GUÁRAMO DIGITAL es un medio informativo, analítico y plural en defensa de los derechos sociolaborales y la Independencia Nacional de Venezuela, la paz y la solidaridad latinoamericana. ¡Con la verdad por delante! EDITOR: Manuel Isidro Molina, expresidente del Colegio Nacional de Periodistas 🇻🇪✨
En el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, las nuevas designaciones son:
• Presidenta de VENEXPORTA,
• Viceministro para el Caribe
• Viceministro para Asia y Oceanía
• Embajador y Jefe de Misión de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Europea, y Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Reino de Bélgica, con concurrencia ante el Gran Ducado de Luxemburgo
En el Ministerio del Poder Popular para Hidrocarburos:
• Viceministro de Geopolítica de los Hidrocarburos
En esta etapa avanzamos con mayor articulación, presencia internacional y nuevas oportunidades para Venezuela..jpeg)
* Doctor en Ciencias de los Materiales. Exrector de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ). Presidente del Centro de Investigaciones de Astronomía (CIDA). Director del Observatorio Astronómico Nacional (OAN)
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La desaparición repentina del centro del poder ejecutivo en Caracas, ocurrida el 3 de enero, no es un mero incidente policial, sino un catalizador geopolítico que ha precipitado un cambio de régimen en tiempo real. Ante el vacío de soberanía y la intervención militar y diplomática de Washington, el proceso de anexión de facto no puede entenderse como una ocupación territorial clásica, sino como una implosión soberana inducida desde el exterior. Para que esta transición sea irreversible, Estados Unidos no se limitará a cambiar banderas; deberá reconfigurar los tres pilares que sostienen a un Estado-nación: la economía real, el sistema financiero y la administración de justicia. Las medidas que se implementarán en los próximos meses no buscan la victoria militar, sino la disolución de la autonomía operativa del país.
El primer movimiento estructural, y quizás el más silencioso pero definitivo, será la dolarización oficial mediante la sustitución del marco cambiario. Venezuela ya posee una economía parcialmente dolarizada en la práctica, pero la anexión exige la eliminación total del bolívar como unidad de cuenta y medio de pago legal. Esto no se hará por decreto nacional, sino mediante la inclusión de Venezuela en la zona del dólar como un territorio aduanero especial. Para ello, Estados Unidos creará un "Fondo de Estabilización Monetaria Venezolano" financiado con activos internacionales congelados, que se encargará de retirar la masa monetaria local y emitir certificados de depósito en dólares para los salarios y el comercio minorista. Al eliminar la capacidad del Estado de financiar su déficit mediante emisión inorgánica, se desactiva el principal mecanismo de influencia de las élites políticas locales, transfiriendo el control de la liquidez al Sistema de la Reserva Federal.
Lejos de ser una medida punitiva, la dolarización oficial es la llave que abre la puerta a la segunda transformación: la privatización de los activos energéticos bajo el paraguas de la seguridad nacional estadounidense. La industria petrolera venezolana será reestructurada mediante un mecanismo de "concesiones administrativas" que otorgará el control operativo de los campos maduros y la Faja Petrolífera del Orinoco a empresas estadounidenses y europeas precalificadas, pero con una cláusula inédita: la participación accionaria mayoritaria quedará en manos de un fideicomiso público gestionado por el Departamento del Tesoro. Esto garantiza que el 60% de los ingresos brutos por exportación se destinen directamente al pago de la deuda externa reestructurada y a la compra de bonos del Tesoro estadounidense, atando la suerte fiscal de Venezuela a la salud financiera de Washington. Así, los recursos naturales del país dejan de ser un botín de guerra y se convierten en un instrumento de amortización de la intervención.
En el terreno institucional, la anexión de facto exige la neutralización del Poder Judicial como ente autónomo, y para ello se implementará un sistema de "auditoría jurídica externa". Este mecanismo permitirá que jueces federales de los distritos de Florida y Texas revisen las sentencias sobre propiedad privada y contratos públicos, estableciendo un precedente de jurisdicción concurrente. La estrategia no es disolver la Corte Suprema venezolana, sino crear una "Sala de Revisión de Garantías" que solo podrá ser integrada por magistrados designados en consulta con la Corte Suprema de Estados Unidos. Esta sala tendrá competencia exclusiva sobre cualquier litigio que involucre inversiones extranjeras, delitos económicos o reclamaciones de expropiados. De esta forma, el imperio de la ley local se subordina al precedente del common law, transformando el sistema judicial en un apéndice burocrático de la administración norteamericana, pero sin la necesidad de declarar formalmente la anexión.
