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martes, 10 de junio de 2008

PASANDO LA HOJA / Una ley agresiva e inconstitucional



La nueva “Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia” decretada por el presidente Hugo Chávez en Consejo de Ministros, el pasado 14 mayo, es de extrema peligrosidad, potencialmente agresiva y abiertamente inconstitucional.

En vigencia desde su publicación en Gaceta Oficial, el 28-05-2008, esta ley es producto de la vocación autoritarista y militarista del presidente y sus más cercanos colaboradores, mayoritariamente militares activos o en situación de retiro, con un coro de civiles genuflexos que una década atrás hubiesen pataleado y alborotado la opinión pública ante una amenaza de tal magnitud. Ahora, son todo risas y melcocha; otros prefieren un sepulcral silencio.

QUIENES LE DIERON EL GARROTE

Los primeros responsables de lo que está ocurriendo son los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, por haber rendido ante el autócrata sus competencias constitucionales en áreas tan delicadas como la Fuerza Armada Nacional, Seguridad Nacional e Inteligencia-Contrainteligencia. Nunca antes, un presidente democráticamente electo había acumulado tal poder discrecional y mucho menos en los ámbitos mencionados. La vigente Ley Habilitante, fue promulgada el 31 de enero de 2007 por la AN, firmada por Cilia Flores, presidenta, y los dos vicepresidentes Desiree Santos Amaral y Roberto Hernández Wohnsiedler; entrando en vigencia el 1ro. de febrero de ese año, cuando apareció publicada en la Gaceta Oficial Nro. 38.617; su duración es de 18 meses -¡año y medio!- lo que no tienen precedente en la Venezuela democrática instaurada el 23 de Enero de 1958. Más atrás, esa responsabilidad política histórica recae también en los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (1999) que votaron por la eliminación de las lógicas y sabias restricciones establecidas en la Constitución de 1961, para la habilitación legislativa del Poder Ejecutivo, sólo en el ámbito económico y financiero. Esta Ley Habilitante tendrá vigencia hasta el 1ro. de agosto de 2008, por lo que podemos imaginar una zafra mayor, acelerada y disparatada, hasta esa fecha, a menos que la endeble AN que tenemos pintada en la pared acuerde “soberanamente” ampliar ese lapso de vigencia.

A ESPALDAS DE LA SOCIEDAD

Los antecedentes señalados arriba, permitieron que la comentada ley haya sido elaborada a espaldas de la sociedad venezolana, en oscuros escritorios burocráticos civiles y militares, sin más consulta que la necesaria para armas el rompecabezas de coerción e intimidación que en resguardo de sus privilegios, abuso de poder y corruptelas ha venido armando el gobierno. Su concepción, realización y entrada en vigencia tienen el ánimo unidireccional, impositivo, que caracteriza al gobierno nacional: el presidente y sus burócratas deciden y la sociedad acata, sin chistar. De hecho, han menospreciado el conocimiento nacional sobre la materia y, sobre todo, la cultura democrática que veníamos construyendo contra el histórico autoritarismo militarista.

AFECTA EL INTERÉS DEMOCRÁTICO NACIONAL

La “Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia” contraría el espíritu democrático nacional venezolano. Todo país democrático puede estructurar un sistema nacional de inteligencia y contrainteligencia, igual que otros instrumentos que coadyuven a la lucha contra el delito y tiendan a la protección de la población y los intereses estratégicos de la nación. Eso no se discute. Lo que no es aceptable es, primero, el modo como ha sido elaborada y puesta en vigencia la ley; y en segundo lugar, su naturaleza misma.

La ley afecta el interés democrático nacional venezolano porque restringe derechos individuales y colectivos al libre albedrío, el desarrollo de la personalidad, el acceso a la información y la difusión de ideas e informaciones.

Desde su artículo 2, se nota su ampulosidad: pareciera más bien una Ley Orgánica, pues ordena el “obligatorio cumplimiento” hasta los “órganos, entes, funci9onarios y funcionarios de todas las ramas y niveles del Poder Público” (numeral 3), lo cual es una invasión inadmisible de la independencia de los Poderes Públicos Nacional, Regionales y Municipales que no son dependientes el Poder Ejecutivo Nacional (Gobierno). Gruesa inconstitucionalidad.

