PASANDO LA HOJA / Ridículos aires neocoloniales

Por Manuel Isidro Molina

España, Francia, Italia y Portugal acaban de mostrar sus ridículos aires neocoloniales bajo inducción de la CIA estadounidense, en el insultante e inadmisible cerco aéreo del presidente de Bolivia, Evo Morales, a quien impidieron paso por sus espacios aéreos y aterrizaje por el supuesto negado de que a bordo del avión presidencial viajaba el ex espía telemático de EEUU, Edward Snowde.

La inmediata protesta y condena internacional de América Latina y el Caribe nos habla de la gravedad de este inmoral y agresivo acto de piratería internacional por parte del mencionado grupo de países europeos controlados por Washington.

Desde José Miguel Insulsa, secretario general de la OEA, hasta los presidentes de la Unasur, pasando por el secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), se pronunciaron contundentemente;

 pero en Venezuela, el sesudo “líder de la oposición venezolana” Henrique Capriles Radonski trató de banalizar los hechos, igual que la derecha opinática de sus expertos en relaciones internacionales y otros voceros “académicos”, que en conjunto lo que dan es vergüenza.

La decisión del presidente Nicolás Maduro de dar asilo por protección humanitaria a Snowde, es un gesto encomiable y plenamente justificado.

EEUU está persiguiendo infructuosamente a quienes se han atrevido a denunciar ante el mundo la gigantesca red de espionaje electrónico que ha desplegado su gobierno, fuerzas armadas y agencias de espionaje, ya con envergadura mundial, incluso en contra de sus dominados “aliados”.

La decisión de Maduro tendrá consecuencias retaliativas por parte de EEUU, cuyo alcance se desconoce todavía. Pero, la dignidad de América Latina y el Caribe, justifica el riesgo asumido. La inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas participamos de la condena a ese acto de piratería neocolonial europea, y de la solidaridad con el presidente Morales y el pueblo boliviano.

·        JOSÉ VICENTE RANGEL debe explicarle al país cuál es su relación con Bernabé Gutiérrez, secretario de organización nacional del partido Acción Democrática (AD), y si es cierto que ha servido como traficante de influencias para beneficiar judicialmente al ex gobernador del estado Amazonas en el juicio que se le sigue en el estado Anzoátegui por enriquecimiento ilícito durante su gestión en Puerto Ayacucho. 

·        ESTE ES UN CASO EMBLEMÁTICO de la complicidad con los pudrimillonarios de la “Cuarta República”, extendida a la “Quinta República”, que comenzó en 1999 cuando dejaron en libertad de abandonar el país al ex presidente Carlos Andrés Pérez, quien estaba privado de libertad (casa por cárcel) en su residencia y fue electo senador por el estado Táchira, en 1998; y al cesar su inmunidad parlamentaria debió regresar a “La Ahumada” a seguir el juicio penal, bajo privación de libertad, por las llamadas “cuentas mancomunadas” con Cecilia Matos. JVR y Luis Miquilena

fueron artífices de aquella “liberación” que marcó la sinvergüenzura histórica del gobierno del presidente Hugo Chávez, el Poder Judicial y la Fiscalía del Ministerio Público ante la corrupción desbordada hasta el presente, cuando el presidente Nicolás Maduro intenta infructuosamente atacarla.

·        FACTORES DEL OFICIALISMO asociados a la enorme red de mafias pudrimillonarias “chavistas” se mueven sigilosas contra las proclamas anticorrupción del presidente Nicolás Maduro.

 Su argumento es que el apresamiento y enjuiciamiento de tanto corrupto a lo largo y ancho del país, afectaría los resultados electorales del 8 de diciembre próximo, no sólo por el desprestigio político que baña al PSUV sino por la merma de recursos de los pudrimillonarios para el financiamiento de las campañas de aspirantes a alcaldías y concejalías.

·        EL CHANTAJE DE LOS PUDRIMILLONARIOS dentro del gobierno y el PSUV tendría peso, dado el debilitamiento evidente del potencial electoral del PSUV y sus aliados, precisamente por el descaro de sus mafias pudrimillonarias, acostumbradas a cobijarse bajo el liderazgo de Chávez, quien ya no está para esos efectos. A nivel local, se conoce perfectamente a quienes de limpios de solemnidad pasaron, aferrados al liderazgo del finado presidente Hugo Chávez, a portadores de riquezas: propiedades inmobiliarias, vehículos de elevados precios y costoso mantenimiento, consumismo, viajes y muestras inocultables de vida ostentosa de sus familiares y círculos de amistades y testaferros. En los pueblos y ciudades, conocen al detalle a esos pillos pudrimillonarios que han lucrado a nombre del “socialismo”, la “justicia social” y la “revolución”.

·        EL EX GOBERNADOR LUIS GALLARDO, con bienes y otras riquezas en Guárico y Aragua, es muestra de la crisis gubernamental por la magnitud de las redes mafiosas para el enriquecimiento ilícito. Una facción del Psuv lo está defendiendo abiertamente, tanto en Guárico como en Aragua. Están “pidiendo cacao” porque saben que si las investigaciones judiciales se profundizan se producirá una especie de efecto dominó arrastrando a decenas de pudrimillonarios asociados a Gallardo. ¿Cómo explicar que Gallardo sea dueño de un fuerte paquete accionario de la Universidad Bicentenaria de Aragua?, por ejemplo.

