PUNTO x PUNTO / Decreto de Amnistía» vs «Ley de Amnistía»

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su articulo 187, numeral 5, la facultad de la Asamblea Nacional para «Decretar amnistías». Sobre el particular, llamé la atención, y los diputados y diputadas a la AN, ni se dieron por enterados. Siguen cabalgando sobre la rutina autocrática y la dejación en detrimento del Poder Legislativo Nacional. 

«Decretar amnistías» es una potestad exclusiva de la representación popular nacional, cuyos miembros son electos directamente por el pueblo, como a ese máximo nivel solo ocurre con el Presidente de la República, quien tiene la facultad constitucional de «Conceder indultos» (herencia de las monarquías absolutistas), según el artículo 236, numeral 19.

Ocurrió que el presidente Hugo Chávez Frías, con su antojo autocrático, emitió un «Decreto con fuerza de Ley de Amnistía», el 31 de diciembre de 2007. En mi criterio, fue abuso de poder, aunque de hecho benefició a los supuestamente implicados en el golpe del 11 de abril de 2002. 

La habilitación parlamentaria para legislar en Consejo de Ministros,  prevista en el numeral 6 del mencionado artículo 236, no da para inventarse una 'Ley de Amnistía' por decreto presidencial, pero así ocurrió y fue aceptado por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, y por los profesionales del derecho y la docencia universitaria en campos afines. 

La facultad de «Decretar amnistías» es indelegable, y no es una 'Ley'; se trata de un acto político por excelencia del Poder Legislativo, en tanto que máximo foro político de la nación, elegido directamente por el pueblo. El constituyente de 1999, no previó leyes de amnistía, sino decretos parlamentarios inapelables y no sometidos a consideración alguna por parte del Poder Ejecutivo, facultado sí, para autorizar (o no) la entrada en vigencia de las leyes y códigos aprobados por la Asamblea Nacional. Sólo La Sala Constitucional del TSJ tiene la facultad de velar por la constitucionalidad de los «Decretos de Amnistía».

Si no es errónea mi interpretación política de lo aquí considerado, será inconstitucional la aprobación de una «Ley de Amnistía». 

Los parlamentarios están incurriendo en el error de discutir un «Proyecto de Ley de Amnistía», cuando deberían estar discutiendo un «Proyecto de Decreto de Amnistía».

Su contenido es también discutible. En todo caso, los parlamentarios no deben incurrir en el grave error de incluir impunidad para los responsables de delitos previstos en el artículo 271 constitucional: «No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes»; y que precede el articulo 29: «El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía». 

Manuel Isidro Molina

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Chelsea Manning, la heroína que destapó los crimenes de guerra de EEUU en Irak y Afganistán

En 2010, Chelsea Manning era una analista de inteligencia del Ejército de los Estados Unidos de 22 años en Irak cuando tomó una decisión que le costaría siete años de libertad.

Difundió cientos de miles de archivos clasificados a WikiLeaks, documentos que revelaban muertes de civiles, torturas y reglas de enfrentamiento que contradecían la versión oficial de las guerras en Irak y Afganistán.

Entre estos estaba el video luego conocido como Collateral Murder: ametralladores de helicópteros estadounidenses que matan a civiles y a dos periodistas de Reuters en Bagdad, riéndose por radio, para luego disparar de nuevo contra una furgoneta que llegó para prestar ayuda, una furgoneta con niños a bordo.

Los archivos demostraban que no se trataba de una anomalía. Era un modelo.

La respuesta del gobierno fue inmediata. Manning fue arrestada, acusada en virtud de la Ley de Espionaje y mantenida en aislamiento durante casi un año en condiciones que la ONU definió como "crueles, inhumanas y degradantes". 

En 2013 fue condenada a 35 años , la pena más larga jamás impuesta por la difusión de información a la prensa.

El mensaje era claro: denunciar crímenes de guerra sería tratado como traición. Transparencia como peligro. Responsabilidad como traición.

El debate público se centró en Manning misma sus motivaciones, su salud mental, su identidad de género en lugar de las pruebas que había revelado. Fue malgenerizada, ridiculizada, deshumanizada. La punición no fue solo la prisión, sino la disuasión: una advertencia para cualquiera que hubiera pensado en hablar.

Mientras tanto, ¿los crímenes que había revelado? Nadie fue incriminado. Ninguna investigación iniciada. Ninguna responsabilidad.

Las revelaciones de Manning han remodelado la relación del periodismo con la información clasificada. 

Han impuesto preguntas que los gobiernos habían evitado durante mucho tiempo: cuántos civiles están muriendo? ¿Cuáles son las verdaderas reglas de enfrentamiento? ¿Qué sucede con los detenidos que afirmamos no torturar?

Pero el precio se pagaba todos los días dentro de una celda. Manning no se benefició de ello. Ha perdido libertad, privacidad, seguridad. Fue castigada nuevamente en 2019 por negarse a testificar contra Julian Assange.

Su historia no habla de redención. Habla de consecuencias. De qué ocurre cuando la verdad amenaza al poder.

La Ley de Espionaje no prevé ninguna defensa de interés público. Criminaliza la divulgación, punto. Esto significa que los denunciantes no pueden sostener que revelar ilícitos sirva a la democracia. 

El resultado: el secreto protege a las instituciones, no a los ciudadanos.

El presidente Obama conmutó la pena de Manning en 2017, pero los daños eran permanentes. Su salud, su privacidad, su capacidad de vivir libremente todo marcado.

Sin embargo, las pruebas que ha difundido permanecen. La verdad no puede ser clasificada de nuevo.

