Por Manuel Isidro Molina
Una cultura de paz es, fundamentalmente, la de apego a la verdad, la ética y la convivencia democrática para la transformación de la sociedad con base en la Constitución, las leyes y el bien común. Los medios de comunicación social son parte de ella, o la desarticulan.
Los extremismos reinantes en Venezuela, maltratan la cultura de paz que requerimos. Y los medios de comunicación social bajo su control, la pulverizan.
El manejo sectario y abusivo de los medios de comunicación del sector público, característico del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, conspira constantemente contra el pluralismo y el respeto que impone la Constitución a todas las corrientes de pensamiento. A ello se suma el cierre de las fuentes informativas del gobierno y otros Poderes Públicos a los medios de comunicación social independientes o contrarios a las líneas conceptuales y políticas del gobierno. Venezolana de Televisión (VTV) y el resto de los medios radioeléctricos en manos del Poder Ejecutivo, son la peor muestra de lo que criticamos: simples cajas de propaganda sectaria y, además, exaltadora del culto a la personalidad del Presidente de la República, como nunca antes hubo en Venezuela, y seguramente en país alguno. ¡Hasta el ridículo! Debería darles vergüenza.
Por otro lado, algunos medios de comunicación privados se esmeran en un desequilibrio –menos grotesco, ciertamente- que más que denunciar irregularidades o transmitir exigencias legítimas de las comunidades, parecieran perseguir estigmatizar al gobierno y otras instituciones públicas, donde tampoco es mucho lo que hacen para enmendar entuertos y generar acciones encomiables. Son la otra cara del periodismo panfletario, tan en boga en estos tiempos de la Venezuela chavista, donde el antichavismo mediático se esmera en campañas tan censurables como las que critican al gobierno.
Nada se discute, todo se banaliza y estropea. Esa endiablada dinámica que luce portentosa, camino a la campaña electoral presidencial, conspira contra la cultura de paz que debemos construir y defender cotidianamente. Torcer el rumbo de esa hecatombe mediática que lastima el gentilicio venezolano y latinoamericano, es la mejor contribución al respeto de los resultados electorales del 7 de octubre próximo.
Insisto: La campaña electoral no es una guerra, ni su antesala. En esto, propietario de medios privados, gerentes de medios públicos y periodistas en ejercicio profesional son idénticamente responsables de lo que hagamos o dejemos de hacer. Respeto a la diversidad y crítica sobre la base de la verdad, harán de los medios públicos y privados los mejores aliados de la cultura para paz.
EL CONFESIONARIO
· REPRESENTANTES DEL PODER JUDICIAL en el estado Lara están a punto de beneficiar a Leonardo Del Moral, acusado de secuestro y extorsión perpetrado en contra de Alejandro Martínez, joven valenciano víctima de estos delitos realizados por personas amigas allegadas a él y sus familiares. Los hechos ocurrieron en Valencia, la noche del 14 de abril de 2010. Alejandro y su esposa fueron emboscados en el estacionamiento del edificio donde vivían en Valencia. Lo liberaron el 19 de mayo, después de haber sido torturado. También están involucrados Rubén Gerardo Castillo Castillo y Erick Yuye Roja. El proceso “fue radicado a Lara por la Sala Penal del TSJ con ponencia del ex magistrado Eladio Aponte Aponte, quien lo mandó a este circuito judicial del cual él fue presidente y colocó desde su presidenta hasta a un grupo nutrido de jueces.” LDM “está detenido desde hace 2 años, en el penal de Tocuyito y ha logrado, mediante las influencias del grupo económico que lo defiende, permanecer en dicho penal pagando privilegios y obstaculizando de tal manera la justicia: 22 meses después de su detención, fue cuando se pudo pasar a juicio, ‘casualmente’ en los mismos días en que EAA fue defenestrado del TSJ. Recientemente, para lograr la libertad del preso, consiguieron un informe de un médico forense y van a utilizar el argumento de enfermedad y las presiones de la alta jerarquía judicial de Barquisimeto para lograr la libertad”.
· LA FAMILIA DE ESTA VÍCTIMA de secuestro y tortura se va a dirigir al TSJ y al Ministerio de Interior y Justicia y la Medicatura Forense a denunciar estos manejos dolosos. Según los afectados, en Lara “han ocurrido miles de irregularidades en el proceso, avaladas por el magistrado defenestrado… más de 20 audiencias suspendidas, recusaciones, anulaciones de audiencias, denuncias ante la Comisión Judicial y la Inspectoría de Tribunales, lo que ha sido reseñado en la prensa regional y la nacional. Por todos son conocidos los cuantiosos recursos ofrecidos y pagados por el grupo de financistas de la defensa de los delincuentes pudientes, en las diferentes instancias judiciales y policiales, entre los que se encuentra un industrial del sector automotor de Valencia, pariente de las víctimas y muy allegado al victimario. En la actualidad el juicio oral de está en manos del juez Adelmo Leal.”