·         A FINALES DE 2011 denunciamos en esta columna (http://manuelisidroxxi.blogspot.com/search?q=gallardo), las estrechas relaciones entre el gobernador del estado Guárico, Luis Gallardo, y el entonces magistrado Aponte Aponte. “El ex juez caído en desgracia nombró a la hija del gobernador Gallardo, Jueza Superior en Caracas en el área de Niños y Adolescentes, Jueza de Violencia contra la Mujer en Aragua, y, por último, Jueza Superior en Lopna en el mismo estado, sin que la abogada Blanca Gallardo, cumpliera con los requisitos de ley, según mis fuentes.

El gobernador de Guárico y Aponte Aponte son socios y caimanes del mismo pozo. Uno de sus testaferros de apellido Cozzo, construyó un edificio de solo 14 apartamentos en Maracay con dinero cuya procedencia debe ser investigada.

El gobernador Gallardo, una hermana suya, una “amiga” del destituido magistrado de nombre Wendy Salazar, también jueza de la Republica y el propio Aponte Aponte, son los propietarios de los apartamentos del lujoso inmueble. Aponte Aponte y su socio Gallardo poseen bienes de fortuna que deben ser investigados. Desde su posición como Fiscal General Militar y luego como magistrado del TSJ protegió a la otra hija de Gallardo, oficial de la Aviación Militar Bolivariana, quien con el rango de teniente también es propietaria de un apartamento en Maracay, que ningún oficial puede adquirir con un sueldo modesto. 

Luis Gallardo, el gobernador llanero, es dueño de no menos de 10 locales comerciales y otros inmuebles en Maracay, gracias a su relación con el ex magistrado, hoy entregado como informante a la DEA y otras agencias de espionaje estadounidenses.

 El Presidente del Circuito Judicial Penal de ese estado central, Francisco Cogiolla, fue de igual modo designado por Aponte Aponte, a pedido del Ministro de Relaciones Interiores, Tarek el Aisami. Es demostrable la buena relación de amistad y de sociedad que ambos personajes mantienen. Tanto es así que en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG), cuando Gallardo era el Rector de esa casa de estudios, nombró a Eladio Aponte, Jefe del Postgrado en Derecho Penal y Criminología”. ¿Quién investiga?

·        LA EMPRESA CONSTRUCTORA DANFRE, C. A. (Campo Alegre Av. Bermudez Sur Residencia 240, Maracay, Aragua - Venezuela) tiene suerte (sus dueños, digo): Durante el rectorado de Luis Gallardo en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG), recibió varios contratos de obras,  algunas de ellas inconclusas, y luego le tocó en la gobernación de Guárico. Mis fuentes piden se investigue la relación Gallardo-Danfre, C. A. 

·        12-50187CA40 es el código del expediente de la Corte Federal de Estados Unidos que investiga, entre otros, al abogado venezolano Alejandro Castillo por presunta legitimación de capitales. ¿Son inconsistentes las acusaciones? AC, casualmente, es el jefe de investigaciones contra la delincuencia organizada y legitimación de capitales de la Fiscalía General de la República. Por rogatoria judicial, la fiscala general Luisa Ortega Díaz debería enterarse oficialmente sobre la consistencia de la investigación judicial en contra de su subalterno del alto gabinete del Ministerio Público. La gravedad de esta eventualidad delictiva no puede pasar por debajo de la mesa.

·        LAVADO DE DÓLARES procedentes de Colombia tiene asiento en los venezolanos estados de Táchira y Mérida, delito en el cual estarían involucrados algunos médicos y otros trabajadores de la salud cubanos de la Misión Barrio Adentro.

·        PARECE IRRECONCILIABLE la pugna entre los ministros Jorge Giordani (Planificación) y Nelson Merentes (Finanzas). Una de las manzanas de la discordia –se sabe- es el manejo mafioso de la asignación de dólares Cadivi y Sitme, ahora Sicad. Miles de millones de dólares administrados por el Estado (BCV-Finanzas) han ido a parar a manos de empresas de maletín de pudrimillonarios del alto gobierno y sus asociados para delinquir (hijos, cónyuges, amantes y otros testaferros). Esa “papa caliente” está en manos del presidente Nicolás Maduro, quien hace locuaces llamados a la lucha contra la corrupción. ¿Desmantelará a la mafia Merentes?

·        FUE AGREDIDO A GOLPES el concejal Nerio Monagas (Psuv) en Bejuma, estado Carabobo. “De un carro Aveo negro, se bajaron y lo golpearon”, mientras dejaron esta amenaza: “Dile a Carlos Limonta (presidente del Concejo Municipal) que si no aprueban la memoria y cuenta del alcalde Lorenzo, está muerto”. 

·        EL ALCALDE LORENZO (Bejuma) es un apostador empedernido y tiene una cuerda de gallos de pelea multimillonaria y una cuadra de caballos de coleo, así como otros signos de riqueza que no puede justificar. El problema no para ahí, pues dicen los militantes del Psuv que si “no cambian a los alcaldes de Güigüe, Libertador, Guacara, Montalbán y Bejuma, perderemos de calle… tienen 70 % de rechazo”.

·        MARÍA BELÉN RAMÍREZ (CI: 5.106.065) dirige en Ejido, estado Mérida, un tal “Comité de Terrenos y Vivienda del Municipio Campo Elías” (RIF J-29812641-8), que ofreció construir 600 apartamentos de 3 habitaciones y 2 baños, y pidió 10.000 bolívares a cada familia sin vivienda “para entrar en el proyecto”, unos 6.000.000 bolívares. La oferta incluyó a la empresa Biankini, C. A. (RIF J-8026309) como constructora. El tiempo ha pasado, y nada. La gente afectada se siente estafada y pide la devolución del dinero, pero nada. El caso es que MBR acusa al ministerio de la Vivienda y Hábitat y a la alcaldía de Ejido por obstruir el proyecto y le dice a sus víctimas que tiene una hija “apoyada por el ministro Jaua, en la Vicepresidencia Ejecutiva de la República”. Los terrenos están ubicados en Manzano Bajo, pero carecen de permiso municipal y del indispensable estudio de impacto ambiental.

