Leopoldo Puchi
La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela ha alcanzado una nueva dimensión tras el terremoto.
La llegada de marines, aeronaves y buques de guerra ha ampliado la presencia iniciada con el ataque y los bombardeos del 3 de enero.
Nadie cuestiona la necesidad de responder a una catástrofe como la de la Guaira, pero la cuestión va más allá de la asistencia humanitaria.
La permanencia de un despliegue militar de esta magnitud obliga a preguntarse qué relación política e institucional puede configurarse entre Estados Unidos y Venezuela una vez concluida la emergencia.
EL INTERÉS
La presencia estadounidense no responde únicamente a la emergencia provocada por el terremoto.
Forma parte de la política hemisférica de Washington, orientada al dominio de una región que vuelve a ser prioritaria en su estrategia.
En distintos centros de análisis y círculos estratégicos de Washington la discusión ya no gira exclusivamente en torno a la agresión militar de enero ni a la gestión de la emergencia.
La cuestión consiste en definir un marco institucional para una presencia militar permanente que permita incorporar a Venezuela en el nuevo dispositivo de dominio hemisférico impulsado por Washington.
MODELO BAHAMAS
Estados Unidos ha recurrido históricamente a distintos modelos para organizar su control sobre territorios estratégicos.
Puerto Rico representa una relación de subordinación política y jurídica al poder federal estadounidense.
Corea del Sur conserva su condición de Estado, pero mantiene bases militares y una integración con la estructura militar de Estados Unidos.
Bahamas, por su parte, combina la independencia formal con una estrecha subordinación en seguridad y política exterior.
TUTELA ECONÓMICA
Ninguno de esos antecedentes coincide plenamente con el caso venezolano, cuyo esquema de tutela iría más allá del plano militar y de la política exterior para incluir también la explotación y comercialización del petróleo, del gas y de otros recursos estratégicos, así como la administración de los ingresos derivados de esas actividades.
Más que reproducir alguno de los modelos históricos de protectorado, se configuraría una modalidad en la que el control de los recursos naturales y de la renta nacional ocuparía un lugar tan importante como la presencia militar.
LA CONSTITUCIÓN
Una transformación de esa naturaleza afectaría el fundamento jurídico del Estado venezolano.
La Constitución de 1999 define a Venezuela como una República irrevocablemente libre, independiente y soberana, y reserva al Estado competencias exclusivas en materia de defensa, seguridad, política exterior y administración de los recursos estratégicos de la Nación.
Institucionalizar un esquema de tutela exigiría modificar, por tanto, aquellos principios que constituyen el núcleo de la Constitución.
LA RESPUESTA
Pero ningún esquema de tutela se consolida únicamente por decisión de la potencia que lo impulsa.
La experiencia histórica muestra que también depende de la respuesta de la sociedad sometida a esa forma de dominación.
Su estabilidad siempre ha estado condicionada por el grado de aceptación, adaptación o resistencia que encuentra en el país intervenido.
ESCENARIOS
En el caso venezolano pueden plantearse tres escenarios de respuesta. El primero sería la prolongación de la actual aceptación, explícita o tácita, de una relación de tutela por parte de los principales actores políticos, tanto del gobierno como de la oposición.
El segundo consistiría en la conformación de una fuerza democrática, legal y pacífica que reclamara el restablecimiento de la soberanía nacional.
El tercero contemplaría el surgimiento, con el tiempo, de una resistencia armada de liberación nacional, como ha ocurrido en distintos países y momentos de la historia frente a regímenes de ocupación o tutelas impuestas desde el exterior.
La evolución dependerá de múltiples factores, pero ninguno de esos escenarios puede descartarse.
DISIMULADAS
Más allá de cuál de estos escenarios termine prevaleciendo, hay que tomar en cuenta que las formas contemporáneas de tutela no siempre necesitan abolir constituciones ni sustituir gobiernos.
Pueden conservar las instituciones mientras el control efectivo de áreas esenciales de la soberanía pasa a manos de una potencia extranjera.
La política exterior, el mando militar o la administración de los ingresos provenientes de los recursos naturales pueden dejar de ser decisiones nacionales, aunque se mantengan los símbolos del Estado.
NEGACIONISMO
El problema es que muchas veces estos procesos de tutela no se perciben como una pérdida de soberanía.
Se justifican, e incluso llegan a celebrarse, en nombre de la reconstrucción, la cooperación o la asistencia internacional.
La ocupación de espacios decisivos del poder estatal se implementa mientras una parte importante de la sociedad permanece en la postración política o la resignación.
La dificultad para aceptar esa realidad constituye uno de los mecanismos más eficaces de toda relación de dominación.
Ningún pueblo puede recuperar una soberanía cuya pérdida se niega a reconocer.