· JOSÉ AMALIO GRATEROL, abogado litigante en ejercicio, fue pasado a juicio a las 12 de la noche del viernes pasado, directamente sin etapa de investigación. No le aceptaron las pruebas a la defensa. Siendo la “obstrucción de la justicia” un delito que amerita libertad, “según el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es imperativa su libertad y los administradores de justicia, jueces y fiscales del Ministerio Público están obligados a otorgarla”, en criterio de una ex jueza alarmada con la marcha del Poder Judicial venezolano. “En casos como este –explica-, saldría el encausado el mismo día de su presentación, pero tardaron 4 días en llevarlo frente al juez para el desarrollo de la audiencia correspondiente y para no otorgarle inmediatamente la libertad, la cual es procedente, buscan un subterfugio como imponer una fianza de imposible cumplimiento como es la fianza con montos. Y exigencias para los fiadores difíciles de cumplir con lo cual, al faltar este requisito, obviamente no sale en libertad. Además de esta fianza, lo obligan al silencio sobre su caso con lo cual le violentan derechos humanos, sin contar su presentación periódica y la prohibición de salida del país.” ¿Por qué quieren mantenerlo preso? ¿Para humillarlo y escarmentar? JAG quiso impedir que su defendido fuera condenado en ausencia, luego de que el reo protagonizara un escándalo en los sótanos del Palacio de Justicia, desnudándose para impedir que lo subieran a la sala de audiencias.
· LA UNEFA VIVE UNA CRISIS institucional que afecta a miles de docentes que no cobran desde diciembre pasado, les adeudan los cesta-tickets de 2011 y encima centenares de ellos han sido despedidos, a pesar de la inamovilidad laboral, luego de lo cual las autoridades de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional, no aceptan las órdenes de renganche emitidas por el ministerio del Trabajo. Según testimonios recogidos, en la Unefa reinan la arbitrariedad, el sectarismo político y el grupalismo. “Maltratan al personal docente, violan la legislación vigente y los derechos constitucionales”, por lo que la atmósfera de trabajo se ha hecho insoportable. ¿Malversación de fondos públicos? ¿O es que los ministerios de Defensa y de Educación Universitaria no giraron completos los recursos correspondientes de 2011 y 2012? La ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, estaría al tanto de las anomalías. Para colmo, estarían aplicando la “Lista Tascón” y revisando los “currículos políticos” de los docentes botados, para efectos de renganche.
· LOS LLAMADOS “COLECTIVOS SOCIALES” que han respaldado las políticas gubernamentales y se han beneficiado de ellas, portan armas ilegalmente y han incurrido en delitos contra personas y bienes públicos y particulares, ahora sienten que sus “cuadros medios” son no sólo perseguidos sino selectivamente asesinados por escuadrones policiales que les dan caza aparentando “enfrentamientos”, “accidentes” y “ajustes de cuentas”. Facciones de ”La Piedrita”, “Alexis Vive”, “Los Tupamaros” y otros, que en algunos casos han actuado como grupos parapoliciales, hasta hace poco armados y protegidos por el gobierno, estarían reuniéndose para desarrollar una coordinación más estrecha en defensa de sus integrantes ante lo que consideran una arremetida policial en su contra.
· CARLOS HERNÁNDEZ, apostador frenético en las carreras de caballos (vendepaga-bar Alfa, hotel Fénix, restaurant Mesón del Navegante, todos en El Paraíso), parece haber caído en la mala con la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías, quien lo apartó de la construcción y asignación de viviendas en La Vega-Montalbán, donde decía ser “dueño” del antiguo terreno del desaparecido autocine “El Paraíso”, en el cual por muchos años funcionó un estacionamiento de la Disip, que dio paso al Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional). El problema es que tampoco tiene cómo justificar algunos gastos de la asociación “Techos Duros”, cuyos recursos provienen de aportes de familias sin vivienda que durante los últimos cinco años han desembolsado centenares de miles de bolívares. La Fiscalía debe intervenir diligentemente. Sobre la propiedad del terreno existe un litigio entre privados, en el que no falta supuesta falsificación o forjamiento de documentos públicos. Algunas familias se sienten estafadas, ahora ubicadas como “damnificados” en la sede central de Ipostel, en la avenida José Ángel Lamas de Caracas.
