GUÁRAMO DIGITAL es un medio informativo, analítico y plural en defensa de los derechos sociolaborales y la Independencia Nacional de Venezuela, la paz y la solidaridad latinoamericana. ¡Con la verdad por delante! EDITOR: Manuel Isidro Molina, expresidente del Colegio Nacional de Periodistas 🇻🇪✨
Según explicó, el principio de la indivisibilidad de la seguridad puede alcanzarse de distintas maneras.
El gobierno de Estados Unidos recibió más de $12.000 millones en ingresos provenientes de las exportaciones de recursos naturales de Venezuela durante los primeros nueve meses de este año, según un informe confidencial elaborado por la firma global de servicios financieros KPMG.
Control financiero y opacidad
La gran mayoría de los fondos fueron distribuidos de regreso a Venezuela poco después de haber sido recibidos, de acuerdo con el informe. No obstante, no está claro si el dinero permaneció en el país o quiénes fueron los destinatarios finales.
El documento ofrece el retrato más detallado hasta la fecha sobre el control financiero ejercido por el gobierno estadounidense sobre Venezuela desde que las fuerzas de EE. UU. derrocaron al presidente del país en enero. El informe fue revisado por The New York Times y su contenido no había sido reportado previamente.
La administración de Trump instaló un gobierno interino complaciente y le encomendó la tarea de abrir la industria petrolera venezolana a la inversión estadounidense.
El debate político y la cuenta de custodia
El informe fue redactado pocos días antes de las elecciones de mitad de mandato, y los legisladores demócratas se habían comprometido reiteradamente a aportar mayor transparencia y rendición de cuentas a la política de Washington hacia Venezuela.
Ahora que los demócratas han ganado el control del Congreso en dichos comicios, varios asesores legislativos señalaron que continuarán presionando a la administración Trump para que detalle qué medidas ha tomado para prevenir la corrupción en Venezuela tras asumir el control de las finanzas del país.
El reporte, recopilado por KPMG en nombre del gobierno estadounidense, describe la actividad de la llamada "Cuenta de Custodia de Venezuela" (Venezuela Custody Account), creada por el Departamento del Tesoro para gestionar el flujo de los ingresos de exportación venezolanos tras la destitución del expresidente Nicolás Maduro. Inicialmente, la cuenta tuvo su sede en Catar, pero a finales de enero fue trasladada a Citibank en Nueva York.
Auditoría limitada y falta de supervisión
El informe se queda corto respecto a una auditoría formal de las finanzas petroleras venezolanas que los funcionarios del Departamento de Estado prometieron realizar de forma regular a principios de este año. KPMG describe su rol en el informe como un apoyo al Departamento de Estado en la administración de la cuenta, ayudando a rastrear transacciones y aplicando otras medidas de integridad financiera. La compañía no se define a sí misma como auditora en el documento.
Asimismo, el informe aporta escasa información sobre cómo los funcionarios estadounidenses y los empleados de KPMG intentaron evitar que los dinero cayeran en manos incorrectas, o de qué manera garantizaron que el petróleo y otros recursos naturales de Venezuela se vendieran a precios justos.
Detalles de los depósitos y desembolsos
Entre el 3 de enero —fecha de la intervención militar estadounidense— y finales de septiembre, la cuenta registró depósitos por un total de $12.260 millones. La gran mayoría de estos fondos se distribuyó rápidamente de regreso a Venezuela tras su ingreso.
La velocidad de los desembolsos respalda las afirmaciones previas de los funcionarios de EE. UU. en el sentido de que actúan como meros custodios de la riqueza que Venezuela obtiene de sus recursos naturales, principalmente el petróleo.
En esencia, el informe describe un proceso en el cual el Banco Central de Venezuela solicitaba fondos de la cuenta controlada por EE. UU., y los funcionarios estadounidenses procedían a desembolsar el dinero tras verificar que las solicitudes cumplían con los criterios de integridad financiera.
Control definitivo de Estados Unidos
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha afirmado reiteradamente que antes de la destitución de Maduro, la mayor parte de los ingresos petroleros de Venezuela se perdían debido a la corrupción y a intermediarios extranjeros. Los reportes de The Times respaldan algunas de estas afirmaciones.
Sin embargo, el informe de KPMG también demuestra el poder de decisión final que han mantenido los funcionarios estadounidenses sobre la liberación de los fondos y quiénes reciben los recursos procedentes de la venta de bienes que, según la Constitución de Venezuela, pertenecen a los venezolanos.
"El gobierno de EE. UU. estableció un control de custodia sobre los depósitos de ingresos por recursos naturales venezolanos" este año, señala el documento, añadiendo que cada transacción debe contar con la firma y aprobación de funcionarios del Departamento de Estado y del Tesoro.
