Semanario LA RAZÓN (PDF)
Manuel Isidro Molina edita GUÁRAMO DIGITAL, un medio informativo y de opinión desde Caracas, Venezuela, con las verdad por delante que analiza los sucesos venezolanos, latinoamericanos y mundiales. Su concepto editorial es plural, defensor de los derechos sociales y laborales, en resguardo de la paz y la Independencia Nacional de Venezuela frente a la agresiva política imperialista de Donald Trump que saquea los recursos petroleros y mineros de la patria de Simón Bolívar El Libertador.
domingo, 10 de mayo de 2026
🔴 AQUÍ, AHORA / La valentía y la admirable fuerza del amor de las mujeres en defensa de la vida y la memoria
Manuel Isidro Molina
«Solamente en el caso de Víctor Hugo (QEPD), estamos ante una amalgama de crímenes cometidos desde el abuso y la perversión del ejercicio del poder»
Duele y escandaliza la estremecedora revelación 'oficial' tardía de la muerte del prisionero de la DGCIM, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y el PSUV, Víctor Hugo Quero Navas (51), el ilegal enterramiento de su cadáver y el ocultamiento deliberado de los hechos, a pesar de los firmes reclamos durante meses de la señora Carmen Teresa Navas (81) y diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
Con respeto a la vida humana y al dolor de su valiente y ejemplar mamá, hoy 'Día de las Madres', me siento obligado a analizar públicamente estos luctuosos e indignantes acontecimientos que de entrada comprometen la responsabilidad política y penal de los altos cargos de los tres Poderes Públicos Nacionales involucrados en el «Sistema de Justicia» venezolano.
Solamente en el caso de Víctor Hugo (QEPD), estamos ante una amalgama de crímenes cometidos desde el abuso y la perversión del ejercicio del poder.
Lamentablemente, no es el único caso: según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, 27 compatriotas privados de libertad por motivaciones políticas -siendo culpables, inocentes o víctimas de 'siembra de delitos'- han fallecido en Venezuela durante los trece años de gobierno de Nicolás Maduro y el PSUV (2013/2026). Desde asesinatos bajo tortura hasta fallecidos por hacinamiento, maltratos y deterioro sostenido de la salud por subalimentación, enfermedades y desatención médica oportuna con tratamientos y medicación debidos, son casos que incriminan a un régimen de violación sistemática de los Derechos Humanos, en contravención a lo establecido en la Constitución de la República (CRBV) y los Códigos penales.
«En Venezuela, ha sido recurrente, históricamente, el abuso de poder con graves delitos de violación de Derechos Humanos, en su mayoría impunes»
Están comprometidos -por acción u omisión- todos los funcionarios actuantes en esos aborrecibles casos, del podrido Sistema de Justicia del país: corrompido, maltratador, torturador, homicida, irresponsable e inmoral.
Me refiero a la responsabilidad de:
1. El Presidente de la República, y sus ministro de Interior, Justicia y Paz (y jefes policiales bajo su mando); de Defensa (y jefes de la Dirección de Contrainteligencia Militar y Fiscalía General Militar, bajo su mando); y de Servicios Penitenciarios. Esto, en el ámbito del Poder Ejecutivo.
2. El Ministerio Público, encabezado por el Fiscal General de la República, del cual dependen directamente los Fiscales que investigan, califican los presuntos 'delitos', imputan y acusan a los reos durante los procesos penales; y la Defensoría del Pueblo, por negarse a velar por la vigencia de los Derechos Humanos y el Debido Proceso.
3. Los tres magistrados o magistradas de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, rectores de la rama penal del Poder Judicial, incluyendo la actuación de los jueces penales en todas las instancias, y en quienes recae la facultad de valorar las imputaciones y acusaciones formuladas por los Fiscales del Ministerio Público, y garantizar en todo tiempo los Derechos Procesales de los reos, comenzando por el sagrado derecho a nombrar libre y oportunamente a sus defensores de confianza.
4. Los abogados Defensores Públicos, adscritos a la Defensa Pública, quienes han venido actuando sin probidad y cobardemente cumpliendo las órdenes represivas del régimen de abuso de poder impuesto, siendo parte activa y denigrante de la violación sistemática e imperiosa de los más elementales derechos de los procesados.
Condenamos estos crímenes de lesa humanidad, como en el pasado condenamos, entre muchos otros, los secuestros policiales, torturas y asesinatos de: 1. El profesor Alberto Lovera, dirigente del Partido Comunista de Venezuela (PCV), cuyo cadáver apareció en una playa de Lecherías, Anzoátegui, con signos de graves torturas y amarrado con una cadena y un pico de construcción, que los matarifes del gobierno de Raul Leoni utilizaron con la pretensión de hundir el cuerpo violentado con saña y desaparecerlo por siempre;
2. El dirigente de la Liga Socialista, Jorge Rodríguez, padre de Delcy y Jorge Rodríguez Gómez, respectivamente actuales encargada de la Presidencia de la República y presidente de la Asamblea Nacional. Fue asesinato en julio de 1975 durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, bajo secuestro y tortura.
