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lunes, 1 de julio de 2013

ADELINA GONZÁLEZ / “La corrupción nos puede devorar”

ENTREVISTA / Contralora General (encargada) de la República



Por MANUEL ISIDRO MOLINA

Foto: MIGUEL ACURERO


Con magnífica vista sobre varias zonas de Caracas, Adelina González nos recibió en su despacho de la Contraloría General de la República, dispuesta a un diálogo franco que tuvo altibajos, desde el profundo respeto a su maestro y compañero titular del cargo, Clodosvaldo Russián, fallecido el 20.06.2011 en La Habana, Cuba; hasta señalar un único nombre de la larga lista de inhabilitados por hechos de corrupción e irregularidades administrativas: Leopoldo López.

La contralora está decidida a no perder la esperanza en la lucha contra la corrupción, pese a los "comités de padrinos" que surgen cada vez que se inicia una investigación. 

-El presidente Nicolás Maduro, el lunes 24 de junio, desde el Campo de Carabobo, dijo que la corrupción amenaza la vida de la patria. ¿Han discutido, usted y su equipo, algún reenvío de la labor de la Contraloría en articulación con la Fiscalía y el Poder Ejecutivo?

-Nosotros siempre hemos actuado en apoyo a la Fiscalía; nos piden apoyo de expertos porque valoran el trabajo que hacen los funcionarios de Contraloría. Los mismos fiscales pueden dar fe de eso.

-¿Dónde falla la cadena? En el ámbito financiero público el enriquecimiento ilícito es de antología…

-Esos son delitos vinculados a la corrupción, que deben ser perseguidos. La corrupción es un delito de astucia. Esos presuntos corruptos no informan en sus declaraciones juradas, las operaciones ilícitas que hicieron. Son operaciones financieras nacionales e internacionales; hay un problema de complicidad colectiva en el sistema bancario y el sistema empresarial.

-Se conoce que son familiares de altos funcionarios, amigos. ¿Por qué no desarticulan esas bandas delictivas?

-Esas bandas delictivas tienen que trabajarse con inteligencia policial, ¡po-li-cial! Hay una unidad de inteligencia financiera, que está en la Superintendencia de Bancos y tiene gente muy calificada, muy preparada para perseguirlos. Hay una unidad especializada en la Fiscalía. Los que menos acceso tenemos a esa información financiera nacional e internacional, somos los de la Contraloría. En todo lo que pueda corresponder a la Contraloría, tenemos la mejor disposición.

-¿Qué está fallando? Algo debe estar pasando, porque hay familias enteras delinquiendo en Venezuela.

-Esos funcionarios no tienen los bienes a su nombre, los familiares que ostentan esas riquezas son generalmente mayores de edad y no están incluidos en su declaración. Es decir, hay una limitación de tipo legal, porque la información que se maneja a través del sistema económico financiero no es accesible a los órganos del Estado. Yo no puedo obtener directamente la información del sistema bancario; igual ocurre con el sistema de identificación, no tenemos acceso; y más engorroso es con el sistema de notarías y registros. No hay una base informática.

-Aquí están digitalizadas todas las bibliotecas, pero los registros y notarías no se digitalizan…

-Hay que ir hacia allá, y que la Contraloría tenga acceso a la información de las cuentas bancarias. Venezuela suscribió la Convención Mundial contra la Corrupción, además de la Convención Americana  contra la Corrupción, y está levantado el secreto bancario.

-¿Desde ese punto de vista, Venezuela es una especie de paraíso fiscal?

-Pudiera decirse, porque la información que está a nivel de la banca y a nivel de los registros mercantiles e inmobiliarios es casi inaccesible. Esa es una herramienta que hay que abordar y poner en movimiento al Estado, a través de un decreto presidencial. Sería un nuevo instrumento en la lucha contra la corrupción. Hay que trabajarlo.

-¿Qué planteamiento le haría al Presidente de la República y a la Fiscal General, en materia de enriquecimiento ilícito?

-No creo que deba hacerle recomendaciones a ninguno de los dos, porque ambos tienen muy bien definida su visión y el rol que a cada uno le corresponde desempeñar.

-¿Lo desempeñan?

-Sí, creo que sí, porque yo estoy en un órgano del Estado que le corresponde perseguir la corrupción desde el punto de vista administrativo. La gente cree, y es un mal que se le ha hecho a la lucha contra la corrupción, que una declaratoria de responsabilidad administrativa no es una sanción; la gente quiere es ver presos, entiende que la única sanción es la penal, y no es verdad. Nosotros tenemos una sanción de tipo moral, todos los órganos de control fiscal tienen esa potestad.

-¿Por qué ante la declaratoria de responsabilidad administrativa y ante la inhabilitación, la sinvergüenzura es generalizada?

-Así es. Hay una complicidad perversa manipulada mediáticamente, porque se hizo ver que estos cambios que se dieron en la ley obedecían a “persecuciones políticas”. Hicieron ver que la inhabilitación impuesta por la Contraloría es una persecución política, y eso es falso. Es una declaración accesoria a la declaratoria de responsabilidad, que concluye prácticamente después de treinta y seis meses de trabajo técnico. La sanción es moral, y en este país no tendremos una real lucha contra la corrupción, si no entendemos que una persona así sancionada debería quedar vetada para volver a ser funcionario público.

