En 2010, Chelsea Manning era una analista de inteligencia del Ejército de los Estados Unidos de 22 años en Irak cuando tomó una decisión que le costaría siete años de libertad.
Difundió cientos de miles de archivos clasificados a WikiLeaks, documentos que revelaban muertes de civiles, torturas y reglas de enfrentamiento que contradecían la versión oficial de las guerras en Irak y Afganistán.
Entre estos estaba el video luego conocido como Collateral Murder: ametralladores de helicópteros estadounidenses que matan a civiles y a dos periodistas de Reuters en Bagdad, riéndose por radio, para luego disparar de nuevo contra una furgoneta que llegó para prestar ayuda, una furgoneta con niños a bordo.
Los archivos demostraban que no se trataba de una anomalía. Era un modelo.
La respuesta del gobierno fue inmediata. Manning fue arrestada, acusada en virtud de la Ley de Espionaje y mantenida en aislamiento durante casi un año en condiciones que la ONU definió como "crueles, inhumanas y degradantes".
En 2013 fue condenada a 35 años , la pena más larga jamás impuesta por la difusión de información a la prensa.
El mensaje era claro: denunciar crímenes de guerra sería tratado como traición. Transparencia como peligro. Responsabilidad como traición.
El debate público se centró en Manning misma sus motivaciones, su salud mental, su identidad de género en lugar de las pruebas que había revelado. Fue malgenerizada, ridiculizada, deshumanizada. La punición no fue solo la prisión, sino la disuasión: una advertencia para cualquiera que hubiera pensado en hablar.
Mientras tanto, ¿los crímenes que había revelado? Nadie fue incriminado. Ninguna investigación iniciada. Ninguna responsabilidad.
Las revelaciones de Manning han remodelado la relación del periodismo con la información clasificada.
Han impuesto preguntas que los gobiernos habían evitado durante mucho tiempo: cuántos civiles están muriendo? ¿Cuáles son las verdaderas reglas de enfrentamiento? ¿Qué sucede con los detenidos que afirmamos no torturar?
Pero el precio se pagaba todos los días dentro de una celda. Manning no se benefició de ello. Ha perdido libertad, privacidad, seguridad. Fue castigada nuevamente en 2019 por negarse a testificar contra Julian Assange.
Su historia no habla de redención. Habla de consecuencias. De qué ocurre cuando la verdad amenaza al poder.
La Ley de Espionaje no prevé ninguna defensa de interés público. Criminaliza la divulgación, punto. Esto significa que los denunciantes no pueden sostener que revelar ilícitos sirva a la democracia.
El resultado: el secreto protege a las instituciones, no a los ciudadanos.
El presidente Obama conmutó la pena de Manning en 2017, pero los daños eran permanentes. Su salud, su privacidad, su capacidad de vivir libremente todo marcado.
Sin embargo, las pruebas que ha difundido permanecen. La verdad no puede ser clasificada de nuevo.
Chelsea Manning mostró al mundo cómo es la guerra moderna cuando las cámaras no están invitadas. El precio de esa honestidad fueron siete años de prisión. El costo del silencio lo habrían pagado aquellos cuyas muertes nunca hicieron noticia.
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