Carlos Dürich
Hay dos documentos en esta reforma, y conviene no confundirlos. El primero es el que se firma: la exposición de motivos que acompañó al proyecto sancionado el 10 de noviembre y promulgado el 19 por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El segundo es el que se declama: el discurso público de la “modernización”, la “transición energética” y la “apertura”. El primero es más honesto que el segundo, y esa diferencia debería ser el punto de partida de cualquier discusión seria sobre la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.
Lo que el papel confiesa y el púlpito esconde
Leída con cuidado, la exposición de motivos no invoca la transición energética como eje. Reconoce, sin rodeos, que el modelo “ha mostrado limitaciones estructurales y financieras para responder con la agilidad y prontitud a la demanda”, y suma el impacto de las medidas coercitivas unilaterales. Es decir: el diagnóstico oficial es quiebra operativa y financiera, no cambio de matriz energética. La retórica verde aparece en el debate parlamentario y en la tarima, no en el fundamento jurídico.
Esto no es un detalle menor. Si el problema es la descapitalización de Corpoelec y el deterioro de El Guri, entonces la entrega de la operación a privados no es una consecuencia técnica inevitable, sino una decisión política que debe debatirse como tal. Introducirla bajo el manto de la “modernización” es un modo de evitar el debate, no de resolverlo. Y quienes advierten que la transición es más lenta y menos total de lo que sugiere el discurso tienen razón; pero el punto aquí es otro: ni siquiera el documento oficial se atreve a apoyar la reforma en ese argumento.
La propiedad como cáscara
Se nos dice que no hay privatización porque el Estado conserva más del 50% del capital en las empresas mixtas y Corpoelec sigue siendo el gran operador. Es la misma retórica del sector petrolero: “capital privado bajo la supervisión del Estado”. Pero conviene hacer un análisis más detallado de los conceptos. Una cosa es la titularidad, otra el control y una tercera la disposición.
El artículo 4 establece como premisa del servicio la “Reserva y Dominio del Estado”. Es la norma que se invoca para decir que “no hay privatización”. Pero esa reserva convive con el artículo 23, que faculta a Corpoelec para “constituir empresas filiales o suscribir contratos de asociación público-privada, rehabilitación y mantenimiento sobre sus instalaciones sin ceder la titularidad pública de los bienes”. Es la formulación jurídica exacta de la máscara: se permite la asociación y la operación privada, pero se preserva formalmente la titularidad estatal. El título queda en manos del Estado; la operación, en manos del privado.
La reforma permite además concesiones de hasta 25 años para generación por encima de 50 MW, y abre transmisión, distribución y comercialización (régimen que se completa con los artículos 25, 26 y 27 sobre participación de capitales externos y mixtos). El Estado conserva el título; el privado conserva la operación y el ingreso. La titularidad sin disposición no es propiedad: es una cáscara.
Aunque el artículo 31 contempla una cláusula de reversión a favor de Corpoelec al término de cualquier habilitación, “libres de gravámenes”, la pregunta fundamental es cómo se regularán realmente las acciones de estas empresas durante los próximos 25 años: ¿será el equilibrio económico como en el sector de los hidrocarburos? ¿Pueden las personas que pagan por el servicio auditar estas razones? Realmente, aquí no hay democracia económica.
El subsidio sin fondo
La reforma indexa las tarifas a la “moneda de mayor valor” publicada por el BCV (hoy el euro) y mantiene un régimen de subsidios para los usuarios de menores ingresos. Hasta ahí, el discurso protector. Pero el articulado revela otra cosa.
El artículo 17, numeral 1, introduce la “Tarifa Técnica de Costo Eficiente”, calculada por la Superintendencia, que reconoce los costos reales del servicio. Es un avance técnico innegable. El problema surge cuando ese reconocimiento de costos se cruza con el régimen de subsidios. El artículo 10, numerales 42 y 43, definen el “Subsidio Eléctrico” como la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa aplicable al usuario, y establecen que debe ser asumido por el Estado.
Aquí está el nudo: la ley reconoce una obligación estatal, pero no garantiza los flujos de caja reales y constantes para honrarla de forma oportuna a las operadoras. El propio análisis técnico del anteproyecto lo advierte: si el Estado no paga a tiempo, “el sistema caerá nuevamente en déficit de caja, impidiendo el mantenimiento y la expansión, independientemente de que la ley lo norme en el papel”.
¿Y quién define cómo se aplica ese subsidio? El artículo 75 especifica a qué familias va dirigido, y el artículo siguiente ordena crear un fondo para financiarlo total o parcialmente con aportes presupuestarios del Poder Público Nacional, estadal y municipal. Pero hay un detalle que desnuda la trampa: una disposición transitoria otorga al Ejecutivo un plazo máximo de un año para constituir ese fondo. Es decir, la ley entra en vigencia, las tarifas se indexan al euro, pero el respaldo financiero del subsidio queda diferido a un acto futuro y discrecional.
Y hay más. El reglamento que definirá cómo se identificará a los beneficiarios y cuánto cubrirá la ayuda aún no está publicado. La fórmula de cálculo, los lapsos de pago y las consecuencias por la mora estatal brillan por su ausencia en el texto sancionado.
El resultado es el mismo que en el sector petrolero cuando se metió la regalía en la ecuación del rendimiento: un derecho soberano —el acceso a la electricidad como bien público— se transforma en una variable negociable sin respaldo. El subsidio deja de ser una obligación cierta y se convierte en una deuda diferida que el prestador privado trasladará al usuario que sí paga (el industrial, el comercial) o al erario futuro. Y cuando el respaldo falta, el que termina pagando es siempre el mismo: el usuario cautivo, que no puede elegir proveedor ni apagar su nevera.
La regalía eléctrica —el derecho de la Nación sobre un servicio esencial— queda así convertida en un asiento contable. Se anuncia el subsidio en la tarima, pero se lo desfinancia en el articulado y se lo posterga en una transitoria. Es la misma operación de siempre: el discurso protege, la letra pequeña desprotege.
Una soberanía de pasivos
Los artículos 12, 302, 303 y 113 de la Constitución siguen intactos en el papel. La reserva estatal, la exclusividad y la exigencia de contraprestaciones adecuadas al interés público permanecen escritas. Pero la reforma las vacía por dentro: reserva sin exclusividad, propiedad sin disposición, regulación sin autonomía, subsidio sin financiamiento. La Nación conserva los pasivos y la retórica; el privado conserva la operación y el ingreso. No es una nacionalización ni una privatización: es la administración de la entrega con el sello de la ley.
Y aquí conviene preguntar a nuestros legisladores lo mismo que se pregunta en el sector petrolero: en este convenio hay dos partes. ¿Cuáles son las garantías que, como Nación, estamos exigiendo? Porque hasta ahora solo hemos visto las que se otorgan. Si el diagnóstico oficial es el colapso, la pregunta honesta no es cómo transferir la operación, sino por qué se renunció a reconstruir la capacidad pública. La respuesta es que transferir es más rápido y políticamente más sobrevivible que reconstruir.
Una ley eléctrica no se juzga por los apagones que promete evitar, sino por la oscuridad que reparte. Esta no enciende ni apaga: traslada la oscuridad de un sitio a otro, y deja al país con la factura y el discurso.










