ENTREVISTA / Contralora General (encargada) de
la República
Por MANUEL ISIDRO MOLINA
Foto: MIGUEL ACURERO
Con
magnífica vista sobre varias zonas de Caracas, Adelina González nos recibió en
su despacho de la Contraloría General de la República, dispuesta a un diálogo
franco que tuvo altibajos, desde el profundo respeto a su maestro y compañero
titular del cargo, Clodosvaldo Russián, fallecido el 20.06.2011 en La Habana,
Cuba; hasta señalar un único nombre de la larga lista de inhabilitados por
hechos de corrupción e irregularidades administrativas: Leopoldo López.
La contralora está decidida a no perder la esperanza en la lucha contra la corrupción, pese a los "comités de padrinos" que surgen cada vez que se inicia una investigación.
-El presidente Nicolás Maduro, el lunes
24 de junio, desde el Campo de Carabobo, dijo que la corrupción amenaza la vida
de la patria. ¿Han discutido, usted y su equipo, algún reenvío de la labor de
la Contraloría en articulación con la Fiscalía y el Poder Ejecutivo?
-Nosotros
siempre hemos actuado en apoyo a la Fiscalía; nos piden apoyo de expertos
porque valoran el trabajo que hacen los funcionarios de Contraloría. Los mismos
fiscales pueden dar fe de eso.
-¿Dónde falla la cadena? En el
ámbito financiero público el enriquecimiento ilícito es de antología…
-Esos son
delitos vinculados a la corrupción, que deben ser perseguidos. La corrupción es
un delito de astucia. Esos presuntos corruptos no informan en sus declaraciones
juradas, las operaciones ilícitas que hicieron. Son operaciones financieras
nacionales e internacionales; hay un problema de complicidad colectiva en el
sistema bancario y el sistema empresarial.
-Se conoce que son familiares de
altos funcionarios, amigos. ¿Por qué no desarticulan esas bandas delictivas?
-Esas
bandas delictivas tienen que trabajarse con inteligencia policial, ¡po-li-cial!
Hay una unidad de inteligencia financiera, que está en la Superintendencia de
Bancos y tiene gente muy calificada, muy preparada para perseguirlos. Hay una
unidad especializada en la Fiscalía. Los que menos acceso tenemos a esa
información financiera nacional e internacional, somos los de la Contraloría. En
todo lo que pueda corresponder a la Contraloría, tenemos la mejor disposición.
-¿Qué está fallando? Algo debe estar
pasando, porque hay familias enteras delinquiendo en Venezuela.
-Esos
funcionarios no tienen los bienes a su nombre, los familiares que ostentan esas
riquezas son generalmente mayores de edad y no están incluidos en su
declaración. Es decir, hay una limitación de tipo legal, porque la información
que se maneja a través del sistema económico financiero no es accesible a los
órganos del Estado. Yo no puedo obtener directamente la información del sistema
bancario; igual ocurre con el sistema de identificación, no tenemos acceso; y
más engorroso es con el sistema de notarías y registros. No hay una base
informática.
-Aquí están digitalizadas todas las
bibliotecas, pero los registros y notarías no se digitalizan…
-Hay que ir
hacia allá, y que la Contraloría tenga acceso a la información de las cuentas
bancarias. Venezuela suscribió la Convención Mundial contra la Corrupción,
además de la Convención Americana contra
la Corrupción, y está levantado el secreto bancario.
-¿Desde ese punto de vista,
Venezuela es una especie de paraíso fiscal?
-Pudiera
decirse, porque la información que está a nivel de la banca y a nivel de los
registros mercantiles e inmobiliarios es casi inaccesible. Esa es una
herramienta que hay que abordar y poner en movimiento al Estado, a través de un
decreto presidencial. Sería un nuevo instrumento en la lucha contra la
corrupción. Hay que trabajarlo.
-¿Qué planteamiento le haría al
Presidente de la República y a la Fiscal General, en materia de enriquecimiento
ilícito?
