MANUEL ISIDRO MOLINA
La inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal del parlamentario, es una protección del fuero del mandato popular soberano que representan los diputados a la Asamblea Nacional.
La inmunidad no la inventó nadie en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, como se atrevió a afirmar el presidente Nicolás Maduro en su discurso en la avenida Bolívar de Caracas el jueves pasado, oportunidad en la que se fue de vulgaridad injustificable al calificar de “viejito coño ‘e madre” al diputado Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional.
La inmunidad de los parlamentarios nacionales en Venezuela, toma fuerza conceptual y forma constitucional indubitable en las constituciones de 1946 y 1961, y fue simple y lógicamente reafirmada en 1999; es una continuidad histórica que incluye el fuero de inmunidad inglés y el fuero de irresponsabilidad de la Revolución Francesa.
Recomiendo a los leguleyos que puedan estar “asesorando” al presidente Nicolás Maduro (o a él, si es que está pensando lanzar ese garrotazo que lo hundirá en la historia política contemporánea) la (re)lectura detenida de los artículos 199, 200 y 201 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Transcribo parcialmente los dos primeros:
“Artículo 199. Los diputados o diputadas no son responsables por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Sólo responderán ante los electores o electoras y el cuerpo legislativo”… (Fuero de irresponsabilidad).
“Artículo 200. Los diputados o diputadas… gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato”… (Fuero de inmunidad).
Ningún diputado o diputada está amparado para delinquir: en caso de delitos graves en flagrancia, el diputado será detenido y recluido en su residencia, la Fiscalía sustancia la imputación y eleva el caso al TSJ, cuyos magistrados califican si hay méritos para su enjuiciamiento. Si no los hay, se cierra el caso; y si los hay, lo participa a la AN, cuyo plenario decide el allanamiento de la inmunidad para el enjuiciamiento judicial, exclusivamente en cada proceso específico. En esto es claro y definitivo el artículo 200:
“De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario… la autoridad competente lo… pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia”… (Subrayado MIM)
Escándalo mundial
Cualquier abogado conocedor de derecho constitucional y de historia política venezolana, latinoamericana e internacional, así lo explicaría. Lo anunciado por Maduro es un escándalo mundial no solo por la brutal amenaza sino por la ignorancia política, constitucional y democrática expuesta por un Jefe de Estado. El tema es más delicado de lo que se imaginan quienes tan torpemente “asesoran” al Presidente. Recuerdo la burda intervención reciente en el Panteón Nacional sobre el tema de la inmunidad, de la ministra Iris Valera cuya formación profesional de abogado deja mucho qué decir de la universidad que le otorgó ese título, o pone en duda sus conocimientos adquiridos en doctrina del derecho y derecho constitucional.
La pretensión del presidente Maduro y sus leguleyos abusadores del poder –tras bastidores, claro, sin dar la cara ni asumir sus responsabilidades como ciudadanos y abogados- recoge el abolengo betancourista del allanamiento de la inmunidad de los parlamentarios del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en 1962.
Sinceramente, me parece que el presidente Nicolás Maduro está siendo puesto en ridículo por sus “asesores jurídicos” cobardones y arteros, siempre tras bastidores con su ignorancia y pretensiones de abuso de poder en detrimento de los derechos constitucionales del pueblo venezolano, único mandante del Poder Legislativo Nacional. Además, él, personalmente, muestra un déficit democrático impresionante y una ignorancia del derecho constitucional realmente supina. ¡No merecemos, venezolanos y venezolanas, tanta desmesura!
Padrino López y la FANB
A estas alturas de la crisis, institucionalmente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) tiene mucho que decir, sus mandos no deben permitir ser arrastrados hasta el absurdo de la indignidad política, camino al autogolpe que he venido describiendo como túnel sin salida, una vez materializadas la obstrucción total del referendo revocatorio y la suspensión indefinida de las elecciones de gobernadores y consejos legislativos que corresponde constitucionalmente realizar en 2016.
