Maiquetía, La Guaira.- Un avión de transporte militar Boeing C-17A Globemaster III, adscrito a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, aterrizó la tarde de este sábado 14 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira, en una operación logística que hasta el momento se mantiene bajo hermetismo oficial por parte de ambos gobiernos.
lunes, 16 de noviembre de 2026
VUELO FANTASMA EN MAIQUETÍA / Carguero militar C-17A de EEUU aterrizó, descargó cajas y regresó a Delaware misteriosamente
Maiquetía, La Guaira.- Un avión de transporte militar Boeing C-17A Globemaster III, adscrito a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, aterrizó la tarde de este sábado 14 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira, en una operación logística que hasta el momento se mantiene bajo hermetismo oficial por parte de ambos gobiernos.
Trabajadores se movilizan hoy para exigir que sea escuchado su reclamo de salarios y aguinaldos sobre el ingreso integral 🔴 125 organizaciones han convocado al Paro Nacional de 12 horas
Sindicatos de distintos sectores han convocado a un “paro activo” con la finalidad de que sean escuchados sus reclamos vinculados a la «falta de salarios dignos» y al pago de una remuneración de fin de año calculada sobre el ingreso integral.
domingo, 15 de noviembre de 2026
Los dólares del petróleo: ¿a dónde van y quién se beneficia? 🔴 Carlos Dürich
Carlos Dürich *
Recientemente, las autoridades venezolanas colocaron a disposición de la población los datos correspondientes al manejo de los ingresos petroleros, su uso y distribución, por medio de la página transparenciasoberana.gob.ve. Cabe destacar que esta herramienta estaba disponible desde principios de año, creada con el objeto de transparentar el uso de los recursos provenientes del petróleo y otros commodities; sin embargo, hasta los primeros días de noviembre solo contaba en su interfaz con el registro de 300 millones de dólares a principios de año.
La actualización de los datos a disposición en esta página parece estar en consonancia con la publicación del Informe sobre la Cuenta de Custodia Venezuela por parte del Departamento de Estado de EE. UU.; aunque, por una parte, esto mitiga un poco el hermetismo persistente en el cual se desarrolla la administración de los recursos del país tras la creación de la cuenta custodia a principios de enero, por otra, deja muchas más preguntas que certezas.
Transparencia a medias: los vacíos en el manejo de los recursos petroleros
La primera duda que se coloca sobre la mesa es la correspondiente a la naturaleza de los recursos. Salvo leves inconsistencias, en ambas fuentes el consolidado de ingresos coincide de enero a septiembre, ascendiendo a poco más de 12.263 millones de dólares en los primeros nueve meses del año. En el caso de la página transparenciasoberana.gob.ve, el consolidado se extiende hasta noviembre, sumando poco más de 3.339 millones adicionales. Para fines comparativos, tomaré en adelante como base el consolidado de ambas fuentes hasta septiembre.
Sobre esto surge la primera duda acerca del ingreso por concepto de venta de hidrocarburos y de algunos productos procesados. Según el informe del Departamento de Estado, hasta septiembre se habían obtenido ingresos por concepto de venta de hidrocarburos de 12.109.062.429 dólares; sin embargo, si comparamos esto con el volumen de exportación —273 millones de barriles entre enero y septiembre, con un promedio diario de 1 millón de barriles— y lo calculamos con base en el precio promedio menos el costo de producción (57,76$ : precio promedio hasta septiembre75,76$ menos costo de producción 18$), da un valor superior a los 15.768 millones de dólares, presentándose una diferencia de más de 3.659 millones de dólares. Esto, sin tomar en cuenta que los refinados como el Jet Fuel resultan más costosos que nuestra mezcla de crudo Merey 16.
Esto nos lleva a otra pregunta: los poco más de 12.109 millones de dólares declarados por venta de hidrocarburos por el Departamento de Estado en el mencionado período, transferidos al país, ¿corresponden a ingresos netos por regalías, impuesto y dividendos? ¿Son los otros 3.659 millones dividendo de las operadoras? ¿O los 12.109 millones incluyen dividendo de las operadoras? Nada de esto es divulgado en ninguna de las dos fuentes.
Todo o “casi todo” para el salario
Una segunda duda que surge corresponde al uso que se ha dado a dichos recursos. Según las autoridades venezolanas, la totalidad de los ingresos ha sido destinada al pago de sueldos y pensiones; sin embargo, al analizar esto, parece existir algunas inconsistencias.