En Venezuela, ha sido recurrente, históricamente, el abuso de poder con graves delitos de violación de Derechos Humanos, en su mayoría impunes. Solo basta recordar los crímenes cometidos contra opositores políticos durante la mayor parte del siglo XX y las guerras y guerrillas del siglo XIX, para tener una idea de la dimensión del problema, motivo por el cual nunca he incurrido en el negacionismo de los partidarios de los gobernantes de turno, ayer y hoy.
Aquí en Venezuela, tenemos desde cínicos 'amnésicos' gobierneros hasta 'demócratas' defensores de los crimenes abominables de Augusto Pinochet, en Chile, y Rafael Videla, en Argentina.
«Merece máximo y amoroso reconocimiento la compatriota y mujer valiente Carmen Teresa Navas, madre de la víctima. Abundan sus testimonios de perseverancia serena y hermosa ante los carceleros de su hijo. Con esa fuerza profunda logró torcer la mentira cobarde del Sistema de Justicia venezolano»
El caso doloroso e inexcusable de Víctor Hugo Quero Navas, enluta a Venezuela toda, y especialmente a sus familiares y amigos. Cursan las investigaciones del Ministerio Público, a cuyo titular exigimos rigor legal, investigación eficaz y justicia transparente, sin encubrimientos.
Merece máximo y amoroso reconocimiento la compatriota y mujer valiente Carmen Teresa Navas, madre de la víctima. Abundan sus testimonios de perseverancia serena y hermosa ante los carceleros de su hijo. Con esa fuerza profunda logró torcer la mentira cobarde del Sistema de Justicia venezolano. Obligó al gobierno de la encargada Delcy Rodríguez a mostrar el horror de los abusos y la complicidad de tres Poderes Públicos: Ejecutivo, Judicial y Ciudadano.
Deben ser investigados también los otros 26 casos referidos por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, asi como los supuestos casos de «presos desaparecidos» (¡decenas!) denunciados por el Foro Penal.
En Venezuela, después de los horribles sistemas de violación de Derechos Humanos impuestos por los gobiernos de Marcos Pérez Jiménez, Rómulo Betancourt y Raul Leoni, ha habido cuatro procesos de 'pacificación' con liberación plena de procesados y condenados por motivos políticos, durante los gobiernos de Rafael Caldera (1969), Luis Herrera Campíns (1969), Caldera ll (1994) y Hugo Chávez (2004). El de 2026 está inconcluso, y debe alcanzar a la totalidad de presos civiles y militares por motivaciones políticas, ahora vía indulto presidencial.
«Problema grave y complejo es la pretensión de impunidad que aspiran los promotores y cómplices necesarios -traidores a la patria- de la invasión militar del 3 de enero de 2026, dia de la humillacion imperialista de la patria de Simon Bolivar»
Diosdado Cabello y su despacho de Interior, Justicia y Paz, están involucrados en el encarcelamiento y violaciones masivas de Derechos Humanos. No es cualquier obstáculo menor; como tampoco lo es la pretensión del PSUV de seguir gobernando en ilegitimidad total, absoluta e inocultable.
Problema grave y complejo es la pretensión de impunidad que aspiran los promotores y cómplices necesarios -traidores a la patria- de la invasión militar del 3 de enero de 2026, dia de la humillacion imperialista de la patria de Simon Bolivar, El Libertador. Esa madrugada comenzó el regimen colonial imperialista en Venezuela, 215 años después de nuestra histórica Declaración de Independencia, del 5 de julio de 1811. ¿Dónde está la investigación de esos crímenes de lesa patria, por parte de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General Militar y la Asamblea Nacional? Esto no anda bien, nada bien. Los patriotas nos mantenemos en resistencia frente al decadente imperio estadounidense y las genuflexiones de los cipayos coaligados que pugnan entre sí por ganarse los reconocimientos cochinos de los asesinos del Caribe.
La incertidumbre es general. Sin embargo, las máscaras, de lado y lado, están cayendo: la mentira, la corrupción, la cobardía y la sinvergüenzura vendepatria tienen piernas cortas. No podrán mantener impunes sus crímenes ni el engaño al pueblo empobrecido, quienes han traicionado a los trabajadores y sus familias, la Constitución y la Patria.
La valentía y la admirables fuerza del amor de las mujeres venezolanas en defensa de la vida y la memoria histórica, nos fortalece espiritual y moralmente para continuar cumpliendo la palabra empeñada. Toca al pueblo de Bolivar y Sucre, tomar conciencia de la realidad y echar a un lado las monsergas robolucionarias y neoliberales.
manuelisidro21@gmail.com
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sábado, 9 de mayo de 2026
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