Chelsea Manning mostró al mundo cómo es la guerra moderna cuando las cámaras no están invitadas. El precio de esa honestidad fueron siete años de prisión. El costo del silencio lo habrían pagado aquellos cuyas muertes nunca hicieron noticia.

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AQUÍ, AHORA / Una nueva política para reconstruir integralmente nuestra patria traicionada

Manuel Isidro Molina

Delcy Rodríguez Gómez y María Corina Machado emblematizan hoy, el derrumbe de la República Bolivariana de Venezuela, nacida el 5 de julio de 1811 como «Confederación Americana de Venezuela» por decisión independiente y soberana de las «Provincias Unidas de Venezuela»; luego fusionada en la primera «República de Colombia»,  creada el 17 de diciembre de 1819 en el Congreso de Angostura (distinguida por los historiadores como «Gran Colombia», que incluía los territorios de las actuales repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, hasta la margen occidental del río Esequibo, en la epoca contenidos en el «Virreinato de la Nueva Granada» y la «Capitanía General de Venezuela», divididos en tres grandes departamentos: Venezuela, Cundinamarca y Quito); y relanzada como «Estado de Venezuela», el 22 de septiembre de 1830, luego de la destrucción de la Gran Colombia, simbólicamente enmarcada entre el asesinato del Gran Mariscal de Ayacucho Antonio Jose de Sucre, el 4 de junio de 1830, y la muerte del Libertador Simón Bolívar, el 17 de diciembre de 1830.

Los factores de poder que ambas mujeres representan en la actualidad, nos han convertido en colonia de Estados Unidos de América, 215 años después, contados a partir de 1811. ¡Vergüenza histórica! 

Esto que sufrimos es una imborrable afrenta a la dignidad de la patria de Bolívar y Sucre, cuyo unido fulgor político, militar e intelectual fue opacado por la traición, la codicia y la miopía histórica, resumidas en Flores, Páez y Santander, los tres verdugos y sepultureros de la Gran Colombia, que tanto preocupó a los ya imperialistas del norte en aquellos años del siglo XIX, por el enorme potencial que mostraban sus extensas costas sobre el Pacífico (desde Ecuador a Panamá), y sobre el Caribe y el Atlántico (desde Colombia a la desembocadura del río Esequibo); y sus gigantescos recursos naturales (desde los picos andinos y las extensas llanuras y mesetas hasta los ríos indomables y los misterios de la selva amazónica). ¡Todo se fue a la mierda! 

Aquella inmensidad enterrada en 1830, y particularmente la pujante Venezuela emergida en 1936, luego de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, han desaparecido. Ni Delcy Eloína ni María Corina tienen real noción de esta otra pérdida que protagonizan en 2026, de espaldas a nuestra historia y a la dignidad de patria bolivariana que les reclaman las culpas que comparten -evidentemente- con sus partidos, partidarios y titiriteros, a quienes prefiero omitir por motivos sanitarios. Son los 'yo no fui' de ambos factores de poder irracionales, indecentes y cobardes, que ahora pretenden salvar algunas tajadas y sus pellejos, mientras la República fenece a manos de los asesinos del Caribe: Donald Trump, Pete Hegseth y Marco Rubio, tres fascistas estadounidenses rodeados de lo peor del sanguinario e inclemente poder imperialista gringo, desesperado por su decadencia.

Lo que prometía abyecta María Corina Machado, lo está haciendo realidad Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Por eso, los asesinos del Caribe están tan contentos con la acelerada entrega de riquezas y soberanía. Sus emisarios, desde el jefe de la tenebrosa CIA hasta el secretario de Energía, baten palmas en el territorio venezolano conquistado, corregimiento administrado directamente por la 'Encargada de Negocios' Laura Dogu, quien dirige la orquesta y recibe encomiendas desde  el complejo arquitectónico de la Embajada de los Estados Unidos de América en Caracas, cuna del Libertador Simón Bolívar y del Precursor de la Independencia, Generalísimo Francisco de Miranda. 

El regimen impuesto es parecido al del imperio colonial español con la «Real Casa Guipuzcoana», que monopolizó el comercio de la «Capitanía General de Venezuela», desde 1734 hasta 1785: hoy, los asesinos del Caribe imponen desde Washington el manejo total de la explotación y el comercio del petróleo venezolano, y administran los recursos financieros provenientes de ese negocio clave de Venezuela, con el insolente agravante de monopolizar la adquisición de bienes y servicios solo con empresas estadounidenses. En realidad, la sumisión es mucho más que eso.

No es posible discutir lq Venezuela sometida de hoy, sin exigir soberanía e independencia nacional. Los factores de poder entreguistas y cipayos están mostrando lo peor de cada uno de los dos bandos de la destrucción nacional, al pretender 'invisibilizar' o 'blanquear' el despojo imperialista. Buscan sus migajas, sin patria, con el impúdico propósito de reinar en el sistema colonial administrado en realidad por los asesinos del Caribe.

Urge una nueva política para reconstruir integralmente esta patria traicionada. Y no es a Delcy Eloína ni a María Corina y sus lameculos vasallos, a quienes corresponde impulsar el rescate de Venezuela. El pueblo de Bolívar y Sucre tiene un nuevo y gigante reto que asumir y superar exitosamente, en una gran unión de interés nacional, muy lejos de la politiquería podrida que nos trajo hasta esta tragedia histórica. Comencemos ya, juntos por la dignidad de la patria herida y los derechos arrebatados a nuestro sufrido pueblo, tantas veces traicionado, saqueado y empobrecido.

manuelisidro21@gmail.com