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¡Diez años en Defensa de la Constitución!
La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución al Pueblo de Venezuela
Ante la reciente andanada de agresiones totalmente infundadas que hemos recibido de parte del gobierno de Nicolás Maduro y el PSUV, consideramos pertinente contestar con nuestra historia como grupo de reflexión y acción política.
Creemos que haber actuado de cara al país, y habernos pronunciado en cada una de las incidencias políticas fundamentales de esta década, echa por tierra toda la inmundicia insidiosa que se pretende endilgarnos. No conspiran quienes han actuado y actúan a la luz de trayectorias personales y colectivas que son ampliamente conocidas por el país.
La primera manifestación de lo que hoy somos se remonta a mediados de 2015, cuando se constituyó la Plataforma por una Auditoría Pública y Ciudadana como una manera de procesar la indignación ante la desenmascarada corrupción que testimoniaban las kilométricas colas para conseguir alimentos. Era el año en el que aprendimos el adjetivo “bachaquero” y los verbos “bachaqueo” y “bachaquear”. Nos dirigimos al entonces Consejo Moral Republicano, o Poder Moral, institución establecida en la Constitución Nacional de 1999, conformada por la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, que en ese año eran representados por Luisa Ortega Díaz, Manuel Galindo Ballesteros y Tarek William Saab respectivamente. El 15 de diciembre de ese año nos contestaron con una correspondencia oficial en la que se declaraban “incompetentes” para responder a nuestra exigencia de que se realizara dicha auditoría pública.
El 24 de febrero de 2016, teniendo como auditorio a los más voraces representantes del extractivismo mundial, Nicolás Maduro promulgó el decreto del así llamado por él, Arco Minero del Orinoco. Ciento doce mil Km cuadrados que son tierra y hábitat de más de una docena de pueblos indígenas con presencia milenaria en esa extensión territorial, que es la cuenca en la que se encuentra el agua del futuro de Venezuela, que es el ámbito de la más frágil y vital reserva de biodiversidad, se abrió a la voracidad del capital mientras se bailaba un zapateado sobre taxativos preceptos constitucionales.
En respuesta a esa agresión a la vida presente y futura de la nación venezolana y del planeta, junto a decenas de personas, nos organizamos en la Plataforma Ciudadana contra el Arco Minero del Orinoco y, en ejercicio de nuestros derechos, interpusimos ante el TSJ un Recurso de amparo y nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad de dicho decreto, también participamos en diversas manifestaciones de denuncia a esa agresión contra la vida de la nación. Como en pocas actuaciones anteriores y futuras, a pesar de lo infructuoso de la gestión realizada, siempre tendremos el mayor orgullo por haber enfrentado, y seguir enfrentando, la devastación ambiental que ese decreto presidencial produjo y sigue produciendo.
Ese mismo año 2016, la oposición organizada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) cumplió con todos los trámites exigidos para la realización del Referendo Revocatorio. Tras muchos obstáculos interpuestos en su contra, la entonces Rectora Presidenta del CNE, Dra. Tibisay Lucena, reconoció, y así lo anunció, que la MUD había completado (con creces) el requisito del 1% de las voluntades del electorado. En consecuencia, la rectora del CNE, Socorro Hernández, anunció para el 26, 27 y 28 de octubre de ese año, la recolección del 20% de las voluntades del REP, tal como lo pauta la legislación que rige la materia. Pero el gobierno de Nicolás Maduro y el PSUV, para escaparse de una derrota anunciada y reconocida por algunos de sus máximos representantes, le dieron una puñalada trapera a ese instrumento esencial de la democracia directa, participativa y protagónica como lo es la posibilidad de revocar los cargos de elección popular. Esta vez utilizó el expediente de los “tribunales pa’ lo que salga”, el mismo que había utilizado para anular las elecciones parlamentarias del estado Amazonas, y obligó al CNE a suspender el trámite final que desataba la realización del Referendo Revocatorio. Se confirmó lo evidente, que el gobierno de Nicolás Maduro y el PSUV estaban dispuestos a apartar del camino la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela porque ésta se había constituido en su mayor enemigo, como el mayor impedimento, el mayor obstáculo a su corrupción y su agresiva deriva autoritaria y represiva.
En esa circunstancia histórica nació la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (2016)[1], y desde entonces hemos actuado y nos hemos pronunciado con nuestros propios y menguados recursos para producir documentos, convocar reuniones y ruedas de prensa que es, prácticamente, lo que hemos hecho. Insurgir contra la pretensión del gobierno de Nicolás Maduro y el PSUV de violar y suprimir la Constitución Nacional, y enfrentarnos a quienes, desde un sector de la oposición, pretenden arrojarnos a una Guerra Civil, con participación internacional, como solución de los problemas que asolan a la nación venezolana.
