PASANDO LA HOJA / Opciones y riesgos hacia el 7-O

Por ManuelIsidro Molina Desde una posición abiertamente independiente,reitero que no votaré el 7-O, no para estimular alguna corriente “abstencionista” que en el fondo no comparto por ociosa, pero sí para reafirmar el derecho ciudadano a decidir, primero, entre votar y no votar. No voté en 2006, por Hugo Chávez o Manuel Rosales; igual haré en 2012, contra Chávez y Henrique Capriles Radonski.

Ahora, es indispensable explicar que ser “independiente” no significa ser anodino o burdo negociador barajando las ofertas del mejor postor. Soy un hombre de izquierda democrática, antiimperialista y solidario, que ha luchado por la justicia social, la dignidad nacional y la decencia en el ejercicio de la función pública. Al menos lo he intentado, no sé con cuánta fortuna, pero sí absolutamente convencido del esfuerzo y los riesgos que ello implica, entre ellos la incomprensión por parte de quienes se han fanatizado en los extremos o simplemente medran con su cobardía por algunos mendrugos o jugosos negocios para el enriquecimiento ilícito y la corrupción de funcionarios públicos. El autoritarismo y la corrupción que distinguen a la gestión Chávez

, enervada por mafias estructuradas durante casi catorce años bajo la más pasmosa impunidad, me exigen la denuncia constante del abuso de poder y el latrocinio, independientemente de reconocer aciertos y respaldar políticas sociales que han debido desarrollarse con mejor planificación y eficacia administrativa. Ese desbarajuste legal y ético ha servido de caldo de cultivo a la desatada delincuencia, en todas sus manifestaciones: aquí incluyo a los delincuentes del enriquecimiento ilícito, y a sus pares del narcotráfico, quienes participan de prácticas delictivas comunes en los campos de legitimación de capitales, amenazas de uso macabro de la violencia contra quienes se les interponen, y la estructuración de verdaderas redes mafiosas que van hasta los poderes públicos, las policías y ámbitos militares, para vergüenza de la nación. En el caso de Capriles

, es obvio, pero lo reafirmo: soy convencido anti-neoliberal y conceptualmente opuesto a lo que ideológicamente representan él y Primero Justicia, asociados a lo peor de la derecha latinoamericana y mundial. Más obvio todavía, es que nada me acercaría a la caterva de corruptos que en su campaña activan, ante los cuales la dirigencia opositora honesta no ha tenido la mejor intención de apartarla ocondenarla, práctica común en el oficialismo, por cierto. Así mismo, creo, como venezolano, que estamos entrampados, sin una opción válida que proyecte un futuro prometedor. Igual, considero que nuestro pueblo,integralmente visto, carece hoy del grado crítico necesario para empinarse por encima de corruptos y extremistas. Vendrán tiempos mejores. Los riesgos están en el ambiente, pero no los ven, no se perciben o son invisibilizados, hasta que nos revienten en la cara, como ya ha ocurrido en Venezuela y otras latitudes. El 7 de octubre próximo, me servirá para profundizar mis reflexiones venezolanistas, latinoamericanistas y humanistas, como socialista democrático que soy. No votaré, respetando, sí, el derecho a votar que manifiesten los venezolanos y venezolanas ese día. No aceptaré ni compartiré ningún paso irresponsable y fratricida que pretenda desconocer los resultados electorales que procese y anuncie el Consejo Nacional Electoral. Estoy convencido, además, de que sus insensatos promotores serán repudiados y derrotados por la inmensa mayoría de venezolanos y venezolanas, que deseamos paz, justicia social y desarrollo armónico de la nación, por encima de las parcialidades partidistas y la diversidad ideológica y política que nos caracteriza.

/// EL CONFESIONARIO /// · OTRA MANIPULACIÓN JUDICIAL: El 7 de agosto, un Juzgado Penal en Funciones de Juicio de Barquisimeto, Edo.Lara, iniciará la audiencia oral y pública en el juicio abierto contra Leonardo Del Moral y sus cómplices por la comisión de los delitos de secuestro y extorsión perpetrados en Valencia, contra Alejandro Martínez. Tanto los delincuentes hoy juzgados, como la víctima, son personas muy conocidas en Carabobo, y hubo que radicar el juicio en la capital larense.

“Durante tres años se han visto conculcados el derecho y el debido proceso, favoreciendo al hoy acusado con cualquier tipo de prácticas deleznables. Hasta la fecha se mantiene vigente el proceso y lo más grave es que los familiares de Leonardo Del Moral han conseguido que se le practique exámenes psiquiátricos forenses con el avieso propósito de lograr su libertad y dejar impune este crimen. Los primeros exámenes determinarían enfermedades orgánicas y los que están por realizarse males de carácter psiquiátrico y todos ellos ajenos a su estupendo estado de salud. Claro, de prosperar el último escenario, esto supondría que el hombre se vaya a su casa y no a un manicomio. Lo cierto es que en la región se sabe que el juez de la causa ha sido objeto de presiones de diferentes sectores del país, que van desde una blanca diputada de muy alta jerarquía en la AN y el PSUV, y unos magistrados del TSJ, quienes manifiestan que en el terrible caso se encuentran también implicadas personas portadoras de soles, y todos ellos abogan por la libertad del encausado, contraviniendo la postura de la Fiscalía y del mismo TSJ que prohíben libertad condicional durante juicios por estos graves delitos.” Desde el Circuito Judicial de Barquisimeto también presionan, según especialistas en derecho penal, alarmados por la posibilidad de materialización de tal grado de impunidad y manejos inmorales de la justicia tras bastidores. Si esto no es práctica mafiosa, díganme qué es. Como siempre, no prejuzgo, pero ya es insoportable que en Venezuela se estén ejecutando este tipo de monstruosidades judiciales, que tanto daño le vienen haciendo a la justicia, la moral pública y la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado venezolano.