Por supuesto, la estabilidad de estas medidas no puede sostenerse únicamente con cambios normativos; requiere un control poblacional específico que evite la fuga de talentos y el caos social. Aquí es donde entra en juego la cuarta medida estructural: el intercambio de la soberanía migratoria por un estatus migratorio condicionado. Estados Unidos instaurará un programa de "Permisos de Residencia Temporal por Colaboración Económica", ligado directamente a la tenencia de un empleo formal en las nuevas industrias privatizadas o en el sector de servicios públicos. Esto no solo frena la migración masiva hacia el norte, sino que convierte a los trabajadores calificados en rehenes burocráticos del sistema. El que quiera salir de Venezuela deberá renunciar a su empleo, y al renunciar pierde el derecho a optar por la ciudadanía norteamericana en el futuro. Es un embudo de doble entrada: se garantiza mano de obra barata para la reconstrucción de infraestructura y se desestimula el éxodo, manteniendo la presión social controlada mediante el miedo a la pérdida del estatus.
La quinta transformación, y quizás la más sutil de todas, afecta al espacio público digital. Estados Unidos desplegará un "Protocolo de Interoperabilidad de Datos" que conectará directamente el sistema de identificación venezolano (SAIME) con el Departamento de Seguridad Nacional. Esto permitirá unificar el carnet de identidad venezolano con el sistema de verificación biométrica de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), convirtiendo la cédula en un documento funcionalmente equivalente al Real ID. Las implicaciones de esto son profundas: cualquier movimiento financiero, viaje interestatal o transacción comercial quedará registrado en servidores estadounidenses, bajo la legislación de la Ley Patriota. La vigilancia masiva se institucionaliza como un servicio de normalización administrativa, y la población aceptará esta intromisión a cambio de la promesa de poder viajar o comerciar con el norte sin restricciones de visado.
Mientras tanto, el sector educativo será sometido a una reforma curricular impulsada por la USAID, no mediante imposición, sino mediante la oferta de acreditación universitaria estadounidense para los programas de ingeniería y ciencias. La estrategia consiste en asfixiar económicamente a las universidades públicas que no adopten los estándares de la Comisión de Acreditación de Colegios del Sur, y redirigir los fondos de cooperación hacia las instituciones privadas que sí lo hagan. En cinco años, todos los títulos profesionales de alto nivel serán homologables solo si se estudia bajo un esquema de créditos estadounidense, lo que obliga a las nuevas generaciones a pensar en términos de empleabilidad en el mercado norteamericano, desconectando la formación técnica de las necesidades del desarrollo local y atándola a la demanda de las corporaciones transnacionales.
La anexión tampoco olvida el control territorial físico más allá de las ciudades. Washington implementará una "Estrategia de Desarrollo de la Cuenca del Orinoco" que militarizará los pasos fronterizos con Colombia y Brasil mediante la construcción de bases logísticas mixtas. Sin embargo, lo realmente estructural no son los soldados, sino la creación de una Agencia de Administración de Fronteras que operará con fondos norteamericanos y funcionarios locales entrenados por el ICE. Esto permitirá gravar el comercio de cabotaje y controlar el contrabando de extracción de oro y coltán, pero, sobre todo, establecerá un cordón sanitario económico que impida que cualquier producto no certificado por la FDA o la FTC entre en el circuito formal. La soberanía alimentaria y farmacéutica quedará subordinada a los estándares estadounidenses, convirtiendo a Venezuela en un mercado cautivo para los productos procesados y medicamentos de patente norteamericana.