·        ALARMADOS VECINOS de Guareguare denuncian que “el Willian" fue dejado en libertad por supuesta complicidad de agentes del Cicpc. Lidera una banda de peligrosos secuestradores, pero ahora anda en un vistoso jeep dando muestras de riqueza y prepotente descaro. ¿Guapo y apoya'o? Piden al Cicpc investiguen antes de que secuestre y asesine a empresarios de los altos mirandinos, que es su "especialidad". Y los funcionarios del Cicpc supuestamente involucrados con la banda, deben ser investigados y enjuiciados penalmente, si se comprobara su actuación delictiva.

·         LASER AIR LINES está prestando un pésimo servicio. Sus retrasos son generalizados, pero el ente regulador no hace nada, salvo imponerle esporádicas multas, mientras los pasajeros somos las víctimas de tales incumplimientos. Me tocó personalmente en el vuelo 928 Maiquetía-El Vigía, del viernes 5 de julio. Programado inicialmente para las 10:30 am., fue pospuesto para las 12.30 pm., y después fue retardado dos horas más. Protestamos y tomaron nota funcionarios del Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC), pero hasta ahí. El desorden es generalizado, y los pasajeros que se las arreglen: ¡Nadie responde por los perjuicios causados!

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JOSEPH STIGLITZ / La farsa del libre comercio

Joseph E. Stiglitz *

NUEVA YORK – Aunque la Ronda de Doha para el Desarrollo de negociaciones comerciales mundiales de la Organización Mundial del Comercio no ha dado resultado alguno desde que se lanzó, hace doce años, se está preparando otra ronda de negociaciones, pero esta vez no tendrán carácter mundial y multilateral, sino que se negociarán dos enormes acuerdos regionales: uno transpacífico y otro transatlántico. ¿Hay más probabilidades de que las próximas negociaciones den resultado?

Illustration by Margaret Scott

La Ronda de Doha fue torpedeada por la negativa de los Estados Unidos a eliminar las subvenciones a la agricultura, condición sine qua non de cualquier ronda de verdad para el desarrollo, en vista de que el 70 por ciento de la población de los países en desarrollo depende de la agricultura directa o indirectamente. La posición de los EE.UU. fue en verdad asombrosa, dado que la OMC ya se había pronunciado mediante una resolución sobre la ilegalidad de las subvenciones del algodón de los EE.UU., que benefician a menos de 25.000 cultivadores ricos. La respuesta de los Estados Unidos fue la de sobornar al Brasil, que había presentado la reclamación, para que abandonara el asunto y dejase en la estacada a millones de cultivadores pobres de algodón del África subsahariana y de la India, que padecen las consecuencias de unos precios muy bajos por la generosidad de los Estados Unidos para con sus cultivadores ricos.

En vista de esa historia reciente, ahora parece claro que las negociaciones para crear una zona de libre comercio entre los EE.UU. y Europa y otra entre los EE.UU. y gran parte de los países del Pacífico (exceptuada China) no van encaminadas a crear un verdadero sistema de libre comercio, sino que su objetivo es un régimen de comercio dirigido, es decir, para que esté al servicio de los intereses especiales que durante mucho tiempo han impuesto la política comercial en Occidente.

Hay algunos principios básicos que quienes participen en las conversaciones se tomarán –es de esperar– en serio. En primer lugar, todo acuerdo comercial ha de ser simétrico. Si, los EE.UU., como parte en el  “Acuerdo de Asociación Transpacífico” (AAP), piden al Japón que elimine sus subvenciones del arroz, deberán, a su vez, ofrecerse a eliminar no sólo las subvenciones de su producción de arroz, que es relativamente poco importante para los EE.UU, y del agua, sino también de otros productos básicos agrícolas.

En segundo lugar, ningún acuerdo comercial debe colocar los intereses mercantiles por encima de los intereses nacionales más amplios, en particular en los casos en que estén en juego cuestiones no relacionadas con el comercio, como la reglamentación financiera y la propiedad intelectual. El acuerdo comercial de los Estados Unidos con Chile, por ejemplo, impide la utilización por parte de este último de controles de capitales, pese a que el Fondo Monetario Internacional reconoce ahora que los controles de capitales pueden ser un instrumento importante de política macroprudencial.

En otros acuerdos comerciales se ha insistido también en la liberalización y la desreglamentación financieras, si bien la crisis de 2008 debería habernos enseñado que la falta de una buena reglamentación puede poner el peligro la prosperidad económica. La industria farmacéutica de los Estados Unidos, que tiene una gran influencia en el Representante Comercial de los Estados Unidos, ha conseguido endosar a otros países un régimen de propiedad intelectual desequilibrado, que, por ir encaminado a luchar contra los medicamentos genéricos, coloca el beneficio por encima de la salvación de vidas. Incluso el Tribunal Supremo de los EE.UU. ha dicho ahora que la Oficina de Patentes de los EE.UU. fue demasiado lejos al conceder patentes sobre genes.

Por último, debe haber un compromiso con la transparencia, pero conviene avisar a los participantes en esas negociaciones comerciales de que los EE.UU. están comprometidos con una falta de transparencia. La oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos se ha mostrado reacia a revelar su posición negociadora incluso a los miembros del Congreso de los EE.UU y, en vista de lo que se ha filtrado, podemos entender por qué. Dicha oficina está retrocediendo sobre los principios –por ejemplo, el del acceso a los medicamentos genéricos–  que el Congreso había incluido en acuerdos comerciales anteriores, como el subscrito con el Perú.

