-Junto a nuestro pueblo, exigimos de los empleadores públicos y privados un salario mínimo acorde con el costo de la vida, como lo establece el artículo 91 de la Constitución vigente, evidentemente pisoteada por el sector oficial y sus asociados privados, que siguen victimizando a la familia trabajadora venezolana.
-«Salario mínimo igual a la canasta básica» es un reclamo general justo e impostergable, dentro de una política pública que reconstruya el salario y respete los derechos laborales constitucionales y legales vulnerados.
-Reinstitucionalizada una verdadera política salarial que remunere justa y eficientemente las capacidades y niveles de responsabilidad y productividad de trabajadoras y trabajadores, debe establecerse la indexación salarial permanente, validada mensualmente con base en el valor real del bolívar y su poder adquisitivo, de acuerdo con los indicadores del Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
-Igualmente, deben ser objeto de justicia social las trabajadoras y los trabajadores jubilados y pensionados, arrinconados hoy en la peor pobreza y abandono. Para ellas y ellos, exigimos pensiones dignas y jubilaciones acordes con las remuneraciones y otros beneficios de los cargos equivalentes en la actualidad.
-Empleadores públicos y privados saben perfectamente que una pensión mensual de 1,5 dólares es un insulto a la dignidad de la persona humana, lo que equivale a un salario diario miserable de 0,05 dólares. Esta aberración es simplemente intolerable, por lo que debe procederse inmediatamente al aumento del salario mínimo nacional.
-Desde el punto de vista del ejercicio democrático en las organizaciones sindicales y gremiales, planteamos la urgente designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, que lejos de la política coercitiva y fraudulenta existente, garantice la relegitimación de sus dirigentes.
-Desde el punto de vista político institucional, denunciamos que la inestabilidad existente es perniciosa económica y socialmente, por lo que debe ser superada mediante la renuncia de Nicolas Maduro Moros a la Presidencia de la República que usurpa desde el pasado 10 de enero de 2025, sobre la base del insólito fraude electoral del 28 de julio de 2024.
-Su renuncia al cargo usurpado generaría falta absoluta y la convocatoria a elección presidencial en lapso no mayor de 30 días, como lo establece la Constitución, previa designación de un Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, y un Consejo Nacional Electoral confiables y probos, como lo manda la Constitución.
-Somos convencidos de que la superación de la tragedia histórica que arrastra a los trabajadores activos, jubilados y pensionados a los actuales niveles de pobreza e injusticias, solo puede ser superada si la Venezuela emergente y progresista se propone y logra echar del poder a los usurpadores, sus cómplices y testaferros.
No hay justicia social sin democracia, y no hay democracia sin justicia social; ambas sobre la base de una alta moral en la función publica, ética en el desempeño privado y compromiso solidario en la sociedad toda.
En vísperas del 1ro. de Mayo, reiteramos nuestro compromiso de lucha solidaria, patriotismo y visión futurista por el desarrollo armónico de Venezuela, hoy saqueada y traicionada por politicastros y corruptos agazapados en los vericuetos del poder.
Por el Movimiento Popular Alternativo (MPA)
Manuel Isidro Molina
Presidente
Caracas, 28 de abril de 2025
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