MANUEL ISIDRO MOLINA
La conformación de un “gobierno en el exilio” sería un paso lógico en la hoja de ruta secreta de los factores extremistas de la oposición, en coordinación con el departamento de Estado y el Pentágono de Estados Unidos, el gobierno de Colombia que ya apadrina el funcionamiento del llamado “TSJ en el exilio” y a la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz, igual que lo hace a título individual el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Esta sería la “vía Libia”, que ya sabemos cómo puede terminar en una matanza increíble, destrucción material gigantesca y balcanización de lo que fuera el país más próspero de África, hoy sumido en una enorme desgracia.
Antonio Ledezma, quien es uno de los “aspirantes presidenciales de ombligo” que gravitan sobre la política venezolana sin solución de continuidad –corrupto y maniobrero desde sus tiempos de adeco, igual que Manuel Rosales y otros exponentes de la política que repitió e hipertrofió el chavismo-, pareciera interesado en lanzarse por ese barranco, lo que haría el trípode clásico de los estados modernos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el exilio o con rango extraterritorial reconocido por varios países encabezados por Estados Unidos, hoy gobernado por un presidente minoritario, inmoral, belicista y atrabiliario, por decir lo menos.
Esa ruta ya se construye desde Bogotá y la OEA con el “funcionamiento” sui generis del “TSJ legítimo” y la “Fiscal General legítima”, como les llaman en el argot opositor venezolano, mientras corre la campaña desde el pasado domingo 22.04.2018 para la elección de Presidente de la República y consejos legislativos, el domingo 20 de mayo próximo.
Nunca, Colombia se había atrevido a dar soporte a un plan tan loco y atrevido contra la soberanía y la estabilidad institucional de Venezuela, independientemente de lo malos, abusadores del poder y pillos que hayan sido los gobiernos venezolanos. Tampoco, en Venezuela ha ocurrido algo parecido en tiempos de barbarie política sanguinaria en Colombia ni durante el largo reinado de la oligarquía mafiosa y corrupta inserta en Bogotá, con ramificaciones profundas en el narcotráfico y la parapolítica uribista, el sumun del crimen organizado, el sicariato, la extorsión y el atropello sistemático en masa contra la inerme población colombiana, de lo cual formó parte el actual presidente Juan Manuel Santos, entonces ministro del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, el más criminal gobernante civil de América del Sur, mucho más que el peruano Alberto Fujimori.
Esa barbarie político-mafiosa colombiana provocó miles de asesinatos, desapariciones forzosas de personas y millones de desplazados dentro del territorio colombiano y hacia el exterior, siendo Venezuela la principal receptora de perseguidos y humillados por tal brutalidad concertada entre mafias políticas gobernantes y mafias de narcotraficantes, sicarios, contrabandistas y extorsionadores.
Una nueva y más grave ruptura de relaciones binacionales es previsible, a corto plazo. Y no puede ser de otra manera, si Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos –como cabezas visibles- no cesan de acelerar sus planes demenciales y delictivos, inaceptables para Venezuela, cuyos problemas, opciones y responsabilidades competen exclusivamente a los venezolanos y venezolanas, compelidos hoy a superar este estadio miserable que nos agobia por corresponsabilidad de las dirigencias del chavismo y del antichavismo.
Lo que más apesta, son el servilismo de la oligarquía mafiosa colombiana con los intereses imperialistas desbocados del belicista gobierno de Donald Trump; y el derrape vendepatria y fratricida de quienes desde la fracasada, fracturada y corrupta oposición venezolana sirven a los intereses de las fuerzas imperialistas aliadas de EEUU, la Unión Europea y las oligarquías latinoamericanas, tan serviles como el gobierno de Juan Manuel Santos y los factores de poder representados por Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana, en pacto para perpetuarse en el control mafioso del estado, la economía y el narcotráfico del vecino país.
El drama para Venezuela, es que nada de lo anteriormente descrito alivia la insolvencia moral del gobierno de Nicolás Maduro ni a la pestilente corrupción acumulada durante estos largos y fragmentarios 19 años de gestión Chávez-Maduro, con su doloroso saldo de sufrimiento, desestructuración de la sociedad y hundimiento de la economía nacional.
EL CONFESIONARIO
· JOSÉ VICENTE RANGEL Y DAVID DE LIMA, ex gobernador del estado Anzoátegui, son los agentes del gobierno de Nicolás Maduro para las operaciones financieras que facilitan la captación de borregos políticos, al servicio de los propósitos oficialistas.
· ASÍ FUE CON MANUEL ROSALES –como lo denuncié en noviembre de 2014-, y otros varios favorecidos “dirigentes de oposición”. Ahora, lo han repetido con la triple alianza que respalda la candidatura presidencial de Henri Falcón. Otro tanto hacen organismos de seguridad y personeros del Sistema Judicial en combinación con el PSUV, en tareas que se reparten Nicolás Maduro, presidente, y Diosdado Cabello, primer vicepresidente.