En el caso del AAT, hay otro motivo de preocupación. Asia ha desarrollado una cadena de distribución eficiente, gracias a la cual los productos pasan fácilmente de un país a otro en el proceso de producción de bienes acabados, pero el AAP podría obstaculizarla, si China permanece fuera de él.

Como los aranceles propiamente dichos son ya tan bajos, los negociadores se centrarán en gran medida en los obstáculos no arancelarios, como, por ejemplo, los obstáculos reglamentarios, pero la oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, que representa los intereses empresariales, ejercerá casi con toda seguridad presiones en pro de la norma común menos estricta, con lo que contribuirá a una nivelación hacia abajo, en lugar de hacia arriba. Por ejemplo, muchos países tienen disposiciones tributarias y reglamentadoras que disuaden de la adquisición de automóviles grandes, no porque intenten discriminar los productos de los EE.UU, sino porque le preocupa la contaminación y les interesa la eficiencia energética.

El principio más general, antes citado, es el de que los acuerdos comerciales colocan habitualmente los intereses comerciales por encima de otros valores: el derecho a una vida sana y a la protección del medio ambiente, por citar sólo dos. Francia, por ejemplo, quiere una “excepción cultural”· en los acuerdos comerciales que le permita seguir apoyando sus películas, de las que se beneficia el mundo entero. Ese y otros valores más amplios no deben ser negociables.

De hecho, resulta irónico que los beneficios sociales de semejantes subvenciones sean enormes, mientras que los costos son insignificantes. ¿De verdad cree alguien que una película artística francesa representa una grave amenaza para un gran éxito veraniego de Hollywood? Sin embargo, la avaricia de éste no conoce límite y los negociadores comerciales de los Estados Unidos son implacables. Y ésa es la razón precisamente por la que se deben retirar esos artículos antes de que comiencen las negociaciones. De lo contrario, se ejercerán presiones y existe el riesgo real de que en un acuerdo se sacrifiquen valores básicos en pro de los intereses comerciales.

Si los negociadores crearan un régimen de libre comercio auténtico, en el que se concediera a las opiniones de los ciudadanos de a pie al menos tanta importancia como a las de los grupos de presión empresariales, yo podría sentirme optimista, en el sentido de que el resultado fortalecería la economía y mejoraría el bienestar social. Sin embargo, la realidad es la de que tenemos un régimen de comercio dirigido, que coloca por delante los intereses empresariales, y un proceso de negociaciones que no es democrático ni transparente.

La probabilidad de que lo que resulte de las futuras negociaciones esté al servicio de los intereses de los americanos de a pie es poca; la perspectiva para los ciudadanos de a pie de otros países es aún más desoladora.

http://www.project-syndicate.org/commentary/transatlantic-and-transpacific-free-trade-trouble-by-joseph-e--stiglitz/spanish

Traducido del inglés por Carlos Manzano.

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ADELINA GONZÁLEZ / “La corrupción nos puede devorar”

ENTREVISTA / Contralora General (encargada) de la República

Por MANUEL ISIDRO MOLINA

Foto: MIGUEL ACURERO

Con magnífica vista sobre varias zonas de Caracas, Adelina González nos recibió en su despacho de la Contraloría General de la República, dispuesta a un diálogo franco que tuvo altibajos, desde el profundo respeto a su maestro y compañero titular del cargo, Clodosvaldo Russián, fallecido el 20.06.2011 en La Habana, Cuba; hasta señalar un único nombre de la larga lista de inhabilitados por hechos de corrupción e irregularidades administrativas: Leopoldo López.

La contralora está decidida a no perder la esperanza en la lucha contra la corrupción, pese a los "comités de padrinos" que surgen cada vez que se inicia una investigación. 

-El presidente Nicolás Maduro, el lunes 24 de junio, desde el Campo de Carabobo, dijo que la corrupción amenaza la vida de la patria. ¿Han discutido, usted y su equipo, algún reenvío de la labor de la Contraloría en articulación con la Fiscalía y el Poder Ejecutivo?

-Nosotros siempre hemos actuado en apoyo a la Fiscalía; nos piden apoyo de expertos porque valoran el trabajo que hacen los funcionarios de Contraloría. Los mismos fiscales pueden dar fe de eso.

-¿Dónde falla la cadena? En el ámbito financiero público el enriquecimiento ilícito es de antología…

-Esos son delitos vinculados a la corrupción, que deben ser perseguidos. La corrupción es un delito de astucia. Esos presuntos corruptos no informan en sus declaraciones juradas, las operaciones ilícitas que hicieron. Son operaciones financieras nacionales e internacionales; hay un problema de complicidad colectiva en el sistema bancario y el sistema empresarial.

-Se conoce que son familiares de altos funcionarios, amigos. ¿Por qué no desarticulan esas bandas delictivas?

-Esas bandas delictivas tienen que trabajarse con inteligencia policial, ¡po-li-cial! Hay una unidad de inteligencia financiera, que está en la Superintendencia de Bancos y tiene gente muy calificada, muy preparada para perseguirlos. Hay una unidad especializada en la Fiscalía. Los que menos acceso tenemos a esa información financiera nacional e internacional, somos los de la Contraloría. En todo lo que pueda corresponder a la Contraloría, tenemos la mejor disposición.

-¿Qué está fallando? Algo debe estar pasando, porque hay familias enteras delinquiendo en Venezuela.

