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sábado, 31 de mayo de 2014

La lucha contra la corrupción y la impunidad llegó al III Congreso del Psuv (Parte 2)



¿No será que el objetivo del partido de gobierno es permitir el enriquecimiento a un grupo de infiltrados seudo-revolucionarios y militantes para reproducir el mismo modelo de democracia bipartidista que se organizó en el tan perjudicial Pacto de Punto Fijo?

¿Entonces si es así, de que socialismo o bolivarianismo estamos hablando?. Entonces, ¿esto es una revolución  para liberar social, política y económica a un pueblo o esto es la revolución de un grupo político que pretende hacerse de una plataforma económica con recursos del  Estado, cuyas líneas de acción se originan fuera de nuestras fronteras?

Las respuestas a estas interrogantes las sabe el pueblo, que vive día a día la realidad pateado por la inflación y la inseguridad más alta de América Latina, que lo ha llevado a niveles degradantes de su poder adquisitivo y personal, respectivamente.

Nos preocupa hondamente que en estos quince años de “gestión revolucionaria”, se ha promovido a la enésima potencia el culto a la impunidad; y lo traemos a colación por cuanto en el estado Lara fue público, notorio y comunicacional
que el comandante Chávez en su carácter de presidente en una visita que realizó a
Barquisimeto observó con suspicacia la presencia de 80 trolebuses pertenecientes a la Empresa de trasporte masivo conocida como TRANSBARCA, responsable del diseño y construcción del sistema de transporte masivo para Barquisimeto con una inversión hasta la fecha de 800 millones de dólares. Los mismos, se encontraban estacionados –a la intemperie- en terrenos pertenecientes a la base aérea Vicente Landaeta Gil de dicha ciudad. Estos vehículos, adquiridos en forma irregular sin haberse iniciado la construcción de la infraestructura física por donde se iban a desplazar. Por ello, solicitó que se aperturara una investigación por cuanto consideraba que existían irregularidades en TRANSBARCA y acusó públicamente al gobernador del estado Dr. Henry Falcón de estar presuntamente incurso en las mismas. Posteriormente, la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Contraloría que preside el Dip. Pedro  Carreño aperturó y adelantó investigaciones al respecto y a otros casos. A través de los expedientes: 1.498, 1.547, 1.504 y 1554 con fecha de octubre de 2013, las investigaciones concluyeron con sanciones políticas de responsabilidad al ciudadano prenombrado con la recomendación por ser vinculante la misma de que la Contraloría General de la República procediera a la aplicación de sanciones administrativas y la Fiscalía General de la Republica las correspondientes a las sanciones penales a través de la imputación respectiva ante los tribunales. Cuál es nuestra sorpresa que esta decisión quedo congelada –por no decir impune- y hoy en día este “ciudadano”, a quien el camarada Diosdado Cabello levanto la mano acompañado de 98 diputados de la revolución para sancionar estos delitos y avaladas dichas sanciones por la dirección nacional y regional del Psuv sea actualmente uno de los protagonistas del dialogo y vocero fundamental del mismo. Igualmente nos sorprende, la cantidad de recursos financieros que le ha venido aprobando el camarada Nicolás Maduro a la gobernación de Lara, lo cual no hemos podido entender si reiteradamente lo habían venido señalando a través de informes probatorios y en forma por demás mediática por estar en presencia de un funcionario corrupto.

Creemos pertinente debatir estas contradicciones. Tenemos que erradicar la política del avestruz y de tarima, por cuanto al analizar la mayoría de los discursos dados por los presidentes Chavéz (1999-2012) y Maduro (a partir de 2013) observamos que en su mayoría se destacan por un feroz combate al adjetivar con calificativos agraviantes o afrentosos a los sectores adversos al gobierno, dando poca o ninguna importancia a los delitos cometidos por distintos “camaradas” en funciones públicas. Las menciones sobre la corrupción sólo se limita a
cuestiones como esta: “Todo corrupto es antichavista así tenga boina roja”. Esto lo dijo el Presidente Nicolás Maduro el 25 de junio de 2013, en discurso dado en el campo de Carabobo (por conmemoración de los 192 años de la Batalla de Carabobo) y replicó también “….la corrupción se va a tragar a la patria sino se le combate a tiempo”. (Publicado en el diario La Nación, año XLIV, Nº 15.731). 

Lo que tenga que ver contra la corrupción ha quedado hasta ahí. Nada se habla de acciones para combatirla, ni tampoco aparecen las órdenes de privación de libertad emitidas por la fiscalía y tribunales del país para los responsables de estos delitos. Lo cierto, es que las acciones para enfrentar los delitos contra la cosa pública van más allá de las penalizaciones, porque la corrupción infectó de gravedad al Estado y a la sociedad misma: se salió de control. La corrupción se convirtió en una cultura y práctica en todos los niveles de gobierno; por lo tanto, ello requiere de enormes esfuerzos como parte de una política de la anticorrupción a ser institucionalizada de forma inmediata.

Este proceso no va a ser promovido desde arriba, conociendo las intenciones de las elites y grupos internacionales. Por eso se debe discutir y concientizar sobre el tema a los miles de ciudadanos y ciudadanas que conforman las bases de la revolución.

