A nadie se le escapa la importancia de las venideras elecciones de gobernadores, legisladores regionales y alcaldes. Sin embargo, van teñidas de poco lucimiento de candidatos y candidatas, en su inmensa mayoría dependientes de grupos ocultos (y no tan ocultos) de poder, ora dentro del gobierno, ora en factores opositores de las finanzas, los medios y franjas de corrupción de la Cuarta y de la Quinta.
Algunos de los propuestos no son más que marionetas, lamentablemente; y otros apestan por sus antecedentes de corrupción e irresponsabilidad en el desempeño público, además de ser manejados por conocidas e impunes mafias del enriquecimiento ilícito y el abuso de poder.
El desenlace está por verse, es la gran incógnita nacional, más allá de que oficialistas u opositores ganen estas u otras gobernaciones y alcaldías. Me refiero al desenlace político no cuantitativo, al fondo de las nuevas tendencias tensadas por las pretensiones hegemónicas del gobierno autocrático y las aspiraciones restablecionistas de la crecida derecha liberal –engordada con irrelevantes neoliberales de otoño- y su aliado principal, el macartismo-betancourista.
Sin embargo, no todo está perdido. Independientemente de lo que materialicen “gobierno” y “oposición”, una amplia porción de venezolanos y venezolanas seguiremos empujando el carro de la dignidad y la decencia pública como pivote de una alternativa por una sociedad democrática equilibrada, justa socialmente e independiente desde el punto de vista internacional, con economía mixta y participación popular pluralista.
Nadie está obligado a votar por los candidatos chimbos oficialistas u opositores. Lo de la polarización es un ardid de ambos bloques apegados a la corrupción y la irresponsabilidad en el desempeño público. Libremente, si los electores y electoras consideran que en su estado o municipio le han propuesto personas que valgan la pena por su capacidad y honestidad, se producirá el voto por quien realmente exprese o resuma los anhelos de reconstrucción moral de la República , y la aplicación eficiente y decente de los recursos públicos a beneficio de nuestros compatriotas y del desarrollo armónico de la nación.
Nadie está obligado a votar por candidatos o candidatas delincuentes o marionetas de los agazapados grupos de poder que se disputan el control de Venezuela como si nuestro país fuese un botín. La mayor parte del “activismo” politiquero actual es pagado, generalmente con dinero sucio proveniente de fondos ocultos, públicos y privados; en esta materia, el abuso de poder y la corrupción del gobierno del presidente Hugo Chávez no tiene antecedente republicano. Ambos bloques tienen a la mano a sus testaferros, gente ultra enriquecida con dineros extraídos del erario mediante mil triquiñuelas estimuladas por la impunidad y la complicidad generalizada.
Sociedad mafiosa
En tiempos de la supuesta “Cuarta República” puntofijista, se criticaba la “Sociedad de Cómplices”; ahora, en el transcurso de una década de la supuesta “Quinta República”, estamos sumergidos en una “Sociedad Mafiosa”, en la que oficialistas y opositores se entrelazan codiciosos y sin vergüenza alguna.
En diciembre de 2005, hubo una primera manifestación de ilegitimación del sistema político venezolano actual: la gente no quiso ir a votar por los candidatos del chavismo o del antichavismo a la Asamblea Nacional; 75% se abstuvo y 7% votó nulo; un 82% no participó en la elección de los actuales diputados y diputadas. ¿Y qué ocurrió?: la argumentación maniquea en torno a ese histórico fenómeno, largó las más descabelladas interpretaciones, que si “la oposición se retiró”, que si “ la Asamblea Nacional es legítima”, y otras tantas sandeces.
El hecho cierto es que ciudadanos y ciudadanas no están dispuestos a votar por cuanto candidato o candidata le metan por los ojos las maquinarias oficialista u opositora. Aunque se esté manifestando una alta intención de voto en las encuestas, a la final primará el buen sentido de la gente, por lo que la votación del 23N puede resultar minoritaria. Nadie nos puede obligar a votar por gente que no merece la confianza de los electores y electoras.
EL CONFESIONARIO
EL “POTE ADUANERO” sigue activo, la masa de dinero sucio que lo nutre parece tener vida propia. Sólo una investigación anti-mafia de la Fiscalía , los tribunales y las autoridades policiales y militares podría desarticular esta red delictiva, apresando y juzgando a sus principales capos y a las cabezas de los grupos empresariales corrompidos que la alimentan. Funciona a través de la estructura nacional del SENIAT, extorsiona a empresarios inescrupulosos que evaden impuestos aduanales, y estamos hablando de miles de millones de bolívares. “El Jefe de Seguridad del Seniat, un teniente de nombre Jonatan Ladera… controla el contrabando y el `Pote Aduanero`… recogido por funcionarios que dependen de él y se maneja bajo transacciones bancarias. Esto con la complacencia de otro militar de nombre Antonio García, jefe de Control Aduanero, quien se hace de la vista gorda y cumple lo que dice el yerno del presidente… puso a su socio Radys Figueroa a dirigir la Aduana de Puerto Cabello, conocido por todos nosotros… e incluso con expedientes abiertos. En Valencia, el que maneja los `puerta-puerta` (mercancía que no se detecta y entra por contrabando) es conocido como Kevin Cárdenas… ¿Qué pasa? ¿Dónde está el jefe de Aduanas, Rafael Mata Mirabal, que no se pronuncia…?”
