MANUEL ISIDRO MOLINA
Esperaba que el presidente Nicolás Maduro tuviera un
mínimo de recato moral y ético al digitalizar la escogencia del nuevo
presidente del Tribunal Supremo de Justicia. La responsabilidad es suya,
principalmente, como jefe maltrecho del chavismo disminuido que se aferra al
poder obstaculizando las consultas democráticas al pueblo soberano, para no
sufrir una derrota igual o mayor a la que el pueblo le propinó el 6 de
diciembre de 2015.
No tengo que referir detalles de la historia de
homicida impune que llevará el magistrado Maikel Moreno sobre sus hombros, por
el resto de su vida. Fue en tiempos de su adscripción a la DISIP (Dirección de
Inteligencia Policial) durante la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez,
quien mandó a excluirlo de la escolta civil de la Casa Militar por “gatillo
alegre”. Un homicida impune no puede encabezar el Poder Judicial en ningún país
del mundo. Ocurre en Venezuela, hoy.
Luego, el manejo de la justicia que ha hecho como juez
de la República, tampoco lo califica para presidir el TSJ, cuando ya era mucho
que presidiera su Sala de Casación Penal. De hecho fue echado del Poder
Judicial por arbitrariedades a favor de delincuentes y desconocimiento de
mandatos jerárquicos que se lo impedían. Es el segundo caso de persona
expulsada del Poder Judicial por ignorancia del derecho, que llega a presidir
el TSJ: la primera fue Luisa Estella Morales, cuyo historial el país también
conoce, destituida dos veces con sentencia firme de la Sala
Políticoadministrativa de la Corte Suprema de Justicia de entonces, e impuesta
por el presidente Hugo Chávez Frías, como ahora lo hizo Maduro con Moreno, su
viejo amigo.
Tampoco lo engalana su manifiesta riqueza abrupta y
gigantesca, que no puede justificar con sus ingresos como empleado público de
escasa trayectoria, tanto del Poder Judicial como en el servicio diplomático,
cuando el entonces canciller Nicolás Maduro lo envió a nuestra representación
diplomática en Italia. En Miami, Estados Unidos, dejó huella al casar
temporalmente con ciudadana cubano-estadounidense en procura de residencia
inmigratoria y relacionarse con sectores antichavistas, que hoy no se explican
la evolución ultra oficialista de este juez con empeño brutal contra opositores
al gobierno del PSUV.
Este grave capítulo de esta hora aciaga de Venezuela,
trasciende el Poder Judicial y alimenta el descalabro moral que sufre la
República. No tiene idea, Maduro, de las consecuencias que sobre la sociedad
descarga su decisión de apadrinar las desbocadas apetencias de poder de Maikel
Moreno, quien hizo una perfecta proyección de personalidad en su primera
declaración como presidente del TSJ: dijo estar comprometido en “acabar con la
corrupción y la impunidad”.
Su auctóritas es
nula en Venezuela, como abogado y como juez, aunque empuñe la autoridad
administrativa y judicial de sus dos cargos en el máximo tribunal de la
República. Esta particular historia del absurdo, apenas comienza, incluyendo a
los 30 magistrados que junto con Moreno votaron su investidura.
El debilitado gobierno de Maduro comienza a morderse
la cola, a pesar del camino dictatorial escogido el año pasado por las cúpulas
civiles y militares que tratan de garantizarle continuidad, al margen de la
Constitución y del amplio sentir popular que lo rechaza. El control perverso de
los poderes Ejecutivo, Judicial, Electoral y Ciudadano junto con el poderoso
esquema represivo policíaco-militar y parapolicial impuesto, no detendrá el
avance de las fuerzas transformadoras de Venezuela que, con dificultades
ciertas, apunta a la superación de las miserias del bipartidismo del siglo XXI,
hoy con dos polos disminuidos de escasa capacidad de convocatoria.
No es Maikel Moreno con su poder administrativo y
judicial, quien va a atemorizar más a nuestro sufrido e inconforme pueblo, que
mayoritariamente clama la superación de esta macro crisis moral, ética,
política, económica y social que nos asfixia. Logrado su ansiado objetivo
-gracias a un nuevo dislate del presidente Nicolás Maduro-, al nuevo presidente
del TSJ le corresponde actuar con la mesura que le exige la crítica observación
nacional e internacional que lo rodea. Debe entender que no tiene “carta
blanca”, para nada, y menos para dar rienda suelta a sus frustraciones,
rencores y abusivas pretensiones.