En 2017 nos enfrentamos a la violencia. A la de las guarimbas, a la que segó más de cien vidas en las enormes manifestaciones opositoras, y a la amenaza de invasión militar del primer gobierno de Trump, quien declaró que todas las opciones estaban sobre la mesa, incluida la intervención militar. Pero sobre todo nos enfrentamos a la violencia que impuso el adefesio de la que pretendió ser una asamblea nacional constituyente que el pueblo venezolano jamás autorizó mediante el Referendo al cual obligaba la Constitución Nacional.
En enero de 2018 nos pronunciamos contra el asesinato cometido por cuerpos de seguridad del Estado y transmitido en redes sociales y varios medios de comunicación social, en una casa aledaña a El Junquito, del ex funcionario del CICPC Oscar Pérez y el grupo de siete personas que lo acompañaba, a pesar de que se habían rendido y esperaban ser hechos presos.
Ese año de elecciones presidenciales, llamamos a votar contra el gobierno de Maduro y el PSUV, y rechazamos el llamado a la abstención que hizo el mismo sector extremista de la oposición que, en lugar de respaldar la ruta electoral y constitucional, planteaba una salida de fuerza con apoyo internacional que es la vía segura a una Guerra Civil.
Nos enfrentamos a la derogación de la Constitución Nacional que pretendía hacer la inconstitucional asamblea nacional constituyente monopartidista, la cual no fue convocada por el pueblo en Referendo Consultivo como manda la Constitución.
En 2019 arrancamos la campaña por el Referendo Consultivo para la relegitimación de todos los poderes en conjunto con los compañeros de REDES, de Marea Socialista y otras agrupaciones e individualidades. En ese entonces planteábamos la necesidad de enfrentar al Estado paralelo impulsado por Estados Unidos y el Grupo de Lima, enfrentar al régimen entreguista y neo-liberal de Nicolás Maduro, y haciendo uso de nuestros derechos constitucionales, impulsamos la realización de dicho Referendo Consultivo sobre la pertinencia de relegitimar todos los poderes.
Tras la autoproclamación del entonces presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó como supuesto “presidente interino”, y el reconocimiento inmediato de su presunta presidencia que hizo el gobierno de Trump, se había concretado la mayor amenaza de Guerra Civil que habíamos vivido como nación.
En esa coyuntura, la PCDC decidió dirigir una carta al diputado Juan Guaidó, en su carácter de Presidente de la Asamblea Nacional, y otra a Nicolás Maduro en su carácter de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, para exponer la pertinencia de hacer un Referendo Consultivo sobre la relegitimación de todos los poderes como forma expedita para salir de una crisis que tenía fuertes riesgos de desembocar en violencia.
El mismo día que llevamos la carta al diputado presidente de la AN, oportunidad en la que le dijimos que el gobierno paralelo que estaba intentando erigir, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, era inconstitucional y significaba una deliberada provocación de guerra fratricida, mientras que el Referendo Consultivo que estábamos proponiendo era una posibilidad pacífica, constitucional y democrática de reconstruir la institucionalidad perdida que le era vital al país; llevamos la carta, escrita en los mismos términos, a Nicolás Maduro en el palacio de Miraflores, donde se negaron reiteradamente a recibirla.
El mismo año 2019, levantamos nuestra voz contra el llamado Estatuto de Transición aprobado por la AN presidida por Guaidó, por ser, en la práctica, una derogación de la Constitución Nacional. Denunciamos que el intento de Golpe de Estado del 30 de abril de ese año encabezado por Guaidó y el sector opositor agrupado en el llamado G4, junto a un microscópico sector de la FANB, no por estrafalario dejaba de ser un Golpe de Estado fallido. Su único logro, el traslado de Leopoldo López desde su casa, en la que estaba privado de libertad, a la embajada española que lo recibió, sólo incentivó la descomposición generalizada del ambiente político del país
Denunciamos la muerte por tortura, bajo custodia del gobierno de Nicolás Maduro, del Capitán Rafael Acosta Arévalo.
Alzamos nuestra voz contra la imposición de criminales medidas económicas coercitivas unilaterales por parte del gobierno de Trump, que constituyen actos de guerra violatorios del derecho internacional, impuestas con la expresa finalidad de descarrilar el diálogo entre el gobierno y la oposición auspiciado por el gobierno noruego.
En 2020 alertamos que las incursiones armadas marítimas intentadas por Macuto y Chuao, aún cuando rápidamente derrotadas por el gobierno, evidenciaban que para el sector extremista de la oposición que, en ese entonces, tenía como cabeza visible al diputado Juan Guaidó, la opción de fuerza con participación internacional era la vía para salir de Nicolás Maduro. El contrato con la empresa Silvercorp, una vez avalado por el gobierno de EE.UU., que determinó la organización de un grupo armado de mercenarios ejecutores de la operación golpista, fue la prueba que desmontó todas las maniobras que hizo el susodicho para zafarse de su evidente responsabilidad.
