El gobierno chileno, encabezado por el ultraderechista José Antonio Kast desde marzo, impulsa recortes en los derechos de niños y adolescentes con la pretensión de frenar la delincuencia juvenil, abandonando medidas preventivas que apunten a las causas del aumento de la violencia adolescente.
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El 2 de junio la mayoría derechista que controla el legislativo Congreso Nacional aprobó la ley de Escuelas Protegidas, que entre otras medidas permitirá instalar pórticos detectores de metales en los ingresos de colegios y liceos.
La intención es frenar la violencia presente en establecimientos educativos, pero sus críticos señalan que su objetivo son los escolares de sectores populares, entre otras razones porque son a ellos a los que daña perder beneficios sociales y estudiantiles, mientras a los de clases alta y media no les perjudica ese castigo.
Pero el Tribunal Constitucional, una instancia superior autónoma e independiente, objetó varios artículos de esa ley: declaró inconstitucional la revisión policial de mochilas estudiantiles sin orden previa, la restricción de la gratuidad universitaria a los acusados y la prohibición de ciertas prendas de vestir.
La instalación de pórticos en los centros educativos no será una realidad inmediata hasta que se establezca y se publique el reglamento de la nueva ley, pero estaría operativa desde el próximo curso escolar, que comenzará en marzo de 2027...
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