Desde comienzo de 2015, advertimos del incremento de
la violencia mafiosa, la corrupción de funcionarios militares y policiales, y
el abuso de poder desde la gobernación del estado Bolívar y la alcaldía de
Guasipati, contra centenares de mineros del oro en el sur de Guayana, y hoy se
constata una verdadera masacre con más de 100 (cien) víctimas mortales solo en
febrero pasado.
Los poderes públicos nacionales han permanecido
cuadrapléjicos, ciegos y mudos ante la escalada que se estaba incubando con trasegó
de armas de guerra –desde revólveres y pistolas automáticas 9 mm hasta fusiles
de asalta AH-47 y M15, subametralladoras y bazookas, de exclusivo porte de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
En
nuestra columna PASANDO LA HOJA publicada
el 21.12.2014 en el semanario caraqueño La Razón y en este blog, reiteramos las
denuncias y advertencias bajo el título “Aquí manda el hampa”:
”El gobernador
Francisco Rangel Gómez es asociado al fracaso por el incremento del agresivo
clima mafioso que oprime al pueblo en el estado Bolívar, fenómeno que involucra
a guerrilleros y paramilitares colombianos, narcotraficantes y bandas de
atracadores, secuestradores y extorsionadores asociados con corrompidos agentes
de la policía regional, el Cicpc, la Guardia Nacional Bolivariana, el Ejército
y el Sebin, protuberantemente en las zonas mineras del oro, el diamante y otras
piedras valiosas como el coltan, llamado ‘oro
azul’ por su creciente valor internacional.
“La pasada
noche de miércoles a jueves, fue asesinado junto con su esposa, en la cama, el
reconocido dirigente minero Pedro Fabio Arzola en su casa de El Callao. ‘Los masacraron a plomo’.
“Fabio ‘Manganzón’ (así llamaban
cordialmente al defensor de los derechos de los mineros, “un pionero”) fue ‘asesinado
con 42 balazos por haber denunciado por radio tanta corrupción y extorsión’, desatadas por
sanguinarias mafias que así atemorizan a otros dirigentes mineros del sur de
Bolívar, en el eje Guasipati-El Callao y otras zonas mineras. Hasta el viernes,
la prensa regional no había informado del monstruoso crimen.
“Según
testimonios confidenciales de mineros víctimas de las sanguinarias mafias
extorsionadoras, ‘aquí manda el hampa’. La zona es hostigada permanentemente por
los grupos criminales controlados desde la gobernación y la policía regional,
que mantienen bandas armadas con decenas de fusiles de asalto (“Ak-47 y M15”),
pistolas 9 mm. y otras armas de guerra como ‘lanzagranadas
y bazookas… que le son suministradas por ‘El Gordo’ y ‘el hijo del Gordo’, que
aquí todos saben quiénes son’.
“‘Llegan
al campamento Las Vainitas, en helicópteros del Ejército o en camionetas negras
sin placas con el alcalde a llevarse el oro y dejar las armas’, dicen indignados los denunciantes, ahora más atemorizados por el cruel
asesinato de Fabio y su mujer.
“Esa plaga
delictiva está descontrolada. Los mineros piden ‘al presidente
Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello que vengan a la zona, esto es tierra de
nadie, manda el hampa’.
“Esos
testimonios indican que la zona minera de Bolívar es un polvorín: ‘Comenzó
la guerra, los mineros se están armando y van a pelear’. Allá, la pudrición criminal es
generalizada, de acuerdo con las denuncias recibidas”.
http://manuelisidroxxi.blogspot.com/2014/12/pasando-la-hoja-aqui-manda-el-hampa.html
“Ley de la
selva”
A la semana siguiente, domingo 28.12.2014,
insistimos en la denuncia sobre esta especie de “Ley de la selva” en la zona
minera del oro, entre Guasipati y El Callao, así como la ruina en que se
encuentra Minerven, la única empresa de oro en el mundo que da pérdidas:
“LA GRAVE
SITUACIÓN AL SUR DE GUAYANA incluye la
corrupción de oficiales del Ejército que extorsionan a los mineros obligándoles
a entregarles parte del oro extraído en zonas de Guasipati, El Callao,
Tumeremo, El Dorado y Santa Elena.
“UN CASO
DENUNCIADO ES EL DEL ‘CHINGO’ GONZÁLEZ, teniente, quien con su tropa en
alcabalas móviles ‘cobra’ a los mineros entre cien y trescientas ‘gramas de oro’ (así se expresan los mineros), cuyo valor
aproximado es de 5.000 bolívares por gramo.
“ESTE OFICIAL
CORROMPIDO cuenta con intermediarios civiles que
despliegan un plan extorsivo amenazando a los mineros a nombre ‘del general’,
refiriéndose al comandante de la brigada de Ejército acantonada en la zona
minera, pero se sabe que el alto oficial no hace parte de las acciones
extorsivas.
