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domingo, 6 de julio de 2008

PASANDO LA HOJA / La crisis de ALCASA es grave


La crisis que vive ALCASA (Aluminios del Carona, S. A.) es más grave de lo que pudiera expresarse en una breve nota informativa. Algunos de sus pagos tienen tres meses de atraso y la política de sus nuevas autoridades apuntan a su privatización tras jugosas comisiones y el desmantelamiento del proceso de autogestión que incluyó el nombramiento colectivo de gerentes y jefes de departamentos.

Los 3.276 trabajadores activos y 815 jubilados de ALCASA temen lo peor. La empresa no paga desde hace tres meses sus compromisos con las clínicas y farmacias que atienden los requerimientos del "Sistema Autogestionario de Salud", y su presidente César Aguilar, apoyado por el ministro de las empresas básicas, Rodolfo Sanz, gestiona su privatización con un "asesor", Ramón Koiffman, directivo de la Clínica Caroní y corredor de seguros, a favor, supuestamente, de "Vital Salud", empresa asociada a contratistas favorecidos por el gobernador del estado Bolívar, Rangel Gómez.

Sanz y Aguilar tendrían programados 319 despidos en ALCASA, hasta el 31 de diciembre de 2008, y quieren –dicen ellos que con apoyo del presidente Hugo Chávez- desmantelar la autogestión: de hecho, no toman en cuenta a los trabajadores y sus organizaciones sindicales y departamentales, para nada. Los atrasos en los pagos a terceros amenazan con la paralización de los servicios de transporte y alimentación.
Como "un enfermo en coma" me describieron la situación: no reúnen la junta directiva de la empresa y están adquiriendo supuestos compromisos que no están avalados legalmente; atropellan al personal experto y contratan nuevos inexpertos; no cumplen con los jubilados y pensionados que exigen la homologación de sus asignaciones con el promedio de los trabajadores activos; y "están vendiendo chatarra lomito". ¿Qué es eso?, preguntamos. "Un tronco de negocio, venden sobrantes de aluminio de alta calidad como si fuera chatarra".

Y algo más escabroso: "Quieren vender a una corredora de bolsa los Certificados Especiales de Retribución Tributaria (por exportaciones) que tiene ALCASA por un monto de Bs.F. 40.956.521", sin ser aprobado por junta directiva y con un descuento a favor de la potencial compradora de más de dos millardos de bolívares (Bs.F. 2.047.826,5).

Ah, una última perla: el ministro Rodolfo Sanz acaba de nombrar a su hermana Cruz Sanz en la presidencia del "Fondo Guayana" que maneja gigantescos recursos financieros, mientras amenaza con despedir a unos 900 trabajadores de la CVG.

EL CONFESIONARIO

ALERTA Nro. 1: la XIII Convención Nacional de Periodistas no puede ser convertida en un mero acto burocrático para la juramentación de la nueva Junta Directiva Nacional del CNP. Ese magno evento gremial no se realiza desde julio de 1998 (San Cristóbal), y una década después, en medio de la mayor crisis existencial del CNP, no se la puede concebir como una "reunión" de dos días, sin fondo ni trascendencia. Las veintiseis juntas directivas seccionales y la Junta Directiva Nacional en funciones desde hace diez años (Levy Benshimol), junto con la Junta Directiva Nacional electa (Wlliam Echeverría) -que no entrará en funciones ni tiene facultades ejecutivas hasta su juramentación ante la Convención-, deben aunar esfuerzos para realizar a finales de agosto próximo una convención digna y edificante, que permita reforzar el proceso de reconstrucción del Colegio Nacional de Periodistas. Por ninguna razón vamos a cohonestar una convención-mamarracho. En defensa de la dignidad del gremio periodístico venezolano, vamos a seguir luchando: ¡NO, A UNA CONVENCIÓN PIRATA DE PERIODISTAS!

FÉLIX OJEDA, presidente de la Asamblea del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Venezuela, despliega una campaña nacional institucional contra el proyecto de Ley de la Ingeniería, que pronto aprobaría la Asamblea Nacional, zarpazo gravísimo contra la calidad tecno-científica de los profesionales universitarios de todas las disciplinas.

JORGE CASTRO Y MARIANO RODRÍGUEZ fueron dos de quienes se dedicaron con fruición a difundir infundios miserables con la frustrada intención de asesinarme moralmente. El primero, un policía-delincuente expulsado de la DISIP a comienzos de 1994; y el segundo, un septuagenario mantenido con los recursos de PDVSA, en cuyo departamento de seguridad cobra como "sapo" informante. Ambos utilizaron la Internet y el anonimato, para tratar de enlodar mi limpia trayectoria política, profesional y gremial.
A JORGE CASTRO, hoy prófugo de la justicia por uno de sus últimos delitos (la difusión morbosa de las fotos del cadáver apuñaleado del colega periodista Javier García), lo han mantenido parlamentarios y gobernantes regionales de Anzoátegui, en activa guerra sucia contra periodistas críticos, empresarios y oponentes políticos; y lo más grave, le han servido de protectores para evadir la justicia: JC tiene un verdadero prontuario delictivo, desde tráfico y consumo de drogas hasta homicidios frustrados, al menos en dos personas a quienes ha tiroteado, el último de ellos un joven residente en Lecherías, estado Anzoátegui. Armado ilegalmente y violento, como todo psicópata homicida, ha contado con la protección política (abuso de poder) y pecuniaria de quienes lo han mantenido durante casi tres lustros. Ellos saben muy bien a quiénes me refiero. Siempre bajo seudónimos, JC ha penetrado algunos medios de comunicación social impresos, radiales y telemáticos (Internet). Por ejemplo, Tanahus Gerges, editor de "Reporte Diario de la Economía", lo benefició pagándole una página semanal, en la cual difamó y extorsionó a su antojo; y en el portal "noticierodigital" le dieron cobijo como "agentesecreto" y "reporteoriente", páginas alimentadas con envíos de sus redes de policías corruptos en diversos cuerpos policiales, problema mayor que cae sobre la responsabilidad del ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, a quien corresponde desbaratar ese enjambre mafioso. Jorge Castro, psicópata timador, dice ser "comunicador" y "periodista" para tratar de cubrir su miserable práctica delictiva. Por supuesto, no es periodista; por el contrario, ha sido atacante sucio de colegas profesionales del periodismo. Hoy, lo busca la policía en todo el país, para ponerlo a la orden del Tribunal 5to. de Control de Caracas, por petición del Ministerio Público, "por su presunta vinculación con la difusión, por Internet, de las fotografías del cuerpo sin vida del periodista Javier García."

LO DE MARIANO RODRÍGUEZ es un caso que corresponde investigar administrativamente al ministro presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Para sus fechorías utiliza un correo electrónico a nombre de "Mariano García", comparte vida en Sabana Grande con presuntos consumidores y traficantes de drogas, uno de ellos "sapo" informante de la DISIP. Este septuagenario MR utiliza sus relaciones políticas y afectivas con algunos funcionarios del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, por el hecho de haber sido militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria). Pasó por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de donde lo botaron por ser "asesor" sin profesión ni oficio conocidos; dice ser "profesor de la UCV" y tampoco lo ha sido; y como empleado universitario tuvo una fugaz pasantía en el servicio de seguridad de esa casa de estudios. Hasta que a raíz de la crisis política del 2002-2003, se pegó a la teta de PDVSA, donde cobra una jugosa asignación como "sapo" informante.

manuelisidro21@gmail.com
mim_consultores@yahoo.com

(Columna publicada en el semanario LA RAZÓN, Caracas 06-07-2008)

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