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La práctica delictiva de adueñarse de empresas privadas mediante forjamiento de firmas de accionistas radicados en el exterior llegó a PDVSA, pese al curso judicial de demandas de sus accionistas despojados.
Este modo delictivo puesto en práctica en Venezuela, incluye el forjamiento abogadil de "asambleas de accionistas" que solo se "realizan" en el papel y son "certificadas" por funcionarios corrompidos adscritos al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), a quienes los corruptores activos e impunes entregan significativas sumas de dinero y otras canongías, que en Colombia llaman "mermelada", en Venezuela "comisión" y el DRAE "coima": "dádiva con que se soborna".
Esto se evidencia de las denuncias y juicios que cursan en el Sistema de Justicia del país, que anteriormente hemos citado en GUÁRAMO DIGITAL, específicamente de las empresas ICM Proyectos 2001 C.A. y CANAIMA CONSTRUCCIONES C.A. En ambos casos, según se desprende de los respectivos expedientes judiciales, supuestamente forjaron la firma de accionistas quienes estaban fuera del país y cuyos movimientos migratorios consignados certifican que desde cuando salieron del territorio venezolano, nunca más han regresado, por lo que es imposible que hayan participado en "asambleas de accionistas" ni firmado presencialmente documento alguno, como hacen ver quienes ahora deben enfrentar las indagaciones del Ministerio Público y posibles sentencias del Poder Judicial.
En los casos de las dos empresas contratista de PDVSA mencionadas, resalta el hecho de que quienes están denunciados de cometer los presuntos delitos, poseen vínculos familiares y de trabajo con las supuestas víctimas, y además están representados por el mismo abogado o asociados a él, quien se hizo conocer en el fuero judicial por la temeridad de incoar una demanda contra el entonces Presidente de la República, Hugo Chávez, y otros altos cargos del Estado venezolano.
"Pareciera que, quienes urdieron estas maniobras no se detuvieron a reflexionar que las víctimas de los fraudes, necesariamente acudirían a las instancias jurisdiccionales a solicitar se haga justicia, para lo cual demostrarían mediante pruebas grafotécnicas y dactiloscópicas la falsificación de sus firmas y huellas dactilares; además de comprobar, mediante los movimientos migratorios correspondientes su no presencia en territorio venezolano, donde se efectuaron las supuestas asambleas de accionistas", según argumentan.
Los interesados pidieron mantener en reserva sus nombres, para no interferir el curso de los juicios que aspiran unir en una sola causa, como lo han pedido al Ministerio Público.
Convencidos de la razón y derechos que les asisten, consideran que "con la sola comprobación de estos hechos, bastará a los entes encargados de impartir justicia para condenar penalmente a quienes cometieron los presuntos delitos aludidos. La pregunta que uno se hace, es: ¿Cuál es el propósito de efectuar operaciones tan burdas y tan fáciles de comprobar? Actualmente, los procesos judiciales respectivos están en curso, y más temprano que tarde, la justicia llegará. Habrá que esperar el resultado de los mencionados procesos judiciales", expresaron los representantes de las supuestas víctimas en este embrollo abogadil y empresarial que está tocando las puertas de PDVSA y su gerencia de contrataciones, pues sería muy grave y tendría consecuencias penales que la principal y más codiciada empresa venezolana resulte involucrada en negocios turbios con empresas fraudulentas, cuyos representantes estarían supuestamente incursos en varios delitos comprobados judicialmente, sin descartarse después el reparto de "mermelada" entre funcionarios codiciosos y corrompidos.
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