-Esos funcionarios no tienen los bienes a su nombre, los familiares que ostentan esas riquezas son generalmente mayores de edad y no están incluidos en su declaración. Es decir, hay una limitación de tipo legal, porque la información que se maneja a través del sistema económico financiero no es accesible a los órganos del Estado. Yo no puedo obtener directamente la información del sistema bancario; igual ocurre con el sistema de identificación, no tenemos acceso; y más engorroso es con el sistema de notarías y registros. No hay una base informática.

-Aquí están digitalizadas todas las bibliotecas, pero los registros y notarías no se digitalizan…

-Hay que ir hacia allá, y que la Contraloría tenga acceso a la información de las cuentas bancarias. Venezuela suscribió la Convención Mundial contra la Corrupción, además de la Convención Americana  contra la Corrupción, y está levantado el secreto bancario.

-¿Desde ese punto de vista, Venezuela es una especie de paraíso fiscal?

-Pudiera decirse, porque la información que está a nivel de la banca y a nivel de los registros mercantiles e inmobiliarios es casi inaccesible. Esa es una herramienta que hay que abordar y poner en movimiento al Estado, a través de un decreto presidencial. Sería un nuevo instrumento en la lucha contra la corrupción. Hay que trabajarlo.

-¿Qué planteamiento le haría al Presidente de la República y a la Fiscal General, en materia de enriquecimiento ilícito?

-No creo que deba hacerle recomendaciones a ninguno de los dos, porque ambos tienen muy bien definida su visión y el rol que a cada uno le corresponde desempeñar.

-¿Lo desempeñan?

-Sí, creo que sí, porque yo estoy en un órgano del Estado que le corresponde perseguir la corrupción desde el punto de vista administrativo. La gente cree, y es un mal que se le ha hecho a la lucha contra la corrupción, que una declaratoria de responsabilidad administrativa no es una sanción; la gente quiere es ver presos, entiende que la única sanción es la penal, y no es verdad. Nosotros tenemos una sanción de tipo moral, todos los órganos de control fiscal tienen esa potestad.

-¿Por qué ante la declaratoria de responsabilidad administrativa y ante la inhabilitación, la sinvergüenzura es generalizada?

-Así es. Hay una complicidad perversa manipulada mediáticamente, porque se hizo ver que estos cambios que se dieron en la ley obedecían a “persecuciones políticas”. Hicieron ver que la inhabilitación impuesta por la Contraloría es una persecución política, y eso es falso. Es una declaración accesoria a la declaratoria de responsabilidad, que concluye prácticamente después de treinta y seis meses de trabajo técnico. La sanción es moral, y en este país no tendremos una real lucha contra la corrupción, si no entendemos que una persona así sancionada debería quedar vetada para volver a ser funcionario público.

-Dicen que si eres opositor, estás indefenso ante estos procedimientos…

-Falso.

-¿Por qué?

-Falso, porque la ley trae un procedimiento especialísimo, y somos estrictos en el respeto al procedimiento. El señor que hizo la campaña de que le habían violado todos sus derechos humanos, que él era una víctima por las donaciones que recibió de Pdvsa: El problema no es que las donaciones de Pdvsa son ilegales, el problema es que él era funcionario de Pdvsa y su mamá, quien le otorgó la donación, era funcionaria de Pdvsa.

-¿Está hablando de Leopoldo López?

-Sí, el caso específico ese. El otro caso tiene que ver con su gestión en la Alcaldía de Chacao, donde declara una insuficiencia con un subterfugio jurídico para utilizar los fondos en otra cosa. Y así cantidad de personas, que usted entra a la página web de la Contraloría, busca el informe y están los elementos que dieron por conclusión una sanción. No es persecución política.

-¿Se les da oportunidad de defensa?

-¡A todos!

-¿Oportunidad de rebatir?

-Este procedimiento es tan novedoso, el de la Ley de Contraloría, que te garantiza derecho a la defensa, al debido proceso, a promover todos los medios probatorios para desvirtuar los hallazgos de la auditoría, tiene una audiencia oral y pública. Eso no existía antes. Y el procedimiento es exactamente igual para todos.

-¿Y por qué no concluyen casos donde se ven involucrados personeros del oficialismo o del chavismo? Pareciera que no solo tienen derecho a la defensa sino “derecho a la gaveta”…

-Ja, ja… No, no, no… Esa es una especulación. Es lento el procedimiento en la Contraloría, y cuando son investigados los casos, se presentan. De verdad, yo les pido entren en la página web. Yo no voy a referir casos en particular, entren a la página web, vean los hallazgos, se dicen las irregularidades y quienes ejercían los cargos respectivos para el momento. Se sancionan. Tal vez, no al ritmo que quisieran, pero se sancionan. La gente piensa que hay impunidad, y eso ha hecho muchísimo daño a la democracia, al proceso y a las instituciones. Ha hecho daño, la impunidad.

-El ministro Jorge Giordani y la presidenta del Banco Central de Venezuela, Edmee Betancourt han sugerido el desvío de unos 30 mil millones de dólares anuales, vía Cadivi y Sitme. ¿Ustedes han estimado la cuantía o el porcentaje del impacto de la corrupción sobre el presupuesto público?

-No. Sería una especulación porque el presupuesto se formula para atender unas necesidades durante un ejercicio fiscal, y nadie lo podría hacer, establecer una cifra. Sería una especulación. Cuantificar el impacto que podría tener la corrupción en un presupuesto, sería especulativo.

-¿No tienen idea de la masa dineraria involucrada en los casos de corrupción?

-Es que no auditamos todo el presupuesto. Auditamos puntualmente determinadas actividades o entes públicos. Para tener esa referencia, tendría que tomar el treinta por ciento del presupuesto, por lo menos, que desde el punto de vista de auditoría es una muestra representativa. Pero eso requiere una magnitud de trabajo auditor, imposible.

