lunes, 21 de septiembre de 2020

Radicado en Caracas juicio por secuestro y posible asesinato del Ing. Roberto Martin Masullo en Valencia



La causa fue asignada al Juzgado Veintidos de Primera Instancia en Función de Control, a cargo del juez José Mascimino Márquez García, a quien corresponde conocer los entuertos abogadiles, el abuso de poder, la corrupción de funcionarios del Sistema de Justicia en el Estado Carabobo, después de más de cuatro años de increíbles actuaciones torcidas, omisiones y pillerías, durante más de 4 años


Por decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue radicado en Caracas, el juicio por secuestro y posible asesinato del ingeniero Roberto Martin Masullo Pulido, ocurrido en Valencia, estado Carabobo, el 30 de agosto de 2016, hace más de cuatro años, sin que hasta el momento hayan realizado la audiencia preliminar, suspendida 35 veces, verdadero record nacional y tal vez mundial.

Mediante distribución en el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la causa fue asignada al Juzgado Veintidos de Primera Instancia en Función de Control, a cargo del juez José Mascimino Márquez García, a quien corresponde conocer los entuertos abogadiles, el abuso de poder, la corrupción de funcionarios del Sistema de Justicia en el Estado Carabobo, para decidir una correcta administración de justicia, después de más de cuatro años de increíbles actuaciones torcidas, omisiones y pillerías.

"Que termine esta larga noche de dolor, angustia e indignación"

La familia Masullo Pulido, representada por la madre de la víctima, Rosa Pulido de Masullo, Félix Vicente Masullo Pulido, hermano, y Vicente Masullo Betancourt, hijo, espera y reclama “justicia, que el nuevo juez Márquez García termine esta larga noche de dolor, angustia e indignación que estamos sufriendo por culpa de una banda criminal que no solo secuestró y desapareció a Roberto, sino que sus integrantes se han dedicado a saquear sus empresas, con apoyo de sus abogadas, policías corruptos y funcionarios del  Sistema de Justicia que han sido  comprados con dinero robado, vehículos y otros bienes que han vendido fraudulentamente, para después huir y residenciarse  en  Estados Unidos, donde han  legitimado capitales y han engañado a las autoridades del gobierno  del presidente Donald Trump, tramitando ‘asilo político’.

-Han hecho creer al gobierno del presidente Trump, que son perseguidas políticas del gobierno del presidente Nicolás Maduro, a cuyos funcionarios acusan falsamente de haber asesinado a Roberto Masullo, informa el ingeniero Félix Vicente Masullo Pulido. 

Se refiere Masullo Pulido a dos hermanas implicadas en los hechos:



1.- YOCSELYN LUGO MARTÍNEZ (CI: 11.568.059), ex concubina del secuestrado, con quien convivió hasta 2014, cuando la relación fue liquidada judicialmente. Dos años después ocurre el secuestro y posible asesinato de la víctima. Por el caso, el Juez Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control, Antonio José Sierra Pinto, el 24.05.2019 emite “ORDEN DE APREHENSIÓN” contra ella “por el delito CÓMPLICE NECESARIA en el delito de DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS… AUTORA DE LA VIOLACIÓN DE LA PRIVACIDAD DE LA DATA O INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL... ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR”. Con la cooperación necesaria de su amante, inspector desertor del CICPC, Werney Omar Gil (CI: 15.504.122), y de sus abogadas Grace Matileth Rodríguez de González y Yovanna Lo Manto Pérez (ambas ex funcionarias del CICPC), la indiciada logra burlar la orden de detención, se desplaza subrepticiamente en el estado Carabobo y luego se va a Colombia, viaja a Europa y desde Italia vuela a Miami, Estados Unidos, donde permanece traficando “asilo político” como “perseguida”, cuando la verdad es que es una delincuente de alta peligrosidad con ORDEN DE APREHENSIÓN DE INTERPOL, ALERTA ROJA, por solicitud de la justicia penal venezolana.