-No creo
que deba hacerle recomendaciones a ninguno de los dos, porque ambos tienen muy
bien definida su visión y el rol que a cada uno le corresponde desempeñar.
-¿Lo desempeñan?
-Sí, creo
que sí, porque yo estoy en un órgano del Estado que le corresponde perseguir la
corrupción desde el punto de vista administrativo. La gente cree, y es un mal
que se le ha hecho a la lucha contra la corrupción, que una declaratoria de
responsabilidad administrativa no es una sanción; la gente quiere es ver
presos, entiende que la única sanción es la penal, y no es verdad. Nosotros
tenemos una sanción de tipo moral, todos los órganos de control fiscal tienen
esa potestad.
-¿Por qué ante la declaratoria de
responsabilidad administrativa y ante la inhabilitación, la sinvergüenzura es
generalizada?
-Así es.
Hay una complicidad perversa manipulada mediáticamente, porque se hizo ver que
estos cambios que se dieron en la ley obedecían a “persecuciones políticas”.
Hicieron ver que la inhabilitación impuesta por la Contraloría es una
persecución política, y eso es falso. Es una declaración accesoria a la
declaratoria de responsabilidad, que concluye prácticamente después de treinta
y seis meses de trabajo técnico. La sanción es moral, y en este país no
tendremos una real lucha contra la corrupción, si no entendemos que una persona
así sancionada debería quedar vetada para volver a ser funcionario público.
-Dicen que si eres opositor, estás
indefenso ante estos procedimientos…
-Falso.
-¿Por qué?
-Falso,
porque la ley trae un procedimiento especialísimo, y somos estrictos en el
respeto al procedimiento. El señor que hizo la campaña de que le habían violado
todos sus derechos humanos, que él era una víctima por las donaciones que
recibió de Pdvsa: El problema no es que las donaciones de Pdvsa son ilegales,
el problema es que él era funcionario de Pdvsa y su mamá, quien le otorgó la
donación, era funcionaria de Pdvsa.
-¿Está hablando de Leopoldo López?
-Sí, el
caso específico ese. El otro caso tiene que ver con su gestión en la Alcaldía
de Chacao, donde declara una insuficiencia con un subterfugio jurídico para
utilizar los fondos en otra cosa. Y así cantidad de personas, que usted entra a
la página web de la Contraloría, busca el informe y están los elementos que
dieron por conclusión una sanción. No es persecución política.
-¿Se les da oportunidad de defensa?
-¡A todos!
-¿Oportunidad de rebatir?
-Este
procedimiento es tan novedoso, el de la Ley de Contraloría, que te garantiza
derecho a la defensa, al debido proceso, a promover todos los medios
probatorios para desvirtuar los hallazgos de la auditoría, tiene una audiencia
oral y pública. Eso no existía antes. Y el procedimiento es exactamente igual
para todos.
-¿Y por qué no concluyen casos donde
se ven involucrados personeros del oficialismo o del chavismo? Pareciera que no
solo tienen derecho a la defensa sino “derecho a la gaveta”…
-Ja, ja…
No, no, no… Esa es una especulación. Es lento el procedimiento en la
Contraloría, y cuando son investigados los casos, se presentan. De verdad, yo
les pido entren en la página web. Yo no voy a referir casos en particular,
entren a la página web, vean los hallazgos, se dicen las irregularidades y
quienes ejercían los cargos respectivos para el momento. Se sancionan. Tal vez,
no al ritmo que quisieran, pero se sancionan. La gente piensa que hay
impunidad, y eso ha hecho muchísimo daño a la democracia, al proceso y a las
instituciones. Ha hecho daño, la impunidad.
-El ministro Jorge Giordani y la
presidenta del Banco Central de Venezuela, Edmee Betancourt han sugerido el
desvío de unos 30 mil millones de dólares anuales, vía Cadivi y Sitme. ¿Ustedes
han estimado la cuantía o el porcentaje del impacto de la corrupción sobre el
presupuesto público?
