«La cuota de plusvalía es, por tanto, la expresión exacta del grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capital, o del obrero por el capitalista«
Karl Marx, El Capital, Tomo I, Capítulo IX (1867)
Carlos Dürich
En la Venezuela actual, el debate económico suele extraviarse entre titulares de recuperación y bonos “no remunerativos”. Pero hay un número que se esconde en los informes de coyuntura y que rara vez pronuncian los empresarios o los políticos: la tasa de explotación.
No es un dato más. Es, como lo describiera Marx, la medida exacta de cuánto valor produce el obrero y cuánto de ese valor se apropia el capitalista. En términos simples: de cada unidad de riqueza generada, ¿cuánto se queda quien la produce y cuánto se lleva quien la posee?
Para desentrañar esta relación en el año que corre, tomemos tres datos duros.
Primero, la productividad. Según las series de ILOSTAT (base de datos de la Organización Internacional del Trabajo), replicadas por portales estadísticos, la productividad laboral por hora en Venezuela se estima en 15,72 dólares (PPA de 2021) para 2025. Es una estimación modelada, pero es la referencia más completa disponible para medir cuánto valor nuevo se crea por hora de trabajo en el país.
Segundo, el salario industrial. La más reciente Encuesta de Coyuntura Industrial de Conindustria, correspondiente al tercer trimestre de 2026, sitúa la remuneración mensual promedio de los obreros y operadores de la manufactura privada en 332 dólares. Con una jornada legal de 40 horas semanales (160 horas al mes), esto arroja un pago por hora de 2,08 dólares.
Tercero, el ingreso público. El Ingreso Mínimo Integral (IMI) se ubica actualmente en 240 dólares mensuales, compuesto por 200 dólares del Bono de Guerra y 40 dólares del bono de alimentación. La letra pequeña revela el “engaño de la suma”: el salario base sigue congelado en 130 bolívares (equivalentes a 0,27 dólares al cambio oficial), y el resto son bonos declarados “no remunerativos” que no generan prestaciones sociales. Ese ingreso de 240 dólares, dividido entre 160 horas, representa 1,50 dólares por hora.
El cálculo brutal
Escenario A: Obrero industrial (Conindustria)
- Valor generado por hora: 15,72$
- Salario por hora: 2,08 $
- Tasa de explotación: (15,72 – 2,08) / 2,08 = 6,56 veces (o 656%)
Por cada dólar que recibe el obrero industrial, el capital se apropia de 6,56 dólares. El trabajador se queda con apenas el 13,2% del valor que produce.
Escenario B: Trabajador del sector público (IMI)
- Valor generado por hora: 15,72 $
- Ingreso por hora: 1,50 $
- Tasa de explotación: (15,72 – 1,50) / 1,50 = 9,48 veces (o 948%)
En el sector público, la brecha es sideral. Por cada dólar de ingreso integral, se generan 9,48 dólares de excedente. El trabajador se queda con menos del 10% de lo que produce.
La “ganancia responsable”
Si vamos a hablar de responsabilidad, hagámoslo bien. Resulta curioso que la palabra “responsable” solo aparezca cuando se trata de contener salarios, pero jamás se use para calificar el comportamiento del capital.
El propio presidente de Conindustria admitió que los ajustes salariales superaron el comportamiento de la producción, en un trimestre donde la utilización de la capacidad instalada se mantuvo estancada en 51,8%. Ese ajuste, que según la encuesta gremial elevó la remuneración promedio de los obreros industriales a 332 dólares —un 13% más frente a los 294 dólares del trimestre anterior—, no responde a una mejora real de la productividad: se produce en un contexto de capacidad ociosa y de estancamiento. Es, más bien, un esfuerzo por contener la conflictividad sin tocar el fondo del problema: la brecha entre lo que se produce y lo que se paga. El tímido aumento del 13% es, en realidad, una limosna porcentual que no altera la tasa de explotación del 656% calculada más arriba.
Mientras tanto, la desalarización se consolida como el mecanismo central para licuar el costo laboral.
