Michael Rips / Abogado y escritor, articulista invitado.
Han pasado muchas cosas en el medio año desde que las Fuerzas Especiales de Estados Unidos secuestraron al presidente Nicolás Maduro de Venezuela y a su esposa, Cilia Flores, pero si uno puede hacer memoria hasta entonces, tal vez recuerde que el gobierno de Donald Trump insistió en que la misión no fue una invasión; fue una “extradición”. Es decir, era un asunto legal al que seguiría un juicio penal. Muchos juristas, comentaristas y funcionarios gubernamentales se alinearon para respaldar esa decisión como legal, a pesar de la inmediata insistencia de Venezuela en lo contrario. Pero cuando el caso de Maduro vuelva a presentarse ante los tribunales, el 22 de julio, los fiscales federales podrían encontrarse con un obstáculo bastante significativo: nuestros tribunales no tienen la autoridad para llevar su caso. Y la ley que así lo establece fue firmada por los Estados Unidos de América.
Si Estados Unidos respeta su acuerdo, bien podría verse obligado a liberar a su preciado cautivo...
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