BASE DE DIÁLOGO
Manifiesto Programático Mínimo
Por la Recuperación de la Soberanía sobre el Patrimonio Petrolero Nacional
Este documento no propone una plataforma ideológica única, ni pretende que quienes lo suscriban compartan una misma lectura del proceso político venezolano. Propone, en cambio, un mínimo común denominador: un conjunto acotado de exigencias verificables, redactadas para que puedan ser suscritas por actores de trayectorias distintas —disidencias del chavismo, izquierda crítica no alineada, derecha democrática, sectores independientes y opositores decepcionados de sus líderes, trabajadores, jubilados y pensionados que se sienten estafados por la clase política polarizada en los últimos 25 años— que coinciden en el rechazo a la forma en que se ha dispuesto del patrimonio petrolero nacional en el acuerdo anunciado el 28 de agosto de 2026, sin que ello implique una posición común sobre otras materias. Se presenta como base de diálogo, no como texto cerrado.
1. Nulidad y revisión integral de todo acuerdo que comprometa el patrimonio petrolero nacional
Exigimos que todo contrato, concesión, acuerdo o instrumento que comprometa reservas, campos o infraestructura petrolera de la República se someta a un proceso público, transparente y verificable, conforme a la Constitución y a la legislación de hidrocarburos, incluidos los mecanismos de licitación pública y la aprobación previa de la Asamblea Nacional prevista en el artículo 150 constitucional.
Rechazamos que la aprobación posterior de cualquier órgano del Poder Público pueda subsanar acuerdos celebrados sin estas garantías, y exigimos que toda instancia llamada a conocer, aprobar o convalidar un acuerdo de esta naturaleza cuente, ella misma, con legitimidad de origen, representatividad democrática y plena autonomía — de manera que la participación formal de un órgano del Estado no se convierta en un mecanismo de legitimación posterior de decisiones adoptadas al margen del interés nacional.
En consecuencia, exigimos la revisión integral de todo acuerdo ya negociado o suscrito, y declaramos que el acuerdo petrolero anunciado el 28 de agosto de 2026, al haberse negociado al margen de estos requisitos, carece de validez y debe considerarse nulo, sin perjuicio de que se determinen además otros vicios constitucionales, legales o de legitimidad que agraven esa nulidad.
2. Transparencia contractual total y de aplicación inmediata
Exigimos la publicación íntegra del texto de cualquier acuerdo, contrato o memorando relativo a la disposición de hidrocarburos nacionales, incluidos sus anexos técnicos y financieros. La confidencialidad comercial no puede invocarse para ocultar los términos de un contrato de interés público sobre un bien del dominio público de la Nación.
3. Soberanía plena sobre el flujo de la renta petrolera y el dominio del subsuelo
Rechazamos cualquier esquema en el que los ingresos fiscales derivados de la actividad petrolera nacional —regalías, impuestos o dividendos— sean depositados, administrados o condicionados por una autoridad extranjera. Se ratifica y deja expresamente establecido que el petróleo es de la República y que el subsuelo pertenece al dominio público inalienable e imprescriptible de la Nación. Exigimos que dichos ingresos y recursos ingresen a instituciones venezolanas sujetas a contraloría pública verificable, nacional e independiente.
4. Reparación social directa, respeto y reivindicación de los derechos laborales
Exigimos que cualquier disposición futura del patrimonio petrolero nacional incorpore un compromiso ineludible con el respeto absoluto y la reivindicación integral de los derechos laborales, salariales y de seguridad social conculcados a la clase trabajadora, activa y jubilada, del país. Las trabajadoras y los trabajadores de la patria no son un costo ajustable ni una estadística prescindible; son el pilar fundamental de la nación.
Por ello, exigimos mecanismos concretos y verificables de reparación con respaldo patrimonial directo y administración transparente —lejos de bonos discrecionales o transferencias condicionadas al clientelismo político—. Existen ya propuestas técnicas desarrolladas en este sentido, que ponemos a disposición de la discusión conjunta.
5. Rendición de cuentas sobre los intermediarios del acuerdo
Exigimos que se investigue, con las garantías del debido proceso, el papel de cualquier persona natural o jurídica con procesos penales pendientes en cualquier jurisdicción que haya intermediado en la disposición de activos petroleros nacionales, y que se transparente su relación con las autoridades que suscribieron el acuerdo.
