La captura de Maduro por fuerzas especiales estadounidenses abrió una nueva etapa en Venezuela: la de un protectorado de facto en el que Washington gestiona el petróleo, las finanzas y el comercio exterior. El resultado es un inédito sistema de poder, lleno de paradojas, que transita por un terreno minado.
De forma intempestiva, el 3 de enero pasado un comando de la Fuerza Delta capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación que hasta ese entonces parecía imposible. A diferencia de otras invasiones, que requirieron una costosa ocupación para garantizar la transmisión del poder a un gobierno afín a Estados Unidos, esta operación militar solo duró unas dos horas y no dejó rastros de marines en el territorio venezolano. Tras el operativo con tintes hollywoodenses, el gobierno de Donald Trump ha decidido tomar bajo su égida el negocio petrolero venezolano y la administración económica general del gobierno interino, obligando a la nueva «presidenta encargada», la anterior vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, a ejecutar sus directrices bajo la amenaza de una segunda oleada militar de mayor alcance contra las actuales cabezas del gobierno.
Venezuela experimenta así un curioso «cambio de régimen», por el cual son los mismos que lo gestionaron durante sus 27 años de historia quienes comandan el giro hacia una forma de protectorado; esto es lo que de manera más o menos irónica hoy muchos denominan «MAGA-chavismo». Se trata de una novedad político-militar en toda regla, pero no exenta de interrogantes relacionadas con la nueva política económica de apertura, la dinámica de un gobierno tutelado, el papel de las Fuerzas Armadas y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el rol de la denominada «boliburguesía». Un equilibrio a todas luces inestable e incierto.
Hay una aparente paradoja en la forma en que el gobierno de Trump presenta a Venezuela: por un lado, sería un país suficientemente estable para poder recibir más de 100.000 millones de dólares en inversiones de empresas petroleras estadounidenses, con total confianza en la seguridad jurídica del país. Por el otro, este mismo país parece ser demasiado inestable como para cumplir con la Constitución. Esta es sumamente clara: «Si la falta absoluta del Presidente de la República se produce durante los primeros cuatro años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección dentro de los treinta días consecutivos siguientes». Violentar esta normativa de forma tan explícita no deja de ser, pese a la opinión de Trump y Marco Rubio, una muy mala señal para los inversionistas que Estados Unidos quiere atraer para extraer los recursos naturales venezolanos.
La apertura económica: menos sanciones, más petróleo
Artículo completo en: https://www.nuso.org/articulo/
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