2.- MARBELYN LUGO MARTÍNEZ (Pasaporte venezolana Nro. 142627705) residenciada en New Jersey, residenciada en 189 Randoph, Ave Apartamento N 1, Jersey Condado Hudson, 07305. Solicitó recientemente “asilo político” el 4 de septiembre de 2020, junto con su esposo JORGE ABIGAÍL HERRERA MARCANO, quien arguyó los siguientes “motivos y fundamentos” ante el gobierno de Donald Trump:

“Estoy solicitando asilo político en los Estados Unidos de América porque mi vida y la de mi familia corren peligro de muerte en Venezuela, debido a mi afiliación política cono militante activo del partido Voluntad Popular”. Y seguidamente argumenta que el gobierno de Venezuela los persigue y acosa con fuerzas policiales y “colectivos”, una supuesta historia que nadie les cree en Valencia ni en Caracas, donde también son conocidos en Petare.

60.000 DÓLARES INVERTIDOS EN UN RESTAURANT

Marbelyn Lugo Martínez fue una avanzada de su hermana Yocselyn Lugo Martínez en Estados Unidos: en 2017, viajó y se radicó en New Jersey, donde “invirtió” 60.000 dólares ($ 60.000,00) de lo robado en Valencia al secuestrado desaparecido Roberto Martin Masullo Pulido, con la venta ilegal de bienes de sus empresas. Uno de los intermediario de la transferencia de dólares a MLM desde Venezuela, es Armando Conde (0414-4487354), quien recibía bolívares de YLM y le transfería dólares a su hermana en EEUU. 



Así logran hacerse accionistas del restaurant “SABOR A MAÍZ” legitimando capitales delictivos girados desde Valencia, estado Carabobo, Venezuela, mientras el juicio por el secuestro y posible asesinato del Ing. Roberto Pulido Masullo era obstruido y prácticamente paralizado, hasta el presente, cuando el TSJ ordena su radicación en Caracas, ahora a cargo del juez José Mascimino Márquez García, quien debe enmendar los entuertos y dar fe, con hechos, de la rectitud de la justicia.

CONDENA EJEMPLAR

La familia Masullo Pulido espera que los delincuentes asociados para secuestrar y desaparecer al próspero constructor de viviendas Roberto Masullo Pulido; y sus cómplices encubridores y obstructores de la justicia mediante sobornos y corrupción de funcionarios policiales y judiciales sean apresados, juzgados y condenados ejemplarmente. 

-Cuando sea oportuno –dijo Félix Vicente Masullo Pulido- nuestro abogado Orlando Rangel Domínguez presentará al juez Márquez García, la lista completa de los complotados en esta cadena de actos criminales que hasta hoy han sido cubiertos por la impunidad. Dos hermanas, un hermano, un sobrino y el amante de Yocselyn Lugo Martínez están implicados en el saqueo de las empresas de Roberto, y específicamente Werney Omar Gil, desertor del CICPC, se pasea con los vehículos de mi hermano y ha sido operador financiero para sobornar funcionarios, haciendo transferencias desde la cuenta Banesco 01340389923892081386.

AUDIENCIA PRELIMINAR SUSPENDIDA 35 VECES

Por su parte, el abogado Orlando Rangel Domínguez dijo que “parece que puede haber justicia, después de más de cuatro años de corrupción, obstrucción y lenidad en el Sistema Judicial del estado Carabobo”. 

-Cualquier abogado en ejercicio sabe qué significa que la audiencia preliminar haya sido suspendida 35 veces –afirmó ORD-, y que durante cuatro años tampoco hayan sido aprehendidos dos policías prófugos y la ciudadana Yocselyn Lugo Martínez, quien ahora está gozando lo robado en Estados Unidos, con su hermana Marbelyn Lugo Martínez, contra quien pesa una denuncia por fraude y legitimación de capitales, tanto en el CICPC como en la Fiscalía del Ministerio Público”.

SOLICITARÁN EXTRADICIÓN DE EEUU

Masullo Pulido y Rangel Domínguez indicaron finalmente, que esperan “el pronto inicio de las actividades del caso en el tribunal del doctor Márquez García, para hacer justicia, incluyendo la extradición penal de Yocselyn Lugo Martínez y Marbelyn Lugo Martínez, que vamos a solicitar en su oportunidad, antes de que funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump sean engañados por esta bando delictiva de alta peligrosidad, con la solicitud de ‘asilo político’ que están intentando fraudulentamente para ganar impunidad y cubrir sus crímenes”.

