domingo, 28 de abril de 2013

PASANDO LA HOJA / La impugnación de las elecciones




Por Manuel Isidro Molina *


El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pasará a ser centro de la diatriba política del cepo chavismo-antichavismo, cuya confrontación de poder tuvo un pico el 14ª y produjo nueve asesinatos el 15A que aún Henrique Capriles y la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no han condenado claramente. La crisis política provocada por el desconocimiento opositor del triunfo de Nicolás Maduro en la elección presidencial, por supuestas irregularidades fraudulentas, le está pasando por encima a la auditoría del 46 % de las mesas electorales, según protocolo del Consejo Nacional Electoral (CNE). ¿Qué más puede venir?

Ya en 2004, la misma dirigencia opositora –entonces agrupada en la “Coordinadora Democrática”- desconoció los resultados del referendo revocatorio que ganó el gobierno del presidente Hugo Chávez con 5.800.629 votos (59,08 %, CNE). Para colmo, en otra experiencia de la agitada política venezolana, todavía se escucha a quienes sostienen que Andrés Velásquez (Causa R) ganó la Presidencia de la República en 1993, pero le fue birlada a favor de Rafael Caldera. Durante décadas, pesará sobre el presidente Nicolás Maduro ese aserto opositor, cuya demostración no ha ocurrido ni ocurrirá, al menos legalmente, pues las inconsistencias promovidas por Capriles y la MUD, hasta ahora, carecen de fuerza o suficiente entidad como para alterar el resultado oficial de la elección.

La estrategia opositora parece no solamente aventurada sino secretamente articulada con fuerte apoyo internacional de importantes sectores radicales de la derecha latinoamericana, europea y norteamericana. Sin embargo, Maduro cuenta ya con respaldo internacional institucional, desde Rusia y China hasta los gobiernos agrupados en Unasur, Alba, Celac y últimamente la Asociación de Estados del Caribe con la emblemática presencia de los presidente Juan Manuel Santos, de Colombia, y Enrique Peña Nieto, de México, cuya declaración final contempla una calurosa felicitación al pueblo venezolano por su amplia participación en la pasada elección presidencial del 14 de abril, que ratificó la vocación democrática de esa hermana nación, y saludamos al presidente Nicolás Maduro Moros por su elección como presidente de la República Bolivariana de Venezuela”.

El recurso de impugnación de la elección presidencial está previsto en el ordenamiento jurídico venezolano, pero debe ser –como todo recurso judicial- suficientemente sustentado por los recurrentes. La Sala Electoral del TSJ conocerá del expediente y calificará su admisión, y si ella es sentenciada comenzará un largo proceso judicial, cuya duración nadie puede prever. Dada las complicaciones de la materia, el cargo en disputa y la orientación pro gobierno de los magistrados que integran la Sala, escogidos con lupa sectaria por la Asamblea Nacional electa en 2005 bajo abandono opositor de los comicios, entrarán en juego las dudas en cuanto a la idoneidad de los jueces.

Con las presiones del día a día, la ciudadanía se irá desentendiendo de la diatriba chavismo-antichavismo, a partir de su ingreso a la instancia judicial. Capriles y la MUD, con gran apoyo de medios de comunicación opositores e independientes, intentarán mantener su versión sobre el presunto fraude; y Maduro y el PSUV, con el control sectario de los medios de comunicación del Estado y la concurrencia de los Poderes Públicos, harán la contraparte por el reconocimiento de los resultados oficiales dados por el CNE.

Esta absurda dinámica prolongará la semi parálisis económica, social, educativa e institucional de Venezuela, cuyo primer cuatrimestre ya está arrojando resultados negativos en Producto Interno Bruto (PIB), inflación, devaluación del bolívar, y expectativas económicas y de empleo para el resto del año. Una tragedia socioeconómica que debe ser revertida con esfuerzos serios y claros por el gobierno, dado el enrome peso del sector público en la economía venezolana y la altísima dependencia del sector privado del gasto público.

Independientemente de la cronicidad política que sufrimos, la mayoría del país debe empinarse por encima del sectarismo inoculado por el cepo chavismo-antichavismo, para evitar un colapso mayor que nos afectaría profundamente a venezolanas y venezolanos.