· manuelisidro21@gmail.com
· @manuelisidro21
El manejo sectario y abusivo de los medios de comunicación del sector público, característico del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, conspira constantemente contra el pluralismo y el respeto que impone la Constitución a todas las corrientes de pensamiento. A ello se suma el cierre de las fuentes informativas del gobierno y otros Poderes Públicos a los medios de comunicación social independientes o contrarios a las líneas conceptuales y políticas del gobierno. Venezolana de Televisión (VTV) y el resto de los medios radioeléctricos en manos del Poder Ejecutivo, son la peor muestra de lo que criticamos: simples cajas de propaganda sectaria y, además, exaltadora del culto a la personalidad del Presidente de la República, como nunca antes hubo en Venezuela, y seguramente en país alguno. ¡Hasta el ridículo! Debería darles vergüenza.
Por otro lado, algunos medios de comunicación privados se esmeran en un desequilibrio –menos grotesco, ciertamente- que más que denunciar irregularidades o transmitir exigencias legítimas de las comunidades, parecieran perseguir estigmatizar al gobierno y otras instituciones públicas, donde tampoco es mucho lo que hacen para enmendar entuertos y generar acciones encomiables. Son la otra cara del periodismo panfletario, tan en boga en estos tiempos de la Venezuela chavista, donde el antichavismo mediático se esmera en campañas tan censurables como las que critican al gobierno.
Nada se discute, todo se banaliza y estropea. Esa endiablada dinámica que luce portentosa, camino a la campaña electoral presidencial, conspira contra la cultura de paz que debemos construir y defender cotidianamente. Torcer el rumbo de esa hecatombe mediática que lastima el gentilicio venezolano y latinoamericano, es la mejor contribución al respeto de los resultados electorales del 7 de octubre próximo.
Insisto: La campaña electoral no es una guerra, ni su antesala. En esto, propietario de medios privados, gerentes de medios públicos y periodistas en ejercicio profesional son idénticamente responsables de lo que hagamos o dejemos de hacer. Respeto a la diversidad y crítica sobre la base de la verdad, harán de los medios públicos y privados los mejores aliados de la cultura para paz.
EL CONFESIONARIO
· REPRESENTANTES DEL PODER JUDICIAL en el estado Lara están a punto de beneficiar a Leonardo Del Moral, acusado de secuestro y extorsión perpetrado en contra de Alejandro Martínez, joven valenciano víctima de estos delitos realizados por personas amigas allegadas a él y sus familiares. Los hechos ocurrieron en Valencia, la noche del 14 de abril de 2010. Alejandro y su esposa fueron emboscados en el estacionamiento del edificio donde vivían en Valencia. Lo liberaron el 19 de mayo, después de haber sido torturado. También están involucrados Rubén Gerardo Castillo Castillo y Erick Yuye Roja. El proceso “fue radicado a Lara por la Sala Penal del TSJ con ponencia del ex magistrado Eladio Aponte Aponte, quien lo mandó a este circuito judicial del cual él fue presidente y colocó desde su presidenta hasta a un grupo nutrido de jueces.” LDM “está detenido desde hace 2 años, en el penal de Tocuyito y ha logrado, mediante las influencias del grupo económico que lo defiende, permanecer en dicho penal pagando privilegios y obstaculizando de tal manera la justicia: 22 meses después de su detención, fue cuando se pudo pasar a juicio, ‘casualmente’ en los mismos días en que EAA fue defenestrado del TSJ. Recientemente, para lograr la libertad del preso, consiguieron un informe de un médico forense y van a utilizar el argumento de enfermedad y las presiones de la alta jerarquía judicial de Barquisimeto para lograr la libertad”.
· LA FAMILIA DE ESTA VÍCTIMA de secuestro y tortura se va a dirigir al TSJ y al Ministerio de Interior y Justicia y la Medicatura Forense a denunciar estos manejos dolosos. Según los afectados, en Lara “han ocurrido miles de irregularidades en el proceso, avaladas por el magistrado defenestrado… más de 20 audiencias suspendidas, recusaciones, anulaciones de audiencias, denuncias ante la Comisión Judicial y la Inspectoría de Tribunales, lo que ha sido reseñado en la prensa regional y la nacional. Por todos son conocidos los cuantiosos recursos ofrecidos y pagados por el grupo de financistas de la defensa de los delincuentes pudientes, en las diferentes instancias judiciales y policiales, entre los que se encuentra un industrial del sector automotor de Valencia, pariente de las víctimas y muy allegado al victimario. En la actualidad el juicio oral de está en manos del juez Adelmo Leal.”