Hasta el mes de octubre, la página transparenciasoberana.gob.ve señala que se han desembolsado 14.394.507.725 dólares por concepto de salarios de trabajadores del sector público y pensionados. Según los propios datos de las autoridades venezolanas, en el país existen 3,1 millones de trabajadores públicos y 6,26 millones de pensionados y jubilados. Hasta abril de este año, el pago por salarios y pensiones ascendió a 3.407.680.000 dólares, correspondiente a 190$ por bonos a funcionarios públicos y 42$ por concepto de pago de pensiones.
Por su parte, de mayo a octubre el gasto alcanzó los 7.093.200.000 dólares, correspondiente al pago de bonos al sector público de 240$ y al bono de pensionados de 70$. Esto significa que de enero a octubre se gastó 10.500.880.000 dólares, sobrando poco más de 3.893 millones de dólares. Esto genera algunas preguntas: ¿los 3.893 millones de dólares se asignan discrecionalmente por corresponsabilidad a algunos trabajadores? ¿No sería más justo distribuirlos de alguna forma más equitativa?
Algunos me comentarán que estos 3.893 millones de dólares podrían utilizarse para los bonos de los afectados por el terremoto de junio del 2026; aunque esto podría ser viable, es necesario recordar que en octubre las autoridades encargadas señalaron que los recursos para atender a esta población saldrían de la recaudación fiscal, que hasta octubre superaba los 11 mil millones de dólares según los propios datos oficiales. De modo que el destino de estos 3.893 millones de dólares sigue siendo un misterio.
Los números que no cierran
Un tercer elemento que salta a la vista y que está vinculado con el uso de los recursos es ¿cómo se introducen en la economía venezolana? Según el informe del Departamento de Estado, hasta septiembre de este año, por concepto de subastas e intervenciones cambiarias se han introducido en el país 11.959.507.625 dólares, es decir, más del 97 % de los recursos se ingresaron en el sistema económico por medio de este mecanismo.
Según la descripción metodológica del informe del Departamento de Estado, estos recursos son asignados por el Departamento del Tesoro a algunos bancos nacionales y el Banco Central de Venezuela (BCV) extrae bolívares de sus cuentas; esto sería un mecanismo para equilibrar la liquidez existente en el sistema financiero. De modo que esta liquidez que el BCV pone en circulación debería estar esterilizada, es decir, no debería generar inflación, para hablar en los términos de mis colegas economistas de la escuela monetarista. Pero resulta que no ha pasado eso: el tipo de cambio ha aumentado en más de un 234 % en el mismo período, de 367,30 bolívares por dólar en enero a 859,59 bolívares por dólar a finales de septiembre.
Para el mismo período (enero-septiembre), el Índice Nacional de Precios al Consumidor del BCV muestra un aumento de 128,2 %, y la Encuesta de Coyuntura Industrial de la Confederación Venezolana de Industriales muestra una variación en los precios del orden de 521,5 %. La mayoría de los monetaristas señalan como culpable a la liquidez producida por el Estado, pero pocos muestran datos al respecto.
Veamos los datos: de enero a septiembre, la liquidez ha presentado una variación superior al 330 %, pasando de poco más de 939 millardos de bolívares a poco más de 3,1 billones de bolívares, con una variación de poco más de 2,1 billones de bolívares. Ahora, si sacamos el monto en bolívares correspondiente a la venta de los poco más de 11.959 millones de dólares (cotizando al cambio de 590 bolívares por cada dólar, que es el tipo de cambio promedio en el período estudiado), tenemos que la cantidad de bolívares fruto de este cambio asciende a más de 7 billones de bolívares. Acá surge la primera pregunta para mis amigos monetaristas: ¿cómo es que existe menos liquidez que la que debería haber? ¿Qué pasó con los más de 3,8 billones de bolívares restantes? ¿Desaparecieron?
