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jueves, 24 de septiembre de 2015

Acuerdo de La Habana afianza camino a la paz en Colombia

Caracas, 23 Sep. AVN.- El Gobierno de Colombia, presidido por Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia—Ejército el Pueblo (Farc-EP) avanzaron este miércoles en la etapa final para afianzar la paz en la nación neogranadina, sumergida durante más de 50 años ha un conflicto armado.
Ambas partes firmaron en La Habana, Cuba, un acuerdo conjunto de Justicia Transicional, documento que representa uno de los últimos pasos para lograr el cese bilateral al fuego y consolidar la paz en territorio neogranadino. El texto fue firmado por los representantes de ambas partes — encabezado por Humberto de la Calle por Colombia, y el comandante Iván Márquez, por las Farc-EP—; los garantes de Cuba, Rodolfo Benitez, de Noruega, Dag Nylander, y los acompañantes de Venezuela y Chile, Roy Chaderton y Milenko Skoknic respectivamente.
Dicho documento contempla la creación de una jurisdicción especial para construir un proceso de paz estable y permanente, que garantice los derechos de las víctimas y contribuya a su reparación. Esta jurisdicción contará con una sala de justicia y un tribunal, que trabajarán de forma conjunta con la Comisión de la Verdad, acordada en junio de este año, con el fin de investigar, juzgar y sentenciar a los implicados en delitos cometidos durante el conflicto armado.
"La función esencial de las salas y del tribunal para la paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir en la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición", expresó Rodolfo Benitez, representante de la delegación cubana, quien hizo lectura del documento final.
Los puntos siguientes del acuerdo expresan la creación de una ley de amnistía, que dentro de los acuerdos establecidos en el derecho internacional humanitario, obligará al Estado colombiano a otorgar el mayor indulto posible a quienes hayan cometido delitos políticos, pero no para aquellos que hayan cometido conductas y crímenes que se correspondan con delitos de lesa humanidad.
Para esto, se diseñó dos tipos de procedimientos que responden a las acciones a tomar para aquellas personas que reconozcan sus delitos y presten su colaboración a la justicia, y otra dirigido a aquellos que no reconozcan sus actos.
El procedimiento que la jurisdicción aplicará para aquellos que no reconozcan su participación en delitos de lesa humanidad o que los reconozcan de forma tardía, será el enfrentar un juicio que tendrá como tarea principal "satisfacer el derecho de las víctimas, y consolidar la paz", y que podría fijar sentencias de hasta 5, 8 y 20 años de prisión.

Felicitaciones de Venezuela y Cuba
En transmisión de Telesur desde la isla caribeña, el presidente de Cuba, Raúl Castro, saludó la firma de este acuerdo, así como reafirmó el compromiso de la nación por establecer una paz duradera en Colombia.
"La paz de Colombia no solo es posible es indispensable, pero requiere gran esfuerzo y voluntad como lo están demostrando ambas partes", expresó Castro, al mismo tiempo que enfatizó que con la firma de este texto, Colombia se encuentra más cerca de "lograr la paz que tanto anhela".
A lo largo de las negociaciones, que iniciaron en septiembre de 2012 y fueron promovidas por los líderes revolucionarios Fidel Castro y Hugo Chávez, el Ejecutivo colombiano y las fuerzas insurgentes han alcanzado acuerdos relacionados con la reforma rural integral, la participación política y las drogas ilícitas.
Asimismo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se sumó a las felicitaciones para el Gobierno colombiano y al grupo insurgente, quienes buscan consolidar la paz en la nación neogranadina.
"¡Felicidades Colombia! La paz con justicia se anuncia. Desde la patria de Bolívar y Chávez todo nuestro apoyo", escribió el Mandatario venezolano, a través de su cuenta en Twitter @NicolásMaduro.

Seis meses para firmar Acuerdo Final
El gobierno Colombiano y el grupo insurgente propusieron un lapso no mayor de seis meses para que se firme el Acuerdo Final de Paz, y así poder dar inicio a una nueva etapa en el país.
Así lo refirió el presidente Santos, quien señaló que "no es cualquier acuerdo, es el fin de una guerra de 60 años, la más larga de nuestro continente, la única de nuestro continente, un acuerdo que debe sentar las bases de una paz que sea estable y duradera".
Durante la actividad, el mandatario colombiano manifestó que en este acuerdo están sentada las bases de justicia para que se respeten los derechos a todas las víctimas del conflicto armado que rige en la nación suramericana, para que no quede impune los delitos cometidos, acuerdo que podrá ser refrendado por el pueblo del país vecino, así como enfatizó que tras firmar el acuerdo final, la Farc-EP se comprometió a dejar las armas 60 días después de su firma.
Asimismo, valoró los pasos dado por los grupos insurgentes ya que a pesar de las diferencias "avanzamos en una misma dirección, en esa dirección más noble que pueda tener cualquier sociedad, que es el de la paz".
"Lo que logramos hoy es una gran noticia para Colombia y también para el mundo, esta es la primera vez que un gobierno y un grupo armado ilegal en un acuerdo de paz, y no como resultado de diferentes imposiciones, crean un sistema de rendición de cuentas ante un tribunal nacional por la comisión de crímenes internacionales y otros delitos graves", explicó Santos.

