Manuel Isidro Molina
La discusión necesaria en Venezuela, debe ir más allá del minúsculo universo impuesto por la politiquería criolla, en tiempo de autodestrucción consumista, corrupta y desaforada, impulsada por el egoismo individualista y la codicia. Claro, este reclamo no es para las élites polarizadas que se disputan el poder maniqueamente, sino para el pueblo empobrecido y traicionado, que debe rebelarse, zafarse de los discursos engañosos.
De «lo que diga Chávez» y el remedo «lo que diga Nicolás», otros tratan de imponer pasar a «lo que diga María Corina». Tal pobreza mental y anímica no es para la Venezuela actual ni mucho menos, útil para superar la tragedia histórica que sufrimos, después de haber transitado los primeros 25 años del siglo XXI.
Mariano Picón Salas dejó para nuestra memoria patria la perspectiva de que Venezuela ingresó al siglo XX en 1936; hoy, podemos afirmar que hemos perdido este primer cuarto del siglo XXI. Sin embargo, aquellos primero 35 años del XX, en medio del primitivismo feudal de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, con sus atroces prácticas represivas militaristas, dieron espacio a la consolidación de un sentido nacional, la unificación de las Fuerzas Armadas jefaturadas por Gómez, y la incipiente extracción petrolera extranjera que comenzó a rociar riqueza para la modernización de la arcaica sociedad venezolana; pero, entre 1999 y 2025 el curso ha sido regresivo, destructivo en muchas áreas, absolutamente involutivo desde el punto de vista de los derechos políticos democráticos, atroz para los derechos laborales incluyendo la destrucción del salario, y terrible para los sistemas publicos de Educacion y Salud. El pasmoso estado de las otrora vigorosas empresas básicas -desde PDVSA hasta las de Guayana y el Sistema Eléctrico Nacional- es otra muestra de lo regresivo de estos cinco lustros.
La era Chávez/Maduro ha sido, definitivamente, involutiva, no solo desde el punto de vista material e institucional, sino en el ámbito moral y ético, desde los Poderes Públicos hacia abajo, con serios rasgos mafiosos de factores de poder que se han dedicado casi impunemente al saqueo, la extorsión y el enriquecimiento ilícito. La carga es enorme hacia el futuro: serán necesarias décadas de esfuerzos consistentes y realmente patrióticos para la reconstrucción integral de Venezuela, cuyo pilar fundamental será la reconstrucción moral y ética de la sociedad venezolana.
La traición al pueblo y sus derechos constitucionales -violentados pendencieramente por quienes abusan del poder y se han asociado para delinquir- es un hecho protuberante de esta tragedia histórica, a ritmo de apartheid político-electoral.
Súmese el empobrecimiento general de la población y la destrucción del 75% de las capacidades de nuestra economía, agobiada también por el criminal bloqueo financiero y comercial internacional promovido por facciones asociadas a las vertientes neoliberales atadas a centros de poder extranjeros.
Todo ello nos ha hundido a niveles inimaginables para un país con las enormes riquezas que posee Venezuela, y la alta cota intelectual, profesional y técnica de sus trabajadores y trabajadoras, tanto en el sector público como en el privado. Difícil, muy difícil y complejo, es el reto nacional que nos debe animar para elevar una mirada solidaria y futurista sobre este desastre que ha provocado también el mayor éxodo de nuestra historia y de cualquier país del mundo, sin una guerra fratricida o internacional: ¿quién y cómo repara el descalabro poblacional causado a lo interno de cada familia venezolana, y la afectación institucional y económica generada por la fuga de talentos, a todo nivel y extensión de nuestra Patria?
Frente a tal descalabro, no sirven las flatulencias de los politicastros, siempre prestos a la rapiña y la genuflexión. Venezuela requiere y reclama vigor patriótico y solidario, responsabilidad social y personal con valentía y generosidad, sapiencia y eficacia al servicio del pueblo traicionado y empobrecido.
Fuera de las simulaciones electorales impuestas por el apartheid político desplegado por el PSUV y sus satelites y testaferros, el reto es unir a la voluntad mayoritaria de cambio progresista y solidario para forzar la renuncia de Nicolás Maduro Moros al cargo presidencial que ocupa írritamente sobre la base espuria del fraude electoral del 28 de julio de 2024, y la juramentación ilegítima del 10 de enero de 2025.
La Constitución de 1999 -vigente, a pesar de estar pisoteada por el concierto de Poderes Públicos pervertidos-, aporta el marco suficiente y expedito para convocar una nueva elección presidencia en 30 días, a partir de la falta absoluta que conlleva la renuncia de Maduro (Art. 233, CRBV).
Esa renuncia al cargo usurpado, abre el único sendero de paz y curso constitucional para superar la crisis política generada por quienes irrespetaron y se robaron la expresión de soberanía popular del 28 de julio de 2025. Esa posibilidad cierta, le ahorraría mayores traumas a la ya demasiado atropellada y traicionada Venezuela, hacia el segundo cuarto del siglo XXI. La solución que proponemos requiere de un franco entendimiento nacional que involucre a todos los factores determinantes de la sociedad venezolana, como ocurrió en 1957 hacia la renuncia, de hecho, y entrega de la Presidencia de la República por parte de dictador Marcos Pérez Jiménez, hecho histórico que convocó el apoyo institucional de las Fuerzas Armadas Nacionales, la Iglesia Católica, sectores empresariales, gremios sindicales y profesionales, diversas corrientes políticas, incluida parte de quienes daban sustento al usurpador del poder.
La Constitución marca el rumbo, sin violencia ni guerra fratricida, que es la irresponsable apuesta de las dos minorías extremistas que tras bastidores tensan la cuerda, sobre los absurdos esquemas de represión desbocada sin fin, o invasión militar extranjera.
Debemos seguir presionando democrática y constitucionalmente, para que Maduro y su entorno más comprometido comprendan que la mayoría del país no los quiere más en el poder, y que deben hacerse a un lado, vía renuncia, con otro Consejo Nacional Electoral y el nombramiento previo de un Vicepresidente (a) Ejecutivo (a) confiable y consensuado, que se encargue de la Presidencia de la República, inmediatamente. En paz y por el futuro de la Patria, sin interferencia de gobiernos extranjeros y con la convocatoria honesta y transparente de la soberania popular. Este asunto urgente es el punto número uno de la agenda política nacional.
manuelisidro21@gmail.com
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