-Dicen que si eres opositor, estás indefenso ante estos procedimientos…

-Falso.

-¿Por qué?

-Falso, porque la ley trae un procedimiento especialísimo, y somos estrictos en el respeto al procedimiento. El señor que hizo la campaña de que le habían violado todos sus derechos humanos, que él era una víctima por las donaciones que recibió de Pdvsa: El problema no es que las donaciones de Pdvsa son ilegales, el problema es que él era funcionario de Pdvsa y su mamá, quien le otorgó la donación, era funcionaria de Pdvsa.

-¿Está hablando de Leopoldo López?

-Sí, el caso específico ese. El otro caso tiene que ver con su gestión en la Alcaldía de Chacao, donde declara una insuficiencia con un subterfugio jurídico para utilizar los fondos en otra cosa. Y así cantidad de personas, que usted entra a la página web de la Contraloría, busca el informe y están los elementos que dieron por conclusión una sanción. No es persecución política.

-¿Se les da oportunidad de defensa?

-¡A todos!

-¿Oportunidad de rebatir?

-Este procedimiento es tan novedoso, el de la Ley de Contraloría, que te garantiza derecho a la defensa, al debido proceso, a promover todos los medios probatorios para desvirtuar los hallazgos de la auditoría, tiene una audiencia oral y pública. Eso no existía antes. Y el procedimiento es exactamente igual para todos.

-¿Y por qué no concluyen casos donde se ven involucrados personeros del oficialismo o del chavismo? Pareciera que no solo tienen derecho a la defensa sino “derecho a la gaveta”…

-Ja, ja… No, no, no… Esa es una especulación. Es lento el procedimiento en la Contraloría, y cuando son investigados los casos, se presentan. De verdad, yo les pido entren en la página web. Yo no voy a referir casos en particular, entren a la página web, vean los hallazgos, se dicen las irregularidades y quienes ejercían los cargos respectivos para el momento. Se sancionan. Tal vez, no al ritmo que quisieran, pero se sancionan. La gente piensa que hay impunidad, y eso ha hecho muchísimo daño a la democracia, al proceso y a las instituciones. Ha hecho daño, la impunidad.

-El ministro Jorge Giordani y la presidenta del Banco Central de Venezuela, Edmee Betancourt han sugerido el desvío de unos 30 mil millones de dólares anuales, vía Cadivi y Sitme. ¿Ustedes han estimado la cuantía o el porcentaje del impacto de la corrupción sobre el presupuesto público?

-No. Sería una especulación porque el presupuesto se formula para atender unas necesidades durante un ejercicio fiscal, y nadie lo podría hacer, establecer una cifra. Sería una especulación. Cuantificar el impacto que podría tener la corrupción en un presupuesto, sería especulativo.

-¿No tienen idea de la masa dineraria involucrada en los casos de corrupción?

-Es que no auditamos todo el presupuesto. Auditamos puntualmente determinadas actividades o entes públicos. Para tener esa referencia, tendría que tomar el treinta por ciento del presupuesto, por lo menos, que desde el punto de vista de auditoría es una muestra representativa. Pero eso requiere una magnitud de trabajo auditor, imposible.

-¿No lo han hecho?

-No lo hemos hecho, y no creo que lo haya hecho ningún órgano de control a nivel mundial. Se puede saber cuánto es el movimiento financiero, cuánto crece la economía; pero saber cuánto es la corrupción, no. Porque eso son las cifras negras.

-¿Y no pueden innovar?

-Sí, es posible. Y, a lo mejor, para allá van las cooperaciones internacionales, esos instrumentos que se suscriben, y nosotros deberíamos abordar, como Estado, una estrategia distinta. ¿Cuándo vamos a pedir la repatriación de los capitales que se han llevado los corruptos?

-Si no tienen persecución penal en Venezuela, ¿cómo va a haber un reclamo internacional sobre lavado de dinero?

-En el caso de los bancos, la quiebra de los bancos, hubo persecución penal, y sacaron el dinero, hubo operaciones en mesas de dinero y transacciones electrónicas, el dinero está en el exterior, pero nosotros no hemos pedido la repatriación de esos capitales.

-¿O sea, que la corrupción tiene una pata en el país y otra en el exterior?

-Es así.

-¿Desde el punto de vista financiero?

-Desde el punto de vista financiero, sí; pero, bueno, ese es el capitalismo. Parte del capitalismo son operaciones especulativas. Tienen un supuesto discurso contra la corrupción, pero los corruptos tienen sus recursos en su país. Se lo dije a un fiscal anticorrupción que estuvo en la OEA explicando cómo hacía Estados Unidos la persecución: Es que aquí en su país, está un individuo que estafó en mi país, se trajo ese dinero a su país, lo tiene acá en Estados Unidos, compró una empresa televisiva, está operando libremente y está protegido por el estado norteamericano; y el fiscal me respondió que él no podía hablar de esos casos, ni siquiera con su familia.

