jueves, 18 de febrero de 2021

Profesores de la UCLA denuncian crisis universitaria y reiteran que no hay condiciones para reiniciar clases


"Reiteramos, ni presenciales ni semipresenciales. Las clases no podrán iniciarse si el Ejecutivo no nos garantiza atender el problema del salario, el cual a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) el 13/02/21 está en el rango de 1,38 a 2,67 USD o 1,15 a 2,20 EUR mensuales"
 
 
COMUNICADO EN RESPUESTA 
A AUTORIDADES UNIVERSITARIAS UCLA  

La Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la UCLA (APUCLA) rechaza el írrito documento suscrito por la Dra. Luzmila Anchetta, asesora legal de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, en el cual afirma que los docentes somos “prestadores de servicio” y la educación es un servicio público, un derecho humano, por lo que nosotros "estamos obligados" a cumplir con nuestro trabajo porque si no lo hacemos vulneramos los derechos de los estudiantes, desconociendo totalmente la precariedad de las condiciones laborales en las que nos encontramos.

No conforme con eso, alega que "desde el punto de vista legal" los docentes estaríamos incurriendo en “abandono de trabajo” al no reincorporarnos a las actividades académicas y apegarnos a lo decidido por APUCLA pues según la abogada, hasta ahora no existe un pliego conflictivo introducido en ninguna instancia y, por lo tanto, quedamos vulnerables ante cualquier acción legal que ejerza la universidad.  

Tales argumentos demuestran que la UCLA pretende desconocer a la APUCLA como grupo gremial legítimo y representativo del cuerpo docente de esta casa de estudios. Esta decisión de no ejercer la labor académica dentro o fuera de la Universidad es mandato directo de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv) de la cual formamos parte, y está en consonancia con lo establecido en los Estatutos de ambas instituciones gremiales. 

El gremio de los profesores universitarios tiene años de lucha y los espacios transitados están enmarcados legalmente como nos corresponde. En todos los gobiernos hemos sido firmes en nuestros petitorios y cuando no hemos sido escuchados, hemos activado la paralización de actividades como mecanismo de lucha. Este es un momento atípico por la pandemia por eso hablamos de no reinicio de actividades.

Esta situación ya ha sido plasmada en documentos y petitorios que hemos entregado ante otras instancias públicas del Estado, fundamentalmente ante el Ministerio de Educación Universitaria, sin que hayamos tenido hasta ahora respuesta alguna. 

Recientemente consignamos ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, un documento en el cual describimos con crudeza la triste realidad de nuestra actual situación a nivel profesional y laboral.

Es cierto que la educación es considerada como derecho humano y constitucional, sin embargo, es el Estado venezolano el que tiene la obligación de garantizar y proteger dicho derecho velando por la existencia de condiciones óptimas para su ejercicio, tanto para los que ejercen la docencia como para los estudiantes.

Recordamos que el derecho a la vida digna, a un salario que garantice calidad de vida, a la progresividad e intangibilidad de las condiciones laborales son derechos constitucionales reconocidos por instrumentos internacionales que deben ser garantizados por el Estado venezolano y como tal amparan a los profesores universitarios. 

Nosotros somos pilares fundamentales para la educación en Venezuela, pero no responsables de garantizarla. Durante años nos acostumbramos a asumir las deficiencias presupuestarias de la universidad, gracias a nuestra alta vocación de servicio, usando para ello nuestro sueldo lo cual se volvió uso y costumbre para toda la comunidad universitaria, incluyendo al Gobierno. Ahora que no podemos seguir subsidiando a nuestras casas de estudios superiores somos unos irresponsables. En ningún momento se nos reconoció este esfuerzo, pero ahora exigimos al responsable real de esta situación que asuma su rol como garante de la educación. 

Reiteramos, ni presenciales ni semipresenciales. Las clases no podrán iniciarse si el Ejecutivo no nos garantiza atender el problema del salario, el cual a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) el 13/02/21 está en el rango de 1,38 a 2,67 USD o 1,15 a 2,20 EUR mensuales. Como se indicó anteriormente estos salarios no nos permiten acceder a la cesta básica, lo que ha incidido en el deterioro físico de los profesores por no tener recursos para alimentación, movilización, vestido, medicamentos entre otros, por lo que es obligatorio resolver esta situación tan lamentable antes del reinicio de actividades. A esto se suma como se dijo anteriormente, la falta de Seguridad Social lo que nos coloca en un estado de orfandad total. 

En este momento no es posible que a un docente se le pida incorporarse a clases con un salario que no garantiza una vida digna. Por ello enfatizamos que a pesar de que las autoridades rectorales pretendan que demos clases NO PODEMOS.

Ante la actitud de  algunos sectores de la UCLA presumimos que ellos tienen asegurado un buen sueldo mensual, seguridad social, gasolina para su carro, equipos de internet de alta velocidad, equipos de bioseguridad e imaginan esa misma realidad para TODOS los profesores, alumnos y obreros a sabiendas que los Decanatos están desmantelados y los sistemas de educación a distancia están obsoletos y paralizados por equipos dañados o no actualizados, con las redes internas colapsadas precisamente por falta de presupuesto y los constantes robos. 

De iniciar actividades en estas condiciones se presentaría una situación de desigualdad y exclusión, pues sólo avanzarían académicamente quienes puedan contar con los recursos que son muy pocos, dejando a un gran porcentaje de estudiantes sin la posibilidad de proseguir de manera regular sus estudios y a un número importante de docentes sin la posibilidad de cumplir con sus funciones. 

Como lo hemos reiterado en comunicados anteriores, la decisión de no reincorporarnos a las actividades académicas está respaldada gremial y legalmente por APUCLA. Esta lucha no solo es por los profesores ordinarios, sino también por los contratados e inclusive por quienes ocupan responsabilidades directivas a nivel de la Universidad, sean o no agremiados porque consideramos que esta es una lucha por la dignidad, el respeto y el reconocimiento a la labor meritoria que hemos llevado a cabo a lo largo de estos años.
 
Exigimos a las autoridades el respeto a las decisiones del gremio tal y como está previsto en las actas convenios, normas de homologación y acuerdos federativos. No ver esta realidad y presionar a los profesores a dar clases, es violar la libertad académica y sus derechos humanos previstos en el derecho internacional definido en la CIDH.

Con las universidades saqueadas, desmanteladas, sin presupuesto para infraestructuras sin luz, ni agua, con salarios de hambre y miseria, sin HCM NO PODEMOS dar clases. Han sido muchos los años asumiendo una responsabilidad que le corresponde al Estado, no al profesor. 

No podemos ver normalidad donde no la hay, por ello no nos incorporaremos a las actividades bajo ninguna modalidad hasta que recibamos respuesta a todo lo planteado. Sin Universidad no hay transformación ni progreso, por eso exigimos la atención correspondiente por parte del Ejecutivo Nacional.
       
LA JUNTA DIRECTIVA
 
En Barquisimeto a los 14 días del mes de febrero de 2021

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