MANUEL ISIDRO MOLINA
Entramos al 2015,
colmados de calor familiar y la típica alegría decembrina venezolana, a pesar
de la enorme carga de problemas económicos, políticos, sociales y morales que
nos retan y maltratan cotidianamente.
Políticos
irresponsables, corruptos y delincuentes mafiosos son una ínfima minoría, que
no puede seguir asfixiando a la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Esa
convicción se afianza entre quienes nos mantenemos independientes de las toldas
políticas de la fracasadas; y también entre quienes se desplazan de las simpatías
por los mandos partidistas del cepo chavismo-antichavismo, hacia nuevos
horizontes de realizaciones personales y colectivas que superen las miserias
del pasado y del presente.
Con nuestro gran
abrazo venezolanista y latinoamericanista, les invito a reflexionar sobre la
crisis que sufrimos, y el reto de lucha para la reconstrucción moral de la República.
La polarización del
cepo chavismo-antichavismo nos invita a “tropezar con la misma piedra”, a
seguir bajo la conducción de quienes son efectivamente corresponsables de la
crisis. El derecho de la mayoría inconforme es echarlos a un lado, dejarlos en
la cuneta, y avanzar por un mejor futuro. 2015 es un año de decisiones.
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DESDE LA FRONTERA CON COLOMBIA, San Antonio del Táchira, reportan presuntas
extorsiones contra ciudadanos colombianos por parte de funcionarios de la
Guardia Nacional Bolivariana, Ejército y Cicpc, a propósito de la incautación
de mercancías y vehículos supuestamente
incursos en contrabando de extracción. Las denuncias indican que los “bajan de
la mula” para dejarlos en libertad, bajo amenazas de llevarlos a juicio.
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ESTAS NOCIVAS PRÁCTICAS de militares y policías venezolanos reafirman nuestra
preocupación por el impacto de la codicia en la moral de nuestros agentes de
seguridad y defensa, lo que nos coloca en grave debilidad frente a potenciales
conflictos internacionales o interiores. Son una vergüenza, esos militares y
policías corrompidos, peligrosos malhechores con uniforme y porte de armas.
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LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS DE EXTORSIÓN militar y policial en Táchira, son obligadas a pagar
decenas de miles de bolívares por la libertad de los detenidos, quienes si en
verdad han delinquido deben ser presentados a Fiscalía. Lo que hacen los muy
pillos militares y policías corrompidos, es mantenerlos privados de libertad
ilegalmente, para extorsionarlos. Ese inmoral proceder de militares y policías
corrompidos por la codicia, debe cesar inmediatamente.
·
ESTOS HECHOS PERTURBARÁN las relaciones con Colombia, a cuyas autoridades les
asistirá el derecho a reclamar justicia y trato decoroso a sus nacionales,
supuestamente implicados en delitos en Venezuela.
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TAMBIÉN SE ESTIMULA A LAS MAFIAS colombianas que se dedican a inundar Venezuela con
todo tipo de prácticas delictivas, asociadas con delincuentes venezolanos. Con
fuerzas militares y policiales semi podridas, es imposible sanear las áreas
críticas de nuestra sociedad que han sido enervadas por las mafias colombianas
y venezolanas de la corrupción, el sicariato, la extorsión, el robo y el
tráfico de estupefacientes.
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DE AQUELLA FRONTERA “CALIENTE” regresamos a la no menos corrompida zona del oro, al
sur de Guayana, donde las codiciosas mafias están incrustadas en el gobierno
del estado Bolívar, la policía regional, los municipios mineros, la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales
y Criminalísticas (Cicpc). Hasta algunos “pastores” evangélicos están asociados
a las mafias.
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EN LA MINA “LAS VAINITAS” el “pastor” cobra la extorsión a los mineros: “Tienen que entregarle una grama, cada uno,
semanalmente, en combinación con ‘el Gordo’ y ‘el hijo del Gordo’”.
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MÁS DE 150 FUSILES DE ASALTO, METRALLETAS y otras armas de fuego ha introducido “la mafia del Gordo y su hijo”, a la
zona minera de Las Vainitas, según estimaciones de mineros extorsionados. “Se están armando para atacar, quieren sacar
a los mineros independientes, que no aceptan en control mafioso que extorsiona
con apoyo militar y policial, en el sur de Guayana”.