“UNA DECIDIDA
LABOR DE INTELIGENCIA MILITAR debe ser
ordenada para desmantelar la incipiente corrupción militar en el sur de
Guayana, donde se ha multiplicado la minería ilegal, ‘destructiva y anárquica’,
a cargo de unos 150.000 mineros.
“LA CODICIA ES UN POTENTE MOTOR para la corrupción de funcionarios
regionales, policías y militares en Guayana, lo que involucra a altos cargos de
la gobernación y la policía regional junto a familiares y otros testaferros en
la cadena delictiva.
“MINEROS
EXTORSIONADOS denuncian que “el alcalde actúa con los malandros, asfaltó la carretera para las
minas de su papá y está metido en Las Vainitas con ‘El Gordo’ y su hijo”.
“TODO ESTO
OCURRE MIENTRAS MINERVEN FRACASA por el
desmantelamiento de sus instalaciones industriales desde que pasó a manos de
Pdvsa Industrial. Su producción está en mínimos históricos. Con unos 6.000
trabajadores, la empresa carece actualmente de explosivos, cal y cianuro,
porque “Minerven no paga a sus
proveedores”.
“MINERVEN
PRODUCE APENAS ‘8 KILOGRAMOS DE ORO’ semanalmente, cuando tiene capacidad para
moler 700 toneladas de material bruto por día, con una recuperación de oro de
entre 11 y 32 gramos por tonelada.
“ESTE DESBALANCE
PRODUCTIVO DE MINERVEN tiene un componente de torpeza
administrativa y gerencial que ha llevado a la empresa al foso, seguramente la
única empresa del oro quebrada en el mundo; pero también estaría siendo atacada
por el flagelo de la corrupción, pues expertos consideran que se estaría
produciendo una masiva fuga de oro mediante sub declaración de producción en el
espeluznante orden de 50 % o más: ‘Dependiendo
de la zona y tipo de material, una tonelada paga 32 gramos de oro, pero dicen
que paga 8 o 10 gramos’.
“LA PLANTA PERÚ
DE MINERVEN ha sido desmantelada, y la de Las
Cristinas ‘está paralizada’,
mientras corre un contrato por 18.000 millones de dólares con el consorcio
chino Citic Group, para el estudio de reservas de oro y minería en general de
Venezuela. Los estudios del oro ya están realizados por CVG-Minerven, desde
hace décadas.
“LA FUGA DE ORO
DE GUAYANA se produce en forma masiva hacia el
exterior, estimando los entendidos que las mafias tienen rutas aéreas y
acuáticas ilegales hacia Colombia, Brasil, Trinidad-Tobago, Inglaterra y
España, entre otros destinos, por lo que de las 30 toneladas de oro que
realmente se producen cada año, apenas una fracción llega a las arcas del Banco
Central de Venezuela. No exagero al afirmar que este aciago cuadro nos coloca
ante ‘el desastre del oro’”.
http://manuelisidroxxi.blogspot.com/2014/12/pasando-la-hoja-feliz-despolarizacion.html
Llamado (desatendido) a las autoridades
El primer domingo de 2015 (04 de enero), las denuncias fueron ampliadas
con nuevas revelaciones confidenciales de diversas fuentes de Ciudad Guayana,
Ciudad Bolívar, Guasipati y El Callao, así como de las zonas mineras sometidas
a tan enorme gradpo de presión delictiva, pero tampoco hubo respuestas de las
autoridades nacionales, policiales y militares, Continuaba la matanza y el
dominio mafioso:
“REGRESAMOS A LA CORROMPIDA ZONA DEL ORO, al sur de
Guayana, donde las codiciosas mafias están incrustadas en el gobierno del
estado Bolívar, la policía regional, los municipios mineros, la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (Cicpc). Hasta algunos ‘pastores’ evangélicos están asociados a
las mafias.
“EN LA MINA ‘LAS
VAINITAS’ el ‘pastor’ cobra la extorsión a los mineros: ‘Tienen
que entregarle una grama, cada uno, semanalmente, en combinación con ‘el Gordo’
y ‘el hijo del Gordo’.
MÁS DE 150
FUSILES DE ASALTO, METRALLETAS y otras armas de fuego ha introducido ‘la
mafia del Gordo y su hijo’, a la zona minera de Las Vainitas,
según estimaciones de mineros extorsionados. ‘Se están armando para atacar,
quieren sacar a los mineros independientes, que no aceptan en control mafioso
que extorsiona con apoyo militar y policial, en el sur de Guayana’.