·
UNA VERDADERA “GUERRA CIBERNÉTICA” están desarrollando factores del gobierno que
pretenden “tapar el sol con un dedo”. Lo confirman, los ataques que han sufrido
recientemente dos portales informativos y de opinión política en la web:
aporrea.org y laclase.info, el primero perteneciente a sectores del
autodenominado “chavismo crítico”; y el segundo, medio oficial del Partido
Socialismo y Libertad (PSL) que lideran Miguel Ángel Hernández, Orlando Chirino y José Bodas, secretario general de
la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, y aspirante a
su presidencia.
·
CON EL CERCO ECONÓMICO PUBLICITARIO hacia todos los medios independientes o críticos al
gobierno, las políticas restrictivas de Conatel y el vulgar chantaje del
Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM) con la asignación esporádica de papel
prensa a los periódicos que hacen periodismo y no propaganda gubernamental,
como pretende el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, de
acuerdo con el libreto soviético-cubano impuesto por Hugo Chávez y reforzado
por Nicolás Maduro, el PSUV pretende eternizarse en el poder desconociendo la
inconformidad nacional.
·
SE LE SUMA EL CONTROL MONOPARTIDISTA del sistema público de radio y televisión que
encabezan Venezolana de Televisión (VTV) y Radio Nacional de Venezuela, con
censura, manipulación informativa y propaganda burda, atosigante, las 24 horas
del día, todos los días.
·
LA CENSURA DEL GOBIERNO en los medios públicos y privados bajo su control es
simplemente aberrante, monopartidista, dictatorial, contraria al espíritu de la
Constitución que manda pluralismo, diversidad, libertad de expresión, derecho a
la información veraz y oportuna, entre otros valores democráticos por los que
los periodistas venezolanos hemos luchado históricamente y han sido anulados
por los gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
·
LA CENSURA IMPUESTA abarca la función pública: todas las fuentes
informativas gubernamentales han sido cerradas, realmente clausuradas,
constituyendo una monstruosidad contemporánea solo vigente en países como Cuba
y Corea del Norte. Este rasgo se compadece con la opacidad generalizada del
gobierno, tanto en la era Chávez como en la era Maduro: no hay cuentas, no hay
cifras, no hay transparencia ni pulcritud administrativa; pero también existe
segregación política, que se expande a la negación del derecho al trabajo, a la
libertad sindical y a la libre elección de los organismos sindicales
independientes.
·
ERNESTO VILLEGAS tiene un serio problema de conciencia,
democráticamente hablando, en términos constitucionales; y un serio problema
ético, profesionalmente hablando, en términos gremiales, sobre la base de la
Ley de Ejercicio del Periodismo y nuestro Código de Ética del Periodista
Venezolano. No le es fácil, hoy, “cantar como gallo”.
·
LOS CASOS DE REPRESIÓN A LA DISIDENCIA contra el ex ministro Raúl Isaías Baduel y el profesor
de la Universidad de Carabobo, Santiago
Guevara, son brutales, simplemente brutales. Al presidente Nicolás Maduro y al
ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, les debería dar vergüenza esos
encarcelamientos por motivos políticos. ¿Meterán presos a los millones de
venezolanos y venezolanas que exigimos un cambio de rumbo en el país, y que
haya elecciones libres en los debidos lapsos constitucionales? Toda mi
solidaridad con Baduel y Guevara, a quienes no conozco, seguramente no comparto
algunos de sus planteamientos, pero defiendo sus derechos democráticos a
pensar, expresarse y actuar políticamente a conciencia, dentro de los
parámetros constitucionales.
@manuelisidro21
- @manuelisidroXXI
* Ex presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela
* Licenciado en Comunicación Social - Universidad Central de Venezuela
* Especialista en Ciencia Política - Universidad Simón Bolívar
* Columnista del semanario LA RAZÓN
* Asesor en análisis de entorno político y social
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