María Alejandra Díaz Marín, la abogada constitucionalista sancionada "sorpresivamente" por la Sala Constitucional del TSJ.
Mariano Crespo Colina
Los ciudadanos Andrés Giuseppe, José Ibrahim, Yul Yabour, Carlos Ojeda, Oscar Figuera, Eduardo Sánchez, Juan Barreto y Enrique Márquez, en pleno ejercicios de sus derecho y facultades, y garantías civiles y políticas, introdujeron un recurso de amparo, ante el TSJ, con asistencia de la abogada María Alejandra Díaz Marín, para exigir que este supremo Tribunal le solicitara al CNE la publicación detallada de los resultados de las elecciones presidenciales del 28Jul, lo cual es un clamor popular. Hasta los presidentes Lula Da Silva y Gustavo Petro lo han venido solicitando, para que complido este requisito proceder a reconocer al ganador de las elecciones en cuestión, por lo que este recurso de amparo resulta absolutamente lógico y pertinente.
Ante dicha solicitud, ocurrió que los magistrados de la Sala Constitucional la calificaron como <temeraria>, por lo que no la admitieron; y procedieron de manera sorpresiva a suspender a la abogada María Alejandra por tiempo indefinido, es decir sin tiempo de caducidad, en el ejercicio profesional, y le impusieron una multa por un monto equivalente a 100 veces al tipo de cambio oficial de mayor valor. También le ordenan al Colegio de Abogados tomar las medidas disciplinarias correspondientes, me imagino que para sancionar la supuesta osadía de esta abogada litigante.
Maria Alejandra Díaz es abogada constitucionalista, fue representante del Estado venezolano ante la Corte Interamericana de DDHH, y también fue Vicepresidenta de la Comisión de Justicia y Tutela efectiva de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela electa en 2017, por lo que sus antecedentes corresponden a una profesional del Derecho bien calificada.
La verdad es que este hecho, como dijimos antes, es sorpresivo, aún cuando nuestra capacidad de asombro con el madurismo se ha venido extinguiendo. Pareciera que activar mecanismos jurídicos, cuando se trata de contrariar disposiciones o acciones del gobierno, siendo legales pasan a una especie de limbo donde todo es posible, desde la judicialización hasta la represión y la persecución.
La experiencia histórica y universal evidencian que ese tipo de orquestación no conduce, a la larga -y a veces a la corta-, a la reducción total de los sectores de la oposición a los gobiernos autoritarios. Al final del camino triunfa la democracia, como debe ser.
@marianocrespo07
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