Manuel Isidro Molina
El país creyó que la elección presidencial del pasado 28 de julio era una posibilidad real de comenzar a superar democráticamente la tragedia histórica que sufrimos en Venezuela y llevan en sus corazones millones de nuestros compatriotas en el exterior, donde los emigrados y exiliados han conseguido espacio en decenas de países, para vivir mejor o intentarlo con mayor o menor suerte.
El concierto de altos funcionarios del Estado para desconocer la voluntad popular
expresada el 28 de julio, alteró y paralizó el escrutinio legal de la votación: el Consejo Nacional Electoral (CNE) paralizó el conteo de votos y emitió un primer boletín dando ganador a Nicolás Maduro; luego vino el secuestro judicial del proceso, primero por parte de la Sala Electoral y después en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sus colaterales nacionales e internacionales son harto conocidos, por lo que me centraré en un protuberante aspecto: la vasta represión impuesta por el Gobierno y el Sistema de Justicia, integrado por los poderes Ejecutivo, Ciudadano y Judicial, según lo pautado en la Constitución (CRBV).
Como puede apreciarse de entrada, la represión desatada es sistémica y abiertamente violatoria de los Derechos Humanos universalmente reconocidos por la Organizacion de Naciones Unidas y otros importantes entes multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA), lamentablemente acoplada a la politica de Estados Unidos, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), hoy muy disminuida.
La represión desatada por las policías, grupos parapoliciales ilegales y los organismos militares en función represiva bajo las ordenes del Gobierno y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a partir del pasado 28 de julio en la noche para contener la reacción politica y popular ante el fraude cometido, no tiene precedentes por su naturaleza articulada, profundidad y extensión en el tiempo, hasta hoy.
Se han cometido violaciones de todo tipo contra las personas, que en número superior a las 2.220 privadas de libertad, fueron arteramente calificadas de «terroristas» por Nicolas Maduro Moros, quien se desdoblaba de candidato perdedor a Presidente de la República reclamando un "triunfo" que pocos le reconocen dentro y fuera del país, desde que así lo anunciara el presidente del CNE, Elvis Amoroso, quien con una carcajada forzada en su última aparición pública, pretendió desmeritar la repulsa popular a su gestión. Nadie lo aplaude, por cierto, ni en su propio partido el PSUV. Anda como ánima sola, rumiando su desasosiego interior, despreciado por tirios y troyanos.
El TSJ jugó el rol encomendado por Miraflores, al secuestrar judicialmente el escrutinio, pero además el Poder Judicial está involucrado con los tribunales penales en la privación ilegitima de la libertad impuesta a miles de detenidos y detenidas por motivaciones políticas del Gobierno y el PSUV.
La siembra masiva de delitos orquestada por el Gobierno, ha sido cohonestada por el fiscal general Tarek William Saab y el defensor del pueblo Alfredo Ruíz, quienes fueron premiados por la Asamblea Nacional siendo ratificados en sus respectivos cargos. Los fiscales del Ministerio Público imputan alegremente supuestos delitos por «terrorismo», «incitación al odio» o «incitación a la rebelión», entre otros como «vandalismo».
Así, las cárceles de Maduro están llenas de menores de edad, amas de casa, estudiantes, luchadores sociales y políticos, periodistas y reporteros gráficos, sin el debido proceso ni defensa particular, muchos de ellos torturados física y mentalmente, y sometidos así a la firma y grabación de "confesiones", que luego son brutal e inconstitucionalmente utilizadas por el fiscal general Tarek William Saab y el ahora ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, para difamarlos y justificar sus encarcelamientos. Todo ello, a través del sistema público de radio y televisión, internet y las redes sociales. Estos atropellos nunca se habían visto en Venezuela, y difícilmente se escenifican en otros países.
Además, atemorizan a sus familiares, vecinos, compañeros de trabajo o de militancia política, mediante amenazas de represalias -también ilegales y brutales- contra los detenidos y sus personas cercanas.
Están superando las atrocidades de las dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, y los sistemas represivos impuestos durante los gobiernos de Rómulo Betancourt y Raul Leoni. Algunos de ellos no tienen memoria sobre esos hechos referidos históricamente, por su ignorancia y su déficit democrático. Otros, simplemente "se hacen los paisas", mientras siguen parloteando de su robolución y un supuesto "socialismo" (sin ética ni derechos sociales) traicionado.
Todos los involucrados son cómplices de la violacion sistemática de Derechos Humanos, abuso de poder y ejercicio innoble de la función pública.
manuelisidro21@gmail.com
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