-Y al revés, ¿quienes a nombre del “socialismo” se han enriquecido grotescamente?

-Esos son delitos de lesa patria. Creo que con el llamado dramático del presidente Maduro, ayer (24 de junio), que realmente me conmovió porque nosotros (en la CGR) hemos luchado contra eso, si no luchamos contra eso, nos va a devorar. La gente siente que se perdió la esperanza. La gran misión que debemos abordar es la “misión conciencia”, para rescatar los valores. Requerimos un despertar, hay que estremecer a la gente.

-¿Demasiada inmoralidad esparcida?

-Demasiado tiempo dejando ver y dejando pasar las cosas. Y cuando uno inicia una actividad (investigativa), en seguida surge un “comité de padrinos” para abogar por los investigados. Nosotros nunca hemos sido simpáticos en la Contraloría, y Clodosvaldo siempre decía: “No vamos a ganar jamás un premio de simpatía”. Debemos reivindicar una cantidad de trabajos que se han hecho, han sido descalificados, muchas veces, por los propios funcionarios del Estado. Ignorarlos es una forma de complicidad con la corrupción.

-¿Se puede pensar que un hombre como Clodosvaldo Russián y usted misma, han “arado en el mar”?

-No. Siento que no hemos arado en el mar. Este despertar, esta lucha contra la corrupción ya no es un discurso, y el pueblo está dispuesto a hacer justicia, en el sentido de que no va a dejar pasar a los corruptos.

-¿Caiga quien caiga?

-No los va a dejar pasar, caiga quien caiga. Este pueblo está convencido. Yo creo en eso. Siento que este trabajo que hemos hecho durante trece años en la Contraloría, va dando sus frutos. Podemos mostrarlo al país. Podemos ver a la cara a cualquiera de los sancionados por la Contraloría, porque no le hemos inventado nada. Lo peor que nos puede pasar es que nos venza la desesperanza, y ahí si no vamos a ceder. No nos va a vencer la desesperanza.

-Hay un término en la jerga de la corrupción que es “maquillar”… ¿Cómo lo confrontan?

-Pues sí, se descubre. No hay crimen perfecto y, como decía el periodista José Campos Suárez, “el crimen no paga”.  Pueden montar una apariencia de legalidad, pero cuando haces un cruce de la información se les cae. Los primeros funcionarios sancionados con la nueva Ley de la Contraloría General de la República, inhabilitados por quince años, fueron cinco funcionarios de este organismo.

-¿No fueron objeto de persecución penal?

-No. Se sancionaron administrativamente porque montaban facturas desde una misma computadora, las empresas no suministraron esos bienes.

-¿Eso no es delincuencia organizada o asociación para delinquir?

-Pudiera ser, pero por los montos de las adquisiciones, eran realmente pequeños. Se declararon responsables, se destituyeron y se inhabilitaron.    

-¿Por qué persiste la idea de que la Contraloría no investiga, no castiga y prácticamente se hace cómplice de la corrupción? 

-Antes no estaba circunscrito al Ministerio Público el privilegio de la acción penal, y se podía acudir a los tribunales de Salvaguarda del Patrimonio Público. Nosotros hacemos nuestras investigaciones administrativas, y la Fiscalía tiene la potestad de valorar. Los informes de la Contraloría sobre enriquecimiento ilícito hacen plena prueba, pero el fiscal, si no está convencido de nuestro informe, puede solicitar cualquier prueba adicional, y es válido presentar o no la acusación.


“Creo en el poder popular”

-¿Siente alguna debilidad por ser “encargada” de la Contraloría General?

-No, no la siento. Era subcontralora y la ley ordenó asumir la vacante absoluta del titular, hasta tanto la Asamblea Nacional designe un nuevo Contralor; y actúo con toda la legitimidad que me da la investidura, y lo prevé la Constitución.

-¿Desea  ser considerada en la lista de aspirantes a Contralor General titular en la Asamblea Nacional?

-No creo.

-¿No cree o no quiere?

-(Risas) No está planteado, porque ya son cuarenta y dos años en la administración pública, y creo en la renovación. No pienso enchinchorrarme, porque puedo ser útil en otro sitio, en los consejos comunales, creo en el poder popular. Hemos preparado más de treinta mil ciudadanos como contralores sociales.



PERFIL

·         NACIMIENTO: San Fernando de Apure, “23 de abril”     

·         Abogada (UCV-1982). Postgrados: Gerencia de Recursos Humanos (U. Simón Bolívar), Máster en Gerencia Pública (U. Latinoamericana y del Caribe – U. Nacional de Educación a Distancia de España, UNED), egresada del III Curso sobre Presupuestación, Contabilidad y Control del Gasto Público (Instituto de Estudios Fiscales de España).

·         Contralora General (encargada) de la República, desde el fallecimiento del titular Clodosvaldo Russián, junio de 2011

·         Miembro del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA)

·         Presidenta del Consejo Moral Republicano (2013)

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