-No. Sería
una especulación porque el presupuesto se formula para atender unas necesidades
durante un ejercicio fiscal, y nadie lo podría hacer, establecer una cifra.
Sería una especulación. Cuantificar el impacto que podría tener la corrupción
en un presupuesto, sería especulativo.
-¿No tienen idea de la masa
dineraria involucrada en los casos de corrupción?
-Es que no
auditamos todo el presupuesto. Auditamos puntualmente determinadas actividades
o entes públicos. Para tener esa referencia, tendría que tomar el treinta por
ciento del presupuesto, por lo menos, que desde el punto de vista de auditoría
es una muestra representativa. Pero eso requiere una magnitud de trabajo
auditor, imposible.
-¿No lo han hecho?
-No lo
hemos hecho, y no creo que lo haya hecho ningún órgano de control a nivel
mundial. Se puede saber cuánto es el movimiento financiero, cuánto crece la
economía; pero saber cuánto es la corrupción, no. Porque eso son las cifras
negras.
-¿Y no pueden innovar?
-Sí, es
posible. Y, a lo mejor, para allá van las cooperaciones internacionales, esos
instrumentos que se suscriben, y nosotros deberíamos abordar, como Estado, una
estrategia distinta. ¿Cuándo vamos a pedir la repatriación de los capitales que
se han llevado los corruptos?
-Si no tienen persecución penal en
Venezuela, ¿cómo va a haber un reclamo internacional sobre lavado de dinero?
-En el caso
de los bancos, la quiebra de los bancos, hubo persecución penal, y sacaron el
dinero, hubo operaciones en mesas de dinero y transacciones electrónicas, el
dinero está en el exterior, pero nosotros no hemos pedido la repatriación de
esos capitales.
-¿O sea, que la corrupción tiene una
pata en el país y otra en el exterior?
-Es así.
-¿Desde el punto de vista
financiero?
-Desde el
punto de vista financiero, sí; pero, bueno, ese es el capitalismo. Parte del
capitalismo son operaciones especulativas. Tienen un supuesto discurso contra
la corrupción, pero los corruptos tienen sus recursos en su país. Se lo dije a
un fiscal anticorrupción que estuvo en la OEA explicando cómo hacía Estados
Unidos la persecución: Es que aquí en su país, está un individuo que estafó en
mi país, se trajo ese dinero a su país, lo tiene acá en Estados Unidos, compró
una empresa televisiva, está operando libremente y está protegido por el estado
norteamericano; y el fiscal me respondió que él no podía hablar de esos casos,
ni siquiera con su familia.
-Y al revés, ¿quienes a nombre del
“socialismo” se han enriquecido grotescamente?
-Esos son
delitos de lesa patria. Creo que con el llamado dramático del presidente
Maduro, ayer (24 de junio), que realmente me conmovió porque nosotros (en la
CGR) hemos luchado contra eso, si no luchamos contra eso, nos va a devorar. La
gente siente que se perdió la esperanza. La gran misión que debemos abordar es
la “misión conciencia”, para rescatar los valores. Requerimos un despertar, hay
que estremecer a la gente.
-¿Demasiada inmoralidad esparcida?
-Demasiado
tiempo dejando ver y dejando pasar las cosas. Y cuando uno inicia una actividad
(investigativa), en seguida surge un “comité de padrinos” para abogar por los
investigados. Nosotros nunca hemos sido simpáticos en la Contraloría, y
Clodosvaldo siempre decía: “No vamos a ganar jamás un premio de simpatía”.
Debemos reivindicar una cantidad de trabajos que se han hecho, han sido
descalificados, muchas veces, por los propios funcionarios del Estado.
Ignorarlos es una forma de complicidad con la corrupción.
