MANUEL ISIDRO MOLINA
Ante el fracaso de los "Diálogos de Oslo" promovidos por el Reino de Noruega y el inicio del "Diálogo Nacional" en Caracas, ambos procesos entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y factores políticos de oposición de diversas tendencias ideológicas, todos factores de poder involucrados en las nefastas motivaciones de la tragedia histórica que arruina a Venezuela; y frente a la intensificación de las agresiones del gobierno de Estados Unidos de América contra la economía nacional y el desenvolvimiento de la sociedad venezolana, incluyendo una potencial intervención armada bajo la injustificable invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR, 1947). Necesario es pronunciarse: la defensa de la paz y la justicia social exige un claro compromiso ético al servicio del pueblo que impida una nueva burla a quienes más sufren.
Venezuela como nación independiente amante de la libertad, y soberana por derechos históricos innegables, no merece el actual estadio degenerativo y empobrecedor que tanto sufrimiento descarga sobre la mayoría de nuestro pueblo. El compromiso debe ser contribuir a revertir urgentemente esta tendencia degradante y desvencijadora.
Durante los últimos 20 años (1999-2019) los principales factores políticos, económicos y comunicacionales han sido corresponsables del gravísimo deterioro nacional, haciendo de Venezuela el país más saqueado y descapitalizado del mundo, por la orgía de corrupción en la función pública y en la actividad privada, sin solución de continuidad desde hace medio siglo. En esta materia, la principal responsabilidad recae sobre los hombros de la mayoría política expresada en torno a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y en ellos particularmente como presidentes y jefes de Estado, pues durante sus administraciones se han producido en terrible grado de continuidad e impunidad, los más escandalosos expolios a la nación, realmente sin precedentes.
La violencia política ha sido un rasgo común a gobierno y oposición, cuyos dirigentes coinciden también en evadir culpas, mentir, actuar cínicamente y controlar los medios de comunicación y las redes sociales bajo su administración o propiedad para manipular y torcer la verdad de los hechos, cuando le conviene a sus intereses parciales, sean políticos, económicos o delictivos. En esta materia, el gobierno se ha caracterizado por su opacidad en el manejo de los medios públicos de conunicación social y en la estricta restricción de la información de los entes públicos hacia la ciudadanía.
Después de tantas bribonerías politiqueras, pillajes, insensateces, opacidad y extremismo igualmente dañinos para nuestra sociedad, Venezuela ha sido arriada hacia un despeñadero: 4 millones de compatriotas emigrados por motivaciones políticas, económicas y anímicas desesperanzadoras; y 26 millones de hombres, mujeres y niños sometidos al hambre y las enfermedades en el territorio nacional por el brutal empobrecimiento producto del fracaso gubernamental, la violencia política, la desinversión y colapso del sistema productivo, la especulación desmesurada y premeditada con los precios de productos y servicios nacionales e importados, la pulverización del bolívar y la descapitalización de la economía mediante una brutal exportación de capitales lícitos e ilícitos, sin antecedentes en el mundo, cuando se le compara con la población y el producto interno bruto (PIB).
Ese terrible panorama social y económico se agrava al contextualizarlo en el degenerado marco institucional, comenzando por el reino delictivo instaurado en el Sistema de Justicia, en el cual policías y militares corrompidos y abusadores del poder son parte de la delincuencia que lastima y avasalla a la sociedad venezolana, junto con fiscales del Ministerio Público, jueces y otros funcionarios del Poder Judicial extorsionadores, y la burocracia y los guardias nacionales que se han corrompido en el sistema carcelario, haciéndose parte de las macro bandas encabezadas por los llamados "pranes", de los cuales se han hecho subalternos. Ninguna sociedad puede convivir, producir ni progresar con tal grado de pudrición, uno de los principales factores aliados y reproductores de la delincuencia, desde la corrupción y el narcotráfico hasta el secuestro, la extorsión y el sicariato. Una política nacional antidelictiva moralizante y ejemplarizante, es un clamor nacional que debe ser atendido por cualquier esquema de diálogo superador.
La política venezolana no escapa al descrito grado de descomposición con sus redes de testaferros en los tres niveles de los Poderes Públicos, sin importar la orientación ideológica o política de las organizaciones partidistas, grandes, medianas y pequeñas, aunque en sus senos conviven dirigentes y militantes honestos y meritorios que han sido arrinconados por el predominio de los politiqueros corrompidos y codiciosos. Este esquema de pudrición no debe continuar, tiene que ser revertido para procurar el bien común y la reconstrucción moral de República.
La expansión de la corrupción en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) amenaza su vigencia orgánica y estructural, sin exageración alguna: durante el lapso 1999-2019, la impunidad ha cubierto las prácticas delictivas para un atroz enriquecimiento ilícito de oficiales activos y retirados involucrados en la conducción y administración de todo tipo de entes públicos, con insolente descaro. Y por si fuera poco, especialmente la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) presenta grados espeluznantes de prácticas delictivas asociadas a la corrupción y el abuso de poder de sus integrantes, como ningún otro componente de la FANB. Un viraje de 180 grados debe acometerse con urgencia, para deslastrar a nuestra Fuerza Armada del cáncer de la corrupción y otras prácticas delictivas.
Sin vulnerar tal grado de inmoralidad y traición al pueblo y a los principios del ejercicio sano de la función pública, nadie puede imaginar como posible un diálogo del más alto interés nacional en defensa de la paz, la integridad territorial de nuestra patria y la defensa de los derechos del Pueblo Soberano a una vida digna, productiva, responsable y solidaria, que retroalimente el bien común. Todo esfuerzo de diálogo debe superar el esquema agotado del timo y la sinvergüenzura de los corresponsables de la crisis: gobierno y oposición, sean sus representantes "autoproclamados" mayoritarios o minoritarios. La mayoría del pueblo venezolano, definitivamente, no cree en ellos ni los respeta, apenas los tolera y soporta en procura de paz, entendimiento y soluciones urgentes para paliar en algo la tragedia histórica que sufrimos.
Quienes somos partidarios del diálogo para superar en paz el colapso político, económico, social y moral que nos asfixia, debemos proponer simultáneamente la construcción de una renovada corriente política y social que una a las fuerzas mayoritarias de la inconformidad popular frente al fracaso de los dos bandos involucrados en la ruina de Venezuela. Echar a un lado las perniciosas prácticas de la politiquería, es indispensable para impulsar este esfuerzo de construcción, responsabilidad social, moral pública y solidaridad.
Solo con estos exigentes criterios sobre la mesa es posible participar en los escenarios de entendimiento nacional para superar el actual atolladero histórico, rechazando con firmeza el bloqueo económico y financiero impuesto agresivamente por el gobierno de EE. UU. contra nuestro país, y la invocación del TIAR como palanca para una mayor asfixia de la sociedad venezolana y la ulterior posibilidad de una intervención militar extranjera capitaneada por el Comando Sur del Ejército estadounidense y la complicidad directa del uribismo colombiano.
Tanto al gobierno del presidente Nicolás Maduro como a la política subversiva encabezada por el diputado Juan Guaidó, les ha pasado su tiempo, se hundieron en sus propios fracasos, con terribles consecuencias para nuestra sociedad y la patria, hoy en riesgo real de colapso definitivo. Es hora de consultar al pueblo directa y decisivamente, luego de construir un camino consensuado con palabra empeñada ante Venezuela y el mundo.
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