6. Restitución del calendario electoral, garantía de participación e independencia legislativa
Exigimos la fijación inmediata de un calendario para la celebración de elecciones generales a la brevedad posible, reafirmando nuestra soberanía para que sean los venezolanos quienes decidan su destino de manera directa, rechazando tajantemente cualquier dilación o injerencia de agentes externos que pretendan tutelar o decidir sobre nuestro futuro democrático.
Este proceso debe contar con condiciones claras, transparentes y auditables tanto por observación nacional como internacional imparcial. Asimismo, debe garantizarse la igualdad de condiciones para la participación ciudadana efectiva de los sectores populares y de abajo en los comicios venideros. Demandamos la restitución plena e inmediata de las organizaciones políticas y siglas cuyas directivas fueron judicializadas, devolviendo la pluralidad política a sus legítimos dueños. Finalmente, es indispensable la restitución total de las facultades de la Asamblea Nacional para aprobar, modificar o rechazar cualquier contrato de interés público nacional, erradicando toda mediación discrecional o injerencia del Poder Ejecutivo.
7. Reversión de la concesión y Referendo Consultivo para un destino alternativo de la renta
En aplicación del principio establecido en el punto 1, exigimos la reversión de la concesión otorgada por el Ejecutivo Nacional respecto al petróleo que es de la República, mediante la cual se entrega la participación mayoritaria sobre 17 campos petroleros que contabilizan 65.000 millones de barriles de petróleo probado a favor del Departamento de Guerra de los Estados Unidos.
En su lugar, exigimos que se someta a Referendo Consultivo Popular una vía alternativa orientada a decidir un destino distinto para el uso de la renta y de los recursos generados. Estos fondos deben destinarse estrictamente a capitalizar el Fondo Soberano previsto en el punto 8, que permita indemnizar, mediante la justicia reparativa, todo lo que se le ha violado a la gente, y servir como palanca fundamental para el desarrollo integral del país.
Se distingue con claridad que este mecanismo no constituye una simple entrega o reparto individual de títulos a la ciudadanía —lo cual desvirtuaría el propósito fiscal de la renta—, sino la constitución de un fondo de reparación colectiva e intergeneracional con respaldo patrimonial claro y transparente.
8. Hacia un Fondo Soberano de administración transparente de la renta petrolera, sin pérdida de soberanía
La experiencia del manejo discrecional de la renta petrolera —desde el otorgamiento de las primeras concesiones bajo el gobierno de Cipriano Castro en 1904 hasta la nacionalización de 1976, y también durante el período de industria nacionalizada que se extiende de 1976 a 2026— ha demostrado que la sola titularidad estatal del subsuelo no basta, por sí misma, para impedir la captura de la renta, ya sea por las compañías concesionarias en su momento o por grupos económicos reducidos vinculados al poder de turno y a la corrupción, cuando no existe un mecanismo institucional que blinde su administración frente a la discrecionalidad.
Proponemos avanzar hacia la constitución de un Fondo Soberano de administración transparente, inspirado en el modelo noruego —y, subsidiariamente, en el modelo chileno de fondos de estabilización sobre la renta del cobre—, sin que ello implique en modo alguno una cesión de la soberanía nacional sobre esos fondos públicos ni una privatización del subsuelo. Es, en nuestro criterio, la única vía institucional conocida para detener el manejo discrecional de las divisas petroleras que hoy benefician a grupos reducidos cercanos al poder, y para garantizar capital suficiente y transparente para sembrar el petróleo en desarrollo productivo real, protegiendo los derechos de las futuras generaciones.
Quienes suscriben este documento lo hacen a título de estos ocho puntos exclusivamente, sin que ello comprometa su posición sobre ningún otro asunto de la vida nacional. La coincidencia en estas ocho exigencias es, en sí misma, un hecho político significativo, y constituye la base sobre la cual se propone articular un frente cívico-programático amplio.