-¿No lo han hecho?

-No lo hemos hecho, y no creo que lo haya hecho ningún órgano de control a nivel mundial. Se puede saber cuánto es el movimiento financiero, cuánto crece la economía; pero saber cuánto es la corrupción, no. Porque eso son las cifras negras.

-¿Y no pueden innovar?

-Sí, es posible. Y, a lo mejor, para allá van las cooperaciones internacionales, esos instrumentos que se suscriben, y nosotros deberíamos abordar, como Estado, una estrategia distinta. ¿Cuándo vamos a pedir la repatriación de los capitales que se han llevado los corruptos?

-Si no tienen persecución penal en Venezuela, ¿cómo va a haber un reclamo internacional sobre lavado de dinero?

-En el caso de los bancos, la quiebra de los bancos, hubo persecución penal, y sacaron el dinero, hubo operaciones en mesas de dinero y transacciones electrónicas, el dinero está en el exterior, pero nosotros no hemos pedido la repatriación de esos capitales.

-¿O sea, que la corrupción tiene una pata en el país y otra en el exterior?

-Es así.

-¿Desde el punto de vista financiero?

-Desde el punto de vista financiero, sí; pero, bueno, ese es el capitalismo. Parte del capitalismo son operaciones especulativas. Tienen un supuesto discurso contra la corrupción, pero los corruptos tienen sus recursos en su país. Se lo dije a un fiscal anticorrupción que estuvo en la OEA explicando cómo hacía Estados Unidos la persecución: Es que aquí en su país, está un individuo que estafó en mi país, se trajo ese dinero a su país, lo tiene acá en Estados Unidos, compró una empresa televisiva, está operando libremente y está protegido por el estado norteamericano; y el fiscal me respondió que él no podía hablar de esos casos, ni siquiera con su familia.

-Y al revés, ¿quienes a nombre del “socialismo” se han enriquecido grotescamente?

-Esos son delitos de lesa patria. Creo que con el llamado dramático del presidente Maduro, ayer (24 de junio), que realmente me conmovió porque nosotros (en la CGR) hemos luchado contra eso, si no luchamos contra eso, nos va a devorar. La gente siente que se perdió la esperanza. La gran misión que debemos abordar es la “misión conciencia”, para rescatar los valores. Requerimos un despertar, hay que estremecer a la gente.

-¿Demasiada inmoralidad esparcida?

-Demasiado tiempo dejando ver y dejando pasar las cosas. Y cuando uno inicia una actividad (investigativa), en seguida surge un “comité de padrinos” para abogar por los investigados. Nosotros nunca hemos sido simpáticos en la Contraloría, y Clodosvaldo siempre decía: “No vamos a ganar jamás un premio de simpatía”. Debemos reivindicar una cantidad de trabajos que se han hecho, han sido descalificados, muchas veces, por los propios funcionarios del Estado. Ignorarlos es una forma de complicidad con la corrupción.

-¿Se puede pensar que un hombre como Clodosvaldo Russián y usted misma, han “arado en el mar”?

-No. Siento que no hemos arado en el mar. Este despertar, esta lucha contra la corrupción ya no es un discurso, y el pueblo está dispuesto a hacer justicia, en el sentido de que no va a dejar pasar a los corruptos.

-¿Caiga quien caiga?

-No los va a dejar pasar, caiga quien caiga. Este pueblo está convencido. Yo creo en eso. Siento que este trabajo que hemos hecho durante trece años en la Contraloría, va dando sus frutos. Podemos mostrarlo al país. Podemos ver a la cara a cualquiera de los sancionados por la Contraloría, porque no le hemos inventado nada. Lo peor que nos puede pasar es que nos venza la desesperanza, y ahí si no vamos a ceder. No nos va a vencer la desesperanza.

-Hay un término en la jerga de la corrupción que es “maquillar”… ¿Cómo lo confrontan?

-Pues sí, se descubre. No hay crimen perfecto y, como decía el periodista José Campos Suárez, “el crimen no paga”.  Pueden montar una apariencia de legalidad, pero cuando haces un cruce de la información se les cae. Los primeros funcionarios sancionados con la nueva Ley de la Contraloría General de la República, inhabilitados por quince años, fueron cinco funcionarios de este organismo.

-¿No fueron objeto de persecución penal?

-No. Se sancionaron administrativamente porque montaban facturas desde una misma computadora, las empresas no suministraron esos bienes.

-¿Eso no es delincuencia organizada o asociación para delinquir?

-Pudiera ser, pero por los montos de las adquisiciones, eran realmente pequeños. Se declararon responsables, se destituyeron y se inhabilitaron.    

-¿Por qué persiste la idea de que la Contraloría no investiga, no castiga y prácticamente se hace cómplice de la corrupción? 

-Antes no estaba circunscrito al Ministerio Público el privilegio de la acción penal, y se podía acudir a los tribunales de Salvaguarda del Patrimonio Público. Nosotros hacemos nuestras investigaciones administrativas, y la Fiscalía tiene la potestad de valorar. Los informes de la Contraloría sobre enriquecimiento ilícito hacen plena prueba, pero el fiscal, si no está convencido de nuestro informe, puede solicitar cualquier prueba adicional, y es válido presentar o no la acusación.

“Creo en el poder popular”

-¿Siente alguna debilidad por ser “encargada” de la Contraloría General?

-No, no la siento. Era subcontralora y la ley ordenó asumir la vacante absoluta del titular, hasta tanto la Asamblea Nacional designe un nuevo Contralor; y actúo con toda la legitimidad que me da la investidura, y lo prevé la Constitución.