“LA
EXTRACCIÓN DE UNAS 30 TONELADAS DE OROanualmente requiere la
intervención del frágil ecosistema de bosques y ríos, de imponderables
consecuencias para el futuro hidroeléctrico de las cuencas de los ríos Caroní,
Caura y Aro, sobre las cuales está el sistema estratégico de generación
hidroeléctrica venezolano. Hoy existe un desastre, que incluye el
desmantelamiento de Minerven, ahora adscrita a Pdvsa Industrial, varias de
cuyas plantas han sido desmanteladas por el pillaje y la irresponsabilidad
administrativa.
“LA MINERÍA
ILEGAL Y EL CONTRIOL MAFIOSO deben ser suplantados por comunas
organizadas, según la legislación vigente, en combinación con la explotación
industrial pública y privada, nacional e internacional, que también permita la
introducción de nuevas tecnologías y el manejo científico –no depredador- de
minas y cuencas.
“LOS MINEROS
PIDEN apoyo consistente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB) y el sistema judicial y de seguridad de la nación, para regimentar
apropiadamente la explotación minera en Guayana, pero exigen que las
autoridades desmonten los tinglados de militares y policías corrompidos que se
han asociado con las mafias para extorsionar a quienes tradicionalmente viven
de la explotación del oro.
“OTRO
PROBLEMA GRAVE es la contaminación ambiental por el uso incontrolado
de mercurio y cianuro, lo que está afectando a los pobladores de Guasipati, El
Callao, Tumeremo y El Dorado.
UNAS 187 ZONAS
MINERAS DE GUAYANA están ‘controladas’ por
paramilitares colombianos, según expertos de la región. Rige la ‘ley de la selva’ y los mineros y
pobladores venezolanos son sus principales víctimas.
“A LOS
PARAMILITARES COLOMBIANOS se suma la delincuencia común: desde las
cárceles –así como controlan la industria de la construcción y extorsionan al
comercio y la actividad agropecuaria-, los ‘pranes’
y jefes de bandas delictivas actúan sobre las minas de oro y diamantes. ‘La
producción es desviada a manos de bandas de narcotraficantes colombianos, que
utilizan pistas y rutas aéreas clandestinas: traen y venden cocaína y marihuana,
y se llevan oro y diamantes’. Por supuesto, con su carga de
violencia delictiva: armas, sicariato, extorsión, prostitución y corrupción de
militares y policías venezolanos.
“PARTE DEL
ORO ILEGALMENTE ‘EXPORTADO’ por las mafias desde el sur de Guayana, es
comprado por traficantes de oro en Brasil, Colombia, Trinidad-Topbago, Curazao,
España y Gran Bretaña, lo que no puede ser reducido y llevado a su mínima expresión,
si no se erradica la corrupción codiciosa entre oficiales militares y
comisarios policiales nacionales, regionales y municipales en las zonas
mineras.
“DESDE LA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR, operan varios tentáculos mafiosos para el control
de la actividad minera –principalmente oro y diamantes- en el sur de Guayana,
según denuncias confidenciales. El
presidente Nicolás Maduro; el
vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza;
y la ministra de Interior, justicia y Paz, Carmen
Meléndez, deben –tienen la obligación moral, legal e institucional-
enfrentar este grave problema que viene desmoronando la moral pública en el
estado Bolívar, donde la corrupción y la acción criminal de las mafias se viene
desarrollando a la luz del día, bajo complicidad oficial, amenazante y
pendenciera.
“LA
CORRUPCIÓN DE OFICIALES MILITARES y los desmanes que vienen cometiendo
en las zonas mineras de Guayana, es inevadible problema moral, operativo e
institucional para el alto mando militar, encabezado por el general en jefe
Padrino López, ministro de la Defensa y comandante del CEOFANB.
“NO HAY
DERECHO a que codiciosos oficiales corrompidos sigan destruyendo la
moral militar en Venezuela, y acabando con el prestigio institucional de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana entre nuestra población, cada vez más
decepcionada por las tropelías de esos falsos ‘hijos’ de nuestro libertador
Simón Bolívar, quien fue un líder moral que combatió a los corruptos, como cáncer
en el Ejército Libertador de nuestra Independencia”.
En
nuestra columna del 01.03.2015 insistimos en resaltar la matanza de mineros.
Sin embrago, nos quedamos cortos porque la realidad superó estimaciones de
nuestras fuentes confidenciales. Esto fue lo que escribimos:
“CONTINÚA
MATANZA DE MINEROS en Guayana. Esta semana, fueron asesinados
unos ocho extractores de oro en la mina ‘La Florinda’ (eje Guasipati-El
Callao), supuestamente a manos de bandas armadas de ‘Las Vainitas’ con fusiles
AK-47, pistolas automáticas y otras armas de alta potencia suministradas por
autoridades regionales y municipales.