El salario base de 0,27 dólares es el que sirve para calcular prestaciones sociales, antigüedad, utilidades, bono vacacional y jubilación. Cuando un trabajador se retire después de 20 o 25 años, su liquidación se hará sobre esa miseria, no sobre los 240 dólares que el gobierno le hace creer que “gana”. Lo que hoy llaman “aumento responsable” es, en los hechos, una hipoteca legalizada del futuro de los trabajadores.
El “bono vacacional” de 65 dólares
Si el salario base es una miseria calculada, el bono vacacional que algunos gremios universitarios esperan recibir este 2026 es la prueba de que la “responsabilidad” patronal no conoce de dignidad. Hablamos de un pago lineal de 65 dólares por concepto de vacaciones, otorgado a trabajadores activos de universidades públicas, pero excluyendo a los jubilados.
Los propios dirigentes gremiales lo calificaron de escueto. Raúl Brito, presidente de Apuneg, sostuvo: “Con 65 dólares no creo que nadie pueda hacer un mercado en su casa. Esa es la política que tiene el régimen de liquidar, de exterminar a los trabajadores jubilados y activos de la universidad pública”. Fabián Rondón, del sindicato de empleados de Unexpo, denunció que “esta miseria que estamos recibiendo nos está llevando al precipicio”. Y José Francisco Jiménez, de la Universidad de Carabobo, advirtió que la separación entre activos y jubilados es una política deliberada para dividir al sector y dejar a los jubilados fuera de las convenciones colectivas.
La crítica desde la plusvalía es aún más contundente. Si un trabajador universitario genera 15,72 dólares por hora (PPA) y recibe un bono vacacional único de 65 dólares, la relación es obscena: ese monto equivale a poco más de cuatro horas del valor que produce. Es decir, el “reconocimiento” vacacional de todo un año se paga con el excedente de una sola jornada laboral. No es un beneficio; es una limosna que se presenta como conquista.
Y hay un agravante jurídico que revela la trampa: al tratarse de un “bono único” y no de un pago calculado sobre el salario normal conforme a la LOTTT, se evade su incidencia en prestaciones sociales, utilidades y futuras jubilaciones. Es la misma lógica de la desalarización, aplicada ahora al descanso. Mientras el gobierno y algunos gremios celebran “acuerdos”, el trabajador universitario recibe 65 dólares por un derecho que la ley laboral venezolana concibe como salario, no como dádiva.
La crítica, por tanto, no es solo al monto. Es a la fragmentación: activos sí, jubilados no; profesores sí, obreros y administrativos a veces. Es la vieja táctica de dividir para precarizar. Y es, al mismo tiempo, la confirmación de que el capital —sea privado o estatal— no tiene “responsabilidad” alguna cuando se trata de reconocer el valor del trabajo. La única responsabilidad que practica es la de maximizar la plusvalía.
¿Y entonces?
Un obrero industrial que gana 332 dólares necesita 2,3 remuneraciones mensuales solo para cubrir la canasta alimentaria de una familia de cinco personas, que en septiembre de 2026 costaba 761,35 dólares. La mejora porcentual no implica una recuperación del poder adquisitivo; implica, en todo caso, la profundización de una precariedad estructural que ya no distingue entre el sector formal y el informal, entre el obrero de la fábrica y el empleado público.
La discusión no debería centrarse en si el gobierno es malo por pagar 240 y el empresario bueno por pagar 332 dólares. El debate de fondo es otro: ¿hasta cuándo se sostendrá un modelo donde la productividad se dispara y el salario se hunde? La tasa de explotación del 656% para el obrero industrial y del 948% para el trabajador público no son solo números. Son la medida de una injusticia que se ha naturalizado.
Invocar la movilización no es un llamado a la violencia, sino a la conciencia y a la organización. Es la invitación a que los trabajadores, los sindicatos y la sociedad civil en su conjunto nombren la cifra, la discutan en los centros de trabajo, en las universidades y en los barrios. Que exijan la restitución del salario como eje central de la
remuneración, el fin de la desalarización y una distribución justa de la riqueza que se produce. Que reclamen una política de ingresos que no se limite a bonos de supervivencia, sino que garantice la reproducción digna de la fuerza de trabajo.
La cifra está ahí, sobre la mesa: 656% y 948%. Solo falta que la calle se apropie de ella y la convierta en bandera de lucha.