-¿Se puede pensar que un hombre como
Clodosvaldo Russián y usted misma, han “arado en el mar”?
-No. Siento
que no hemos arado en el mar. Este despertar, esta lucha contra la corrupción
ya no es un discurso, y el pueblo está dispuesto a hacer justicia, en el
sentido de que no va a dejar pasar a los corruptos.
-¿Caiga quien caiga?
-No los va
a dejar pasar, caiga quien caiga. Este pueblo está convencido. Yo creo en eso.
Siento que este trabajo que hemos hecho durante trece años en la Contraloría,
va dando sus frutos. Podemos mostrarlo al país. Podemos ver a la cara a
cualquiera de los sancionados por la Contraloría, porque no le hemos inventado
nada. Lo peor que nos puede pasar es que nos venza la desesperanza, y ahí si no
vamos a ceder. No nos va a vencer la desesperanza.
-Hay un término en la jerga de la
corrupción que es “maquillar”… ¿Cómo lo confrontan?
-Pues sí,
se descubre. No hay crimen perfecto y, como decía el periodista José Campos
Suárez, “el crimen no paga”. Pueden
montar una apariencia de legalidad, pero cuando haces un cruce de la
información se les cae. Los primeros funcionarios sancionados con la nueva Ley
de la Contraloría General de la República, inhabilitados por quince años,
fueron cinco funcionarios de este organismo.
-¿No fueron objeto de persecución
penal?
-No. Se
sancionaron administrativamente porque montaban facturas desde una misma
computadora, las empresas no suministraron esos bienes.
-¿Eso no es delincuencia organizada
o asociación para delinquir?
-Pudiera
ser, pero por los montos de las adquisiciones, eran realmente pequeños. Se
declararon responsables, se destituyeron y se inhabilitaron.
-¿Por qué persiste la idea de que la
Contraloría no investiga, no castiga y prácticamente se hace cómplice de la
corrupción?
-Antes no
estaba circunscrito al Ministerio Público el privilegio de la acción penal, y
se podía acudir a los tribunales de Salvaguarda del Patrimonio Público. Nosotros
hacemos nuestras investigaciones administrativas, y la Fiscalía tiene la
potestad de valorar. Los informes de la Contraloría sobre enriquecimiento
ilícito hacen plena prueba, pero el fiscal, si no está convencido de nuestro
informe, puede solicitar cualquier prueba adicional, y es válido presentar o no
la acusación.
“Creo en el poder popular”
-¿Siente alguna debilidad por ser
“encargada” de la Contraloría General?
-No, no la
siento. Era subcontralora y la ley ordenó asumir la vacante absoluta del
titular, hasta tanto la Asamblea Nacional designe un nuevo Contralor; y actúo
con toda la legitimidad que me da la investidura, y lo prevé la Constitución.
-¿Desea ser considerada en la lista de aspirantes a Contralor
General titular en la Asamblea Nacional?
-No creo.
-¿No cree o no quiere?
-(Risas) No
está planteado, porque ya son cuarenta y dos años en la administración pública,
y creo en la renovación. No pienso enchinchorrarme, porque puedo ser útil en
otro sitio, en los consejos comunales, creo en el poder popular. Hemos
preparado más de treinta mil ciudadanos como contralores sociales.
PERFIL
·
NACIMIENTO: San Fernando de Apure, “23 de
abril”
·
Abogada (UCV-1982). Postgrados: Gerencia de Recursos Humanos (U. Simón
Bolívar), Máster en Gerencia Pública
(U. Latinoamericana y del Caribe – U. Nacional de Educación a Distancia de
España, UNED), egresada del III Curso
sobre Presupuestación, Contabilidad y Control del Gasto Público (Instituto
de Estudios Fiscales de España).
·
Contralora General (encargada) de la República, desde el fallecimiento del titular Clodosvaldo
Russián, junio de 2011
·
Miembro del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la
Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA)
·
Presidenta del Consejo Moral Republicano (2013)
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