Rodrigo Cabezas Morales
Profesor de Economía en la Universidad del Xulia (LUZ) / Exministro de Finanzas
El debate contemporáneo sobre la política salarial en Venezuela ha estado dominado por una visión que asocia incrementos del salario nominal con presiones inflacionarias y desequilibrios fiscales.
Este enfoque, de inspiración monetarista, sostiene que aumentos salariales en contextos de restricción productiva pueden traducirse en incrementos de precios. Sin embargo, la aplicación de este argumento al caso venezolano resulta analíticamente insuficiente, empíricamente cuestionable y, en la mayoría de los analistas, interesada.
Desde una perspectiva macroeconómica, la relación entre salarios e inflación depende críticamente de las condiciones estructurales de la economía. Tal como señalan Olivier Blanchard y David R. Johnson (2013), los efectos inflacionarios de los aumentos salariales están condicionados por el grado de holgura en el mercado laboral y la capacidad productiva instalada. En economías con elevada subutilización de recursos, la expansión del ingreso laboral tiende a traducirse en aumentos de la demanda agregada antes que en presiones inflacionarias sostenidas.
El caso venezolano constituye una evidencia empírica particularmente reveladora. Durante más de cuatro años, el salario mínimo, por acuerdo del gobierno y empresarios, ha permanecido prácticamente congelado en términos nominales, reduciéndose a niveles insignificantes en términos reales.
A pesar de ello, la inflación ha persistido, más de 600% anualizada a marzo 2025-2026, lo que sugiere que sus determinantes son de naturaleza estructural —entre ellos la depreciación del tipo de cambio, la restricción externa, el financiamiento del déficit por el BCV y la contracción de la oferta—más que el resultado de presiones salariales¹.
Más allá de la dinámica de precios, la economía venezolana enfrenta un deterioro profundo en la distribución del ingreso. Estimaciones recientes ubican el coeficiente de Gini en torno a 0,54, lo que sitúa al país entre los más desiguales de América Latina, por encima de economías como Chile y Uruguay y en niveles comparables a Brasil².
En contraste, países europeos como Italia presentan coeficientes cercanos a 0,35, reflejando estructuras distributivas significativamente más equilibradas³.
Asimismo, la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre alcanza magnitudes superiores a 50 veces, una distancia extrema incluso en comparación regional⁴.
La literatura sobre desarrollo económico ha enfatizado consistentemente los efectos negativos de la desigualdad sobre el crecimiento. Como argumenta Joseph E. Stiglitz (2012), una alta concentración del ingreso reduce la propensión marginal a consumir y debilita la demanda agregada. En una línea similar, Anthony B. Atkinson (2015) sostiene que la desigualdad persistente no solo es socialmente indeseable, sino también económicamente ineficiente.En nuestro país, estos efectos se manifiestan con particular intensidad. La contracción del ingreso real ha generado un escenario de subconsumo estructural: más del 70% de los hogares se encuentra en situación de pobreza monetaria, lo que limita severamente la capacidad de expansión del mercado interno⁵.
Desde una perspectiva macroeconómica, esta situación implica una restricción fundamental al crecimiento, dado que el consumo privado constituye uno de los principales componentes del producto interno bruto.
Adicionalmente, la participación del trabajo en el ingreso nacional ha experimentado una caída significativa. El denominado “wage share” —esto es, la proporción del ingreso nacional destinada a remuneraciones laborales— suele ubicarse entre 50% y 65% en economías desarrolladas⁶. En
Venezuela, diversas estimaciones sugieren niveles considerablemente inferiores, reflejando un proceso de desarticulación del salario como mecanismo de distribución del ingreso.
Este punto resulta crucial en perspectiva comparada. La evidencia histórica indica que los procesos exitosos de industrialización y desarrollo —desde Europa occidental en la posguerra hasta las economías asiáticas contemporáneas— no se sustentaron en compresión sistemática de los salarios, sino en una relativa articulación entre crecimiento de la productividad, expansión del consumo y aumento de los ingresos laborales.