Exportaciones adicionales y destino de los fondos
La venta de crudo representó la inmensa mayoría del dinero ingresado en la cuenta. No obstante, el fondo también recibió depósitos menores por la venta de minerales y fertilizantes, incluidos unos $100 millones depositados por la firma global de materias primas Trafigura para la compra de oro venezolano.
El informe no refleja la totalidad de los ingresos por exportaciones del país. Dos de los mayores exportadores de crudo —el gigante petrolero estadounidense Chevron y un productor local llamado NABEP— utilizan acuerdos financieros distintos para vender al menos una parte del petróleo que extraen en Venezuela. Asimismo, gran parte del oro venezolano continúa exportándose a Oriente Medio a través de canales financieros informales.
El mes pasado, NABEP comenzó a enviar petróleo a Estados Unidos bajo un acuerdo en el cual la empresa otorga al gobierno estadounidense el 35% de sus acciones y el 20% de su producción a precios inferiores a los del mercado.
La mayor parte del dinero devuelto a Venezuela desde la cuenta de custodia ($11.700 millones) se destinó a apuntalar la moneda nacional, el bolívar, mediante subastas de divisas extranjeras realizadas por los bancos comerciales venezolanos. Esta cifra coincide con estaciones independientes de entradas de divisas fuertes en el país [cite: 5]. Sintesis Financiera, una consultora con sede en Venezuela, calcula que el gobierno venezolano gastó $12.300 millones en dichas subastas durante los primeros nueve meses de 2026.
Además, los funcionarios estadounidenses enviaron aproximadamente $130 millones de la cuenta para cubrir cuentas pendientes del gobierno venezolano en el exterior, principalmente deudas con otros gobiernos y organizaciones internacionales.
Impacto socioeconómico
El informe no identifica a los beneficiarios finales de las subastas de divisas en Venezuela. Coberturas previas de The Times indican que una gran proporción de los dólares termina en manos de un pequeño grupo de corporaciones agroindustriales y de consumo, mientras que muchas empresas más pequeñas batallan para acceder a las divisas necesarias para sus inversiones.
A pesar de la afluencia de divisas a la economía desde la cuenta controlada por EE. UU., la mayoría de los venezolanos sigue viviendo en la pobreza. Se prevé que los precios en el país aumenten cerca de un 300% este año, y no se espera que la inflación anual descienda a un solo dígito hasta al menos 2028, de acuerdo con Sintesis Financiera.
Noel Gómez Herrera / LA RAZÓN
La Patria no puede seguir esperando en silencio mientras se negocia su destino, empobreciendo al pueblo trabajador con salarios de hambre y pensiones de horror. La riqueza nacional no puede ser instrumento de supervivencia de ningún gobierno, ni garantía de negocios corporativos, ni moneda de cambio geopolítica.
Ese es el planteamiento central que hace al país el Movimiento Tercera Vía Electoral, que encabezan los dirigentes políticos María Alejandra Díaz, Manuel Isidro Molina, Andrés Giuseppe, Irving Ríos, Horacio Silva, José Ibrahím Esté y Francis Contreras, surgido como alternativa frente al oficialismo chavista, encabezado por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, actualmente en el poder, y la oposición venezolana encabezada por la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
“No venimos a restaurar el pasado ni a legitimar el presente. Se trata de construir un futuro donde la libertad, la justicia social, el trabajo digno, la soberanía y la democracia sean principios inseparables. La riqueza nacional no puede ser instrumento de supervivencia de ningún gobierno, ni garantía de negocios corporativos, ni moneda de cambio geopolítica”, señala el exdiputado Manuel Isidro Molina, vocero de la naciente organización política.
“Lo que hoy presentamos no es un comunicado más de oficina ni un cálculo de cúpulas partidistas; es la voz viva de miles de venezolanos (trabajadores, profesionales, jubilados, jóvenes, campesinos e independientes) que nos negamos rotundamente a aceptar que el futuro de Venezuela se decida en despachos extranjeros o en pactos a espaldas de la gente, especialmente en contra de los derechos de las trabajadoras y trabajadores activos, jubilados y pensionados”, afirma Molina al explicar que se trata de una posición histórica, clara y firme frente al país: Ni entrega, ni saqueo, ni dedazo”, afirma el periodista, exparlamentario y cofundador de la “Tercera Vía Electoral”.
Por considerarlo de interés para nuestros lectores publicamos el texto del comunicado dado a conocer este miércoles 11 de noviembre por el movimiento “Tercera Vía Electoral”:
“1. La soberanía pertenece al pueblo, no a los gobiernos
Venezolanas y venezolanos, pueblo de nuestra amada patria:
La soberanía nacional no es un cheque en blanco, no es patrimonio de un gobernante de turno, de un partido político, ni de una coyuntura de supervivencia. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo venezolano y compromete sagradamente el porvenir de las generaciones futuras.
Por eso, ningún gobierno puede disponer discrecionalmente de los recursos estratégicos de la República, comprometer su control económico o hipotecar nuestra capacidad de decisión para garantizar su permanencia en el poder.