Rentismo tutelado: cómo se distribuyen (y se concentran) los ingresos petroleros
Un cuarto elemento que quisiera desarrollar para concluir esta serie de dudas sobre estos informes es a quién son asignados estos dólares por medio del sistema de intervenciones cambiarias. Bajo este mecanismo se incluyen subastas (2.087.747.625 dólares), intervenciones electrónicas (9.322.000.000 dólares) e intervenciones en efectivo (549.760.000 dólares). Particularmente, las intervenciones electrónicas me generan una intriga importante; para plantearla citaré el propio informe:
«La concentración de fondos dentro de los sectores de Alimentos y bienes de consumo, Servicios empresariales y administrativos, y Agricultura demuestra que una parte sustancial del intercambio de divisas llegó a sectores responsables de abastecer y respaldar las necesidades básicas de los consumidores. De manera importante, las entidades corporativas que operan dentro de estos sectores basados en la importación mantienen una elevada necesidad de divisas para financiar importaciones críticas denominadas en USD de materias primas, equipos agrícolas y bienes de consumo al por mayor. En conjunto, estas tres categorías representaron el 72 % del total de los desembolsos basados en sectores, lo que indica un fuerte énfasis en las actividades asociadas con bienes de consumo, disponibilidad de alimentos y cadenas de suministro comerciales más amplias».
Esto significa que más de 6.745 millones de dólares corresponden a importaciones de alimentos y costos operativos bancarios. Esto resulta curioso para un país que supuestamente produce más de 98 % de lo que consume, y muestra, por otra parte, el carácter rentístico de los sectores agroindustriales, cosa curiosa también para una economía que fomenta el futuro post-rentístico en este sector.
En esta misma línea, el informe señala también lo siguiente:
«Las entidades jurídicas representan la mayor categoría de beneficiarios, recibiendo $9,37 mil millones, lo que representa el 77 % del total de los desembolsos, mientras que las personas físicas han recibido $2,87 mil millones (23 %)».
Este dato por sí solo es revelador de quiénes son los que terminan beneficiándose de las divisas bajo este sistema: simplemente importadores y bancos. Otro elemento importante es que dentro del mencionado 23 % existe un subconjunto correspondiente a los que se benefician realmente con el menudeo, es decir, los clientes de bancos que compran pequeñas cantidades de dólares, generalmente vinculados con la adquisición de dólares en efectivo (549.760.000 dólares); estos grupos en realidad tienen acceso solo al 4,5 % del monto total. ¿Es realmente este un mecanismo que democratiza el acceso a las divisas o que democratiza la economía?
La Tutela y el cierre del futuro
Después de este análisis con los datos a disposición, me cuesta mucho dilucidar cómo las grandes mayorías son favorecidas por esta nueva vinculación con nuestro flamante socio. Lo que existe son unas mayorías excluidas del beneficio de las ventas de nuestros recursos, desfavorecidas por la priorización de las políticas monetarias, llevadas en Venezuela al absurdo de sostener a importadores que no reducen los precios de sus productos para colocarlos en nuestro mercado nacional, a pesar de ser comprados con dólares provenientes de la venta de recursos públicos.
Este tipo de arquitectura financiera estructuralmente opaca y hermética, diseñada para beneficiar a las minorías acaudaladas y para crear un escenario de irregularidad en el manejo de los recursos, resulta grotesca ante un pueblo que sucumbe ante sus carencias.
Aunque es cierto que ahora sabemos que el dinero no se queda en EE. UU., sabemos también que la gran mayoría de él termina en manos de una minoría y que no hay una política que piense en revertirlo. Lo que hoy existe en Venezuela es un rentismo tutelado de minorías y acaudalados, junto con una subasta de los derechos de las mayorías.
Todos debemos saber que si deseamos un futuro más próspero, no será con esta clase de mecanismos de tutela, pero tampoco con prácticas internas opacas por parte de nuestras autoridades, a quienes parece costarles una barbaridad crear mecanismos para su contraloría y, más aún, rendir realmente auditorías al poder ciudadano o popular.
Como todo aquello que se hace de forma ominosa y oculta, esta forma de manejar la economía resulta impopular, y solo la iniciativa de reconquistar nuestro futuro (luchando contra el futuro que este tipo de forma de gobierno representa, donde las mayorías parecen excluidas) nos permitirá realmente disfrutar de los frutos de nuestra patria y de la propia patria.
* Doctor en Economía, investigador y profesor universitario.