· PETICION A LAUNESCO para declarar el Páramo del Estado Mérida, Venezuela, espacio de “reserva debiósfera”. Por favor, toma un minuto para compartir este vínculo con todo elmundo: http://www.avaaz.org/es/petition/LA_PETICION_A_LA_UNESCO_PARA_DECLARAR_EL_PARAMO_EN_EL_EDOMERIDA_DE_VENEZUELA_UN_ESPACIO_COMO_RESERVA_DE_BIOSFERA/?tta

· LA CONSTRUCTORA QUE NO CONSTRUYE,“Constructora HCA, C. A.” es una mampara cuyos responsables,en asociación con un grupo de presuntos cómplices y funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones –desde una Notaría hasta la Asamblea Nacional-, han intentado estafar a la nación, mediante la triquiñuela de “donar” terrenos para desarrollos de viviendas sociales, con el único objetivo de lograr legitimar la “propiedad” no demostrada

sobre terrenos públicos o de terceros. Son los ya famosos Hernández Cruz, quienes mientras se dicen “dueños” de dichos terrenos urbanos en varias parroquias de Caracas (Municipio Libertador) han logrado alquilar hasta por 5.000,00 (cinco mil) bolívares mensuales lotes de terrenos en la urbanización Montalbán, Caracas, con documentos presuntamente forjados, pero avalados por un “Informe de la Asamblea Nacional. Sub. Comisión deVivienda, de fecha 08-10-2008”. Algo insólito, dentro de un Parlamento que se respete, a menos que la connivencia delictiva esté adosada a sus entrañas. Varios diputados del PSUV y funcionarios de dicha subcomisión parlamentaria han estado involucrados en este affaire, que no quieren investigar a fondo las autoridades ejecutivas, ciudadanas y judiciales, y mucho menos las legislativas.

Esta mafia está vinculada a la “OCV Techos Duros”, algunos de cuyos directivos se dicen “dueños” de media Caracas o gran parte de La Vega, Montalbán, Antímano, El Junquito y Catia. ¿Por qué la Fiscalía no toma el toro por los cachos? La documentación que demuestra la pretendida estafa a la nación, existe; y parte de ella está consignada en el Tribunal que lleva el juicio por presunta estafa contra el ciudadano Carlos Julio Hernández Cruz, presidente de la OCV Techos Duros, quien actualmente goza de medida cautelar de libertad bajo presentación periódica.

En La Vega y Montalbán, ya lo conocen; en el gobierno y el PSUV, también; ahora está en la campaña de “Redes”, con su amigo Barreto, de quien recibió pago de algo más de 500.000,00 bolívares como parte inicial de cancelación de “expropiación” de terrenos que tampoco le pertenecen. ¿Hasta cuándo ?¿Adónde fue a parar ese medio millón de bolívares? ¿Por qué nadie se los ha reclamado ni él los ha devuelto? · YNNA MATILDE GELVEZ DE SALAS,Notario Público Cuarto Titular del Municipio Sucre del Estado Miranda, fue quien protocolizó el contrato de arrendamiento del terreno de Montalbán, Municipio Libertador del Distrito Capital, entre “Constructora HCA, C.A.” (“Propietaria Arrendora”) y “Premezclados Ávila, C. A.” (“Arrendataria”). ¿Por qué allá, y no en Caracas? ¿Estaba facultada para tal fin? · DE FORMA SIMILAR usufructuó ilegítimamente los terrenos de lo que fue el Autocine Paraíso, dónde “alquiló” puestos de estacionamiento durante varios años, usurpando esa propiedad, y con el señuelo de las viviendas sociales logró invadirlo con carpas de familias pobres necesitadas de viviendas, a las cuales cobró hasta 2.000,00 bolívares por ese concepto. El diputado Carlos Sierra conoce perfectamente el caso, porque ha estado involucrado en las asambleas de la OCV Techos Duros. Entrequienes reclamaron como “legítimos dueños” –no me consta- la propiedad de los terrenos están la diputada a la Asamblea Nacional, Vestalia San Pedro (Proyecto Venezuela-Carabobo) y Wilfredo Moreno, copropietarios del Colegio Universitario de Administración y Mercadeo(CUAM), representados por el gerente general Bernardo Araya y sus abogados. Esta historia es más complicada de lo que inicialmente parece, porque la estafa –infructuosamente- tocó las puertas de muchos despachos públicos capitalinos y nacionales, y sus gestores arrastraron a varios dirigentes del PSUV, que ahora se hacen los despistados. El problema es que todo está documentado, y si las autoridades quieren investigar, pues los alcanzará la hasta ahora débil mano de la justicia.

· GUISOS SILVESTRES siguen ocurriendo en torno a la Gran Misión Vivienda Venezuela: estafadores disfrazados de “promotores sociales” o de “funcionarios con sensibilidad social”, les han cobrado a personas desprevenidas desde 10.000,00 hasta 70.000,00 bolívares por adjudicación de viviendas, según diversas fuentes. Esta misión bandera del gobierno está siendo miserablemente utilizada por sucios timadores y timadoras que deben ser investigados y llevados a tribunales. A estos delitos no escapa cierta burocracia asociada con la delincuencia, cuyos exponentes deben recibir todo el peso de la ley. ¡Esos miserables deben ser procesados judicialmente! · manuelisidro21@gmail.com /// · @manuelisidro21