Manuel Isidro Molina
El régimen madurista incrementa la represión, mientras el empobrecimiento social resalta como un factor de primerísima importancia en la actual etapa de la tragedia histórica que sufrimos en Venezuela. La 'estrechez del mercado' -como lo llaman los economistas- es directamente proporcional a la capacidad adquisitiva de los trabajadores activos, jubilados y pensionados, realmente martirizados por el congelamiento del salario mínimo nacional en 130 bolívares mensuales, desde el 15 de marzo de 2022, cuando equivalía a 30 dólares estadounidenses (US$) o 1 dólar diario, miseria tan injusta como inaceptable.
La tendencia devaluacionista del bolívar ha horadado el bolsillo de la familia trabajadora: para el martes 16 de septiembre el dólar promedio autorizado por el Banco Central de Venezuela ('dólar BCV') está anunciado al cambio de 160,4479 bolívares, lo que revela el demencial insulto social de un salario mínimo mensual de apenas 81 céntimos de dólar (US$0,81) para treinta días.
Esta increíble política salarial gubernamental -que intentan paliar con un bono en bolívares equivalente a 50US$-, arroja la monstruosidad de un salario mínimo nacional diario de 0,02US$. ¡Esclavitud y hambre son poco decir!
Si sumamos 0,81+50 dólares, tenemos un ingreso mínimo laboral (salario+bono) de 50,81US$, lo que equivale a 1,69US$ diario para trabajadores activos y pensionados del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS).
Esa política de 'bonificación del salario' ha sido denunciada por los movimientos sindicales y gremiales como una traición a los trabajadores, algo realmente criminal a nivel social, cuyos efectos van mucho más allá de los escandalosos números referidos.
La 'bonificación del salario' es una trampa mayor tejida por Maduro y sus ministros del Trabajo y del área económica y financiera -en secreto- con los empleadores privados nacionales y extranjeros, cuyo interés máximo es terminar de demoler las conquistas históricas de los trabajadores venezolanos desde 1936 hasta el presente: 89 años tirados por la borda por un tal «presidente obrero», el PSUV y sus testaferros saqueadores del erario. ¡Ricos, pudrimillonarios ellos, mientras el pueblo se ha empobrecido dramáticamente!
Pero la trampa contra las trabajadoras y trabajadores activos, jubilados y pensionados -fraguada en secreto por Maduro y sus cómplices del factor capital-, tiene consecuencias terriblemente: genera el fraude a trabajadoras y trabajadoras porque los bonos no son imputables a las horas extras y fines de semana trabajados, vacaciones, bonificaciones de fin de año, cajas de ahorro ni prestaciones sociales, todo un expolio antilaboral, premeditado y maligno.
Y claro, también afecta a las trabajadoras y trabajadores jubilados y pensionados, pues mientras el salario mínimo esté congelado en grado miserable y los salarios sean menores a los bonos, pues la estafa también afecta a quienes dedicaron sus vidas productivas al desarrollo económico público y privado, así como al fortalecimiento de la función pública al servicio de la gente y la sociedad toda, desde Educación y Salud hasta las Empresas Básicas, Seguridad y Servicio Públicos.
Vale enfatizar que 'las trabajadoras y trabajadores jubilados y pensionados' son seres humanos con derechos humanos y constitucionales, que merecen respeto, solidaridad y agradecimiento por sus incuantificables aportes a la sociedad: no son despojos ni molestia, como parecen tratarlos algunos empleadores públicos y privados, idénticamente obligados a respetar y cumplir la Constitución vigente. Además, sus derechos son irrenunciables como irrenunciables son los derechos de los trabajadores activos.
Este descalabro sociolaboral inocultable genera empobrecimiento social, precarización familiar, desnutrición, hambre, enfermedades y un encadenamiento de muertes prematuras en todos los grupos etarios por el pésimo estado del Sistema Público de Salud. ¿Quién puede desmentirlo? ¿El gobierno o los empresarios? ¿El PSUV o sus testaferros pudrimillonarios? ¡Bastante han robado, aquí! ¡Bastante han traicionado, aquí!
Este empobrecimiento social cabalga sobre la crisis política, espuelada por un régimen usurpador, represivo y ladrón, y unos factores políticos y empresariales cipayos que desde 2019 han persistido en bloquear desde el exterior el desempeño económico del Estado venezolano, tan poderoso y significativo para el Producto Interno Bruto (PIB); pero por otra parte, saqueado y destartalado por la ominosa política corrupta impuesta por el MVR/PSUV, sus satélites y testaferros, desde 1999 hasta hoy.
Esta crisis política no fue sobrevenida: carga culpas de los principales dos factores en pugna irresponsable por el poder; uno burlando los parámetros constitucionales, y otro tratando de imponer un sistema socioeconómico explotador y contrario a los derechos sociales constitucionales, y además rendido y servil a los intereses imperialistas monroístas de Estados Unidos de América, descaradamente.
Lo hemos planteado a conciencia y responsablemente: Maduro debe abandonar el cargo que usurpa, y en el marco constitucional debe convocarse una nueva elección presidencial, con nuevo y confiable Consejo Nacional Electoral y un vicepresidente o vicepresidenta ad hoc, que garantice estabilidad y decoro en la función pública, para lograr en paz los objetivos inmediatos planteados. La falsa espectativa sobre alguna utilidad de una intervención militar extranjera debe ser desechada: es inaceptable, y quienes la han procurado y aplauden incurren en una inmensa irresponsabilidad política y clara y punible traición a la patria.
Unamos mentes, corazones y compromisos por el cambio necesario en paz, dentro del marco constitucional y sin injerencia extranjera. Este es el unico camino rendidor para nuestra patria y su pueblo traicionado y empobrecido.
manuelisidro21@gmail.com
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