En preparación para las elecciones parlamentarias pautadas para diciembre de ese año, propusimos un acuerdo pre-electoral para atender la emergencia social. La desnutrición infantil campeaba y niñas y niños se desmayaban de hambre en las escuelas. Denunciamos el incremento de las violaciones a los Derechos Humanos durante la pandemia.
Nos enfocamos en intentar abatir la abstención electoral, planteando que esas elecciones podían ser un Referendo contra Maduro y contra Trump.
Desde que el entonces presidente Maduro la introdujo ante la falaz, inconstitucional, “plenipotenciaria” e írrita asamblea nacional constituyente, insurgimos contra la inconstitucional Ley Antibloqueo por significar una derogación, por la vía de los hechos, de la Constitución Nacional de 1999, para instalar un estado de sitio permanente en un régimen autoritario y neoliberal.
Llamamos a votar en las elecciones parlamentarias para impulsar el cambio y seguir luchando en mejores condiciones, reafirmando que para lograrlo hay que seguir una ruta pacífica, democrática y constitucional.
En febrero del año 2021 nos dirigimos públicamente a los movimientos progresistas de los Estados Unidos para que se comprendiera la necesidad de contar con su solidaridad en el enfrentamiento a las políticas que el gobierno de ese país venía adelantando contra el pueblo venezolano a través de la aplicación de sanciones ilegales.
Seguimos la lucha contra la inconstitucional Ley Antibloqueo cuyo meollo era la Ley de Zonas Económicas Especiales que, al decir de Luis Britto García, era cambiar la soberanía nacional por un plato de lentejas, pero sin las lentejas.
Denunciamos la arbitraria decisión del CNE de inhabilitar la candidatura de Eduardo Samán a la Alcaldía de Caracas; y seguimos llamando a votar en las elecciones regionales y municipales de noviembre de ese año para afirmar la paz de la República, la Constitución Nacional, y repudiar a la injerencia extranjera venga de donde venga. Culminamos el año llamando a enfrentar el atropello cometido en las elecciones de gobernador del Edo. Barinas
En enero de 2022, levantamos nuestra voz para decir que la repetición de las elecciones en el Edo. Barinas, ante la bochornosa inhabilitación del candidato ganador Freddy Superlano, era la oportunidad de un aprendizaje político sin precedentes en el ámbito de la oposición venezolana.
En febrero de 2022 denunciamos la degradación moral que reflejaba la fiesta en el Kusari Tepuy, en plena Gran Sabana, territorio ancestral del pueblo Pemón, en violación de la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, pero contando con la permisología de Aeronaútica Civil (para subir en helicóptero a los distinguidos invitados) y el Ministerio de Ecosocialismo, afectando el fragilísimo ecosistema de los tepuyes.
En marzo de ese año nos pronunciamos contra la guerra en la frontera ruso-ucraniana: contra Putin por invadir y contra la OTAN, artífice fundamental de esa horrenda mortandad con el único propósito de expandir su área de dominio.
Alzamos nuestra voz contra la pretensión del gobierno venezolano de entregar a Irán, en alquiler, 1.000.000 de hectáreas de tierra cultivable. Denunciamos que el contrato entre PDVSA y Chevron era inconstitucional y dañino para Venezuela.
En 2023 recibimos el año con veladas amenazas de represión, lo que no nos amedrentó para denunciar la pretensión de criminalizar a caficultores de Lara y Trujillo que vinieron a Caracas a reclamar el incumplimiento de los acuerdos que el gobierno había hecho con ellos. Así mismo alzamos la voz contra la obscena represión racista contra comunidades del pueblo Yukpa, en el puente sobre el Lago de Maracaibo, para impedir su decisión de apersonarse en Caracas a fin de reclamar la deuda por artesanías que el gobierno no les había pagado.
A finales de marzo de ese año, el gobierno anunció el inicio de la operación “Caiga quien caiga” con la detención de varios empresarios de la construcción, militares, jueces, altos cargos de PDVSA, autoridades electas en las planchas del PSUV y un diputado de ese partido, por su participación en una variada gama de actividades criminales que iban, desde asociación para delinquir entre el alcalde de Tejerías y el entonces enemigo público Nº 1, alias “el Conejo”, hasta la desaparición de 3.000.000.000 de dólares entre la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, pasando por extorsión de jueces a empresarios de la construcción, venta de sentencias a narcotraficantes y trata de personas para redes de prostitución.
