MANUEL ISIDRO MOLINA
No ha sorprendido el zarpazo final del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional (AN) y la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). El gobierno del PSUV ha
profundizado su camino dictatorial de abolengo soviético-cubano y primitivismo
“izquierdoso” trasnochado.
Se evidencia nuevamente el mayor desprestigio nacional
e internacional del gobierno de Nicolás Maduro; la menguada capacidad de
convocatoria de la dirigencia de la Mesa de Unidad Democrática (MUD); la
defensa de la paz interna por parte del pueblo venezolano que rechaza la
violencia política y exige soluciones a sus problemas; y la necesidad urgente
de construir un poderosos movimiento alternativo, serio, confiable, honesto,
solidario y con plena responsabilidad social e histórica.
La Sala Constitucional del TSJ echó por tierra la
inmunidad parlamentaria de los diputados a la Asamblea Nacional y sentó base
jurisprudencial para hacer nugatoria, en todo tiempo, lo que la Constitución
estatuye sin condicionamiento alguno:
Artículo 199. Los diputados o diputadas a la
Asamblea Nacional no son responsables
por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Sólo
responderán ante los electores o electoras y el cuerpo legislativo de
acuerdo con esta Constitución y con los reglamentos.
Artículo 200. Los diputados o diputadas a la
Asamblea Nacional gozarán de inmunidad
en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de
su mandato o la renuncia del mismo… Los
funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los o
las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y
serán castigados o castigadas de conformidad con la ley.
Artículo 201. Los diputados o diputadas son
representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos o sujetas
a mandatos ni instrucciones, sino sólo a su conciencia…
Si de algo sufre el liderazgo del Psuv en
los Poderes Públicos Nacionales, es de déficit democrático -un grado de
ignorancia asociada al abuso de poder-, del cual han hecho gala los magistrados
y magistradas de la Sala Constitucional, en combinación con el presidente
Nicolás Maduro Moros, la diputada ausentista Cilia Flores, el consultor
jurídico de Miraflores, Elvis Amoroso, y el nuevo presidente del TSJ, Maikel
Moreno, cuyas luces constitucionales son bastante opacas.
La inmunidad parlamentaria es no solo
irrenunciable, sino absolutamente inatacable, salvo en casos penales graves,
como lo establece la Constitución en el precitado artículo 200. Nuestros
representantes nacionales, al representar al pueblo y a las entidades federales
por voto popular, gozan de inmunidad personal e irresponsabilidad política,
desde que la Constitución de 1961 asumió la tradición inglesa (inmunidad) y
francesa (irresponsabilidad), todo lo cual fue volado de un plumazo por los
obedientes miembros de la SC. Esa barbaridad violenta la Constitución, por lo
que es nula e ineficaz.
No conformes con ello, los integrantes de
la SC, complacen al gobierno y al presidente del TSJ, mediante esa práctica
ominosa de “Ponencia Conjunta” que oculta la responsabilidad (brillo u
opacidad) de los magistrados y magistradas, quienes en condición de ponentes
asumen la conducción de los expedientes y arman la arquitectura jurídica y
conceptual de las sentencias, antes de pasar a consulta de los conjueces.
Adicionalmente, la SC del TSJ mandata al
Presidente de la República a revisar la legislación penal vigente, sin que la
Constitución contemple tales atribuciones para el Jefe de Estado, salvo
condición inevadible de autorización legislativa para emitir decretos con
fuerza y rango de ley (leyes habilitantes). Esa barbaridad constitucional
cometida por los miembros de la SC, está evidentemente salpicada del ánimo
represivo que priva en el gobierno y asume con vigor de mejores causas, el
presidente del TSJ.
Cierra este ciclo de aberrantes decisiones
de la SC, el secuestro permanente de las facultades del Poder Legislativo por
parte del Poder Judicial, dominado a su antojo por el PSUV y la tríada
miraflorina Flores-Maduro-Amoroso en connivencia con Moreno y demás magistrados
cómplices del camino dictatorial escogido desde el año pasado por el presidente
Nicolás Maduro.
Hasta hoy, este esquema anti
constitucional ha contado con respaldo irrestricto del alto mando militar,
parte importante del círculo represivo montado por el gobierno junto con las
policías nacionales, regionales y municipales, la Guardia Nacional Bolivariana,
el Servicio Bolivariano de Investigación Nacional (Sebin) y la Dirección
General Contrainteligencia Militar (DGCIM), más los “tonton macoutes” y
agazapados en los mal llamados “colectivos”, armados y financiados abundantemente
por el gobierno.
Venezuela, sin Asamblea Nacional, es hoy
vergüenza en el mundo. Este zarpazo es inaceptable, inaplicable, inexistente.
Nicolás Maduro y Maikel Moreno se han
enanizado ante el pueblo venezolano, vigorosamente democrático y participativo;
y ante la comunidad internacional. Se auto infligieron un golpe mortal, que ni
Maduro ni Moreno están en capacidad de comprender, cebados como están con las
mieles del poder. Olvidan que el poder siempre es efímero.
Este zarpazo del TSJ es definitivo: extingue
lo que quedaba de AN, peor que el apresamiento de parlamentarios del PCV y el
MIR en 1962, decretado por el presidente Rómulo Betancourt, cuyas provocaciones
represivas llevaron al error de la lucha armada de los años sesenta del siglo
pasado.
El pueblo de Bolívar no tolerará esta
monstruosidad. Comienza el tramo final de las grandes decisiones populares, en
rebeldía frente al poder viciado y abusivo que actualmente emblematizan Maduro
y Moreno, enterradores de lo que queda del proyecto transformador y solidario
que iniciamos en 1998 con el triunfo del Polo Patriótico que llevó a la
presidencia de la República a Hugo Chávez, quien incubó todo lo que estamos
viendo y sufriendo.
El problema es demasiado serio. El
gobierno materializó su decisión de tomar abiertamente el camino dictatorial, y
el país no se lo va a permitir; tampoco, el entorno internacional. Comienza una
etapa de lucha por la recuperación de los equilibrios democráticos previstos en
la Constitución, sin injerencia extranjera ni afectaciones de nuestra soberanía
e independencia.
@manuelisidro21 – @manuelisidroXXI
* Ex presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela
* Licenciado en Comunicación Social - Universidad Central de Venezuela
* Especialista en Ciencia Política - Universidad Simón Bolívar
* Columnista del semanario LA RAZÓN
* Asesor en análisis de entorno político y social
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