El MPA se solidariza con el Paro Nacional de trabajadores activos, jubilados y pensionados 🔴 Lunes 16#Nov
El Movimiento Popular Alternativo (MPA) se solidariza con el Paro Nacional de trabajadores activos, jubilados y pensionados, convocado para el lunes 16 de noviembre a nivel nacional por importantes sindicatos, gremios, federaciones y movimientos sociales, como protesta por el empobrecimiento social aplicado contra el pueblo venezolano.
Manuel Isidro Molina, Félix Esparragoza, Víctor Longa y Ernesto Escobar Bastidas, miembros de la coordinación política nacional del MPA, reiteraron en comunicado público su «respaldo a las demandas laborales de aumento salarial, abandono de la política oficial de 'bonificación del salario', rescate de los derechos sociolaborales constitucionales pisoteados, y por el pago inmediato de aguinaldos equivalentes a 950 dólares este año, para reparar en algo los efectos nocivos de los miserables sueldos, pensiones y jubilaciones existentes en la Administración Pública, en todos los niveles y regiones del país.»
El MPA denuncia «la traición a los intereses y anhelos de las trabajadoras y trabajadores activos, jubilados y pensionados, tanto en el sector público como en el privado, bajo impacto del empobrecimiento social generado por el ‹pacto secreto antilaboral› impuesto por el gobierno Maduro/Delcy, los sectores privados neoliberales y los factores políticos y comunicacionales que coinciden en desconocer los derechos laborales y concentrar la riqueza generada en el país, en grupos de poder político y financiero asociados con la política imperialista y colonial de Estados Unidos.»
Desde el MPA, expresan «solidaridad con el pueblo trabajador venezolano, en esta hora crítica de tragedia histórica que sufre la República, cuyas Soberanía e Independencia Nacional están severamente comprometidas por los garrafales errores y corruptelas de los agentes politiqueros que han destrozado a Venezuela.»
«Los Derechos del Pueblo Trabajador deben ser rescatados y respetados por los empleadores públicos y privados. No hay excusa para seguir pisoteando el salario justo y las pensiones y jubilaciones dignas que merecen, por derecho propio, nuestros trabajadores y trabajadoras», dice la declaración del MPA.
«Como partidarios de la Justicia Social, llamamos a participar democráticamente en el paro nacional de 12 horas convocado para el lunes 16 de noviembre, por los gremios universitarios, de la Salud y la Educación, respaldado por decenas de movimientos sindicales, gremiales y sociales en toda Venezuela. Deseamos el mayor de los éxitos, y exigimos a los empleadores públicos y privados que cumplan con la Constitución y las leyes laborales vigentes.»
AQUÍ, AHORA 🔴 El «pacto secreto antilaboral» en marcha / Manuel Isidro Molina
Manuel Isidro Molina
En Venezuela, se viene traicionando a las trabajadoras y trabajadores activos, jubilados y pensionados. Se les explota miserablemente y se les niega sus derechos constitucionales a salarios justos y pensiones dignas, contratación colectiva y beneficios sociolaborales, cuyo anclaje es el salario. Esa traición es pública y privada, nacional e internacional, con anuencia o complicidad de 'líderes' sindicales que faltan a su compromiso primordial de defensa de los derechos laborales.
Reto a Delcy y María Corina
La monserg Eloína a neoliberal explotadora ha dado sus resultados, después de décadas de esfuerzos ideológicos y 'académicos' sostenidos desde 'instituciones' creadas para esos fines como el «IESA» (Instituto de Estudios Superiores de Administración, 1965) y «CEDICE LIBERTAD» (Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, 1984, «think tank basado en los principios del libre mercado y la libertad individual», como se define oficialmente), con respaldo de las cámaras empresariales, corrientes políticas antilaborales y entes neoliberales de financiamiento, tanto estatales como privados. Ha sido una conspiración mayor en contra de los derechos laborales para reforzar la cultura de la explotación a favor de privados asociados al «botín» petrolero, hoy bajo dominio colonial imperialista del delincuente internacional Donald Trump.
Desde esta trinchera de opinión, reto públicamente a Delcy Rodríguez Gómez y María Corina Machado, para que expliquen y justifiquen la política antilaboral que comparten. Ellas hacen parte del «pacto secreto antilaboral» que venimos denunciando.
«Pacto secreto» hambreador
¿En qué consiste, ese «pacto» empobrecedor? Primero que nada, en pulverizar el salario, su significado histórico en las luchas obreras desde el siglo XIX, y la vigencia del derecho constitucional a salarios justos y suficientes para una vida digna, y a jubilaciones y pensiones dignas, después de toda una vida de trabajo, esfuerzo y dedicación por el desarrollo de la sociedad, la economía, la educación, el sistema de salud y la cultura.
