Luis Britto García
Las noticias sobre Venezuela han dejado de aparecer en los medios venezolanos. Para enterarnos del destino y administración de los recursos que nos pertenecen debemos recurrir a fuentes internacionales.
Así, tras larga pesquisa en Internet, descubrimos información del _Financial Times_ según la cual desde enero hasta comienzos de julio de 2026 «Estados Unidos ha ingresado 13 billones de dólares procedentes del petróleo venezolano» (para los anglosajones un billion es mil millones).
Para la referida información, el _Financial Times_ habría utilizado datos acopiados por Kpler, firma que ejerce la vigilancia satelital sobre los cargamentos de petróleo que circulan por los océanos, y particularmente los extraídos de Venezuela a partir del secuestro del presidente Nicolás Maduro. Kpler calculó el valor monetario de ellos según estimaciones de precios procedentes de Argus Media.
A fin de comprender la magnitud del gigantesco latrocinio infligido a nuestro país, debemos recordar que la suma del Presupuesto de la Nación venezolano asignada para el Gasto Público durante el año 2026 equivale a 19 mil 948 millones de dólares. En solo seis meses Estados Unidos nos habría despojado de 13 mil millones de dólares; a fin de año, de seguir al mismo ritmo, el latrocinio alcanzaría unos 26 mil millones de dólares, unos seis mil millones más que lo previsto para todas nuestras erogaciones públicas durante todo un año.
Ninguna norma venezolana de ninguna índole, ni constitucional, ni legal, ni reglamentaria, ningún tratado internacional válido autoriza este inconcebible latrocinio contra nuestro país y nuestro pueblo. Todos aquellos que colaboren en él incurren en responsabilidad civil, penal y administrativa y son personalmente responsables de su reparación.
Sobre los inicios de este monumental expolio escribí el 27 de febrero del este año el estudio: «¿A quién pertenecen los recursos naturales de Venezuela?», cuya publicación fue rechazada por la prensa local. Una página web creada por el Gobierno apenas informa que de tales fondos, represados en una partida del Tesoro de los Estados Unidos, habrían sido transferidos a nuestro país en marzo apenas unos 300 millones de dólares. De acuerdo con informaciones del funcionario del Departamento de Estado Michael Kozak, unos tres mil millones de dólares procedentes de la venta del petróleo venezolano habrían sido reintegrados a Venezuela, pero tales afirmaciones carecen de fuentes verificables.
Acerca del paradero de los restantes 12 mil 700 millones de dólares no hay informes, ni por parte de los estadounidenses ni de nuestra administración ni de nadie. Nada se sabe tampoco de los movimientos de una partida secreta en Qatar con fondos pertenecientes a Venezuela manejada discrecionalmente por el Presidente y el Secretario de Estado de la potencia invasora.
Tampoco se conoce si los fondos estimados por _Financial Times_ provienen de ventas de petróleo venezolano por algunas compañías estadounidenses que, como Chevron, seguían trabajando en nuestro país por una dispensa especial de la misma potencia bloqueadora, si proceden de pozos operados por Petróleos de Venezuela S.A. o si vienen de la venta de hidrocarburos extraídos por empresas chinas o rusas como las filiales de Rosznef, que operan en nuestro país en función de concesiones legítimas.
Asimismo, falta información sobre si se están aplicando mecanismos de inspección, fiscalización y control sobre el manejo de tales fondos venezolanos sustraídos por los estadounidenses. Ni siquiera se conoce si han sido efectivamente depositados en una partida del Tesoro de su país, en cumplimiento de la Executive Order 14.373, ni bajo cuáles normas y con qué efectos para los responsables.
«Crea Vd., general, que a la sombra del misterio no trabaja sino el crimen», escribió Simón Bolívar a Francisco de Paula Santander el 6 de abril de 1820. Una densa tiniebla ha caído sobre el pueblo venezolano: en todo lo concerniente al uso y destino de sus recursos, a la forma en que serán satisfechas sus más elementales necesidades de alimentación, salud, vivienda, transporte, defensa, educación, cultura, al ejercicio de sus derechos, al goce de independencia y soberanía. Un telón de opacidad encubre los más relevantes datos sobre el presente y el destino de nuestro país.
El 24 de julio el Gobierno Nacional anuncia que accede a 346 millones de dólares de sus propios recursos en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para dedicarlos a infraestructura, viviendas y servicios público esenciales. A dicha institución sólo se acude para solicitar empréstitos que solo se otorgan a cambio de abrumadores compromisos e impagables intereses. Dura situación es la de un país que para paliar los efectos de una catástrofe natural deba endeudarse todavía más, mientras sus fondos de 13 mil millones de dólares provenientes de la venta de sus hidrocarburos permanecen secuestrados en el Tesoro del mismo país que lo invadió y bombardeó.
Por ello, resulta irrisoria la oferta del Presidente del país invasor de aportar 15 millones de dólares para aliviar los efectos del terremoto en Venezuela, mientras valiéndose de su Executive Order 14.373 mantendría incautados en el Tesoro de los Estados Unidos activos venezolanos casi mil veces mayores que su ofensiva limosna, fondos que incluso la mencionada norma reconoce como «propiedad del gobierno de Venezuela», aunque nuestro país no puede gozar, disponer ni usar de ellos.
Una vez más me veo obligado a citar la desoladora máxima de Voltaire según la cual «en la guerra de lo que se trata, ante todo, es del robo». Venezuela es víctima de una guerra iniciada unilateralmente por la mayor potencia armamentista del mundo; no se ha suscrito Tratado de Paz, y la situación de los venezolanos y de sus bienes en nuestro país no es otra que la exposición al ilimitado pillaje por fuerzas extranjeras enemigas o sus cómplices.
En tiempos de las bárbaras naciones se permitía el saqueo de uno, dos o excepcionalmente tres días sobre los pueblos vencidos. El Presidente de los Estados Uniidos intenta imponer el latrocinio absoluto: el saqueo de todas las riquezas de nuestro país durante todos los segundos, horas, días, meses y años venideros, hasta que lo obliguemos a dejar de hacerlo.
La expoliación casi total de los recursos de un país es crimen contra todos y contra todo.
Caracas, 31 de julio de 2026
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