Finalmente, para que este entramado funcione sin generar una resistencia armada organizada, Estados Unidos desplegará una "Misión de Asistencia a la Gobernanza Local", que disolverá los consejos comunales y las misiones sociales para reemplazarlos por ONGs estadounidenses que gestionarán los subsidios de alimentos y electricidad. Esta medida, aunque parece asistencialista, es el tornillo de ajuste más importante: la entrega de bolsas de comida o la reparación de un transformador eléctrico dependerá de la firma de un "Acuerdo de Cumplimiento de Metas de Desarrollo", que incluye cláusulas de no beligerancia y censura a discursos de odio. La población, acostumbrada a las fallas en los servicios, percibirá esta intervención como una mejora, sin advertir que su supervivencia diaria pasa a depender de la aprobación de los funcionarios norteamericanos, cerrando el ciclo de la anexión en el plano psicológico y cotidiano.
La anexión de facto no se declarará en un discurso, ni se plasmará en un tratado; se realizará mediante la superposición progresiva y sistémica de instituciones y estándares. Las medidas descritas no son caprichos tácticos, sino la aplicación de un manual de control posmoderno: desposeer al Estado de su capacidad monetaria, desarticular su poder judicial, subordinar su economía real a los intereses fiscales de Washington y, finalmente, condicionar la vida civil a la burocracia extranjera. Venezuela dejará de ser un país ocupado para convertirse en un distrito funcional, donde las leyes locales existen, pero son irrelevantes frente a los decretos administrativos de la potencia hegemónica. La historia enseña que los imperios no se expanden solo con cañones, sino con expedientes, tasas de interés y formularios de inmigración. Y es precisamente en esos detalles burocráticos, que parecen inocuos, donde se consumará la derrota de la soberanía nacional.
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NOTA: Hace un par de meses escribí "La Arquitectura de la Integración Forzada". Con preocupación observo que se está cumpliendo con la exactitud de un reloj suizo. Las últimas declaraciones de la Ministra de Educación Universitaria sobre una reforma de la Ley de Universidades enciende la luz roja sobre la pretendida privatización de la educación superior.
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Negrillas, «GUÁRAMO DIGITAL».
REALIDADES DE TRUMP EN WASHINGTON
1.- «La Presidenta (E) estará 2 años más, mínimo» en Miraflores... La Información destapó los comentarios en la Casa Blanca. Lo expresó Trump, según dicen sus Asesores y Consejeros».
2.- Marco Rubio, secretario de Estado, sigue presionando «por definir ‹más pronto que tarde› elecciones» en Venezuela.
3.- «2 a 3 AÑOS MÁS» es la «realidad... la Foto exacta, aparte de los deseos o anhelos» sobre la permanencia de Rodríguez como encargada de la Presidencia.
DOLARIZACIÓN EN PUERTAS
4.- «Cualquiera sea nuestra opinión o los razonamientos a favor y en contra, «Trump llevará a la Presidenta (E) a dolarizar el país... alrededor de diciembre, según la información estricta» obtenida.
PETRÓLEO
5.- «Según la información de la Casa Blanca, Caracas le brindará petróleo a Washington en exclusividad, beneficiándose EEUU primero y Venezuela,por años».
ACUERDO POLÍTICO
6.- «Trump fuerza a la Presidenta (E) a negociar un acuerdo político», según los informantes de Washington. «Para ello utiliza a la Pta de la Asamblea 2015, quien reconoció... La envía a Caracas y obliga a Jorge Rodríguez a sentarse».
7.- PASOS DEL ACUERDO: Reestructurar el Poder Judicial, el CNE, el TSJ; y lograr un Acuerdo Político que permita una Prensa Libre, rehacer las Instituciones y el regreso de la Oposición».
8.- «‹¿SE PODRÁ?›, comentaba en privado un Consejero de Trump»
«‹¿Logrará acordar Oposición y Gobierno?›, expresó con duda. ‹¿Después de todo el poder dado por Trump a la Presidenta (E)?›»
Del Escritorio de Tomás Socías López
tsociasl@gmail.com
Analista Económico, Político e Internacional
Una intervención militar de una potencia como Estados Unidos no finaliza con el ataque inicial.
Después vienen otras fases, las de estabilización, recuperación y transición.
En este caso, la estabilización va más allá de poner en funcionamiento las instituciones.
También busca proteger los intereses derivados de la intervención y hacer duraderas las posiciones obtenidas.
Washington pasa así a consolidar el resultado de la intervención para convertir la victoria militar en victoria política y legal.
EL ACUERDO
El acuerdo petrolero es un ejemplo de los intereses que están en juego.