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LA EXTRACCIÓN DE UNAS 30 TONELADAS DE ORO anualmente requiere la intervención
del frágil ecosistema de bosques y ríos, de imponderables consecuencias para el
futuro hidroeléctrico de las cuencas de los ríos Caroní, Caura y Aro, sobre las
cuales está el sistema estratégico de generación hidroeléctrica
venezolano. Hoy existe un desastre, que incluye el desmantelamiento de
Minerven, ahora adscrita a Pdvsa Industrial, varias de cuyas plantas han sido
desmanteladas por el pillaje y la irresponsabilidad administrativa.
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LA MINERÍA ILEGAL Y EL CONTRIOL MAFIOSO deben ser suplantados por comunas organizadas, según
la legislación vigente, en combinación con la explotación industrial pública y
privada, nacional e internacional, que también permita la introducción de
nuevas tecnologías y el manejo científico –no depredador- de minas y cuencas.
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LOS MINEROS PIDEN apoyo consistente de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB) y el sistema judicial y de seguridad de la nación, para
regimentar apropiadamente la explotación minera en Guayana, pero exigen que las
autoridades desmonten los tinglados de militares y policías corrompidos que se
han asociado con las mafias para extorsionar a quienes tradicionalmente viven
de la explotación del oro.
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OTRO PROBLEMA GRAVE es la contaminación ambiental por el uso incontrolado
de mercurio y cianuro, lo que está afectando a los pobladores de Guasipati, El
Callao, Tumeremo y El Dorado.
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UNAS 187 ZONAS MINERAS DE GUAYANA están “controladas”
por paramilitares colombianos, según expertos de la región. Rige la “ley de la
selva” y los mineros y pobladores venezolanos son sus principales víctimas.
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A LOS PARAMILITARES COLOMBIANOS se suma la delincuencia común: desde las cárceles –así
como controlan la industria de la construcción y extorsionan al comercio y la
actividad agropecuaria-, los “pranes” y jefes de bandas delictivas actúan sobre
las minas de oro y diamantes. “La
producción es desviada a manos de bandas de narcotraficantes colombianos, que
utilizan pistas y rutas aéreas clandestinas: traen y venden cocaína y
marihuana, y se llevan oro y diamantes”. Por supuesto, con su carga de
violencia delictiva: armas, sicariato, extorsión, prostitución y corrupción de
militares y policías venezolanos.
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PARTE DEL ORO ILEGALMENTE “EXPORTADO” por las mafias desde el sur de Guayana, es comprado
por traficantes de oro en Brasil, Colombia, Trinidad-Topbago, Curazao, España y
Gran Bretaña, lo que no puede ser reducido y llevado a su mínima expresión, si
no se erradica la corrupción codiciosa entre oficiales militares y comisarios
policiales nacionales, regionales y municipales en las zonas mineras.
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DESDE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR, operan varios tentáculos mafiosos para el control de
la actividad minera –principalmente oro y diamantes- en el sur de Guayana,
según denuncias confidenciales. El
presidente Nicolás Maduro; el vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza; y la
ministra de Interior, justicia y Paz, Carmen Meléndez, deben –tienen la
obligación moral, legal e institucional- enfrentar este grave problema que
viene desmoronando la moral pública en el estado Bolívar, donde la corrupción y
la acción criminal de las mafias se viene desarrollando a la luz del día, bajo
complicidad oficial, amenazante y pendenciera.
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LA CORRUPCIÓN DE OFICIALES MILITARES y los desmanes que vienen cometiendo en las zonas
mineras de Guayana, es inevadible problema moral, operativo e institucional
para el alto mando militar, encabezado por el general en jefe Padrino López,
ministro de la Defensa y comandante del CEOFANB.
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NO HAY DERECHO a que codiciosos oficiales corrompidos sigan
destruyendo la moral militar en Venezuela, y acabando con el prestigio
institucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana entre nuestra población,
cada vez más decepcionada por las tropelías de esos falsos “hijos” de nuestro
libertador Simón Bolívar, quien fue un líder moral que combatió a los
corruptos, como cáncer en el Ejército Libertador de nuestra Independencia.
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