Manuel Isidro Molina

manuelisidro21@gmail.com 



viernes, 18 de septiembre de 2020

Con 20 escoltas y ordenando remodelación de cocina y comedor llegó presidente (encargado) del Banco Bicentenario

 


 

Con unos 20 escoltas y ordenando remodelación de cocina y comedor llegó el nuevo presidente (encargado) del Banco Bicentenario, Simón Zerpa, ex ministro de Economía y Finanzas, quien sustituyó a Miguel Pérez Abad, postulado por el presidente Nicolás Maduro como candidato a diputado a la Asamblea Nacional en las listas del PSUV y el Gran Polo Patriótico.



El ahora ex ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, fue designado como presidente del Banco Bicentenario del Pueblo, la Clase Obrera, Mujer y Comunas, Banco Universal, nombramiento publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria, el pasado 09 de septiembre; y desde entonces, el funcionario -según fuentes internas- ha desplegado una actividad de control gerencial, supuestamente basado en la desconfianza hacia el personal gerencial que acompañó a Pérez Abad.

También -sostienen los informantes- "Zerpa ha multiplicado los gastos y ordenó la remodelación de cocina y comedor, gastando un dineral, sin necesidad, y menos en un país bloqueado y en crisis severa como lo es Venezuela, hoy".

Simón Zerpa ocupó el despacho de Economía y Finanzas desde octubre de 2017 y fue director en la junta directiva de Pdvsa.

Detallaron los informantes del Banco Bicentenario, que el presidente encargado de es ente estatal se está manejando "fuera de la lógica administrativa y los manuales gerenciales vigentes: por ejemplo, los veinte escoltas que trajo, no los tramitó por el canal de Recursos Humanos, sino que se los cargó -no sabemos con cuánto de sueldos y otras prestaciones- a la Dirección de Finanzas".

 

Manuel Isidro Molina

manuelisidro@gmail.com

 

Comunidad de La Candelaria exige a la alcaldesa Érika Farías el cierre de estacionamiento ilegal de camiones recolectores de basura en el corazón de Caracas


 

 

 

 

La  comunidad de La Candelaria exige a la alcaldesa Érika Farías el cierre de estacionamiento ilegal de contaminantes camiones recolectores de basura, instalados por ella en el corazón de Caracas desde 2019.

Los vecinos de la parroquia La Candelaria, sector sur, han denunciado formalmente y por escrito este grave problema para su salud, en todas las instancias oficiales nacionales, regionales y municipales. Cero respuesta: los camiones siguen allí, ilegalmente y contrariando todo lógica de convivencia ciudadana, así como las cigentes normas constitucionales, ambientales y municipales.


 

Parece ser un problema que no les interesa a ninguno de los representantes de los Poderes Públicos exigidos por la protesta vecinal:

- Alcaldía del Municipio Bolivarianao Libertador.

- Gobierno del Distrito Capital.

- Ministerio de Ecosocialismo y Aguas.

- Defensoría del Pueblo.

- Fiscalía General de la República.

- Presidencia de la República.

- Asamblea Nacional.

- Asamblea Nacional Constituyente.

Pero, ¡nada! Cero respuesta al justo y urgente planteamiento vecinal, de acuerdo con el vigente orden constitucional y legal:

"Los catorce camiones recolectores de basura de SUPRA que la alcaldesa Érika Farías instaló en un terreno privado invadido por supuesto 'colectivos', debe ser clausurado".