-¿Desea  ser considerada en la lista de aspirantes a Contralor General titular en la Asamblea Nacional?

-No creo.

-¿No cree o no quiere?

-(Risas) No está planteado, porque ya son cuarenta y dos años en la administración pública, y creo en la renovación. No pienso enchinchorrarme, porque puedo ser útil en otro sitio, en los consejos comunales, creo en el poder popular. Hemos preparado más de treinta mil ciudadanos como contralores sociales.

PERFIL

·         NACIMIENTO: San Fernando de Apure, “23 de abril”     

·         Abogada (UCV-1982). Postgrados: Gerencia de Recursos Humanos (U. Simón Bolívar), Máster en Gerencia Pública (U. Latinoamericana y del Caribe – U. Nacional de Educación a Distancia de España, UNED), egresada del III Curso sobre Presupuestación, Contabilidad y Control del Gasto Público (Instituto de Estudios Fiscales de España).

·         Contralora General (encargada) de la República, desde el fallecimiento del titular Clodosvaldo Russián, junio de 2011

·         Miembro del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA)

·         Presidenta del Consejo Moral Republicano (2013)

PASANDO LA HOJA / Grabaciones inmorales

Por Manuel Isidro Molina

La última famosa grabación en Venezuela, ha sido la de la conversación entre la diputada María Corina Machado y el historiador Germán Carrera Damas, ambos con trayectoria pública destacada en sus respectivos ámbitos de actividad. Le precedió la grabación de un supuesto agente del G-2 cubano y Mario Silva,

quien se cansó, con toda impunidad y prepotencia, de difundir grabaciones ilegales. Antes fue famosa la que le montó –como es su costumbre impune- el empresario petrolero Wilmer Ruperti  al diputado Juan Carlos Caldera.

Estos episodios revelan el grado de inmoralidad y abuso de poder por parte del gobierno del presidente Hugo Chávez y del actual del presiente Nicolás Maduro, por quienes se ha autorizado a Venezolana de Televisión (VTV-“De todos los venezolanos”, jaja) para estas fechorías.

Todas esas grabaciones son ilegales y se caen irremediablemente en el ámbito judicial. Son inexistentes. Lo sabe cualquier abogado recién graduado. También, los diputados oficialistas y opositores que las utilizan sólo con ánimo difamatorio.

Por esa principalísima razón, he mantenido silencio crítico ante esa nefasta práctica vertida sobre la opinión pública desde los albañales de la “inteligencia” policial y militar venezolana, la mayoría de las veces perfectamente mercenaria, corrupta y muestra fehaciente de abuso de poder.

No dudo de la carga de verdad que puedan tener unas y otras, pero cualquier parecido con la realidad de inmoralidad pública existente en Venezuela, cobardía y felonía, no es más que una gota en el océano. Así de grave estamos, bajo el sometimiento del cepo chavismo-antichavismo, cuya sinvergüenzura carece de límites.

El problema para unos y otros es que unas veces flota el detritus contra unos; y en otras, contra los otros.

·        NO HACE FALTA “MANDAR A FUSILAR” a nadie, presidente Maduro, lo necesario –que es su obligación constitucional y legal- es superar la enorme complicidad con la corrupción que usted ha heredado del ejercicio presidencial de Hugo Chávez, 

quien durante 14 años protegió a sus pudrimillonarios mafiosos enquistados en las más diversas áreas del gobierno y de la vida nacional, con gigantescas fortunas exportadas a paraísos fiscales y países de América Latica, el Caribe y Norteamérica. Familias enteras se han enriquecido, Presidente, y usted conoce a muchas de ellas, cuyos capos de cada clan dicen ser “chavistas”, “antiimperialistas” y “socialistas”, “rodilla en tierra” y defensores de “los pobres”.

·        SOLICITE A LA FISCALÍA GENERAL de la República, que proceda a imputar, solicitar privativas de libertad y enjuiciamiento penal de los pudrimillonarios que lograron “engavetar” sus casos por obra y gracia de poderosos padrinos del gobierno y del partido, que a fin de cuentas son parte de las mafias y beneficiarios de tanto dinero sucio, o son cómplices de quienes han enervado con su codicia y degradación moral la vida republicana.

·        LE INFORMO que al “jefe” de la aduana de La Guaira, a quien usted dijo que habían detenido por corrupto, pues fue dejado en libertad la misma noche “por falta de pruebas” y se reincorporó a su cargo “muy orondo”, como me informó una fuente. ¿Se lo están vacilando las mafias del Seniat y el PSUV, a usted? El chiste es que dejaron presos al jefe de operaciones y a dos guardaespaldas. ¿Qué dice la Fiscalía? ¿Y el ministro del Interior, Justicia y Paz? ¿Se lo vacilaron a él o él es parte del vacilón?

·        ESTOY MUY DE ACUERDO con usted y más de una vez lo he advertido en esta columna, en que "la corrupción se va a tragar a la patria si no se le hace frente con una poderosa lucha". Sinceramente, lo acompaño en esa anunciada determinación, hasta que usted demuestre que se va a quedar en las palabras, como ocurrió con el finado presidente Hugo Chávez. 

·        USTED, PRESIDENTE MADURO, ha pedido públicamente cooperación ciudadana en contra de la corrupción. Le tomo la palabra: Como muchos otros periodistas, he sido transmisor de denuncias confidenciales, que en el caso del Seniat (La Guaira) y el ex gobernador de Guárico, Luis Enrique Gallardo, comienzan a tener algún indicador de cambio por parte de la Presidencia de la República. Lamentablemente, Chávez fracasó en el rescate moral de la República, compromiso principalísimo del Polo Patriótico (1998). Usted lo sabe y lo sufre, porque entiende que el país no va a seguir soportando tanta vagabundería acumulada desde la Cuarta República y potenciada en la Quinta República durante el largo mandato del finado presidente Hugo Chávez.