Cuando buena parte de la opinión pública se distraía con el espectáculo mediático, nosotras y nosotros denunciamos que eso podía ser todo menos justicia, que ninguna autoridad podía imputar, juzgar y sentenciar en un mismo acto, que era muy sospechoso que estuvieran presos los subordinados, pero que su jefe, el Vicepresidente para el Área económica y ministro de Energía y Petróleo, Tareck El Aissami, permaneciera intocable tras la renuncia a sus cargos, y lo más indignante: a pesar de estar detenidos los responsables administrativos del desfalco, los tres mil millones de dólares siguen sin aparecer.
Comenzamos el 2024 denunciando la represión contra los trabajadores de la enseñanza, que se expresó en el brutal allanamiento de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza en el Edo. Barinas y la detención de su presidente, Víctor Venegas. Días más tarde, fue detenida y sometida a desaparición forzada, la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. A ese desconocimiento total de los derechos constitucionales de la ciudadanía se le llamó “Furia Bolivariana”. Con la figura del Libertador, el gobierno encubría el aplastamiento de los más elementales derechos democráticos.
Seguimos en nuestra campaña para incentivar la participación en las elecciones presidenciales de julio, sosteniendo que la abstención no podía ser una opción. Tras denunciar el fraude a la Constitución perpetrado por el CNE en las elecciones presidenciales del 28J, cuando éste proclamó reelecto a Nicolás Maduro sin haber concluido la totalización del escrutinio y sin haber publicado los resultados por mesa de votación como manda la Constitución y la Ley, denunciamos la omisión de toda la cadena de auditorías previstas en la Ley de Procesos Electorales, sobre todo la Auditoría Ciudadana, y apoyamos y suscribimos la iniciativa del ex candidato presidencial Enrique Márquez ante el TSJ. Levantamos nuestra voz contra la violenta e indiscriminada represión que desató el gobierno, llenando las cárceles de este país con más de 2000 presos por protestar contra el fraude.
Arrancamos el 2025 levantando nuestra voz contra la detención y desaparición forzosa de Enrique Márquez y Eduardo Torres (defensor de los derechos humanos). Nos mantuvimos en nuestra posición de reivindicar los verdaderos resultados del 28 de julio de 2024, votando en las elecciones parlamentarias y de gobernadores, y empezamos nuestra campaña contra la pretensión del gobierno de Maduro de reformar la Constitución Nacional para arrancarnos el derecho a votar.
El título de nuestro último pronunciamiento resume mucho de lo que ha sido nuestra posición: Venezuela. Entre la represión y la injerencia extranjera.
Eso hemos hecho. Eso hemos sido. Una voz de denuncia en defensa de la democracia y su marco jurídico: la Constitución. Un permanente llamado a la reflexión y al análisis de las diversas coyunturas que hemos atravesado.
Nos hemos pronunciado en contra de que, tanto el gobierno de Maduro, como la oposición que se siente representada en Machado, “vendan” a Venezuela como la suplidora de hidrocarburos del planeta, y la meta anunciada por ambos sectores políticos de una producción de 6.000.000 de barriles de petróleo diarios. Nosotras y nosotros decimos que fundar el futuro de Venezuela en el petróleo es como construir una casa sobre la arena. Una casa a cincuenta o sesenta años plazo, a costa de una devastación ambiental de consecuencias letales para el país y para la Tierra. Que más nos vale utilizar el tiempo de la transición energética en impedir que el petróleo, cuando no valga lo que cueste extraerlo, nos deje al Lago de Maracaibo vuelto una nata compacta y pestilente de verdín. Que el agua del Lago de Maracaibo, a diferencia del petróleo, sí que es un verdadero tesoro.
Consideramos que esos son nuestros derechos constitucionales y los hemos ejercido y ejercemos, pues los derechos que no se ejercen se pierden. No somos clandestinos ni conspiradores. Hemos denunciado las constantes provocaciones hacia una Guerra Civil y el desconocimiento a la Constitución Nacional que se han hecho desde sectores opositores que hemos identificado por sus acciones y no por sus discursos.
Hemos denunciado la corrupción del gobierno, el mayor desfalco de nuestra historia republicana, y la corrupción del sector opositor que, al decir del Dr. Humberto Calderón Berti, se repartió a CITGO y a MONOMEROS, como si de una piñata se tratara.
Hoy rechazamos vivir respirando un fraude electoral que humilló al pueblo venezolano, y la amenaza constante de la Guerra Civil que nos ofrecen quienes aspiran a que el imperio estadounidense, venga a “salvar” a Venezuela.
¡Libertad para los presos políticos! ¡Amnistía General!
¡La Constitución hay que cumplirla! ¡No reformarla!
¡Rechazamos la intervención extranjera, venga de donde venga!
Por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución:
Antonia Muñoz Oly Millán, Héctor Navarro, Juan García, Luis Mogollón, Gustavo Márquez, Edgardo Lander, Carlos Mendoza Potellá, Roberto López, Mariano Crespo, Santiago Arconada, Ana S. Viloria.