EN MANOS DE LA ALCALDESA

El 29 de julio de 2019, fue consignada por los "VECINOS RESIDENTES DE LA CANDELARIA SUR", una comunicación dirigida a la "Ciudadana Érika Faría, Alcaldesa del Municipio Libertador. Su Despacho", planteando detalladamente el problema ambiental y sanitario provocado por los contaminantes camiones recolectores de basura instalados en el corazón de esa parroquia capitalina. Su respuesta ha sido nula, como si el problema no hubiese sido creado por ella, ni los camiones de SUPRA estuvieran estuvieran afectando gravemente la salud de toda una comunidad, a unas cuadras de los Poderes Pùblicos nacionales, regionales y municiopales. Nada se mueve, nadie escucha, ningún funcionario competente actúa. ¡Los vecinos que se la aguanten!, parece ser la consigna de los exigidos por el pueblo de Caracas. ¡Más que desidia, parece ensañamiento!

Manuel Isidro Molina

manuelisidro21@gmail.com 



jueves, 17 de septiembre de 2020

SELECCIÓN DE NOTICIAS PRINCIPALES: "Plagado de falsedades", el canciller de Venezuela critica informe sobre DDHH de la ONU

 



¡Feliz jueves! ✨ 
17.09.2020 

 ✓ Misión de la ONU indica que las autoridades cometieron violaciones graves de los DDHH en Venezuela 

✓ ONU denuncia crímenes de lesa humanidad en Venezuela 

✓ "Plagado de falsedades": el canciller de Venezuela critica el informe sobre DDHH de la ONU 

✓ Privados de libertad presunto espía de EEUU y sus cómplices vinculados a terrorismo 

✓ Trump incluye a Venezuela en la lista de principales países de tránsito y producción de drogas https://t.co/z9wNygSQK2 

✓ Trabajadores del Metro de Caracas denuncian despidos y amedrentamiento policial 

✓ Cusanno: "Los extremismos no nos están llevando a nada" 

✓ Jorge Rodríguez: Mesa de diálogo abrió camino para la paz 

✓ Timoteo Zambrano: acuerdos del diálogo se cumplieron en 99% 

✓ Rafael Quiroz Serrano: A 60 años de la OPEP 

✓ Jubilados de Pdvsa exigen sus "churupos" ante los oídos sordos del oficialismo 

✓ "Pandemia agudiza recesión económica" 

✓ "La masacre de Bogotá que nadie vio" 

✓ Quién es Carlos Rabascall, el candidato a vicepresidente que sustituirá a Correa en las elecciones ecuatorianas 

✓ Espionaje masivo de la NSA/EEUU (VIDEO) 

✓ De las filtraciones de WikiLeaks a los Papeles del Pentágono: juicio a Julián Assange en Londres 

✓ Exanalista que filtró los 'Papeles del Pentágono' sale en defensa de Assange 

✓ Por primera vez en casi dos siglos, una prestigiosa revista científica de EE.UU. apoya a un candidato presidencial 

✓ Secretario General de la ONU: "El brote de coronavirus está fuera de control" 

✓ Parece un adolescente, pero tiene 32 años: un hombre que dejó de envejecer hace 20 años comparte su historia 

✓ Científicos descubren cómo una enzima cerebral controla el deseo sexual en los hombres 

*¡La verdad por delante!*

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MANUEL ISIDRO MOLINA
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Venezuela rechaza informe sobre DDHH realizado por la Misión Independiente de la ONU por considerarlo "plagado de falsedades" y carente de "rigor metodológico"

 


 El canciller Jorge Arreaza destacó que la comisión que redactó el reporte "a distancia" está controlada por "gobiernos subordinados a Washington" que, a su juicio, ejercen la "práctica perversa de hacer política con los DDHH" 

 

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó este miércoles el informe realizado por una Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas (ONU), por considerar que está "plagado de falsedades" y no posee "rigor metodológico alguno".

Según Arreaza, la comisión que redactó el documento "a distancia" está controlada por "gobiernos subordinados a Washington" que, a su juicio, ejercen la "práctica perversa de hacer política con los Derechos Humanos (DDHH)" para agredir a Caracas.

El canciller reiteró que la cooperación de Venezuela con el Consejo de DDHH de la ONU -que ha sido renovada recientemente- se genera "de manera coordinada y constructiva" con la Oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet.

"Los avances han sido notorios y así lo ha reconocido la señora Bachelet al anunciar la renovación de nuestra relación", puntualizó el jefe de la política exterior venezolana, quien resaltó que su país desconoce, desde diciembre del año pasado, la actuación de cualquier otro mecanismo "politizado e inquisidor" que haya sido creado "con fines ideológicos por países con pésimos récords en DDHH".

