Se puede cuestionar a Nicolás Maduro, criticar su gobierno y exigir cuentas por sus decisiones. Pero ninguna diferencia política concede a una potencia extranjera el derecho de invadir una nación, capturar a su presidente y trasladarlo por la fuerza para juzgarlo bajo sus propias leyes.
Lo ocurrido no puede normalizarse ni disfrazarse de justicia. Cuando un Estado se arroga la facultad de irrumpir militarmente en otro país y secuestrar a quien considera su adversario, no está defendiendo la democracia: está imponiendo la ley del más fuerte.
Hoy fue Venezuela. Mañana podría ser cualquier nación cuyo gobierno incomode a Washington. Si aceptamos que la fuerza sustituya al derecho internacional, la soberanía de nuestros pueblos se convertirá en una concesión revocable del imperio.
La justicia verdadera requiere pruebas, tribunales competentes, debido proceso y respeto a la autodeterminación. No bombardeos, operaciones militares ni capturas extraterritoriales.
Defender la libertad y el derecho de Maduro a un juicio legítimo no significa aprobar cada una de sus decisiones. Significa defender un principio elemental: ningún país es dueño del mundo ni puede actuar como policía, fiscal y juez de los demás.
Maduro debe ser liberado y cualquier acusación en su contra deberá resolverse mediante los mecanismos reconocidos por el derecho internacional. Porque la soberanía no se negocia y la justicia impuesta por las armas tiene otro nombre: imperialismo.
Dr. José Cuauhtémoc Cervantes Aceves
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