Como subraya la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2023), los modelos de desarrollo sostenido han requerido la consolidación de mercados internos dinámicos, lo cual presupone niveles crecientes de ingreso disponible para la población.
En términos teóricos, esta relación fue anticipada por John Maynard Keynes (1936), quien destacó el papel central de la demanda efectiva en la determinación del nivel de actividad económica.
A este efecto, la eficacia del multiplicador keynesiano del gasto salarial en Venezuela está condicionada a políticas de encadenamiento productivo y estabilidad cambiaria diferencial.
Sin un control sobre la brecha cambiaria, el incremento del ingreso nominal corre el riesgo de fugarse hacia bienes importados o divisas, anulando el efecto dinamizador interno.
En este marco, el ingreso de los trabajadores adquiere una relevancia particular debido a su elevada propensión al consumo, generando efectos multiplicadores sobre la producción y el empleo.
En contraste, la economía venezolana actual se caracteriza por una ruptura de este vínculo fundamental. La compresión extrema del salario de los trabajadores ha debilitado la demanda interna, reduciendo los incentivos a la inversión productiva y contribuyendo a un equilibrio de bajo crecimiento.
Este patrón no encuentra precedentes en experiencias exitosas de desarrollo económico-social contemporáneo, donde la expansión del mercado interno ha sido un componente esencial del proceso de acumulación.
En este contexto, el argumento de que un aumento salarial generaría presiones inflacionarias, tal como interesadamente lo afirman dirigentes empresariales y consultores económicos, pierde consistencia analítica.
Con niveles salariales extremadamente bajos, el costo laboral representa una fracción marginal de los costos totales en numerosos sectores económicos.
Por el contrario, la recuperación del salario real podría contribuir a dinamizar la demanda agregada, estimular la producción y reducir las brechas distributivas existentes.
No obstante, es importante subrayar que la política salarial debe integrarse en una estrategia macroeconómica más amplia, que incluya estabilidad cambiaria, gasto fiscal responsable y políticas orientadas a la recuperación de la capacidad productiva.
La cuestión no es, por tanto, si debe aumentarse el salario, sino bajo qué condiciones institucionales y macroeconómicas dicho ajuste puede contribuir a un proceso de recuperación sostenible.
En conclusión, la evidencia teórica, empírica e histórica sugiere que el principal problema de la economía venezolana no es un exceso de demanda derivado de salarios elevados e inflacionarios, sino una contracción extrema del ingreso laboral y del consumo.
Una mirada desprejuiciada a la última década vivida, se encontrará con el colapso del sistema de seguridad social-laboral del mundo del trabajo venezolano y su consecuencia de vivir en la inhumanidad, la pobreza.
La recuperación del salario no constituye únicamente una exigencia social para que los trabajadores vivan con dignidad, tal y como lo establece la Constitución de la República en su artículo 91, sino
una condición necesaria para reconstruir el mercado interno, reducir la desigualdad y reactivar el crecimiento económico.
Las movilizaciones sociales que lo reclaman están plenamente justificadas y tienen mi solidaridad como economista y profesor universitario.
Los países desarrollados comprendieron qué para alcanzar el desarrollo económico, tan importante era la expansión de la capacidad de producir, como la capacidad de consumir.
Aprender de ellos ayudaría a superar dogmas y a no pedirles "paciencia y tiempo" a los trabajadores de mi país.
Maracaibo, 20/04/2026
Notas:
1.Fondo Monetario Internacional (2024);
2.Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2023).
3.Datos basados en ENCOVI 2024 y comparaciones regionales recientes.
4.Base de datos de desigualdad internacional (Banco Mundial / Eurostat).
5.ENCOVI (2024).
6.La participación laboral en el ingreso nacional (wage share) se define como la proporción del PIB destinada a
remuneraciones del trabajo y en economías avanzadas se ubica típicamente entre 50% y 65%.