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo a RT que el "origen" de este informe es una "maniobra del Grupo de Lima" y recordó el trabajo conjunto que lleva a cabo el país con la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos que "ha funcionado muy bien".

¿Qué dice el informe?

La presidenta de la misión independiente, Marta Valiñas, dijo en el informe que ese organismo dependiente de la ONU "encontró motivos razonables" para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas "han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos", que incluirían "ejecuciones arbitrarias" y el "uso sistemático de la tortura", lo que "constituye crímenes de lesa humanidad".

En el documento se asegura que el presidente Maduro y los ministros del Interior, Néstor Reverol, y de Defensa, Vladimir Padrino, "tenían conocimiento de los crímenes". Según la recomendación de la misión, el Estado venezolano "debe exigir cuentas" a los presuntos responsables.

La misión alega que no pudo visitar Venezuela "debido a que el Gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes" y ante las "restricciones de viaje debido a la pandemia de covid-19", por lo que la dependencia elaboró su informe con "274 entrevistas a distancia".

Según la misión, investigaron "223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos" y examinaron otros 2.891 "para corroborar los patrones de violaciones y crímenes".

Del mismo modo, se agrega que se analizaron "documentos confidenciales, incluidos expedientes y presentaciones de casos judiciales e información de fuente abierta".

 https://actualidad.rt.com/actualidad/366790-venezuela-rechaza-informe-mision-independiente

 

miércoles, 16 de septiembre de 2020

Misión de la ONU indica que las autoridades cometieron violaciones graves de los DDHH en Venezuela


 

 La Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de determinación de los hechos sobre Venezuela reportó que tanto el gobierno, como los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos han cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos en ese país. El informe del grupo de expertos indica que el Presidente Maduro y los ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes.

https://news.un.org/es/story/2020/09/1480562

16 Septiembre 2020
 

Los integrantes de la Misión* señalan que el Estado venezolano debe exigir cuentas a las personas responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas e impedir que se produzcan nuevos actos

La Misión, encargada de investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, publicó este miércoles su informe sobre 223 casos indagados.

Los expertos no pudieron visitar Venezuela debido a la ausencia de respuesta gubernamental pese a las reiteradas solicitudes, además de las restricciones de viaje impuestas por la pandemia de COVID-19.

Pese a ello, consiguieron 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios estatales, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También analizaron una serie de documentos confidenciales.

Posibles crímenes de lesa humanidad

El estudio identifica “patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado” y añade que “parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad”.

Los responsables del análisis indicaron que las autoridades estatales de alto rango “tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones”.

Además señala que tanto el presidente Nicolás Maduro como los ministros de Interior y Defensa estaban al tanto y que “dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

Añadió que “lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”.

Ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas de seguridad

La Misión investigó dieciséis casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que finalizaron con 53 ejecuciones extrajudiciales y también indagó 2552 incidentes en los que se produjeron más de 5000 muertes por parte de las fuerzas de seguridad,

El informe responsabiliza a dos fuerzas de seguridad – el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) – del 59% de las muertes perpetradas en el período analizado y dice que también cometieron las ejecuciones extrajudiciales documentadas.

Los expertos desatacan que “las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad, así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas”.

Detención y tortura por motivos políticos

El estudio de la participación de los servicios de inteligencia estatales concluye que el objetivo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) era identificar “a la disidencia política y a activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al gobierno”, mientras que el objetivo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) era el personal militar y los civiles asociados  presuntamente implicados en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

Los detenidos solían estar fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en “casas seguras” no oficiales y en algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso, apunta el informe

Francisco Cox, uno de los tres miembros de la Misión, explicó que las detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas contra la población civil formaban parte de una estrategia para silenciar a la oposición.

Cox añadió que “los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados”.

El poder judicial, en tela de juicio

Por último, el estudio también cuestiona la intervención del poder judicial venezolano que no logró controlar a otros agentes estatales y señala la necesidad de continuar investigando “hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial”.

“Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímeneshaciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido,” dijo Valiñas.

*La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela, integrada por Marta Valiñas (presidenta), Francisco Cox Vial y Paul Seils, se estableció en virtud de la resolución 42/25,  del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 27 de septiembre de 2019. Su mandato de un año fue investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en Venezuela desde 2014.

 

ONU denuncia crímenes de lesa humanidad en Venezuela


“El presidente Maduro y los ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”, aseguró el informe.

 La Misión Internacional Independiente para la determinación de los hechos, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, produjo un informe de 443 páginas tras examinar 223 casos, 48 de ellos estudiados de manera exhaustiva, y examinó otros 2891 para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

GINEBRA, 16 sep 2020 (IPS) - Una misión de las Naciones Unidas acusó este miércoles 16 a las fuerzas de seguridad y organismos de inteligencia de Venezuela de cometer, con conocimiento del presidente Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y Defensa, asesinatos y torturas que constituyen crímenes de lesa humanidad.

La Misión Internacional Independiente para la determinación de los hechos, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, produjo un informe de 443 páginas tras examinar 223 casos, 48 de ellos estudiados de manera exhaustiva, y examinó otros 2891 para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

Se investigaron 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales, y 2552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios, según el texto.

Se identificaron “patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad”.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad”: Marta Valiñas.

“El presidente Maduro y los ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”, aseguró el informe.

Algunas de esas violaciones, “incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad”, señaló Valiñas, a quien acompañaron en la Misión sus colegas Francisco Cox, de Chile, y Paul Seils, de Gran Bretaña.

En el examen de 140 movilizaciones policiales bautizadas “Operaciones de Liberación del Pueblo”, entre 2015 y 2017, la misión detectó la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.

Los altos funcionarios del gobierno “elogiaron repetidamente las operaciones, en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros”, señaló el informe.

Dos fuerzas de seguridad, la policía de investigaciones judiciales (CICPC) y las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) “fueron responsables de 59 por ciento de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y de las ejecuciones extrajudiciales”.

Funcionarios de la FAES dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular “enfrentamientos”, y otra fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales “luz verde para matar”.

Según Provea, organización venezolana de derechos humanos, en lo que va de 2020 las FAES y otros cuerpos policiales y militares han dado muerte a 1611 personas, la mayoría de los cuales eran “pobres y jóvenes, entre 18 y 30 años”.

Las FAES “deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad, así como sus cadenas de mando, deben rendir cuentas”, dice el informe. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también ha pedido la disolución de ese cuerpo de comandos.

Otros civiles fueron asesinados tras la aplicación de algún plan militar. Una operación en Barlovento, al este de Caracas, en 2016, terminó con una masacre después de que los soldados detuvieron arbitrariamente a 35 hombres, y resultaron 12 víctimas fatales enterradas luego en fosas comunes.

Frente a la disidencia han actuado la policía política (Sebin) y la dirección de contrainteligencia militar, en ocasiones con detenciones arbitrarias equivalentes a desapariciones forzadas temporales, y torturas como asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

Cox dijo que “los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia, tanto hombres como mujeres, a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales y amenazas de violación a la persona detenida o a sus seres queridos, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales”.

Seils llamó la atención sobre la represión de las manifestaciones de protesta entre 2014 y 2019, con 36 personas muertas en ellas, y dijo que “el sistema está diseñado para prevenir y desalentar, a menudo de forma violenta, las reuniones pacíficas”.

Los expertos sostuvieron que el poder judicial de Venezuela no ha servido para controlar a otros agentes del Estado y “es necesario seguir investigando hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial”.

Valiñas dijo que “las violaciones deben cesar y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas”.

El informe de la Misión, establecida el 27 de septiembre de 2019, calza con la presidencia de Nicolás Maduro, elegido en 2013 para suceder a su mentor, el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y reelegido en 2018 en unos comicios cuestionados por gran parte de la oposición y gobiernos extranjeros.

A-E/HM

http://www.ipsnoticias.net/2020/09/onu-denuncia-crimenes-lesa-humanidad-venezuela/