·        DE LO QUE SI ESTOY SEGURO es que la corrupción, antes de “tragarse a la patria” se tragará a su gobierno, a menos que usted de más y firmes pruebas de verticalidad frente a los pillos. Varias veces lo ha anunciado, y le creo, pero su deber constitucional, legal y ético es hacer de la palabra, hechos concretos que necesariamente pasarían por algunos ministros, ex ministros y dirigentes de su partido PSUV, unos muy relevantes, por cierto; diputados a la Asamblea Nacional –pobres en actuación política y “ricos” en dinero sucio- gobernadores y ex gobernadores, alcaldes y ex alcaldes. Si cumple su palabra –y obligación inevadible- la mayoría del país lo acompañará; pero si hace lo mismos que su predecesor Hugo Chávez se hundirá en la indignidad, la complicidad y la irresponsabilidad, históricamente hablando. Es grueso el tema, presidente Maduro. No tiene más de dos opciones: Su alternativa es triunfar o fracasar desde el punto de vista moral. Lo sigo con atención y respeto, hasta ahora. La más pesada herencia de su gobierno, no lo dude, es la corrupción acumulada y agigantada hasta el 08.12.2013. ¿Tenemos Patria?

·        JOSÉ VICENTE RANGEL Y LUIS AQUILES MORENO, sub-secretario general de AD, estarían presuntamente involucrados en las maniobras “judiciales” que beneficiaron a Bernabé Gutiérrez, secretario nacional de organización de AD y ex gobernador del estado Amazonas, a quien le levantaron prohibición de salida del país y de gravar y enajenar bienes. 28 expedientes de presuntos casos de corrupción en Amazonas, pesan sobre BG, quien –según mis fuentes- habría manejado “5 millones de dólares y 800 gramos de brillantes de 5 puntos” para el “reparto”, que habría tenido puntos clave en Caracas, Barcelona-Puerto La Cruz, Puerto Ayacucho, Santiago de Chile y Madrid.  La Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia debe actuar con diligencia, según mis fuentes, en este “escandaloso” episodio del dilatado caso ventilado en el estado Anzoátegui después que fuera erradicado de Amazonas, donde bien conocen al imputado y conviven sus principales cómplices.

·        “EL PLATINADO” de la FGR ha dicho entre allegados que si él es procesado internacionalmente por los graves delitos que le imputan en Estados Unidos, arrastrará “a su jefa, a un diputado apedillado Ferrer y a otros amigos del presidente Maduro”. A este caso hay que hacerle seguimiento riguroso, porque demasiadas voces acusan al susodicho, y no se explican su sostenida relevancia en el Poder Ciudadano.

·        MARCHAN sobre la pista de un tal “teniente coronel Lugo” (Ej), a quien vinculan estrechamente con uno de los líderes del PSUV y la Asamblea Nacional. Su extraño y protuberante modo de vida desde el Seniat, le da “para obsequiarle vehículos de lujo a sus amigas íntimas”. Según me detallan, este funcionario hace gala de su impunidad con “prepotencia y descaro”. Las mafias de la corrupción en el Seniat –como expliqué la semana pasada- son vastas y ultra pudrimillonarias, y lo peor es que constituyen una especie de “cuero de chivo seco” porque si tocan una punta inmediatamente se levantan otras. Decenas de altos y medios funcionarios estaría seriamente involucrados en esta macro mafia dominada por militares activos y retirados a lo largo y ancho del país. ¡No son juegos!

·        LA ABOGADA M. BELLORÍN y el rector de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG), Ramón Galindo –según fuentes del estado Guárico-, deben ser investigados como supuestos integrantes de las articulaciones del ex gobernador y ex rector Luis Enrique Gallardo, hoy bajo privación de libertad. Se les vincula también al ex magistrado Eladio Aponte Aponte, cuya historia final todos conocen.

·        DESDE BEJUMA, estado Carabobo, denuncian al alcalde Lorenzo Remadio (PSUV) a quien los concejales de su partido le improbaron la memoria y cuenta. “Gasta más en gallos de pelea y caballos que en obras públicas”, sostienen sus críticos, quienes lo vinculan a un gran apostador e importador de gallos de pelea de España, quien en sus ratos libres hace de dirigente partidista y parlamentario.

·        EN FUERTE TIUNA funcionaría, a costo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) una muy refinada y onerosa cría de gallos de pelea, pero que –según fuentes confidenciales- tendría como destino diversas galleras de Caracas, Miranda y Monagas a beneficio de oficiales retirados y activos de alta y baja graduación ludópatas. “Apuestan duro –me comentaron-, millones de bolívares fuertes, tienen parte de sus crías e gallos en Fuerte Tiuna y hasta importan gallos de España, que no bajan de 25.000 bolívares cada uno”. Lo resaltante de este caso es que se maneja “mucho dinero” cuyo origen se desconoce, porque los ingresos ordinarios de los personajes involucrados en esta práctica no alcanzan ni para un día de apuestas. ¿Entendido? ¡Firrrr!

manuelisidro21@gmail.com

@manuelisidro21

* Ex presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela * Licenciado en Comunicación Social - Universidad Central de Venezuela * Especialista en Ciencia Política - Universidad Simón Bolívar * Columnista del semanario LA RAZÓN * Realizador de entrevistas especiales para el diario ÚLTIMAS NOTICIAS * Asesor en análisis de entorno político y social.