“CORRUPCIÓN Y
VIOLENCIA son parte de la cotidianidad en el sur de Guayana: ‘En
el municipio Sifontes del estado Bolívar, poblaciones de Tumeremo y El Dorado,
funcionarios del Ejército, Guardia Nacional y Policía del Estado Bolívar
contrabandean gasolina y alimentos hacia Guyana y minas adyacentes. Además,
reciben cuotas (‘Vacunas’) fijas en oro todas las semanas, de parte de los
jefes de los grupos armados que controlan las minas de esta zona. En el mes de
octubre pasado, uno de estos grupos armados tomó la vía de San Martín de
Turumbán (vía isla Anacoco) y detenían todos los vehículos, bajaban a todos y
nos ponían a trabajar como si fuésemos esclavos echando pico, pala y machete,
a punta de pistola, Fal, R15, para reparar la vía destruida por el paso de
gandolas que contrabandean combustible para ellos. La GNB, Ejército y
grupos de privados que pagan en cada alcabala 700 bolívares por barril, el cual
es vendido en 11.000 y 12.000 bolívares a orilla del puerto de San Martín de
Turumbán. De Tumeremo a aquí, hay 97 kilómetros. Cobran en Bs. 1.000 el
pasaje y son vehículos rústicos toyota y camionetas bronco, monopolizados por
una cooperativa. En este trayecto existen 4 alcabalas (Casa Blanca, San Martín,
Anacoco y una móvil), dos de la GNB y dos del Ejercito. Más el destacamento de
una compañía del Ejercito, en la propia isla de Anacoco. Aquí, no hay moral ni
respeto ni donde denunciar, ya que se corre el riesgo de ser asesinado por
funcionarios corruptos o por las mafias armadas’.
“EN EL CICPC
TUMEREMO ‘algunos funcionarios cobran hasta Bs. 100.000 a familiares de presos
para no reseñarlos ni pasarlos a fiscalía y tribunales. También hacen su agosto
cobrando a los del menudeo de la gasolina (estos son los que tienen carro solo
para recargar el tanque dos o tres veces tras el pago de Bs. 500 a los GNB y al
que despacha la gasolina) los cuales llenan pimpinas y las venden a los
contrabandistas mayores. Estos es corrupción total’.
Así abrió
su edición del domingo 01.03.2015 el diario El Nuevo Guayanés (@nuevoguayanes),
en la que resume el drama que venimos denunciando en este blog desde diciembre
pasado. Sostienen los colegas periodistas del mencionado rotativo:
“La lucha por el control de la mina Cicapra en (el municipio Juan Germán) Rocio, habría generado una
matazón entre el bando del ‘Menor’ y otros cobradores de vacuna. Están
desapareciendo los cadáveres para no establecer la cifra exacta”.
La
cuantificación es terrible:
“No menos de 100 muertos generó el sector en la última
semana. El pueblo está consternado por el hecho nunca visto en su historia”.
Seguidamente, El Nuevo Guayanés describe otra cara
del drama existente por el desmadre de la violencia, ante la mirada marmórea de
los Poderes Públicos, a pesar de las denuncias y recomendaciones de los propios
mineros:
“Familias enteras han huido del pueblo (Guasipati) ante el temor de perder sus vidas o las de
sus seres queridos”.
Finalmente, el periódico refleja las operaciones
militares:
“La intervención del Ejército hizo que los
antisociales decidieran caerse a bala con ellos” (SIC).
¿Qué harán Poderes Públicos,
Banco Central de Venezuela, Pdvsa y gobernación de Bolívar?
Aterrorizados,
los vecinos de los municipios mineros del oro en el sur de Guayana, se
preguntan qué hará el gobierno, y qué harán los poderes Judicial y Ciudadano
(Fiscalía, Defensoría del Pueblo). Específicamente -junto a los atribulados
pobladores y mineros-, preguntamos qué harán los jefes militares, tanto el
ministerio de Defensa y el Comando Estratégico Operacional como los mandos de
los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: Ejército, Armada,
Aviación y Guardia Nacional, cuya acción coordinada se hace indispensable,
superando la codiciosa corrupción de algunos de sus oficiales en la zona.
También, ¿qué hará la directiva del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC)? Ambas instituciones del estado tienen el
grave problema de la corrupción activa de funcionarios suyos, igual que la
policía del estado Bolívar y la alcaldía del municipio Rocio.
El
gobernador Francisco Rangel Gómez no se queda atrás, es parte del problema y no
puede seguir como si no hubiese roto un palto. ¿Y personalmente, el presidente
Nicolás Maduro y los presidentes del Banco Central de Venezuela y de Petróleos
de Venezuela S. A. (Pdvsa), que harán, seguirán postrados irresponsablemente?
Esa
matanza hay que cortarla, y comenzar a poner orden en la extensa y rica zona
del oro en el sur de Guayana, como clama el pueblo desde las minas, Guasipati,
El Callao, El Dorado y otros pueblos que hoy son víctimas de este desastre
mafioso que le está explotando en la cara a las autoridades nacionales y
regionales.
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