Ni el salario ni las jubilaciones y pensiones son dádivas de los empleadores privados y estatales: son derechos adquiridos mediante luchas laborales y políticas históricas en el mundo y particularmente en Venezuela. Por eso el empeño en borrar la memoria histórica de los trabajadores en lucha contra la explotación, la concentración de la riqueza en manos codiciosas y muy mezquinas, la pobreza y la negación del derecho humano básico a una vida mejor. Para eso están IESA y CEDICE, y han logrado penetrar medios de comunicación y los sistemas educativos públicos y privados, hasta extinguir también la noción del trabajador como ente fundamental del desarrollo social, económico y cultural de los pueblos.
La Constitución pisoteada
Les escuece la piel escuchar y releer el Artículo 91 de la Constitución: «Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento.»
Se los transcribo completo para que respeten a las trabajadoras y trabajadores activos, jubilados y pensionados de Venezuela, hoy miserablemente empobrecidos y traicionados. Y también, para que trabajadoras y trabajadores despierten del letargo impuesto a través del sostenido lavado de cerebros aplicado durante décadas por los sectores neoliberales de la derecha oligárquica latinoamericana, arrastrada y cómplice de las tropelías imperialistas de Estados Unidos en los países de América Latina y el Caribe, hoy sometidos al reflote de la 'Doctrina Monroe' bajo amenaza bélica por parte de los asesinos del Caribe.
Apoyo al Paro Nacional del 16N
Por todo eso y muchísimo más, respaldamos el llamado a «Paro Nacional» de 12 horas, el lunes 16 de noviembre de 2026. Debe ser una jornada de protesta y lucha de los trabajadores activos, jubilados y pensionados de todo el país, para comenzar a derrotar el «pacto secreto antilaboral» en marcha, que niega los salarios justos y, sobre todo, un sistema salarial y de justicia social, que se han ganado los trabajadores venezolanos en lucha desde la huelga petrolera de 1936, en contra de la explotación y la segregación de las transnacionales petroleras estadounidenses y europeas de la época.
Quieren borrar la dignidad del trabajador
Quieren borrar la dignidad del trabajador venezolano, como pretenden borrar la historia patria y la dignidad del pueblo venezolano. Aquí estamos de pié, para impedirlo, restaurar la Independencia Nacional y los Derechos del Pueblo de Bolívar y Sucre, que definitivamente no es cipayo, arrastrado ni «besa culo» del delincuente y inmoral Donald Trump, quien se dice dueño de esta Patria de Libertadores, su pretendido 'botín', a lo que le juegan Delcy Rodríguez Gómez y María Corina Machado, en total entrega, supina y vergonzante, cada una a su manera.
Luchas históricas
La lucha por los derechos laborales de las últimas nueve décadas (1936/2026) no serán tiradas por ningún vertedero por los explotadores neoliberales de siempre ni los cipayos proimperialistas coaligados. Tampoco, por esa cuerda de sindicaleros vendidos y traidores al servicio de los patronos privados y públicos, y las cúpulas traidoras y vendepatrias 'de gobierno' y 'de oposición'.
manuelisidro21@gmail.com
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LUNES 16 #Nov 🔴 Paro nacional en Venezuela: trabajadores públicos exigen aguinaldos de $960 y mejores salarios (VIDEO)
«Con hilos y cinta adhesiva» 🔴 La dura advertencia sobre el sistema aéreo de EEUU tras su colapso masivo
El sistema de control del tráfico aéreo de Estados Unidos está tan deteriorado que, según Christopher Sununu, presidente y director ejecutivo de la asociación Airlines for America y exgobernador republicano de Nuevo Hampshire, se mantiene en funcionamiento prácticamente "con hilos y cinta adhesiva".
Colisionan un avión de cargas con un Boeing 737 de pasajeros en el aeropuerto de Miami 🔴
Un avión de carga y un avión comercial de pasajeros colisionaron en el Aeropuerto Internacional de Miami la noche del sábado, informaron las autoridades, citadas por CBS News.
