BOGOTÁ (AP).- La orden del presidente de Colombia Abelardo de la Espriella de iniciar operativos contra inmigrantes y deportarlos generó el lunes incertidumbre en la población venezolana que reside en el país, especialmente entre los miles de personas que aún no han regularizado su situación migratoria.
«Que empiecen los operativos coordinados con la policía de Barranquilla para dar con los inmigrantes ilegales: primero, los que están cometiendo delitos; segundo, los que no tienen regularizada su situación, y en el término de la distancia (de inmediato) tendrán que ser deportados», aseguró el conservador mandatario el domingo en esa ciudad del norte del país.
El venezolano César González, abogado migratorio residente en Colombia, aseguró el lunes a The Associated Press que la «preocupación es muchísima» entre la población venezolana. «No hemos podido ni contabilizar la cantidad de personas que nos han llamado para ver cuáles son sus opciones», explicó.
Colombia es el mayor receptor de la diáspora venezolana en la región, al acoger a 2,8 millones de migrantes de ese país, según cifras oficiales, de los casi siete millones que han salido de Venezuela en más de una década en medio de la crisis política y social.
Según cifras públicas de Migración Colombia, en el país hay más de 527.000 venezolanos que ingresaron o permanecen en el país sin cumplir con la normativa migratoria.
Al ser consultado por la AP sobre el alcance de la orden presidencial, Migración Colombia respondió que no se ha posesionado el nuevo director de la entidad, a quien le corresponderá implementar las «decisiones del gobierno nacional en materia de operativos de control, regularización y eventuales procesos de deportación».
De la Espriella, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, advirtió desde la campaña presidencial que estaría dispuesto a «devolver» a los venezolanos que no cumplieran la ley colombiana.
Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Colombia, considera que la migración venezolana a la nación colombiana ha tenido una dinámica distinta a la de otros países de la región, al compartir con Venezuela una frontera de más de 2.200 kilómetros con decenas de pasos irregulares.
«El Estado colombiano, a diferencia de otros países que pueden jugar un poco con la dinámica de la contención o incluso de la expulsión, no tiene capacidad para hacer eso», explicó Rodríguez. «Más se demora y más gasta el Estado colombiano en trasladarlos hasta la zona de frontera y entregar a las autoridades migratorias, que esa persona en volver», agregó.
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