Propuesto y suscrito por:
1. Dra. María Alejandra Díaz — Abogada Constitucionalista
2. Dr. Andrés Ramón Giussepe Avalo — Vanguardia Ciudadana por la Democracia
3. Mgs. Carlos Mendoza Potellá — Investigador petrolero
4. Lic. José Ybrahin Esté — Bloque Histórico Popular
5. Lic. Eduardo Sánchez — Presidente SINATRA UCV
6. Lic. Manuel Isidro Molina — Presidente del Movimiento Popular Alternativo
7. Ing. Gustavo Márquez Marín — Plataforma Ciudadana en Defensa de Constitución
8. Dr. Luis Fuenmayor Toro — Médico, Investigador y Profesor de la UCV
9. Abg. Ronny Reyes — Abogado Constitucionalista
10. Lic. Julio Arévalo — Movimiento Jubilados Activos de la UCV
11. Ing. Álvaro Espinoza — Profesionales de Venezuela (PDV)
12. Dra. Indira Ocando Argüelles — Abogada Constitucionalista
13. Dr. Carlos Düruch — Profesor, Economista
14. Abg. Jesús Meza — Frente Nacional de Abogados Humanistas (FANAHÚ)
15. Abg. Ramón Ponce — Movimientos Sociales Anzoátegui
16. Lic. Ronis Fuentes — Secretario de Sintrapescave Amazonas
17. Lic. Telemaco Figueroa — Docente Universitario Jubilado
18. Prof. Mercedes Otero de López — Sobreviviente UCV
19. Prof. Carlos Márquez — Sindicato Petrolero y Movimiento 21 de Enero, Zulia
20. Lic. Xiomara Mijares — Docente Universitario
21. Dr. Jesús Alberto Castillo — Profesor Titular UDO
22. Ing. Vicente Tambasco — Movimiento “Estado 24”
23. Lic. Eduardo José Yaguaracuto — Pres. Bloque Patriótico Petrolero
24. Pscdr. Lic. Aldemaro Sanoja — Biocentrista
25. Econ. César Hernández — Investigador
26. Econ. Enrique Huerta Castillo — Luchador Social
27. Econ. Sigilberto Moya Moya — Jubilado CNE
28. Ing. Douglas Depablo — Jubilado de Pdvsa
29. Lic. Belkis Rodríguez — Comuna Ecosocialista - ASOPROCIV
30. Esp. Luis Díaz Salazar — Ex Diputado AN
31. Lic. Juan Cabrera — Voluntariado Independiente Venezolano (VIVE)
32. Lic. Mariano Crespo — Profesor Universitario
33. Lic. Sofanor García — Sindicatos del Zulia
34. Lic. Alejandro Perozo — Comerciante Falcón
35. Lic. Henry Manzano — Jubilado Asamblea Nacional
36. Lic. Ismery Pulgar — Jubilada de la UCLA
37. TSU. Administración Sergio Cortes — Comerciante Carabobo
38. Lic. Jesús Querales — Director Fundador “Un Solo Pueblo”
39. Lic. Orlando Oberto Urbina — Periodista, Profesor Universitario
40. Abg. Wuilman Antonio Molina — Militante de la Utopía y la Nueva Civilización
41. Lic. Francisco Mayorga — Periodista. Ex Director de Últimas Noticias
42. Prof. Nelson Oyalzabal — Gerente Cultural
43. Abg. Luis Rosado — Coord. Nacional Frente de Profesionales y DD.HH.
44. Rosa Betancourt — Movimiento Social Futuro Monagas
45. Inyerber Gutiérrez — Luchador Social
46. Alfredo “Guaro” Valera — Luchador Social, Estado Bolívar
47. Eduardo Parra — Luchador Social
48. Cristina Marín Ravelo — Luchadora Social
49. Jarly Amariz — Luchadora Social
50. Yasmeli Pernía — Luchadora Social
51. Fanny Hernández — Luchadora Social
52. Isaías Torres — Luchador Social
53. Aura García — Luchadora Social
54. Ramón Paiva Pereira — Luchador Social
55. Khrisna Medina — Luchador Social
56. Plinio Avendaño — Luchador Social
57. Jesús Castañeda — Luchador Social
58. Georgina Chávez — Luchadora Social
59. Luviezmek Rengifo — Luchadora Social
60. Jesús Abraham Guerrero — Luchador Social
61. Yorge Vergara — Luchador Social
62. César Ramírez — Luchador Social
63. Krisbel Sánchez — Luchadora Social
64. David Castillo — Luchador Social
65. Leonardo Duque — Luchador Social
66. Adofina Cermeño — Luchadora Social
67. Albert Hernández — Luchador Social
68. Humberto Rondón — Coordinador BHP-Anz.
69. Jesús Jiménez — Coord. Org BHP
