Manuel Isidro Molina
Aquí seguimos en incertidumbre estratégica, moteada con hechos regresivos a las ordenes de los asesinos del Caribe: pasos tímidos en materia de Derechos Humanos, y abandono total de los derechos laborales que se traducen en empobrecimiento social y entrega a la voracidad de grupos financieros nacionales y extranjeros, privilegiando descarada y genuflexamente a las corporaciones estadounidenses, que son base y guía del sistema plutocrático, antidemocrático e imperialista servido por Donald Trump y su banda de extorsionadores y saqueadores.
Así, «no hay vuelta atrás»: se dicen cosas, pero se hace lo que prometió
María Corina Machado junto con Marco Rubio, para el «rescate de la democracia» cipaya en Venezuela, que es el objetivo neoliberal y proimperialista impulsado desde hace decadas por CEDICE, IESA, las cámaras empresariales asociadas al capital transnacional, las oligarquías latinoamericanas asociadas con las corporaciones llamadas 'occidentales' y las peores dictaduras, en un esquema neocolonial apoyado por Vente Venezuela, Primero Justicia, Voluntad Popular, entre otros partidos y grupos políticos.
La desgracia de Venezuela sigue en curso, aunque edulcorada con los efectos inmediatos de la agresión militar imperialista del 3 de enero pasado, hace apenas casi un mes. El secuestro de Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores, presidente ilegítimo en ejercicio y diputada ausentista a la Asamblea Nacional, respectivamente, fue el objetivo principal aparente, pero no el único:
1. El bloqueo naval del Caribe ha sido un alevoso despliegue militar imperialista impune.
2. La matanza -también impune, hasta hoy- de más de 110 lancheros en el Caribe y el Pacifico, acusados sin pruebas de 'narcotraficantes', manchó de sangre latinocaribeña las caras y manos de Donald Trump, Pete Hegseth y Marco Rubio, por siempre, ¡asesinos del Caribe!
3.El avasallamiento militar y tecnológico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el 03.01.2026, y la neutralización tecnológica de los sistemas de armas importados principalmente de Rusia, China e Irán, sentó superioridad estratégica indiscutible y humillación paralizante, a favor de Estados Unidos en su era trumpista neomonroísta. Sellaron la imposición de «la paz por la fuerza» o «pax estadounidense», imperialista, arrogante, brutal, sanguinaria y completamente ilegal.
4.Demostraron la CIA, el departamento de Estado y el Comando Sur de EEUU, que están en eficaz capacidad de penetrar, corromper y 'reclutar' traidores civiles, militares y de inteligencia, para coronar sus fechorías en territorio venezolano, tema del cual no hablan los 'lideres' del Gobierno y el Parlamento de Venezuela: apenas corren la arruga y dejan intacta la costra de vendepatrias reclutados por la CIA y el Pentágono, en territorio nacional y en el extranjero.
A partir del 3 de enero pasado, en medio de la euforia cipaya y el culillo de los "robolucionarios' que traicionaron al pueblo, la moral pública y la historia, tenemos un 'gobierno' tutoreado por los asesinos del Caribe, como nunca había ocurrido, ¡jamás!, en esta patria de Libertadores.
Ya tenemos, entonces, una apertura petrolera total al capital transnacional, reducción de regalías y, encima, manejo financiero interferido desde Washington, con la asignación exclusiva de compra de bienes, equipos y alimentos en Estados Unidos de América, especie de «Casa Guipuzcoana», a 215 años de nuestra Independencia del 5 de julio de 1811. (¿Qué queda de aquella gesta histórica ejemplar, defendida con las armas hasta la Batalla de Carabobo, en 1821, y la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, en 1823?)
Artículos más, artículos menos, la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada esta semana, ¡por unanimidad!, nos habla de la tesitura neocolonial de los gobernantes y parlamentarios que tenemos. Ya los especialistas se están pronunciando, y pronto habrá que intentar demandar su inconstitucionalidad en el complaciente y manido Tribunal Supremo de Justicia, aplaudidor del abuso de poder, la corrupción generalizada y el apartheid político impuestos por el régimen de Maduro, el PSUV y sus codiciosos testaferros gozones.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la decisión política del 'Comando de la Revolución', de promulgar desde la Asamblea Nacional una «Ley de Amnistía», un clamor nacional desatendido hasta que bajó la orden de los asesinos del Caribe. Bueno, ¡muy bien! Estamos de acuerdo, con una observación juridica y constitucional: no puede ser una 'Ley de Amnistía'; debe ser un «Decreto de Amnistía», emitido por la Asamblea Nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 187 de la CRBV, numeral 5, que la autoriza a «Decretar Amnistías». Así concebido por los constituyentes de 1999, se trata de un acto político por excelencia, de alto valor humanista y estratégico nacional, que no es de la incumbencia del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial. Los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, deben abandonar su apego a la subalternidad y la mediocridad institucional reinantes, y asumir la estatura como integrantes de la representación popular nacional, que es lo que básicamente son en representación de la población y las entidades federales. Esa es una discusión interesantísima, que parece no solo útil sino ennoblecedora, a ver si en medio de esta tragedia histórica, comenzamos a trabajar torcer el rumbo regresivo y corrupto que han impuesto los actores politicos internos y los sanguinarios agresores imperialistas y sus cipayos.
Otra urgencia nacional, de impostergable atención políticoadministrativa, es lo social. Muy brevemente, resumo: salario mínimo en extinción (0,35US$ o 130 miserables bolívares mensuales), violando el artículo 91 de la Constitución; empobrecimiento general de la población, enfermedades por desnutrición y un terrible cuadro de muertes prematuras en todos los grupos etarios, victimizados por un Sistema Público de Salud en terapia intensiva. Debe haber, entonces, un restablecimiento urgente de los derechos sociales y laborales constitucionales.
En el ámbito político, dentro del marco constitucional -también violentado- urge el levantamiento del apartheid político-electoral, discriminatorio, excluyente y claramente asociado al régimen represivo de persecución, secuestros, torturas y negación de derechos procesales, desde el impedimento del nombramiento de abogados de confianza hasta la extinción del Hábeas Corpus. Esto comienza con el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) integrado por rectores probos, independientes y respetados por la sociedad venezolana, entre los cuales no deberá estar ningún tramposo ni ninguna tramposa, como los actuales, prestos al fraude electoral.
Como es comprensible, el debate público nacional está fuertemente interferido por la indignidad de la mayoría de los actores impunes del desastre nacional, en el cual se dan la mano tirios y troyanos.
manuelisidro21@gmail.com
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