Estados Unidos ha obtenido una posición de control sobre 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas, una cifra cercana a todas las reservas probadas de Rusia.
No se trata simplemente de la contratación con una empresa privada para explotar petróleo, sino de un acuerdo entre gobiernos.
La posesión estratégica de esas reservas ha quedado en manos de Estados Unidos.
Es una reserva geopolítica deslocalizada: el petróleo permanece en el subsuelo venezolano, pero una potencia externa adquiere la capacidad de disponer de esas reservas y controlar su utilización.
LA IMPUGNACIÓN
Los acuerdos que se han hecho durante el proceso de estabilización pueden ser cuestionados por un futuro gobierno o por los tribunales.
Esa posibilidad explica el intento de blindarlos desde el punto de vista militar y legal.
La Constitución venezolana podría ser invocada para impugnar decisiones adoptadas durante la estabilización, incluidos los acuerdos petroleros.
Por eso, las reformas institucionales adquieren un significado adicional, ya que las nuevas instituciones serán también las que determinen hasta dónde puede llegar la revisión de lo ocurrido tras el ataque militar.
EL TSJ
Entre esas instituciones, el Tribunal Supremo de Justicia ocupa un lugar central.
La composición del TSJ siempre ha sido motivo de disputa entre los partidos políticos.
Pero la situación adquiere una nueva dimensión con la intervención estadounidense.
El TSJ puede ser independiente de los partidos y, al mismo tiempo, verse condicionado por intereses económicos y geopolíticos surgidos de la intervención.
LOS BUFETES
La designación del nuevo TSJ no puede evaluarse solo por el perfil académico o por su independencia de los partidos.
Hay que observar también qué concepción mantienen sobre la soberanía y la independencia nacional.
Merece atención el movimiento de los bufetes internacionales y venezolanos vinculados a estas redes, especialmente alrededor de la Sala Político-Administrativa y la Sala Constitucional.
Allí pueden terminar definiéndose los criterios jurídicos aplicables a los acuerdos de la estabilización.
LAS REDES
Un magistrado que haya trabajado en un bufete internacional no se convierte por ello en representante de un interés extranjero.
La cuestión surge cuando la reconstrucción de la justicia se apoya en redes profesionales relacionadas con empresas beneficiadas por los acuerdos económicos.
No hace falta una instrucción directa para que esos vínculos puedan tener efectos sobre la orientación de una institución.
LAS REFORMAS
La experiencia latinoamericana muestra que estas conexiones no son nuevas.
Desde los años noventa, las reformas judiciales promovidas por organismos estadounidenses vincularon universidades, agencias de cooperación, grandes bufetes y élites jurídicas.
En Venezuela existe una relación histórica entre firmas locales, despachos internacionales y facultades de Derecho.
Tras la intervención, esa red adquiere otro significado porque los nuevos magistrados tendrán que decidir sobre petróleo, deuda, activos, inversiones y los efectos jurídicos de la intervención.
LA RENOVACIÓN
La reforma judicial es necesaria. El deterioro acumulado de la justicia venezolana hace difícil alcanzar un Estado de derecho sin renovar sus instituciones y a quienes las integran.
Pero construir una justicia autónoma frente al poder político venezolano es una cosa.
Hacerlo dentro de un proceso en el que una potencia extranjera ha adquirido posiciones económicas y estratégicas de largo alcance es otra.
Si esa reconstrucción termina dando amparo jurídico a los acuerdos sobre petróleo, minería, activos o deuda, la reforma habría ido mucho más allá de corregir las deficiencias del sistema.
EL PROTECTORADO
La disputa por el nuevo Tribunal Supremo de Justicia se refiere a quién tendrá capacidad para fijar los límites jurídicos del orden surgido después de la intervención.
Si el TSJ recupera su autonomía y tiene capacidad para revisar las decisiones adoptadas durante la transición, podrá contribuir a recuperar la soberanía institucional del país.
Si ocurre lo contrario y lo establecido bajo tutela estadounidense queda amparado frente a una futura revisión, la reforma judicial será parte de la consolidación de Venezuela como protectorado.
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El reconocimiento marca un giro estratégico por parte de Washington, tras años de acusar a China y Rusia de ensayar maniobras ofensivas en e...