Es de honda preocupación y nos preguntamos por qué razón ni el comandante
Chávez –en su oportunidad- ni en la actualidad el camarada Maduro en pleno ejercicio de Gobierno no han iniciado u ordenado aperturar investigaciones profundas, objetivas, transparentes y legales a través de los órganos de investigación penal y administrativas llámese SEBIN, CICPC, DIM, Guardia Nacional, en colaboración con otras instituciones públicas tales como Fiscalía, Contraloría General Asamblea Nacional, etc; a todos aquellos funcionarios que publica, notoria y comunicacionalmente han sido señalados por representantes de los medios de
comunicación como los periodistas Leocenis García a través del diario Sexto Poder,
del Lcdo. Manuel Isidro Molina a través del diario La Razón y de Nelson Bocaranda a través de su página Runrunes editada por el diario El Universal. Así como en el cuerpo Séptimo día del diario El Nacional y la página de Expedientes de El Universal. En ellos, han salido publicados y señalados un conjunto de nombres tales como: el de  Alejandro Andrade (ex viceministro de Finanzas, ex presidente del FUS, presidente de Bandes, ex tesorero General de Republica, Tobías Nobrega ex ministro de Finanzas, Eudomar Carrullo ex director de Finanzas y miembro de la junta directiva de PDVSA, de Baldo Sanso, agente financiero asesor de PDVSA y cuñado de Rafael Ramírez, presidente de PDVSA, Raúl Gorrin, banquero y agente financiero amigo del régimen, Antonini Wilson, portador de maletín contentivo de millones de dólares, Cnel. Manuel Barroso ex presidente de CADIVI. Recientemente a este último, el camarada diputado Ricardo Sanguino, quien preside la Comisión de la Asamblea Nacional que investiga el caso de las empresas de maletín favorecidas con divisas preferenciales durante el año 2013, señaló públicamente que durante la gestión del Cnel. Manuel Barroso se otorgaron más de 20.000 millones de dólares a empresas fantasmas o de maletín, equivalentes al 95% de nuestras reservas internacionales y que es una de las razones principales por las cuales el Estado no ha podido liquidar a muchas empresas importadoras de bienes y servicios, sea de alimentos, farmacéuticos, químicos, autopartes, líneas aéreas; ocasionando de esta forma, el desabastecimiento de estos bienes esenciales para el sano desenvolvimiento de la economía nacional. Nos preguntamos por qué razón, la Fiscalía General de la Republica, el gobierno nacional y la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional no han solicitado hasta la fecha la
investigación administrativa y penal de este funcionario que conlleve a la imputación del mismo; es decir, a estas alturas este ciudadano debería estar tras las rejas por el grave y presunto delito que cometió. A los otros funcionarios anteriormente señalados, así como muchos otros, estos periodistas y medios antes citados los han venido responsabilizando de presuntamente amasar una considerable fortuna financiera en dólares sin que pudiesen justificarla y que la adquirieron a su paso y por contactos en el gobierno. 

¿Porque razón no se investigan estos graves hechos de presunta
corrupción a objeto de aplicar las sanciones correspondientes y lograr la repatriación y confiscación del dinero y propiedades mal habidos?

En el caso del estado Lara donde activamos políticamente, seria pertinente
hacer este mismo procedimiento de investigación a personas como el ex diputado
Ismael Burgos, la señora Belkis Reyes Reyes (hermana del comandante Luis Reyes
Reyes). Presuntamente, estos son dueños o representantes a través de terceros de un emporio de constructoras privilegiadas, que se han venido caracterizando por violar la Ley de Contrataciones Publicas Vigente y concentran las mayorías de las Contrataciones de Infraestructura a nivel de PDVAL y poseedores de vehículos lujosos y concesiones radiales en este Estado. 

De igual manera debemos hacer referencia del Ing. Jorge González, ex presidente de Hidrolara y de EMMHOCA, el cual fue funcionario sancionado por la Contraloría General del Estado Lara, por irregularidades administrativas en el organismo antes señalado y frecuente viajero al imperio. Me pregunto: 
¿Cuál será el motivo de estos viajes? Y son responsables directos de que hoy
en día las comunidades del norte del Municipio Iribarren de este estado, no vean
cristalizado la culminación de la matriz norte obra emblemática y anhelada para
transportar el agua a estas comunidades.

Para seguir enriqueciendo el debate sobre la ética y la moral, estimados
camaradas, sería considerada una verdadera acción revolucionaria si procediésemos a investigar a todos aquellos funcionarios que montados sobre los hombros de la revolución llegaron a alcanzar posiciones de libre elección llámese gobernaciones, alcaldías, y cargos en el tren ejecutivo de las mismas; puesto que aquí en Lara, se da el caso de algunos ex alcaldes y funcionarios con estas características que hoy en día disfrutan presuntamente de lujosas propiedades inmobiliarias en donde residen. Así como apartamentos en la playa, lujosos vehículos blindados, frecuentes viajes al imperio y a las Islas del Caribe. 

Lamentablemente las autoridades regionales y del PSUV se han hecho de la vista gorda, por cuanto algunos de ellos son parte de la Dirección Regional y de la Cofradía de quienes ejercen este poder político.
(Sigue...)

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