Insólito lo que ocurre en los tribunales penales de Venezuela

Recientemente, en el Tribunal 30 de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo, ocurrió lo que se hizo común en el Sistema de Justicia venezolano.

Es un caso de "forjamiento de un acta de asamblea de accionistas y falsificación de firmas", ocurrido en la empresa ICM Proyectos 2001 C.A., en contra de Jesús Pérez Oropeza, dueño del 30% de las acciones de esa empresa. Mediante esa asamblea ilegal, lo disminuyeron su participación accionaria al 1,7%, por lo que la víctima procedió a denunciar y demandar esos delitos. 

"Lo insólito del caso es que, habiéndose demostrado que el accionista Jesús Pérez Oropeza, no se encontraba dentro del país, y que su firma fue falsificada, es que el autor de esos delitos, en vez de estar detenido, continúa en posesión de la empresa", según la defensa del estafado.

Reservando su nombre para evitar represalias, muy de moda en el podrido Sistema de Justicia, el denunciante especifica que "mediante presuntos manejos turbios en los tribunales y en las fiscalías, "fue suspendida la junta directiva designada para proteger los activos de la empresa"; y ahora pretenden dejar sin efecto la medida de prohibición de enajenar y gravar que pesa sobre los bienes de dicha empresa". 

"De igual manera -añadió-, la apelación efectuada por el abogado de Perez Oropeza", víctima de la tramoya abogadil con funcionarios tribunalicios, "contra la suspensión de la junta directiva designada por el Tribunal, fue declarada inadmisible por la jueza ponente de la Corte de Apelaciones respectiva, bajo el argumento de la inexistencia de un poder especial de su abogado en el Cuaderno de Apelaciones, cuando dicho poder, había sido consignado mucho tiempo atrás, habiéndose agregado al expediente de la causa". 

"En este caso -explica-, existen aberraciones jurídicas como la mencionada, y una cadena de irregularidades que ameritan, con urgencia, que la Inspectoría de Tribunales, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura o el órgano correspondiente del TSJ, tomen cartas en el asunto e investiguen lo sucedido para que se apliquen los preceptos legales correspondientes y se haga justicia". 

Por casos como éste, es por lo que se forman las matrices de opinión negativas sobre la administración de justicia en nuestro país. ¿Quién puede creer en "la justicia" venezolana, con este cúmulo de tracalerías abogadiles? Y son "el pan de cada día", lamentablemente.