NACIONES UNIDAS (IPS).- Los expertos expusieron que, según el derecho internacional de los derechos humanos, aplicable en el mar, el uso de la fuerza letal solo está permitido en legítima defensa personal o en defensa de terceros, cuando sea estrictamente necesario y proporcional para prevenir una amenaza inminente a la vida.
«Estados Unidos no ha alegado tal amenaza y ha indicado que podría haber interceptado buques, pero optó por no hacerlo», indicaron.
El derecho a la vida exige medidas inmediatas para buscar, rescatar y prestar asistencia médica a las personas que se encuentren en peligro a causa de este tipo de operaciones, apunta el texto de los especialistas.
Agrega que el derecho internacional del mar «exige asimismo una respuesta policial, no militar. Tampoco existe fundamento alguno para atacar militarmente buques y tripulaciones en virtud de los tratados de represión de estupefacientes o del derecho internacional antiterrorista».
«Los ataques también podrían constituir delitos contra la seguridad marítima, lo que otorgaría a otros países jurisdicción para investigar y enjuiciar», dijeron los expertos.
Según los informes, varias embarcaciones adicionales han desaparecido en circunstancias sospechosas.
Para los expertos de la ONU «todas las presuntas violaciones del derecho a la vida deben investigarse con prontitud, eficacia, exhaustividad, de forma independiente, imparcial y transparente, de conformidad con el derecho internacional».
Sobre esa base, «todos los responsables, incluidos los mandos militares y civiles, deben rendir cuentas. Las víctimas y sus familias tienen derecho a una reparación, que incluye una indemnización, y a garantías de que tales asesinatos no se repetirán».
Indicaron finalmente que «otros Estados deben abstenerse de prestar ayuda o asistencia en violaciones del derecho a la vida, negándose a compartir información de inteligencia o a poner recursos militares a disposición de Estados Unidos».
Firman la declaración Ben Saul, relator especial sobre promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, y Morris Tidball-Binz, relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
También George Katrougalos, experto independiente en la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias que preside Gabriella Citroni.
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