70. Santos Torres — Comunero, Comuna San José De Capistrano
71. Jacqueline Carvajal — Sindicato Empl. Públicos, Anzoátegui
72. Lusbeti Rosales — Luchadora Social
73. Valentín Gómez — Luchador Social
74. Yadira Hurtado — Luchadora Social
75. Oswaldo Jiménez — Luchador Social, BHP
76. Jorge Flores — Defensor de DDHH
77. Carlos Fernando Solórzano — Luchador Social
78. Heder Romero — Luchador Social, Pensionado
79. Luis Contreras — Pensionado
80. Virvania Chauran — Sector Campesino
81. Aura Aponte — Sector Campesino
82. Tomás González — Sector Campesino
83. Miriam Manrique — Luchadora Social
84. Erasmo Toledo — Sector Campesino
85. Carmen Manrique — Luchadora Social
86. Sergio Toledo Morillo — Sector Campesino
87. Rubén Morillo — Sector Campesino
88. José Alvillar — Luchador Social
89. Jesús Malpica — Luchador Social
90. Gladis Manrique — Luchadora Social
91. Natalia García — Luchadora Social
92. Lely Manrique — Luchadora Social
93. Arquímedes Manrique — Luchador Social
94. María Avilez — Luchadora Social
95. Luis Deberá — Luchador Social
96. Aleidis Rodríguez — Luchadora Social
97. Williams Rodríguez — Luchador Social
98. Daniel Piña — Luchador Social
99. Enrique Ortuñez — Luchador Social
100. Jorge Vergara — Luchador Social
101. Francisco Ruiz Tuy — Luchador Social
102. Jhon Contreras — Luchador Social
103. Delio Contreras — Luchador Social
104. Malpica Erasmo — Luchador Social
105. Nicolás Lizardi — Luchador Social
106. José Lizardi — Luchador Social
107. José Blanco — Luchador Social
108. Luis Benítez — Luchador Social
109. Dysney Guzmán — Luchador Social
110. Frankis Rojas — Luchador Social
111. Laureano González — Luchador Social
112. Rodrigo Pérez — Luchador Social
113. Celinda Parra — BHP Municipio Píritu Zona Oeste
114. Prof. Roberto Márquez — Docente
115. Lic. Pedro Camacho — Profesor
116. Lic. José Gregorio Montaño — Administración Desastres y Riesgo
117. Lic. Hernán Martínez — Administración Desastres y Riesgo
118. Ing. Gustavo Agüero — Agroalimentario
119. Lic. Josefa Gómez — Profesora
120. Abg. Noé Acosta Olivares — Luchador Social
121. Abg. Omar Duno — Luchador Social
122. Lic. Yiselys Quiñónez — Lic. Educación
123. Lic. Sixto Rodríguez — Deporte
124. Abg. Andrés Adames — Luchador Social
125. Ing. Willian Ramón Seco — Topógrafo
126. Abg. Yudith Beatriz Díaz Castro — Luchadora Social
127. Lic. Gladys Chirinos — Educación Integral
128. Abg. Menecio Dávila — Luchador Social
129. Lic. Angélica Salas — Educación
130. Lic. Marbelis Olivares — Educación
131. Prof. Jhonny Rodríguez Solórzano — Docente
132. Mervin Parejo — Obrero
133. Gregoria López — Obrera
134. Melecio Rengel — Promotor Social
135. Simón Bolívar — Abogado
136. Franklin Jiménez — Comerciante
137. Eduardo Arroyo — Chofer
138. José Trino Díaz — Comerciante
139. Diana Solórzano — Comerciante
140. Jesús Díaz Chua — Comerciante
141. Yusnoely Acosta — Abogado
142. Mayra A. Perozo — Abogado
143. Luis Rivero — Comerciante
144. Sandy Chirinos — Lic. Administración
145. Neida Polanco — Secretaria
146. Nelson González — Mecánico
147. Francisco Arias — Vigilante
148. Ramiro Miquilena — Pescador
149. José Domingo Cortez — Aux. de Oficina
150. Emilio José Martínez — Maestro de Obra
151. Deivis Sánchez — Productor
152. Mary García — Productora
153. Edgar Jesús Colina Molina — Productor
154. Daniel Jesús Hermoso Hermoso — Productor
155. Yaritza del Carmen Petit — Productora
156. Juan Salazar — Jubilado Pdv-Marina
157. José Alvino Iriarte — Trabajador Petrolero
158. Oswaldo Rodríguez - Militar
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