Antonio Machado (1937)
Gustavo Márquez Marín
La memoria histórica como escudo de la Nación
Una Nación que no conserve ni asuma su memoria histórica como referente de indentidad corre el riesgo de disolverse como entidad autónoma. Esto ocurre cuando pierde su capacidad de apropiarse de su acervo cultural, enriquecerlo y reconocerse así misma como un proyecto en continuo desarrollo. La conciencia nacional y la energía vital de un pueblo nacen y se nutren de su continuidad histórica, del aprendizaje permanente de su devenir con sus crisis y bonanzas, sus momentos rutilantes y tiempos sombríos.
Esta reflexión viene al caso porque nunca antes en nuestra historia republicana habíamos enfrentado una crisis existencial de la magnitud y alcance de la que hoy sufrimos. Se trata de una crisis existencial, porque es precisamente nuestra supervivencia como nación la que se ha puesto en juego, una vez que EEUU asumió por la fuerza el mando del Estado venezolano a través del golpe de Estado del pasado tres de enero. En los mas de seis meses que han transcurrido de desde entonces, el gringo invasor, con el poyo incondicional de Delcy Rodríguez y la cúpula del PSUV, ha venido ejecutando el plan de re-colonización de Venezuela revirtiendo de facto, la independencia ganada en Carabobo aquel 24 de junio de 1821.
La ayuda humanitaria como coartada
El gringo invasor, cual ave de rapiña hambrienta, aprovechó la tragedia del terremoto ocurrido precisamente cuando celebrábamos los 205 años de ese día glorioso, para desembarcar 2000 marines y emplazar dos poderosas naves de guerra en La Guaira, con la coartada que siempre utilizan para disimular sus groseras y sanguinarias intervenciones militares, que ejecutan para someter y atropellar la dignidad de las naciones soberanas que se resisten a sus designios: Traer “ayuda humanitaria”. Fue con escudándose con esa pantalla que asumieron el control de las operaciones del aeropuerto de Maiquetía y pretenden normalizar su permanencia y participación directa en labores de seguridad nacional junto con el despliegue de la IV Flota del Comando en aguas territoriales venezolanas para controlar el tránsito marítimo y aéreo del país. Esta dinámica insolente y repulsiva se viene desarrollando ante nuestros ojos sin que se haya evidenciado aún una resistencia contundente, más allá de algunas voces críticas aislada y algunos piquetes de protesta soberanistas. Mientras se materializa la entrega vergonzosa de la soberanía sobre los recursos estratégico de la Nación, la metrópolis colonial decidió acelerar la “transición” hacia un nuevo régimen colonial del siglo XXI: la democracia tutelada,
La trampa electoral de la transición tutelada
Sintiéndose dueños de su “patio trasero” le están dando al país el tratamiento de “tierra conquistada” sobre la cual gobiernan y se enseñorean, pretendiendo imponer el diseño y control absoluto de la transición política con el fin de “resguardarla”, para que culmine en la instalación de un estado colonial integrado a su imperio. Con las cartas sobre la mesa y a plena luz están montando una trampa: creando la ficción de que el “colonizador yanky”, en su rol de tutor, le otorgará la “legitimidad” a los poderes públicos que resulten electos en un proceso electoral, bajo su supervisión y control, con la “autoridad” inexistente que le da su condición de titular y “señor de éstas tierras”, con la falsa promesa de que este será “transparente, “competitivo” y libre”. Ésta transición política tutelada, concebida y construida por una potencia extranjera hegemónica ocupante del territorio nacional, es inconstitucional, ilegítima e inaceptable para el pueblo venezolano. No tiene precedentes en la historia de Venezuela.
Al contrario, la conducción y ejecución de los últimos tres procesos de transición política hacia cambios de régimen en el siglo XX, fueron legitimados por la soberanía popular, aunque en algunos tuvieron como punto de partida un golpe de estado (1945 y 1958). La última transición, de la IV a la V república (1998), se inició mediante el sufragio, sin romper el hilo constitucional. Pero en ninguno de los tres casos, estuvo dirigida o gestionada por una potencia extranjera invasora, porque violenta la esencia del Estado Nación: el principio de autodeterminación consagrado en el artículo 1 de la Constitución y en la Carta de las Naciones Unidas. El denominador común que tuvieron esos tres procesos de transición es que en todos, en mayor o menor medida y según su contexto histórico, su sustento y legitimidad de origen provino de la soberanía popular. Sin embargo, en el anunciado proceso de “negociación” para la transición del régimen autoritario madurista, devenido en dictadura colonial Trumpista, hacia la democracia, los actores que conforman la “comisión negociadora” carecen de legitimidad popular para asumir un rol de importancia estratégica para decidir el destino de la Patria. Su mandato proviene del gobierno de EEUU en función de sus intereses. De una potencia extranjera que invadió y ocupó nuestro territorio para despojarnos por la fuerza de la soberanía y la independencia.
El caballo de Troya electoral
Su propósito es controlar el tablero electoral para garantizar una elección supervisada y con resultados “predecibles”. Así lo ha manifestado el propio Trump: “No voy a tolerar que alguien enemigo de EEUU llegue al poder en Venezuela”. Lo dijo claro: no permitirá que regresen al poder figuras o modelos contrarios a los intereses de Washington. Para asegurarse de eso están montando una simulación teatral de una negociación ficticia, entre representantes del gobierno tutelado de Delcy Rodríguez y un sector opositor (PJ y VP) históricamente integrado al proyecto colonial estadounidense que actúan como emisarios del “Virrey” Marcos Rubio. Una negociación en la que ambas partes son funcionales a Washington y el resultado está preestablecido por la metrópolis, o sea, se trata de un caballo de Troya electoral: Aprobación de un Estatuto Electoral que desaplica la Constitución y la Ley electoral; un nuevo sistema electoral que sustituiría al actual, a pesar de que éste demostró ser confiable y transparente en la elección presidencial del 28J de 2024 en la cual, ni el ventajismo del gobierno-PSUV ni las cabriolas inconstitucionales del TSJ y el CNE, pudieron ocultar la enorme derrota que sufrió Maduro; finalmente un TSJ con nuevos magistrados que permita una correlación de fuerza que actúe según el dictamen de Washington, especialmente en las Sala Electoral y Constitucional, dos pilares fundamentales para blindar el resultado electoral deseado. Dicho de otra manera: el objetivo de ésta falsa negociación, es despojar al poder originario constituyente, al pueblo soberano, del instrumento fundamental que posee para ejercer la soberanía popular.
Solo el pueblo salva al pueblo
La transición política desde el oprobioso régimen colonial de facto actual hacia la restauración de la Constitución y la soberanía nacional debe seguir la hoja de ruta que, en otros momentos críticos de nuestra historia, trazaron las generaciones que nos precedieron: convocar por iniciativa popular al poder constituyente originario a través de una consulta referendaria, de un referéndum consultivo, de acuerdo a lo establecido en articulo 71 en concordancia con el artículo 333 de la Constitución, para que el soberano se pronuncie sobre las bases y mecanismos que deben regir dicho proceso para relegitimar los poderes y restaurar la Constitución.
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