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| El gremio periodístico venezolano ha enfrentado la represión gubernamental contra periodistas y reporteros gráficos en ejercicio profesional. |
Manuel Isidro Molina *
manuelisidro21@gmail.com
El autoritarismo del Gobierno de Nicolás Maduro, el PSUV, sus satélites y testaferros tiene una vertiente comunicacional, cuya naturaleza orgánica la hace parte del diseño represivo general que incluye la utilización perversa del Sistema de Justicia y entes gubernamentales como el ministerio de Comunicación e Información (Minci) y el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), entre otros.
La censura, el control de medios y la represión contra periodistas, reporteros gráficos y otros trabajadores de medios de comunicación social, son un conjunto de políticas que forman parte de un modelo restrictivo, con aliento monopartidista, que ha terminado por imponer un apartheid político, electoral y comunicacional en Venezuela, cuya burocracia veta, manipula, amenaza, denigra y reprime con propósitos de control y exclusión.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y organizaciones no gubernamentales como Espacio Público y Provea vienen alertando consistentemente sobre las recurrentes -ya permanentes- violaciones de los derechos constitucionales al ejercicio de la libertad de expresión (Art.57) y el derecho a la información oportuna y veraz (Art.58) del pueblo venezolano; y la obstrucción del ejercicio profesional del periodismo y del libre desenvolvimiento de las empresas y emprendimientos en el campo comunicacional.
Restricción de fuentes informativas públicas
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| El presidente Nicolás Maduro Moros, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, y Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, dirigen el estado de represión e indefensión de los trabajadores de la prensa en Venezuela, así como el acoso a propietarios y gerentes de medios de comunicación y plataformas telemáticas de información. |
El autoritarismo militarista y el ejercicio estatista y monopartidista del poder han dejado profunda huella en nuestro país durante los últimos 25 años, y el área que analizamos no podía ser la excepción.
Las fuentes informativas oficiales fueron progresivamente restringidas, el acceso de los periodistas a las instituciones públicas fue prácticamente bloqueado, solo permitido en forma unidireccional a beneficio del interés de los altos burócratas. Todos los otros niveles de la administración están vedados, haciendo letra muerta del mandato constitucional establecido en el artículo 57: (...)"_Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades"_(...). Por ello, la sociedad venezolana sobrevive subinformada y engañada por quienes controlan el poder y desconocen que la información oportuna y veraz es un componente inextricable de las políticas públicas eficientes y respetuosas de los derechos ciudadanos.
Control y represión
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| Fuerzas policiales y militares reprimen el ejercicio del periodismo, junto con bandas parapoliciales que actúan impunemente bajo financiamiento y protección del gobierno de Maduro, el PSUV, sus satelites y testaferros |
Este marco político-institucional no solo afecta a los Poderes Públicos Nacionales sino a los otros dos niveles, el estadal y el municipal. Se cultivó la cultura de la negación de la libre expresión del pensamiento, y del derecho a la información, aderezada con autoritarismo militarista y monopartidista, más un culto a la personalidad grotesco y desbocado, que comenzó con la idolatría de Hugo Chávez Frías durante el ejercicio de la Presidencia de la República y después de su muerte en marzo de 2013.
La represión interna se ha impuesto en contra de los derechos de los funcionarios públicos: los entes públicos se han convertido en cárceles para el libre pensamiento de los hombres y mujeres que prestan sus servicios a todas las instituciones del Estado controladas por el PSUV, desde el Palacio de Miraflores hasta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, centros educativos y de salud o ministerios y empresas del Estado, gobernaciones y alcaldias. Igual ocurre en los poderes Judicial, Ciudadano y Electoral.
Han impuesto tal grado de vulneración de los derechos constitucionales, que hace "aceptable" o "digerible" a ojos de la sociedad, la restricción y represión antidemocrática en el ambito comunicacional.
La sociedad venezolana hoy, es víctima de un régimen que vulnera las libertades ciudadanas y termina utilizando el Sistema de Justicia y entes como Conatel para amenazar y reprimir a periodistas, reporteros gráficos, gerentes y propietarios de medios de comunicacion social.
Según estadísticas del CNP, SNTP y Espacio Público, solo en el lapso enero/agosto de 2024 se van producido más de 200 agresiones a la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela, con participación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y policías estadales y la municipales junto con grupos parapoliciales financiados y coordinados por el Gobierno y el PSUV.
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| El poeta y otrora abogado defensor de DDHH, Tarek William Saab, en su rol de Fiscal General de la Republica, cohonesta la represion y la siembra de delitos contra ciudadanos que protestan y periodistas en ejercicio profesional. |
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| El abogado Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo, es el gran ausente: es el gran mudo de la escena publica, omitiendo el cumplimiento de sus altas competencias constitucionales frente al abuso de poder y la vulneración de los derechos sociales, politicos y profesionales de los ciudadanos y ciudadanas. |
La ONG Espacio Público documentó 269 "violaciones del derecho de libertad de expresión" en el lapso julio/agosto; mientras que el CNP condenó el aumento de las detenciones arbitrarias, amenazas, censura, cierre de medios radioeléctricos y el bloqueo y ralentización de plataformas informativas telemáticas: 12 periodistas y reporteros gráficos permanecen encarcelados bajo imputaciones de supuestos delitos de odio y terrorismo, sin respeto de los lapsos procesales, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
La exigencia de la sociedad venezolana es de respeto a los derechos constitucionales, y libertad plena para los trabajadores de la prensa injustamente privados de libertad, igual que para todos los ciudadanos y ciudadanas, que por miles son víctimas del régimen represivo impuesto por Nicolás Maduro, sus ministros, jefes militares y policiales, con la complicidad de sus satelites y testaferros.
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| La ONG Espacio Público documentó 269 "violaciones del derecho de libertad de expresión" en el lapso julio/agosto; mientras que el CNP condenó el aumento de las detenciones arbitrarias, amenazas, censura, cierre de medios radioeléctricos y el bloqueo y ralentización de plataformas informativas telemáticas. |
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