lunes, 26 de noviembre de 2018

Pedro Torres Ciliberto maneja desde Nueva York más de 1.000 millones de dólares a través de su red internacional de empresas y testaferros


Hablar de Pedro Torres Ciliberto (PTC) es denunciar a uno de los más grandes saqueadores de Venezuela de la era Chávez, con apoyo de su principal mentor en el mundo del tráfico de influencias, José Vicente Rangel, ex canciller, ex ministro de Defensa y ex Vicepresidente Ejecutivo de la República, su amigo durante décadas, mucho antes de 1998.

Torres Ciliberto alcanzó la cima de su emporio fraudulento con la adquisición de Seguros La Previsora, empresa que finalmente fue estatizada por el gobierno del presidente Hugo Chávez, en diciembre de 2010, después que este empresario-saqueador se había apoderado de las entidades financieras Central Banco Universal, Baninvest y Banco Real, quebradas por su dueño y administradores, e intervenidas por Fogade. Se cuentan más de 120 empresas de su propiedad en Venezuela, manejadas por sus testaferros, a cargo de quienes están sus propiedades inmobiliarias, algunas de las cuales han sido negociadas con terceros a pesar de la prohibición judicial de enajenación que pesa sobre los bienes y las cuentas bancarias de PTC, todo un entramado que solo ha sido posible con la complicidad de agentes corrompidos del gobierno venezolano, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Así lo describe el portal www.personadeinteres.org:

"La mayoría de las entidades intervenidas, que luego serían agrupadas por el Gobierno en una sola entidad bancaria de propiedad estatal, pertenecían a un grupo de emprendedores que en alianza con el oficialismo, a veces juntos, a veces por separado, habían visto multiplicarse sus negocios de manera exponencial: Ricardo Fernández Barruecos, Arné Chacón y Pedro Torres Ciliberto, entre otros. Los dos primeros terminaron en prisión, pero Torres alcanzó a evadir a las autoridades venezolanas y llegar a Estados Unidos.  

"Para ese momento Torres había participado en la compra de tres bancos venezolanos -Central, Baninvest y Real- y estaba a punto de completar la compra de un cuarto, el Nacional de Crédito. Además, desde apenas meses antes detentaba la mayoría accionaria de Seguros La Previsora, una de las más importantes y antiguas aseguradoras del mercado venezolano.
 "Pero a Torres solo le duró un año, o algo menos, su título de magnate bancario. Muchas de esas transacciones se habían realizado con cruces de acciones y papeles sin valor, dijeron las autoridades, quienes también acusaron a Torres y los otros empresarios de hacer préstamos generosos a empresas de su propiedad.  "

"Las revelaciones de los llamados Panama Papers, en 2016, mostraron que Torres Ciliberto se hizo del control de La Previsora en 2009 por una operación de venta-compra en la que actuaron, como vendedor y comprador, dos compañías propiedad del mismo Torres, una constituida en Panamá y otra en España. Con una previsión semejante a la que luego le permitiría escapar de Venezuela, una cláusula del contrato de compra anticipaba -quizás por información privilegiada- la posibilidad de que La Previsora fuera nacionalizada por el expropiador Gobierno de Chávez, y de que así Torres recibiera una indemnización en divisas exportables".
https://bit.ly/2RdtOIP

En Nueva York, a cuerpo de rey
Residenciado actualmente en la "161 East 80th Street New York 10075 USA", PTC ha gozado de total impunidad en sus maniobras para la legitimación de capitales, tanto en Venezuela como -entre otros países- en España, Panamá, Islas Vírgenes y Estados Unidos de América, donde también operan su hijo Pedro Torres Picón, y varias de sus más estrechas piezas en sus operaciones fraudulentas: Luz Marina Gutiérrez, alias "Juana Godoy", su concubino Adrián Rodríguez, Alexander Adrianza, Jesús Abilahoud, Yolanda Salazar Palma, Yulimar Ramírez Palma, José Fraga (abogado empresarial español), el abogado Octavio Orta y su colega Johana Salcedo Maldonado, expertos en el enmascaramiento de empresas en nuestro país y el exterior para evadir la persecución penal decretada judicialmente desde 2010 contra PTC y los cabecillas de su emporio.

1.600 millones de dólares
Torres Ciliberto, según testimonios de personas con conocimiento de causa, habría sacado de Venezuela hasta 1.600 millones de dólares, siendo la más baja estimación de su riqueza líquida "un mínimo de seiscientos millones de dólares". Sobre él, su hijo Torres Picón y sus ejecutoras inmediatas Luz Marina Gutiérrez, alias "Juana Godoy", y Johana Salcedo Maldonado pesan sendas órdenes judiciales de aprehensión, prohibiciones de salidas del país y de enajenación de bienes, pero igual se fugaron de Venezuela y se residenciaron en Estados Unidos, unos en Nueva York y otros en Miami, Florida, donde los corruptos saqueadores de nuestro país y legitimadores internacionales de capitales sucios han encontrado refugio. 

Evadidos vía EEUU
Fue el Tribunal 11 en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas el que dictó "orden judicial de aprehensión" contra PTC bajo imputación del Ministerio Público por "apropiación de recursos financieros y asociación para delinquir", pero logró evadir la persecución penal, igual que su lugartenienta Luz Marina Gutiérrez (LMG), quien abandonó el territorio venezolano el 29 de noviembre de 2010, desde Maiquetía con destino Fort Laudardale, Florida, EEUU. Sin embargo, ni Torres Ciliberto ni LMG han dejado de accionar desde territorio estadounidense sobre el control cotidiano de sus empresas en Venezuela, inmuebles y otras actividades como el pago de clubes privados y otras exquisiteces propias de los pudrimillonarios venezolanos en fuga.

Corrupción judicial
Es tal la capacidad de manejo de influencias -seguramente con abundantes gratificaciones crematísticas- por parte de esta mafia, que no solo llaman la atención las fugas de Pedro Torres Ciliberto y su hijo Pedro Torres Picón, sino el caso de su lugartenienta Luz Marina Gutiérrez, contra quien el Tribunal Supremo de Justicia aprobó la solicitud de extradición por ante el gobierno de Estados Unidos, de acuerdo con las pautas del Código Orgánico Procesal Penal y la propia Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pero dicha decisión nunca ha sido materializada: "está engavetada en el TSJ, ya que supuestamente el abogado Orta afirma ser el encargado de manejar todos los negocios de Torres Ciliberto por ante el Poder Judicial venezolano". 

No es extraño en Venezuela, que prominentes casos de corrupción hayan sido "engavetados"; más bien, ha sido la norma, como se ha demostrado con los últimamente sonados casos de Alejandro Andrade y Raúl Gorrín, capos de un gigantesco saqueo a la nación, hoy sometidos a la justicia estadounidense, aunque Gorrín -propietario principal de Globovisión- esté escondido en Venezuela y cuente con la impúdica protección de personeros del Estado venezolano, única explicación para su permanencia en el anonimato. Algo muy podrido acompaña a este tipo de delincuentes vinculados a los negocios públicos fraudulentos, en las altas esferas de los poderes Ciudadano (Fiscalía y Contraloría General de la República), Ejecutivo (policías de investigación criminal) y Judicial, que junto con los abogados en ejercicio integran el Sistema Judicial de Venezuela.


A través de su sitio web, la Interpol publicó la Orden de Detención Internacional (o "Alerta Roja") contra el empresario Pedro Torres Ciliberto y su hijo Pedro Torres Picón, imputados por el caso de los bancos.
https://bit.ly/2KA1nCq