Según los servicios de bomberos, el incidente involucró a un Boeing 767 de UPS y un Boeing 737 de Copa Airlines, y hasta el momento no se han reportado personas lesionadas. Ambos habrían hecho contacto mientras circulaban por una vía de rodaje.
👉👉 Reporte RT:
SOFA: el Pentágono petrolero 🔴 Leopoldo Puchi
Leopoldo Puchi
El New York Times anunció recientemente que Washington busca firmar con Venezuela un acuerdo que siente las bases jurídicas para una presencia militar estadounidense de largo plazo en el país.
El instrumento propuesto sería un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, conocido por sus siglas en inglés como SOFA.
La iniciativa se inscribe en el proceso iniciado con la intervención militar del 3 de enero y las condiciones políticas y económicas impuestas desde entonces.
LOS SOLDADOS
La intervención militar del 3 de enero no fue un hecho aislado, sino el inicio de una escalada. Trump anunció de inmediato que Washington asumiría el control de Venezuela.
Después se sucedieron nuevas acciones militares: el ejercicio de respuesta rápida en la capital, en mayo; el bombardeo de Las Claritas, en el estado Bolívar, en junio; y el ataque con drones en Apure, el 30 de octubre.
Ahora, los funcionarios de Washington buscan convertir en acuerdo diplomático lo que los soldados ya han impuesto como un hecho.
LOS INGRESOS
La fórmula de un acuerdo militar debe analizarse junto con las condiciones económicas impuestas a Venezuela después de la intervención.
El acuerdo petrolero suscrito con Washington le otorga a Estados Unidos el control sobre 65 mil millones de barriles de reservas probadas.
A ello se añade el manejo, por parte del Tesoro estadounidense, de los ingresos derivados de las ventas de petróleo venezolano.
El acuerdo militar extendería esa dependencia al ámbito de la defensa.
EL PENTÁGONO PETROLERO
La presencia militar estadounidense en Venezuela alcanza también al sector energético.
La participación del Pentágono en la actividad petrolera, a través de Nabep, vincula los intereses militares de Estados Unidos, incluidos los asociados a los conflictos en los que está involucrado, con un sector determinante de la economía venezolana.
EL SOFA
¿Qué es realmente un SOFA? Es un acuerdo que establece las condiciones jurídicas bajo las cuales las fuerzas armadas de un país pueden permanecer y actuar en el territorio de otro.
Los privilegios y las inmunidades que acompañan a estos acuerdos configuran un régimen de excepción para las fuerzas extranjeras.
Bajo la apariencia de cooperación, se establece una relación de poder que restringe la capacidad del Estado anfitrión para ejercer plenamente su autoridad sobre el territorio.
Una suerte de Estado dentro del Estado.
EL MURO JURÍDICO
Frente a esta situación, el derecho internacional y la Constitución venezolana establecen límites que no pueden ignorarse.
El artículo 52 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone que es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido mediante la amenaza o el uso de la fuerza.
Por su parte, la Constitución venezolana establece que el territorio nacional no puede ser cedido, ni siquiera temporal o parcialmente, y prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras o instalaciones que tengan propósitos militares.
LA SOBERANÍA
La seguridad nacional no se externaliza. No se subcontrata ni se delega en una potencia hegemónica cuyos intereses históricamente han chocado con la independencia de América Latina.
El historial estadounidense en el hemisferio no es el de un garante de la paz, sino el de una potencia que ha intervenido militarmente y desestabilizado gobiernos en numerosas oportunidades.
Las decisiones que comprometen el destino de una nación no pueden tomarse “por arriba”, en despachos cerrados entre diplomáticos y generales, bajo la amenaza de un bombardeo.
Deben someterse al debate público y a la deliberación democrática.
DECISIONES
Lo que revela el reportaje del New York Times es la formalización de una estrategia que comenzó con la intervención militar del 3 de enero. Venezuela fue intervenida y sometida a la presencia de fuerzas extranjeras antes de que se planteara formalizar un acuerdo militar.
Los venezolanos, más allá de las disputas internas que deben resolverse democráticamente, tienen derecho a conocer los términos y alcances de ese acuerdo.
La seguridad no surge de la sumisión formalizada bajo amenaza militar, sino de la defensa de la independencia.
Venezuela tiene hoy ante sí una decisión que trasciende a cualquier gobierno de turno: aceptar un protectorado o defender su soberanía nacional.
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