Con profunda tristeza e indignación, denunciamos el fallecimiento de LINDOMAR BUSTAMANTE, identificado con la cédula de identidad número 26.950.292, un mototaxista y obrero de 27 años que permanecía injustamente detenido desde hace nueve meses en el contexto de las movilizaciones postelectorales, quien falleció mientras estaba recluido en el Centro Penitenciario de Tocorón, presuntamente por suicidio mediante ahorcamiento.
Asimismo, existe información contradictoria sobre el estado de salud de JHOANDRI JOEL SILVA, identificado con la cédula número 29.525.641, que despierta la alerta de este Comité. JHOANDRI es un trabajador de 26 años detenido cerca de una farmacia a la que acudió para comprar un anticonvulsivo para su hija, también en el marco de la represión postelectoral.
Frente a estos graves y lamentables hechos, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad señala lo siguiente:
1. Expresamos nuestra solidaridad con sus familias. El dolor que están viviendo, también es nuestro y vamos a acompañarlos para que haya justicia.
2. El artículo 43 (derecho a la vida) de nuestra Constitución dice que el “…Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”. Pero el Estado no solo no está protegiendo la vida de nuestros muchachos, sino que las está destruyendo.
3. Nuestros muchachos son inocentes. Muchos ni siquiera estaban protestando y fueron detenidos en alcabalas o en sus casas, por una delación. Otros sí protestaron pacíficamente después del 28J, lo cual no es un delito sino un derecho. Y otros cometieron pequeñas faltas, como destruir propaganda política. Ninguno es terrorista, ni delincuente. Sin embargo, ya tienen nueve meses en prisión enfrentando graves violaciones a su derecho a la defensa y al debido proceso y sometidos a indignas condiciones de reclusión.
4. Hemos formulado reiteradas denuncias ante el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio de Servicios Penitenciarios sobre la pésima calidad y la cantidad insuficiente de los alimentos y el agua que reciben los privados de libertad, lo que les ha provocado una significativa pérdida de peso y graves problemas estomacales. Asimismo, hemos alertado sobre los castigos físicos y la tortura psicológica a la que están siendo sometidos nuestros familiares. Recientemente, un alto funcionario del Ministerio de Servicios Penitenciarios amenazó a nuestros seres queridos, advirtiéndoles que permanecerían en prisión durante años como castigo por los sucesos ocurridos. Esta actitud no solo resulta inadmisible para quien ostenta un cargo de tal responsabilidad, sino que además agrava el estado de ansiedad, depresión y angustia de los detenidos, lo que en gran medida explica los recientes incidentes que afectaron a LINDOMAR y JHOANDRI.
5. Según la información disponible, LINDOMAR y JHOANDRI llevaban 15 días en régimen de castigo y aislamiento. Desde hace varios meses, ambos se encontraban completamente incomunicados del exterior debido a los impedimentos médicos (la madre de LINDOMAR sufre de epilepsia, en una visita presentó un ataque convulsivo) y económicos que imposibilitaron a sus familiares realizar las visitas y a las restrictivas normas carcelarias que únicamente permiten el acceso a familiares directos. Esta combinación de circunstancias exacerbó dramáticamente su condición de aislamiento.
6. En medio de esa crueldad estructural, ocurren los lamentables hechos que hoy denunciamos y cuya responsabilidad es de las personas e instituciones que los tienen ahí. Como madres, hermanas, parejas, tías, abuelas y demás familiares de esos muchachos, les exigimos a las instituciones del Estado que investiguen el contexto y las condiciones en que se produjo la muerte de LINDOMAR y se sancionen a los responsables. Asimismo, exigimos que se aclare el estado de salud de JHOANDRY, detengan la crueldad y liberen de inmediato a nuestros muchachos. Primero concédanle medidas de libertad, mientras continúa el juicio, y luego extingan la acción penal a través de una Ley de Amnistía. No tengan más muertos en sus conciencias. Basta ya de violencia y dolor en nuestro país.
Caracas, 4 de mayo de 2025
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