La inversión extranjera es necesaria y la cooperación internacional forma parte del desarrollo de las naciones, pero ninguna de las dos puede confundirse jamás con la subordinación, con la entrega de facultades soberanas o con la renuncia al control nacional sobre lo que por derecho histórico nos pertenece.
Esta es la postura inquebrantable de la Tercera Vía Electoral: defender la soberanía sin encubrir los abusos del poder, y promover la inversión internacional sin convertir a la nación en objeto de negociación entre corporaciones y cúpulas políticas.
2. El quiebre del 3 de enero de 2026 y la legalidad constitucional
Los acontecimientos políticos del 3 de enero de 2026 marcaron un punto de inflexión muy grave en la vida institucional de Venezuela. La designación de Delcy Rodríguez como autoridad encargada abrió profundas interrogantes sobre la legitimidad, el alcance y los límites constitucionales de esa condición.
Nuestra Constitución, en sus artículos 233 y 234, regula los supuestos de falta presidencial y las ausencias temporales. La continuidad administrativa jamás puede interpretarse como una autorización para perpetuar indefinidamente una condición de provisionalidad ni para suplantar la voluntad soberana del pueblo mediante pactos de oficina.
Esto deben saberlo los actores políticos y los inversores extranjeros: ninguna circunstancia excepcional suspende la vigencia de la Constitución, ni convierte la provisionalidad en un título ilimitado para comprometer el patrimonio nacional.
3. La entrega de los recursos estratégicos: Petróleo, Gas y Minería
Desde enero de 2026 hemos asistido a la divulgación de acuerdos y anuncios opacos sobre la explotación de nuestras riquezas fundamentales que exigen una revisión pública e integral.
En el sector petrolero, el cuestionado acuerdo anunciado el 28 de agosto de 2026 alrededor de la estructura conocida como NABEP (que involucra 17 campos, reservas estimadas en unos 65.000 millones de barriles y derechos preferentes de comercialización) vulnera las competencias constitucionales y el control efectivo del Estado sobre su explotación. Exigimos la revisión y declaración de nulidad de todo convenio lesionante.
Lo mismo ocurre en el gas y la minería: nuestras riquezas no pueden convertirse en enclaves extractivos de exportación mientras el pueblo sufre colapsos en los servicios básicos y salarios de hambre. Los recursos deben impulsar la electricidad, la petroquímica, los fertilizantes, la agricultura y la industria venezolana, a beneficio del pueblo venezolano y el desarrollo integral de Venezuela.
4. Límites constitucionales infranqueables
La Constitución de 1999 establece un marco claro que no se puede negociar:
La opacidad contractual que hoy impera no es un detalle administrativo: es un mecanismo deliberado para impedir la contraloría social y debilitar la legitimidad republicana.
5. La contradicción inaceptable: Atrapados entre dos tutelas
Es políticamente insostenible y moralmente indefendible invocar la soberanía para denunciar presiones de potencias extranjeras y, al mismo tiempo, firmar acuerdos opacos que entregan el control nacional de nuestros recursos a esas mismas potencias o a cualquier otra.
Las sanciones unilaterales deben ser rechazadas por sus consecuencias económicas y sociales, pero jamás pueden ser la justificación para violar la Constitución, ocultar contratos o entregar facultades estratégicas.
La soberanía no se defiende a conveniencia. No existe una entrega legítima cuando la hace un aliado y una ilegítima cuando la hace un adversario. Venezuela no puede quedar atrapada entre la tutela de quienes pretenden decidir nuestro destino desde Washington o despachos extranjeros, y la tutela de quienes desde Miraflores negocian el patrimonio nacional sin transparencia ni control democrático.
6. ¿Qué propone la Tercera Vía? (Hoja de Ruta)
Frente a la entrega y la simulación, proponemos una agenda clara y patriótica:
7. Una alternativa para reconstruir la República
Hermanas y hermanos venezolanos, la Tercera Vía Electoral no se limita a denunciar el desastre del presente; tenemos el deber histórico de construir una alternativa capaz de superar la polarización, recuperar la institucionalidad y colocar el interés nacional por encima de las élites.
No venimos a restaurar el pasado ni a legitimar el presente. Se trata de construir un futuro donde la libertad, la justicia social, el trabajo digno, la soberanía y la democracia sean principios inseparables.
La riqueza nacional no puede ser instrumento de supervivencia de ningún gobierno, ni garantía de negocios corporativos, ni moneda de cambio geopolítica.
La soberanía no se entrega. La República no se negocia. Los recursos de Venezuela le pertenecen a su pueblo y a las generaciones que vendrán”.
👉👉 LA RAZÓN: https://larazon.net/2026/11/
Alexéi Drobinin, director del Departamento de Planificación de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, esbozó cómo p...