· LA CONOCIDA “OPERACIÓN RABO DE PAJA” les permite chantajear y hasta extorsionar a los judiciables por legitimación de capitales, corrupción y enriquecimiento ilícito. Les buscan “cables pelados” y los acechan con emisarios que no se van por las ramas, como ya lo hicieron en 2017 con varios ex candidatos a gobernadores y alcaldes, algunos de los cuales tuvieron que retirar sus candidaturas y plegarse a los intereses del gobierno. Una especie de “parapolítica a la venezolana”.
· NADA DE ESTO SORPRENDE, dado el grado de pudrición de la política venezolana, deshonrosamente a la par de los politicastros colombianos y mexicanos. En esto se han hecho especialistas JVR y DDL, con resultados a la vista y bolívares/dólares contantes y sonantes, más el “perdón judicial” respectivo que siempre queda como espada de Damocles sobre la vida de los complotados.
· RUBÉN MORALES, ex parlamentario regional del estado Lara y presidente del Frente Anticorrupción
“Es importante dar a conocer que el 4 de diciembre de 2013, Henri Falcón, siendo gobernador de Lara, fue sancionado por la Asamblea Nacional -que para ese entonces presidía Diosdado Cabello- por los delitos contemplados en el informe elaborado por Pedro Carreño entre los cuales podemos destacar:
“1.- Las turbias negociaciones de los terrenos conocidos como ‘Triangulo del Este’ (Barquisimeto) que Falcón transó con el grupo Cohen, cuyos propietarios son dueños de los centros comerciales Sambil. Y que salió perjudicado el patrimonio del Municipio Iribarren a un precio irrisorio.
“2.- Las obras fantasmas de la futura sede de la Escuela de comunicación social de la UBV conocida como la sede de ‘Niños Cantores’.
“3.- El represamiento de los dineros públicos en el caso de los recursos para la salud colocados en las entidades bancarias que quebraron, como el caso de Casa Propia. Negocios turbios que hacía con su socio el banquero y contratista corrupto Cesar Camejo, financista de Leocenis García.
“4.- Los guisos de la obra fantasma del Sistema de Trasporte Masivo de Barquisimeto conocido como Trasbarca, donde se lapidaron 800 millones de dólares en alianza con Reyes Reyes y Cabello, y de los cuales la nación quedo pagando 40 millones de dólares anuales en intereses al Deusch Bank de Alemania, dinero suficiente para financiar el presupuesto de la Salud de 4 estados en un año: Lara, Portuguesa, Yaracuy y Falcón.
“5.- Otra obra fantasma es la ‘Escuela de Futbol Richard Páez’, pagada en su totalidad -sin ser ejecutada- por un monto de aproximadamente 500 millones de dólares, que según el mismo Falcón sería la escuela de talentos de La Vinotinto.
“6.- La aducción de aguapotable de la matriz norte de Barquisimeto, donde se malversaron 200 millones de dólares, obra emblemática que resolvería el problema de agua potable de los habitantes de las parroquias Unión, Cuyí y Tamaca.
“No hay que dejar de mencionar la omisión que mantuvo Falcón con el robo de más 2 mil millones de dólares invertidos en 18 años de ‘revolución’ para la conclusión del Proyecto Hidraúlico Yacambú.
“Una vez que un funcionario público es sancionado por la AN con responsabilidad política, según la Constitución por ser vinculante, ella tendría que haber remitido el informe sancionatorio a consideración de los órganos del Poder Ciudadano como lo es la Contraloría General de la República, para que ésta le dictase las sanciones administrativa correspondientes es decir multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos que por la cuantía de los daños tendría que ser de por vida, y a su vez remitirla a la Fiscalía General de la República para las acciones penales correspondientes y se sancionara los delitos consagrados en la Ley contra la Corrupción, tales como fraccionamiento de contratos, evasión de proceso licitatorio, concierto con contratistas; y así seguir el ejemplo que se le dictó de Carlos Jiménez y Eduardo Lapi en Yaracuy”.
· SIEMPRE HAY UN PERO… “Pero, en forma por demás habilidosa, Falcón utilizó su amistad con José Vicente Rangel y le llegó a Maduro apoyándose en Tarek El Aissami, ya que ambos estaban unidos por un amigo en común llamado Mitchel Esportiello, dueño de la Constructora Tevialca, principal contratista tanto de la gobernación de Aragua como de la de Lara. Así lograron que Maduro ordenara la paralización de las sanciones correspondientes. Es por esta razón que a Falcón los hermanos Rodríguez (Jorge y Delcy) le entregaron una franquicia electoral identificada como “Avanzada Progresista”, igual como le concedieron a Ricardo Sánchez la franquicia “Alianza por el Cambio”, con el compromiso de que validaran cualquier acto electoral fraudulento que ordenara Miraflores”.
@manuelisidro21 - @manuelisidroXXI
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