Farc-EP reiteran compromiso por la paz
Por su parte, las Farc-EP reafirmaron su compromiso en trabajar para llegar a un acuerdo final que afiance la paz en Colombia, informó el jefe de la organización guerrillera, Timoleón Jiménez.
Durante la rueda de prensa, Jiménez saludó la firma de acuerdo conjunto de Justicia Transicional, que valoró como un "factor dinamizador de la firma de nuevos acuerdos en este tramo fundamental para alcanzar la terminación del conflicto".
"El actual proceso de paz es el único en el mundo que ha acordado un sistema integral que reúne y relaciona todos los elementos que el Derecho Internacional señala como derechos inalienables de las víctimas, los de verdad; la justicia, la reparación y la no repetición", indicó, al tiempo que comentó que aspiran que "nada detenga ahora el caudal de un pueblo que exige paz y desea fundirse a perpetuidad en un abrazo de reconciliación".
De igual forma, llamó al pueblo colombiano a sumar esfuerzo con el fin de "neutralizar el odio y la retaliación", y mirar hacia un nueva nación, donde se imponga la paz y la igualdad entre los ciudadanos.
AVN http://www.avn.info.ve/node/321471

Histórico encuentro Juan Manuel Santos - Timoleón Jiménez
En un histórico encuentro sostenido entre el presidente colombiano, Juan Manuel Santos y el Jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, se anunció que se llegará a un convenio de paz “a más tardar en seis meses”, al firmar un acuerdo sobre “justicia transicional” aplicado a todos aquellos involucrados en el conflicto armado.
En la cita, presidida además por el mandatario cubano Raúl Castro Ruz se firmó un Comunicado Conjunto que establece crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz.
El comunicado conjunto de las FARC-EP y el Gobierno de Santos, leído en la Ceremonia por los garantes de Cuba y Noruega, prevé la forma en que se aplicará la justicia una vez concluido el conflicto armado de medio siglo.
En ese sentido, acordaron que el Estado otorgará “la amnistía mas amplia posible por delitos políticos y conexos”, pero excluyendo los delitos de lesa humanidad  como el genocidio, crímenes de guerra, toma de rehenes, tortura, desplazamiento forzado y violencia sexual, entre otras”.
Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cinco años y un máximo de ocho “de restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales”; mientras que quienes admitan su responsabilidad “de manera tardía” cumplirán penas de entre 5 y 8 años en “condiciones ordinarias”.
“Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de libertad”, aclara el comunicado.
Aquellos que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables, serán condenados a penas de prisión de hasta 20 años en condiciones ordinarias.
Santos, en una breve alocución luego de la firma del documento por las partes, aseguró que se alcanzó un logro mayor, en el que se comprende la mayor satisfacción posible para las víctimas del conflicto colombiano.
Además, reconoció el paso que ha dado las FARC, aludiendo que junto al Gobierno avanza en el camino más noble que puede tener cualquier nación, que es el de garantizar la paz.
“Esto demuestra la madurez que ha alcanzado este proceso. El Jefe de las FARC y yo hemos acordado que a más tardar en seis meses debe concluir esta negociación y firmarse el acuerdo final. El 23 de marzo de 2016 será la fecha límite para terminar el conflicto”, recalcó Santos.
Por su parte, Timoleón Jiménez mostró su satisfacción por los términos del acuerdo, que satisface a todos los involucrados en el conflicto, sobre bases restaurativas y no punitivas, que ayude a la reconstrucción de la sociedad colombiana.
Nos complace anunciar que esta jurisdicción especial para la paz ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto: combatientes y no combatientes. Desde una perspectiva fundamentalmente restaurativa abre las posibilidades de  ofrecer verdades halladas y plena”, sentenció el líder de las FARC-EP.
Así mismo se dio a conocer que luego de la rúbrica del acuerdo final se dispondrán de 60 días para hacer dejación de las armas.
Ambas partes agradecieron al gobierno de Cuba, por su compromiso con la paz de Colombia, a Noruega, como garante, a Venezuela y Chile, “como países acompañantes” y a otros actores en el proceso durante los últimos tres años.
“Quiero agradecer al presidente Raúl Castro, al gobierno de Cuba por su magnífica hospitalidad y sobre todo por su compromiso por la paz de Colombia”, agregó el presidente colombiano.
También hizo uso de la palabra el presidente cubano Raúl Castro, quien felicitó a las partes por los acuerdos logrados, los cuales calificó de importantes pasos de avance para lograr la paz que “anhela y merece el pueblo” de Colombia.
“Aun quedan dificultades enormes por superar, pero tenemos la certeza de que serán vencidas. La paz en Colombia no solo es posible; es indispensable”, dijo Raúl, y aseguró que Cuba continuará siendo garante del diálogo entre las FARC-EP y el Gobierno.
Participaron además en el encuentro Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba; los garantes de Cuba y Noruega para el proceso de paz, así como los representantes por Venezuela y Chile quienes fungen como países acompañantes.
Este es el cuarto acuerdo que se alcanza en la capital cubana de una agenda de seis puntos que se discute desde el 19 de noviembre del 2012. Ya han sido finiquitados los temas de solución al problema de la tierra, drogas ilícitas y participación política.

Comunicado conjunto # 60 sobre el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz

La Habana, Cuba, 23 de septiembre de 2015

1. El Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.

2. A la vez, reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.

3. En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.

4. El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos.  Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.

5. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.

6. La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.

7. Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprom
eta a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.

8. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.

9. En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.

10. La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.


http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/09/23/anuncian-en-la-habana-presidente-santos-y-jefe-de-las-farc-timoleon-jimenez-importantes-acuerdos-para-colombia-presente-raul-en-la-ceremonia/#.VgP6SM42a2w
 

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