El numeral 2 del mismo artículo es otra barbaridad, concatenado con el artículo 16 referido a los “Órganos de Apoyo” del SIC (Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia), ya que involucra impositivamente a “las personas naturales y jurídicas”, es decir todos los ciudadanos nacionales y extranjeros, todas las empresas e instituciones públicas y privadas, desde la escuela hasta los medios de comunicación social, desde un equipo de pelota infantil hasta un grupo ecologista. Y cierra con esta amenaza general: “Las personas que incumplan con las obligaciones establecidas en el presente artículo con responsables de conformidad con la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y demás actos de rango legal y sublegal aplicables a la materia, en virtud de que dicha conducta atenta contra la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación.”

RIDÍCULO INTERNACIONAL

Se les fundió el cerebro o estaban narcotizados, sus redactores y también quienes finalmente la aprobaron en Consejo de Ministros, es decir, el presidente y sus ministros. ¿Qué se creen? ¿En qué país viven o aspiran imponer? En verdad, luce demencial, además de inaplicable por incalable. Sepan que esas pretensiones tienen vigencia en Venezuela y ¡en el exterior! Son normas realmente ridículas, sencillamente estúpidas: imaginen la “obligación” de las personas naturales (seis mil seiscientos millones de seres humanos) y jurídicas (y no sé cuántos millones de empresas e instituciones públicas y privadas) del mundo entero siendo obligadas por el gobierno del presidente Hugo Chávez a suministrar información y hacerse parte del SIC, so pena de ser castigado con la venezolana Ley de Seguridad de la Nación.

AMENAZA CONTRA PERIODISTAS Y MEDIOS

Podría extenderme a límites de ensayo, pero el espacio obliga: esta ley del SIC es una monstruosidad, desde el punto de vista democrático, legal y constitucional a lo interno de Venezuela; y allende nuestras fronteras, un mamotreto inservible violatorio de acuerdos internacionales debidamente ratificados por la República. Su inconstitucionalidad debe ser atacada inmediatamente ante el Tribunal Supremo de Justicia.

En materia profesional del periodismo y los derechos ciudadanos a la libertad de expresión e información y acceso libre a las fuentes informativas, esta nueva ley fraguada “entre gallos y media noche” es igualmente peligrosa por ilegal e inconstitucional:

1.- Pone a periodistas, gerentes y propietarios de medios a manos de los “agentes” de inteligencia y contrainteligencia en el ámbito “civil”: “económico, social, político, cultural, geográfico y ambiental”.

2.- Como a todas las personas “naturales y jurídicas” de Venezuela (y del mundo, ja, ja, ja) obliga a periodistas y medios a entregar fuentes informativas, documentos de las investigaciones y noticias, archivos de todo tipo, en casa y en las empresas, y prácticamente convertirse en vulgares delatores. Acaba con el secreto profesional.

3.- Periodistas y medios, al negarse (como nos negaremos a todo riesgo) a entregar sus fuentes y documentos reservados, pasarían inmediatamente a ser encarcelados y juzgados como atentadores contra la seguridad de la nación. Acabaría esa absurda y ridícula ley, con la libertad de expresión el derecho a la información, el acceso a las fuentes de información y el ejercicio libre y seguro de la profesión.

REFORMARÁN ESTE OTRO BODRIO

Casi terminando esta columna, Chavez anuncio que dará marcha atrás: “El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, anunció que se va a corregir la Ley de Inteligencia. 'Será reformada por el mismo gobierno escuchando las críticas', aseguró. 'Donde nos equivoquemos hay que aceptarlo y no defender lo indefendible'”. Ese anuncio fortalece la crítica democrática civilista que había llovido sobre ese bodrio. Vaya manera de gobernar.

manuelisidro21@gmail.com
mim_consultores@yahoo.com
BLOG: manuelisidroxxi.blogspot.com

(Columna publicada en el semanario LA RAZÓN, Caracas 08-06-2008)

NOTA ADICIONAL:

En esencia ese es el problema, desde la Asamblea Nacional Constituyente hasta la actual Asamblea Nacional y su absurda Ley Habilitante: 18 meses de duración e ilimitada en sus áreas de aplicación. no me gusta el difundido término "Ley del Sapeo", porque es mucho más que eso: pone bajo el ojo y la agresiva intervención de los "agentes secretos" de la "Chavepol" a todos los ciudadanos y ciudadanas, la tapa del frasco en materia represiva y control político de la sociedad.

Una cosa más:

La ley sigue vigente, y ni el presidente de la República puede dejarla sin efecto con unas declaraciones tan irresponsables como el hecho de haberla decretado. Sólo la Asamblea Nacional puede modificarla o anularla, de acuerdo con la Constitución.

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