Análisis de Mario Osava (IPS)
Es un dato que revelaría el deterioro de la democracia en la región, pero que puede también servir de argumento a favor del régimen parlamentario de gobierno, en que la sustitución del gobernante se hace sin el trauma que provoca en el presidencialismo, dominante en la región.
Pero además de los derrocados, América Latina, especialmente América del Sur, registra actualmente una gran cantidad de presidentes amenazados en el poder.
Insatisfacciones generalizadas, sea por desempleo, desigualdad, corrupción, servicios públicos deficientes y caros, estallan por razones variadas. Pero la espoleta más presente ha sido el aumento del costo del transporte.
El chileno Sebastián Piñera heredó la promesa de una postergada reforma de la Constitución nacional y medidas sociales, como aumento de pensiones y otros beneficios, sin contener las protestas desatadas por el alza de precio del pasaje de metro en Santiago, el 18 de octubre.
La violenta represión provocó más de 20 muertos, cerca de 2 500 heridos y 3 000 detenidos, pero las manifestaciones se intensificaron y ampliaron los reclamos, incluyendo una Asamblea Constituyente, para superar el ordenamiento heredado de la dictadura militar que tuvo vigencia de 1973 a 1990.
Poco antes fue el gobierno de Ecuador que en octubre, acorralado por protestas masivas, tuvo que anular un brutal aumento de los precios de combustibles, de más de cien por ciento, con que se intentó eliminar subsidios para cumplir acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.
En Perú las movilizaciones callejeras rechazaban la corrupción que involucró todos los expresidentes vivos. Sobornos de la constructora brasileña Odebrecht envenenó toda la política peruana.
El actual presidente, Martín Vizcarra, decidió, asido en un resquicio legal, llamar a elecciones legislativas en un intento de zanjar la crisis de gobernabilidad y para eso disolvió el unicameral Congreso, en una medida que recuerda dictaduras del pasado.
Venezuela es una excepción. El gobierno bolivariano perdura desde hace dos décadas, pese a haber destruido la economía y provocado el éxodo de casi cinco millones de personas tan solo los últimos seis años, haber perdido a su fundador, Hugo Chávez, muerto de cáncer en 2013, sucederlo Nicolás Maduro, y haber violado sus propias reglas para ganar elecciones también sospechosas de fraude.
Además, Chávez sobrevivió a un intento de golpe militar que lo sacó dos días del poder en abril de 2002, y Maduro ha enfrentado grandes manifestaciones, saldadas con decenas de muertos, y el hecho inédito de que desde enero, el presidente de la Asamblea Legislativa, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente encargado y fue reconocido por más de 50 gobiernos, que consideran ilegal los comicios de 2018 en que se reeligió a Maduro.
Esas turbulencias políticas tienen como sustrato que América Latina es la región más desigual y más violenta del mundo. Coincide también con la mayor concentración de catolicismo y de un vertiginoso incremento de iglesias evangélicas, pero es difícil establecer relaciones de causa y efecto con la religión.
De todas maneras es visible el vínculo de las fuerzas de extrema derecha, que ascendieron al poder en Brasil y son protagonistas en la rebelión boliviana, con el fundamentalismo religioso.
En Brasil el presidente Jair Bolsonaro adoptó la consigna “Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos” y se alió estrechamente con evangélicos radicalmente conservadores.
En Bolivia, el principal líder de la sublevación popular, Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, y la presidenta interina, Jeanine Añez, son católicos fervorosos y usan la Biblia como arma, mientras han tenido duras expresiones contra la población indígena y sus religiosidades ancestrales, en un país de gran diversidad étnica.
Edición: Estrella Gutiérrez
Es un dato que revelaría el deterioro de la democracia en la región, pero que puede también servir de argumento a favor del régimen parlamentario de gobierno, en que la sustitución del gobernante se hace sin el trauma que provoca en el presidencialismo, dominante en la región.
Pero además de los derrocados, América Latina, especialmente América del Sur, registra actualmente una gran cantidad de presidentes amenazados en el poder.
Insatisfacciones generalizadas, sea por desempleo, desigualdad, corrupción, servicios públicos deficientes y caros, estallan por razones variadas. Pero la espoleta más presente ha sido el aumento del costo del transporte.
El chileno Sebastián Piñera heredó la promesa de una postergada reforma de la Constitución nacional y medidas sociales, como aumento de pensiones y otros beneficios, sin contener las protestas desatadas por el alza de precio del pasaje de metro en Santiago, el 18 de octubre.
La violenta represión provocó más de 20 muertos, cerca de 2 500 heridos y 3 000 detenidos, pero las manifestaciones se intensificaron y ampliaron los reclamos, incluyendo una Asamblea Constituyente, para superar el ordenamiento heredado de la dictadura militar que tuvo vigencia de 1973 a 1990.
Poco antes fue el gobierno de Ecuador que en octubre, acorralado por protestas masivas, tuvo que anular un brutal aumento de los precios de combustibles, de más de cien por ciento, con que se intentó eliminar subsidios para cumplir acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.
En Perú las movilizaciones callejeras rechazaban la corrupción que involucró todos los expresidentes vivos. Sobornos de la constructora brasileña Odebrecht envenenó toda la política peruana.
El actual presidente, Martín Vizcarra, decidió, asido en un resquicio legal, llamar a elecciones legislativas en un intento de zanjar la crisis de gobernabilidad y para eso disolvió el unicameral Congreso, en una medida que recuerda dictaduras del pasado.
Venezuela es una excepción. El gobierno bolivariano perdura desde hace dos décadas, pese a haber destruido la economía y provocado el éxodo de casi cinco millones de personas tan solo los últimos seis años, haber perdido a su fundador, Hugo Chávez, muerto de cáncer en 2013, sucederlo Nicolás Maduro, y haber violado sus propias reglas para ganar elecciones también sospechosas de fraude.
Además, Chávez sobrevivió a un intento de golpe militar que lo sacó dos días del poder en abril de 2002, y Maduro ha enfrentado grandes manifestaciones, saldadas con decenas de muertos, y el hecho inédito de que desde enero, el presidente de la Asamblea Legislativa, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente encargado y fue reconocido por más de 50 gobiernos, que consideran ilegal los comicios de 2018 en que se reeligió a Maduro.
Esas turbulencias políticas tienen como sustrato que América Latina es la región más desigual y más violenta del mundo. Coincide también con la mayor concentración de catolicismo y de un vertiginoso incremento de iglesias evangélicas, pero es difícil establecer relaciones de causa y efecto con la religión.
De todas maneras es visible el vínculo de las fuerzas de extrema derecha, que ascendieron al poder en Brasil y son protagonistas en la rebelión boliviana, con el fundamentalismo religioso.
En Brasil el presidente Jair Bolsonaro adoptó la consigna “Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos” y se alió estrechamente con evangélicos radicalmente conservadores.
En Bolivia, el principal líder de la sublevación popular, Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, y la presidenta interina, Jeanine Añez, son católicos fervorosos y usan la Biblia como arma, mientras han tenido duras expresiones contra la población indígena y sus religiosidades ancestrales, en un país de gran diversidad étnica.
Edición: Estrella Gutiérrez
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