Al general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa y comandante estratégico operacional de la FANB, junto al cuerpo de generales y almirantes, corresponde analizar con el Jefe de Estado y Comandante en Jefe de la FANB, estos disparates en curso, para ver hasta dónde piensa el presidente Maduro anular los derechos constitucionales del pueblo venezolano y hacer nugatorias todas las facultades de la Asamblea Nacional y las competencias y fueros de los diputados y diputadas que “son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos o sujetas a mandatos ni instrucciones, sino sólo a su conciencia”, como lo establece el artículo 201 de la Constitución.
La Carta Magna nos ampara, faculta y compromete a todos, es ley de leyes; no, un trapo sucio para pisotearlo y pretender destrozarlo a conveniencia, bien por ignorancia supina ora por abuso de poder, camino al autogolpe.
Esa barbaridad sugerida por el presidente Nicolás Maduro el pasado jueves, debe ser abortada ya, por la inmensa mayoría inconforme con esta macro crisis fraguada por los factores polarizantes del bipartidismo del siglo XXI. La FANB debe fijar posición al respecto, pues de lo contrario sería arrastrada por el declinante gobierno a una situación peor de la que hoy vive, bajo sospecha de ser influenciada por otro ignorante del derecho constitucional y con mayor déficit democrático, el teniente Diosdado Cabello, quien cree que la FANB es una montonera de aprovechadores y guisadores.
TSJ y CNE deben reflexionar
Igual ocurre con los 32 magistrados y magistradas del TSJ, independientemente de sus cualidades y carencias: ¿Hasta dónde creen que pueden llegar, especialmente los y las integrantes de su Sala Constitucional, especie de patíbulo a las órdenes del presidente Maduro y sus leguleyas y leguleyos cobardones?
Lo mismo corresponde evaluar a las cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) que vienen constriñendo brutal y cínicamente los derechos políticos constitucionales del pueblo venezolano, tanto en lo atinente al referendo revocatorio presidencial como en las elecciones de gobernadores y consejos legislativos, extendiendo su abuso a la obstrucción sistemática de las elecciones sindicales, gremiales y universitarias manteniendo a todas nuestras instituciones intermedias en penosa situación de indefensión en perjuicio grave de trabajadores y trabajadoras, así como a las comunidades universitarias cuyos cuerpos rectorales tienen vencidos sus períodos de cuatro años.
Superar las miserias del bipartidismo
Quienes defendemos la paz de la República para bien de nuestro asfixiado pueblo y el mejor futuro de Venezuela, somos parte del inmenso torrente social y político que hoy exige un cambio que nos conduzca a la superación de las miserias que sobre la nación han descargado los factores visibles e invisibles, nacionales y extranjeros, de la polarización Psuv-MUD (antes MVR-Coordinadora Democrática). Es hora de que el pueblo de Bolívar se exprese directamente mediante procesos de consulta democráticos organizados transparentemente por el CNE, defendidos constitucionalmente por el TSJ y garantizados por la FANB en materia de seguridad y orden público.
Mínimas posibilidades de éxito
Ya muy desprestigiado, el presidente Nicolás Maduro corre el riesgo de salir peor de su camino al autogolpe, cuyas posibilidades de éxito son mínimas. Sin los atributos intelectuales de los presidentes Rómulo Betancourt (1959-64) y Raúl Leoni (1964-69), parece dispuesto a pasar a la historia por el talante represivo que tuvieron ambos gobernantes adecos, cuyos pecados y agravios no gustan recordar quienes hoy son sus defensores y seguidores. En este pantano, al decadente gobierno del Psuv no le queda mejor camino que aceptar la dura realidad que le impone a sus dirigentes la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano, que hoy los rechaza masivamente.
@manuelisidro21 - @manuelisidroXXI
* Ex presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela
* Licenciado en Comunicación Social - Universidad Central de Venezuela
* Especialista en Ciencia Política - Universidad Simón Bolívar
* Columnista del semanario LA RAZÓN
* Asesor en análisis de entorno político y social
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