MIS FUENTES DEL SENIAT, además piden investigar a otros funcionarios conectados con esa mafia nacional, cuyos miembros “acosan y sobornan a muchas de sus trabajadoras con la intención de aplicarles la `operación colchón` a nuestras compañeras. Es el colmo, estamos avergonzados de estos animales... Cada gerente de Región le manda un pote de 150.000 Bs.F semanales por todas las cochinadas que hacen…” El problema es más serio de lo que el presidente Hugo Chávez, su ministro de Finanzas, Alí Rodríguez Araque, y la Fiscal General de la República , Luisa Ortega Díaz, creen. Estoy convencido de que se trata de una de las mafias más poderosas y peligrosas incrustadas en la estructura gubernamental, armada de salvaje codicia e impunidad. No es ocioso recordarle públicamente, a estos tres altos funcionarios del Estado venezolano, que toda mafia termina asesinando, tarde o temprano, más cuando la cauda es tan gigantesca y sus nexos en la estructura gubernamental le garantizan impunidad a los mafiosos.
EL MÁS RECIENTE ESCÁNDALO DEL SENIAT ha sido la detención del funcionario Antonio García, hoy preso en la DISIP , portando una valija con 210 millones de bolívares (Bs.F 210.000,00), capturado in franganti en el aeropuerto de Maiquetía cuando intentaba abordar un vuelo que lo llevaría hasta San Antonio del Táchira. Me informaron que “este funcionario es hermano de la coordinadora del Licitaciones Yaqueline García; y ambos son sobrinos del gerente general de administración del SENIAT, Juan Acosta, quien también tiene en licitaciones a su cuñado Fernando Guerrero.”
“ULTIMA HORA: el superintendente del Seniat, José David Cabello, debido a este escándalo que no puede ocultar ante la opinión pública, ordenó la remoción del jefe de la oficina de investigaciones y seguridad, quien por cierto es el yerno del presidente de la República.. .”
MEDIANTE “CONCURSO ABIERTO” con participación de una sola empresa (ZAGO MAQUINARIAS, C. A.) el SENIAT otorgó en junio un contrato “a dedo” por Bs.F 15.162.198,78 (Bs. 15.162.198.780.000,oo) para la construcción de la sede de la aduana de Maturín. No por casualidad, esa constructora tiene contratos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y en el ministerio de Infraestructura. Sus dueños –según mis fuentes- pertenecen a la familia Zambrano González, de Maturín, amigos del superintendente, ex ministro de MINFRA y ex presidente del IAAIM “Simón Bolívar”.
GUISO DE MÁS DE 2.000 MILLONES se habría producido entre la gobernación de Yaracuy y La Occidental de Seguros, C. A., en perjuicio del corredor de seguros Franklin Gutiérrez, quien formalizará la denuncia ante la Superintendencia de Seguros. Se trata de la póliza de seguro de hospitalización, cirugía y maternidad de la gobernación, que monta a unos 11 mil millones de bolívares. Sostiene el denunciante que Omar Guevara, presidente de la mencionada empresa aseguradora, se habría coludido con el gobernador (E) Alex Sánchez, el candidato oficialista a la gobernación, Julio León Heredia, el director de finanzas, Luis Aponte, y la directora de recursos humanos, Luisa Elena Eastman, para repartirse entre los mencionados personajes la comisión que legítimamente le corresponde como corredor de seguros legalmente contratado para todo el año 2008.
KALININA ORTEGA, apreciada colega periodista, está exigiendo respeto a su dignidad y protección a las autoridades, ante las constantes agresiones y hostigamiento por parte de un grupo de vecinos en la urbanización San Bernardino de Caracas. El grave caso delictivo está en manos del ministerio del Interior y Justicia, la Fiscalía , la Alcaldía Metropolitana de Caracas y la Policía Metropolitana, pero la banda agresora cuenta con protección de supuestos funcionarios gubernamentales, policiales y judiciales. Una rara mezcla de abusos de abogados, santeros y personas codiciosas y desconsideradas que la agreden constantemente, pretendiendo echarla de su casa y de la urbanización. Tengo la lista completa de personas y descripción de situaciones, que comenzaré a publicar si continúan las agresiones. Solidariamente, pido a las autoridades ejecutivas y judiciales su urgente y definitiva intervención, ante un conflicto vecinal que viene desde hace varios años, en el cual Kalinina ha ganado en todas las instancias.
manuelisidro21@gmail.com
Columna publicada en el semanario LA RAZÓN, Caracas 07-09-2008
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