· JOSÉ AMALIO GRATEROL, abogado litigante en ejercicio, fue pasado a juicio a las 12 de la noche del viernes pasado, directamente sin etapa de investigación. No le aceptaron las pruebas a la defensa. Siendo la “obstrucción de la justicia” un delito que amerita libertad, “según el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es imperativa su libertad y los administradores de justicia, jueces y fiscales del Ministerio Público están obligados a otorgarla”, en criterio de una ex jueza alarmada con la marcha del Poder Judicial venezolano. “En casos como este –explica-, saldría el encausado el mismo día de su presentación, pero tardaron 4 días en llevarlo frente al juez para el desarrollo de la audiencia correspondiente y para no otorgarle inmediatamente la libertad, la cual es procedente, buscan un subterfugio como imponer una fianza de imposible cumplimiento como es la fianza con montos. Y exigencias para los fiadores difíciles de cumplir con lo cual, al faltar este requisito, obviamente no sale en libertad. Además de esta fianza, lo obligan al silencio sobre su caso con lo cual le violentan derechos humanos, sin contar su presentación periódica y la prohibición de salida del país.” ¿Por qué quieren mantenerlo preso? ¿Para humillarlo y escarmentar? JAG quiso impedir que su defendido fuera condenado en ausencia, luego de que el reo protagonizara un escándalo en los sótanos del Palacio de Justicia, desnudándose para impedir que lo subieran a la sala de audiencias.
· LA UNEFA VIVE UNA CRISIS institucional que afecta a miles de docentes que no cobran desde diciembre pasado, les adeudan los cesta-tickets de 2011 y encima centenares de ellos han sido despedidos, a pesar de la inamovilidad laboral, luego de lo cual las autoridades de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional, no aceptan las órdenes de renganche emitidas por el ministerio del Trabajo. Según testimonios recogidos, en la Unefa reinan la arbitrariedad, el sectarismo político y el grupalismo. “Maltratan al personal docente, violan la legislación vigente y los derechos constitucionales”, por lo que la atmósfera de trabajo se ha hecho insoportable. ¿Malversación de fondos públicos? ¿O es que los ministerios de Defensa y de Educación Universitaria no giraron completos los recursos correspondientes de 2011 y 2012? La ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, estaría al tanto de las anomalías. Para colmo, estarían aplicando la “Lista Tascón” y revisando los “currículos políticos” de los docentes botados, para efectos de renganche.
· LOS LLAMADOS “COLECTIVOS SOCIALES” que han respaldado las políticas gubernamentales y se han beneficiado de ellas, portan armas ilegalmente y han incurrido en delitos contra personas y bienes públicos y particulares, ahora sienten que sus “cuadros medios” son no sólo perseguidos sino selectivamente asesinados por escuadrones policiales que les dan caza aparentando “enfrentamientos”, “accidentes” y “ajustes de cuentas”. Facciones de ”La Piedrita”, “Alexis Vive”, “Los Tupamaros” y otros, que en algunos casos han actuado como grupos parapoliciales, hasta hace poco armados y protegidos por el gobierno, estarían reuniéndose para desarrollar una coordinación más estrecha en defensa de sus integrantes ante lo que consideran una arremetida policial en su contra.
· CARLOS HERNÁNDEZ, apostador frenético en las carreras de caballos (vendepaga-bar Alfa, hotel Fénix, restaurant Mesón del Navegante, todos en El Paraíso), parece haber caído en la mala con la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías, quien lo apartó de la construcción y asignación de viviendas en La Vega-Montalbán, donde decía ser “dueño” del antiguo terreno del desaparecido autocine “El Paraíso”, en el cual por muchos años funcionó un estacionamiento de la Disip, que dio paso al Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional). El problema es que tampoco tiene cómo justificar algunos gastos de la asociación “Techos Duros”, cuyos recursos provienen de aportes de familias sin vivienda que durante los últimos cinco años han desembolsado centenares de miles de bolívares. La Fiscalía debe intervenir diligentemente. Sobre la propiedad del terreno existe un litigio entre privados, en el que no falta supuesta falsificación o forjamiento de documentos públicos. Algunas familias se sienten estafadas, ahora ubicadas como “damnificados” en la sede central de Ipostel, en la avenida José Ángel Lamas de Caracas.
· manuelisidro21@gmail.com
· @manuelisidro21
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