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| Magistrada Gladys Gutiérrez, presidenta del TSJ. |
El abogado Oswaldo Escalante se dirigió a los medios de comunicación, mediante boletín de prensa, en vista de que según afirma "se pretende politizar y desviar las verdaderas causas que dieron origen a un litigio entre los dos socios de la empresa ICM PROYECTOS 2001, C.A., Giraldie Aguilar Lozada y Jesús Pérez Oropeza debido al fraude cometido por uno de ellos en perjuicio del otro".
-Recientemente, en medios digitales e impresos, han publicitado una serie de contenidos panfletarios y falsos que han pretendido manipular la verdad del conflicto judicial que existe entre los socios de la empresa ICM PROYECTOS 2001, C.A., incluida en esa serie una “carta abierta” dirigida a la ciudadana magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, con la intención de burlar la buena fe de quienes pudiesen leer dichas falsedades descontextualizadas y alejadas de cualquier realidad, aseguro Escalante.
A su juicio, "todo es producto de la perversidad de un abogado de nombre Alejandro Terán Martínez, cuya reputación está signada por la presunta comisión de una serie de ilícitos, los cuales se pueden conocer a través de las redes sociales". Agregó que Terán y el socio de dicha empresa Giraldie Aguilar Lozada, quien contrató sus servicios, "han llegado al extremo de anunciar irresponsablemente la locura y fantasiosa suposición de una posible afectación al funcionamiento de PDVSA, derivada del resultado del conflicto existente entre ambos socios".
-La disputa entre los dos socios de esta empresa contratista de Pdvsa, ICM PROYECTOS 2001 -aseguró Escalante-, se origina por el hecho de que el accionista Giraldie Aguilar Lozada, quien ostenta el 70% de las acciones, y que las representa un familar suyo, efectuó una asamblea de accionistas sin la presencia de su socio Jesús Pérez Oropeza, quien ostenta el otro 30% de las acciones; pues, según se evidenció, en sus movimientos migratorios, Pérez Oropeza estaba y continúa en la ciudad de Miami, Florida de los EEUU de América; de manera que ese acto nunca se pudo realizar en territorio venezolano. En dicha “asamblea" (comillas solicitadas), el porcentaje accionario de Pérez Oropeza se disminuyó al 1,7%, y lo que es más insólito, el acta respectiva aparece firmada tanto por Pérez Oropeza, como por la otra accionista, quien también se encuentra en Miami.
En ese sentido, Escalante, en representación de Pérez Oropeza, acudió ante el Ministerio Público a cargo de la Fiscalía Nonagésima Cuarta (94a) con competencia Nacional, a los fines de solicitar una investigación al respecto. Así, según Escalante, "se determinó, bajo elementos de convicción debidamente verificados ante los órganos y autoridades competentes, mediante experticias técnicas de ley, que rielan y constan en dicha causa, la comisión de diversos delitos como son la falsificación de firmas, falsa atestación ante funcionarios públicos, corrupción de funcionarios públicos, usurpación de identidad, concierto para delinquir, entre otros, en perjuicio del accionista Jesús Alberto Pérez Oropeza, toda vez que como resultado de estos actos, el ciudadano Giraldie Jesús Aguilar Lozada, por conducto de su representante accionaria, a quien utiliza como testaferro, se ve beneficiado con un incremento de su capital accionario al 99%, mediante la elaboración de un acta de asamblea írrita y procedente de un acto nulo, lo cual es un hecho probado de manera legal".
-Por esta razón, Jesús Alberto Pérez Oropeza, víctima comprobada en esta causa, se vió en la necesidad de denunciar estos actos. Durante el juicio que se originó de ello, se acordó: 1) prohibición de enajenar y gravar los bienes de la empresa; 2) declaración anticipada de Jesús Pérez Oropeza; y 3) designar una junta administradora ad hoc, que vele por la buena marcha de la empresa y por sus trabajadores.
Indicó Escalante que el abogado Terán, al ver que carece de argumentos legales o asidero jurídico lógico, intenta armar una parodia para llamar la atención de alguna autoridad política, a quien sensibilice con la “supuesta” afectación a Pdvsa; cosa falsa, por demás; ya que es imposible que una contratista petrolera, que se encuentra fuera de esos mejoradores con presencia activa, desde hace más de 2 años, sea capaz de paralizar la industria petrolera.
-Terán ha querido y pretende darle un caríz político a esta serie de hechos delictivos, para congraciarse con sectores del gobierno, tratando de enmendar sus actuaciones anteriores, cuando incluso pretendió desprestigiar y enjuiciar al entonces Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, además de la Asamblea Nacional y Fiscalía General de la República. Busca con ello, una solución que no conseguirá por la vía jurídica, dada la gravedad de los hechos denunciados e investigados.
Escalante señaló que se ve en la necesidad de ventilar en forma pública "un conflicto entre dos socios de una empresa privada, ya que en la serie de contenidos panfletarios y falsos, que se han vertido sobre este asunto, con la pretensión del abogado Terán de hacer creer, que es un hecho político orquestado por la víctima del caso, se encuentra el comentario, que difundió una periodista en la prensa local de Guayana, y en el que acusa a Pérez Oropeza de ser el responsable de que esa empresa no pueda trabajar en la reactivación de PDVSA, trayendo como consecuencia el que la principal industria del país, no pueda producir las cantidades de petróleo que se aspira".
-¿Habráse visto semejante exabrupto? Por otra parte -agrega elndeclarante-, ya se sabe que quien ha urdido toda esa trama es ese abogado guayanés, de quien se habla que no posee currículum vitae, sino más bien un prontuario, debido a los delitos que se dice, ha cometido. Basta con buscar en Google, las referencias de ese ciudadano, para enterarse de su 'oscuro pasado' que es como aparece titulado en esa aplicación de las redes sociales".
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