Históricamente, sufrimos los embates de dos dirigencias fracasadas moral y administrativamente, con altas posibilidades de convocatoria por el control que mantienen sobre los medios de comunicación social, hechos a imagen y semejanza del chavismo y el antichavismo. Seguiremos en turbulencia, pero “la sangre no llegará al río”, más allá de los crímenes que promuevan las facciones extremistas de verdaderos psicópatas incrustados en ambos bandos del cepo que nos constriñe y agrede recurrentemente.



*        ¿CUÁL PRECIO ESTÁ DISPUESTO A PAGAR EL GOBIERNO DE MADURO por las arbitrariedades del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello? ¿Las suscribe la dirigencia del PSUV? ¿A quién le interesa un Parlamento paralizado y devaluado políticamente? ¿A quién, un Poder Legislativo que excluye al 43 % (94 Gob. - 71 Op.) de sus integrantes? ¿Especie de contrapoder desde el eje PSUV-AN, cuyos dirigentes no tienen mayor relevancia nacional? En esta materia, Maduro tiene más que una papa caliente en sus manos.

*        LOS TRABAJADORES UNIVERSITARIOS  tienen toda la razón para protestar con paros escalonados. El próximo será de 96 horas. El gobierno no puede continuar sordo, ciego e inmóvil ante la crisis universitaria que fue acumulada durante la gestión del presidente Hugo Chávez, y especialmente bajo la gestión de la ministra de Educación Universitaria, Yadira Córdova. Esa pesada herencia que afecta la vida y condiciones de trabajo de docentes, investigadores, empleados y obreros universitarios, no puede ser soslayada por el presidente Nicolás Maduro y su ministro universitario Pedro Calzadilla. Elevar la valoración gubernamental de las universidades autónomas y experimentales es la mejor receta para salir de la crisis y aportar soluciones al país. El maltrato a nuestras universidades debe cesar. Una mejor comunicación, respetuosa, debe reinar.

*        EL MUNDO LABORAL VENEZOLANO asiste dividido por el cepo chavismo-antichavismo a otra celebración del 1ro. de Mayo. La independencia del movimiento sindical, sin demasiadas perturbaciones polarizantes del neobipartidismo, es clave para la recuperación sociolaboral de Venezuela, y la distensión política indispensable. Nuestro país es mucho más que chavismo y antichavismo. Los trabajadores tienen la palabra, y sus reivindicaciones trascienden el mundo del irresponsable sectarismo partidista, así como son superiores sus objetivos históricos frente a los patronos privados y públicos.

*        LA CRISIS DEL PODER JUDICIAL en el estado  Anzoátegui sigue siendo noticia, por el grave enfrentamiento interno que surge en el seno de su alta directiva. “La guerra en el Palacio de Justicia, entre la presidenta del Circuito Judicial Penal, Linda Silva, y la jueza rectora Mirna Mas Rubi,  se profundiza. A finales del mes de marzo, la presidenta del Circuito Judicial Penal ordenó la recolección de firmas entre secretarios y alguaciles para incorporarlos en un plan de adquisición de vehículos  japoneses a bajos precios y cómodos intereses; resulta pues, que la lista con las rubricas de los funcionarios judiciales fue utilizada por la presidenta del Circuito Judicial Penal para presentarla ante la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y la Dirección de Civil y Política de la Gobernación del Estado Anzoátegui en contra de la jueza rectora, acusándola de ‘maltrato laboral’. Asustados, como es lógico,    los funcionarios judiciales comparecieron ante la Gobernación a desmentir tales aseveraciones,  viven un viacrucis por las represalias y las amenazas de destitución por parte de la conductora del área penal. Ante tal situación  la juez rectora ha solicitado una investigación penal a la  Fiscalía Superior a cargo de la Dra. Katiuska Bolívar, con quien le une una gran amistad,  para incriminar y llevar a Linda Silva,   antigua rival de la fiscal superior a la guillotina”. Así,  “los justiciable sufren las calamidades de una justicia que nunca llega, dado el retardo procesal, cada día más evidente y descarado”.

*        DICEN MÁS: “Un sistema judicial como este, poco deseable, es responsable también de los resultados electorales del 14ª.  ¿Qué está pasando? Basta de caritas lindas y blusas rojas y de la vulgar injerencia de Aristóbulo en los asuntos judiciales. Estas no son ‘damas de hierro’,  son funcionarias para la tramposería y la mentira”.


@manuelisidro21