  o 60 bolívares  en la calle, pero  el comprador debe pagar más de 150 y hasta 200 mil bolívares debido a las mafias del mercado negro y a las roscas que se forman en la cadena de distribución.

No dieron cuenta de lo recaudado por la venta de motores en buenas condiciones a una conocida empresa chatarrera que funciona en el estado Trujillo. Y entre muchas corruptelas más que allí se producen,  está el acoso sexual contra trabajadoras de la empresa, hasta el punto de encontrarse cámaras escondidas en los baños de las damas.

 A esto hay que agregar que la empresa ha producido desde Enero hasta Junio solo 288 mil sacos de cemento; y no como lo afirmó Oswaldo Zerpa el 18 de Junio del presente año, que se habían producido 6 millones y medio de sacos de cemento en ese mismo lapso de tiempo. Son tantos los comentarios de corrupción administrativa que hay en torno a la gerencia de la empresa Cemento Andino,  y hay muy serios indicios y acusaciones ante las Fiscalías del Ministerio Público y del CICPC de que todo es cierto.

Vanguardia Bicentenaria Republicana (VBR) del estado Trujillo, ha concluido que los gerentes de la empresa Cemento Andino están jugando a la quiebra total de la empresa, al igual que lo hicieron en su momento los funcionarios de la cuarta República para privatizar empresas del estado venezolano. Sospechamos que es cierto lo que se comenta en la empresa, que Crisanto Silva, tiene nexos familiares con el ministro Ricardo Menéndez, y que ese es el motivo por el cual él continúa como Presidente de Cemento Andino. Y de ser cierta esta versión, entonces el Ministro de Industrias y Comercio, José David  Cabello, hermano de Diosdado Cabello, también es padrino y protector de Crisanto Silva, y por lo tanto están cubriendo los desmanes y fechorías administrativas  de Crisanto Silva y los demás gerentes de Cemento Andino.

Todos sabemos que en este caso no habrá culpables, que nadie irá preso y que los daños y recursos defraudados no serán recuperados. Todo quedará impune al igual que el sobre precio pagado en el año 2.009 por la administración de Hugo Cabezas por 2 hectáreas de terreno para construir un desarrollo urbanístico frente al Destacamento 15 de la Guardia Nacional Bolivariana. Recuerden que 5 hectáreas fueron adquiridas por el último dueño en 18 millones de bolívares de los viejos, y que la administración de Hugo Cabezas pagó 1.799 millones de bolívares de los viejos por tan solo 2 hectáreas, que dicho sea de paso, también fue denunciado por el actual Coordinador Regional de VBR como no aptos para la construcción, prueba de ello está el agrietamiento que están sufriendo hoy las construcciones de ese desarrollo urbanístico. 

El auto robo de más de mil millones de bolívares ocurrido en la caja fuerte del ejecutivo regional en la administración de Hugo Cabezas, al igual que la cuantiosa cantidad de vehículos de la gobernación desaparecidos y  las innumerables obras mal hechas y muchas que aparecen como cobradas pero no ejecutadas. También se ha quedado en el olvido las tramposerías del ex alcalde de Valera Temístocles Cabezas y los demás alcaldes del estado Trujillo así como los directores de organismos nacionales en Trujillo, y pare de contar. Sobre el gobierno nacional tendríamos que hacer un voluminoso compendio sobre corrupción administrativa desde el gobierno de Rómulo Betancourt hasta los 14 años del gobierno disfrazado de rojito, incluyendo el patético desfalco de los 25 mil millones de dólares de CADIVI, las empresas estratégicas del Estado marchan mal como PDVSA, SIDOR y otras han sido quebradas. Y que respuesta a todo esto tiene la Federación Nacional de Trabajadores Bolivarianos y Socialistas de la Ciudad, del Campo y de la Pesca?

 La única investigación a la cual le daríamos cierto margen de credibilidad es la que se pudiese dar con auditores particulares de comprobada reputación y solvencia moral y ética, con garantía de que no se vayan a rajar y a vender,  que no estén vinculados  a empresas privadas, ni a la MUD, ni al gobierno nacional ni al PSUV. De esta manera estaríamos en presencia del cumplimiento del artículo 5 de la CRBV que obliga a los poderes constituidos a someterse al poder popular. En un gobierno de Vanguardia Bicentenaria Republicana (VBR) presidido por el Cmte. Yoel Acosta Chirinos, no ocurrirían estos crímenes contra la nación y contra la población, porque nuestra filosofía está cimentada en la moral y la ética bolivariana.

ALIRIO GIL, COORDINADOR REGIONAL Y MIEMBRO DEL SECRETARIADO POLÍTICO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VANGUARDIA BICENTENARIA REPUBLICANA (VBR)

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