Manuel Isidro Molina
La deuda social acumulada durante la última decada es de espanto y brinco, para decirlo en criollo. Sin exageración alguna, el empobrecimiento que sufrimos en Venezuela es brutal, violentados todos los derechos laborales constitucionales, y sometido el país a una insolita tenaza de represión y corrupción del gobierno/PSUV, por un lado; y asfixia económica internacional impuesta por el bloqueo criminal Trump/Guaidó/Machado.
En este mundo de opacidad impuesto por la gestión Maduro Moros, desde 2013, carecemos de cifras oficiales confiables. No sabemos cuántos compatriotas han emigrado, cuántos han nacido ni cuantos han fallecido. Por tanto, desconocemos la cifra real o aceptablemente estimada de cuántos seres humanos habitamos Venezuela. El último Censo Nacional de Población y Vivienda fue realizado en 2011, por lo que sus proyecciones resultan engañosas, dado el impacto migratorio hacia el exterior, la caída de la natalidad y el aumento de la mortalidad. Este solo trágico hecho, nos habla de deuda social no consolidada.
Tampoco contamos con estadísticas confiables de empleo, desempleo, subempleo y ocupaciones informales. Igual ocurre en Salud y Educación. No es posible así, evaluar metodológicamente ni proyectar políticas eficaces contra la pobreza y las injusticias sociales de todo tipo, que constriñen el desarrollo armónico de la nación, indudablemente sumida en un mar de precariedades, sufrimientos y angustias sin solución, si continuamos en la inercia de la sobrevivencia, el rebusque y las tracalerías.
La caída del Producto Interno Bruto (PIB) en el orden del 75% en los últimos 11 años, refleja el impacto del saqueo y la violencia interna, y el bloqueo impuesto por el delincuente Donald Trump, a partir de 2019, cuando el payaso ladrón Juan Guaidó se autojuramentó como dizque "presidente interino", desempeño que no existe en el marco constitucional, y menos ejerciendo simultáneamente la presidencia del Poder Legislativo.
Ese desastre fue terrible, altamente perjudicial para la patria, y del cual sus principales protagonistas -todos ladrones y ladronas saqueadores del erario y usufructuarios de grandes partidas de gobiernos extranjeros- no recuerdan nada, nadita. Efectivamente, se sienten limpios y limpias de polvo y paja. De 'cuentas' no quieren ni oír referencia alguna. Estos pillos y pillas andan "como caimán en boca de caño", para volver a pegarse de la teta del Estado con sus redes de testaferros, en nombre de la "libertad". Lo mismo que sus contrapartes, que no quieren soltarla, en nombre de 'su' robolución.
En medio de tal desastre, que devino en tragedia histórica, el pueblo recibió la peor parte: empobrecimiento acelerado, subsistencia precaria, subalimentación, enfermedad y muertes prematuras en todos los grupos etarios.
Trabajadoras y trabajadores de todos los estratos sociales -activos, jubilados y pensionados- soportamos el peor impacto de la caída de la economía saqueada y bloqueada, junto con la traición del gobierno de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez a los derechos laborales constitucionales: congelación de salarios desde el 15 de marzo de 2022, bonificación de los ingresos laborales, desconocimiento de los contratos colectivos y convenios con los funcionarios del Estado. Todo ello, en acuerdo secreto y no escrito con los sectores empresariales y empleadores privados nacionales y extranjeros. Acabaron con el salario y todas sus prestaciones derivadas: al congelar el salario mínimo nacional en 130 bolívares mensuales, a partir del 15 de marzo de 2022, no solo se incumplió con el articulo 91 de la Constitución sino que se impuso con los bonos y el invento ilegal e inconstitucional del «ingreso integral», el entierro del «Salario» y del «Salario Integral».
Gobiernos y empleadores privados conspiraron juntos para robar a los trabajadores activos, jubilados y pensionados, unos a favor de la 'robolución' y otros partidarios de la 'libre empresa', la 'democracia' y la 'libertá' (sic). Extinguieron las cajas de ahorro, se robaron el pago justo de horas extras, días feriados y fines de semana, bonos de vacaciones y fin de año, aportes al Seguro Social Obligatorio, primas por antigüedad, hijos y formación técnica y profesional, etc. Súmenle la inflación y la devaluación del bolívar, ¡imparables!
Esto ha sido un verdadero tsunami antilaboral, encabezado por el dizque «presidente obrero» y su vicepresidenta ejecutiva, responsable simultáneamente de las políticas energéticas y financieras, que hoy coordina con el pedófilo y masacrador del norte y sus fanáticos asesinos del Caribe.
Por todo esto y más, ha sido muy importante el éxito de las marchas laborales del pasado jueves 12 de marzo. Participamos en la de Caracas, desde la convocatoria por las diversas organizaciones sindicales y gremiales junto con movimientos politicos y sociales; y en el inicio mismo de la jornada desde la plaza Morelos hasta la plaza Bolívar, el Concejo Municipal de Caracas y la Asamblea Nacional, donde los representantes gremiales y sindicales presentaron sus justas exigencias.
El gobierno de Delcy Rodríguez y el PSUV, hizo el ridículo al pretender sabotear la manifestación capitalina: bloqueo de la avenida México con centenares de 'polinacionales' (realmente avergonzados por la tareíta que les encomendaron), barandas metálicas y una vacía tarima con costosísimos equipos de sonido a volumen escandaloso (por supuesto, pagados con dinero saqueado al erario). Fue inútil: la dirigencia de la marcha vadeó la provocación y así fuimos recorriendo calles y avenidas hasta cumplir la meta trazada por las organizaciones convocantes. ¡Felicitaciones, a todas y todos! El vigor femenino en la protesta fue notorio, especialmente educadoras y enfermeras, junto con trabajadores y trabajadoras de los diversos sectores. Jubilados y pensionados se hicieron sentir, igual que trabajadores petroleros, periodistas y empleados públicos, entre muchos otros. Sin excepción, todas y todos sumamos, como debe ser, a la hora de defender el salario y los demás derechos laborales constitucionales, conquistados en luchas históricas desde 1936 en adelante, generación tras generación. No han sido dádivas de nadie ni de ningún gobierno, y por eso son derechos merecidos, progresivos e irrenunciables, estampados en las constituciones de 1947, 1961 y 1999.
La lucha continúa. El Gobierno, el Parlamento y los empleadores privados -desde Fedecámaras, Fedeindustrias y Consecomercio hasta cualquier figura jurídica empleadora nacional o extranjera- deben abandonar la monserga neoliberal que les 'compraron' Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez y sus innombrables ministros del Trabajo.
¡Los derechos laborales se respetan! ¡No provoquen lo que saben muy bien, se puede desatar en Venezuela, si persisten mezquinamente en explotar «mano de obra esclava», literalmente. Los trabajadores y trabajadoras de esta patria de Libertadores, sabemos luchar y ganar. Está demostrado históricamente. No jurunguen más el avispero. ¡Basta de injusticias!
manuelisidro21@gmail.com
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